Trigo Limpio

Sobre el blog

Hablaremos de la política agraria, de los políticos que la ejecutan, de los agricultores y ganaderos que la sufren o disfrutan, de la agricultura y la ganadería, de la agroindustria, el consumo y del mundo rural

Sobre el autor

Vidal Maté

Vidal Maté. Soy periodista y pequeño agricultor. Nací y viví pegado al campo y al mundo rural. Aprendí de agroindustria y la distribución para seguir el calvario (ahora se llama cadena alimentaria) que siguen los productos agrarios hasta el consumidor. Dicen que soy un histórico - he visto pasar a todos los ministros - y un tipo crítico. Nunca me he casado con nadie. Defiendo un futuro para el mundo rural. Soy trigo limpio.

Distribución alimentaria,¿nuevas ONG?

Por: | 25 de marzo de 2013

 Durante las últimas semanas han sido varios los grandes grupos de la distribución que han hecho de los bajos precios para los productos de la alimentación más básica en la cesta de la compra uno de los ejes de su campañas de promoción ante los consumidores. En esas estrategias han estado todos. En unos casos, las rebajas de precios,como en el grupo valenciano Mercadona, suponen seguir su vieja estrategia de “siempre precios bajos”, y ha justificado su continuidad como una respuesta de la empresa ante la actual crisis general de la economía y como una contribución para paliar la situación de miles y miles de familias con problemas de recortes y en situación de paro. En otros, para El Corte Inglés,supone seguir la estrategia iniciada hace unos meses de bajar los precios para evitar que se quedaran vacíos los pasillo de sus lineales ante su imagen anterior de ser una firma cara. No les han debido de ir mal las cosas para anunciar que seguirán en esa política de precios baratos y de ofertas, en algunos casos, casi como una empresa de distribución de descuento.Es la misma política que la seguida por los franceses de Carrefour, los Alcampos y los recién llegados del grupo Leclerc;los vasco-catalanes de Eroski-Caprabo, que deberán hacer ahora frente en su propia casa, el País Vasco, a los Mercadona, tras haber llegado a ese territorio previo el compromiso de priorizar la venta de los productos de la tierra, sin olvidar los precios bajos de los grupos de descuento como los Día o los alemanes de Aldi y Lidl.

Esta estrategia anunciada por los grandes grupos de la distribución de ámbito estatal que, en su conjunto, suponen más del 60% de todas las ventas del país en los productos alimentarios, ha sido recibida con alborozo por el conjunto de la sociedad. En tiempos de crisis, se agradecen los folletos de campaña en la distribución, pagados también por los proveedores, donde se anuncian leches, espárragos, aceites, conejos o porcino a precios de oferta. Las noticias sobre este tipo de políticas de bajar los precios ocupan las primeras páginas de los medios de comunicación y sus promotores, empresas o sus responsables, aparecen como una especie de benefactores de un consumidor con problemas. Es probable, seguro, que para lograr esas bajadas de precios al consumidor, algunos de esos grandes grupos hayan puesto en marcha políticas de mejoras en la logística o que, en muchos casos, graven con un margen muy elevado las marcas de los fabricantes y reducen al mínimo el margen de sus marcas propias. Pero, la realidad es que, la congelación o la bajada de los precios de los productos alimentarios por la gran distribución, en la mayor parte de de los casos, obedece más a congelación o bajadas de los precios a los proveedores, desde las industrias a las explotaciones agrarias.

 No se puede hablar de una misma o única estrategia entre la distribución y los proveedores. No es igual un interproveedor de Mercadona, que ya tiene ajustado un precio de entrada para sus productos con un análisis previo conjunto de costes y beneficio, que una negociación puntual entre distribución y proveedor, o las subastas por internet donde los proveedores se despellejan para ofrecer el producto más barato con tal de ganar una venta. Frente al regocijo que pueden tener los consumidores por la existencia de algunos productos a precios de oferta, la realidad es que los mismos han sido el resultado de una negociación desigual entre un gran grupo de distribución con una industria alimentaria, un agricultor o una cooperativa, que se ven obligados a aceptar determinadas condiciones y no solamente en materia de precios, so riesgo de quedarse fuera de los lineales con los productos en la fábrica o en el campo. En estas estrategias de ventas a la baja, es significativo que un mismo grupo de distribución francés o alemán que se halla en España, pueda operar con precios muy diferentes para un mismo producto, ya se venda a una u otra parte de los Pirineos. Es algo que sucede especialmente con la leche de marca de la distribución donde en España es muy bajo, mientras en Francia se halla a unos niveles similares a los de las marcas de fabricante por la presión de los ganaderos y la vigilancia de la propia Administración para evitar prácticas que puedan perjudicar a su sector agroalimentario. En España es de esperar que suceda lo mismo en el plazo de unos meses cuando entre en vigor la futura ley de la cadena alimentaria.

 Es probable que con la rebaja de los precios en los lineales de la gran distribución, se puedan mejorar algunas posibilidades de compra de muchos trabajadores. Pero, no se debe olvidar que esas bajadas de precios, en su mayor parte, caen sobre las espaldas de los sectores agrarios y de la industria alimentaria que ven imposible repercutir incrementos en el precio final de sus productos con efectos negativos sobre la renta de agricultores, ganaderos y trabajadores de las industrias, que también son potenciales compradores. Con la política de precios bajos, sin tener en cuenta los datos sobre los costes mínimos, se está poniendo en peligro la propia supervivencia de un tejido económico en el sector agrario y en la industria alimentaria que suponen además el mantenimiento del mudo rural en beneficio de importaciones más baratas. La gran distribución, con esta política de precios, se puede llegar a ver como una ONG en defensa de los consumidores, y romper  con la vieja imagen de unas entidades medio financieras por su política de pagos aplazados. La pregunta es, a ¿costa de quien se hacen esas rebajas, qué parte corresponde a la mejora de la logística, al ajuste de los márgenes, y cuál se carga a las espaldas de los beneficios o márgenes de los proveedores?. Según éstos últimos, casi todo. Muchos dicen estar hasta el cuello y que venden lo comido por loo servido. Pero callan, nadie levanta la voz, para no salir de los lineales.Hay que vender.

Cañete, elecciones en el campo,¿para qué?

Por: | 13 de marzo de 2013

 A diferencia de la ley  para mejorar la cadena alimentaria o la de integración cooperativa, que son dos cuestiones largamente demandadas por el sector agrario, la celebración de elecciones en el campo  no eran, ni una urgencia, ni algo que hubieran demandado las organizaciones agrarias. A pesar de ello, el ministro Arias Cañete lo incluyó en su programa para esta legislatura y, como con otros compromisos,  está decidido a sacar adelante las mismas en base a una futura ley cuyo anteproyecto lo están analizando las organizaciones agrarias y que el gobierno pretende aprobar en mayo para su tramitación par lamentaría. El objetivo es que esté listo para finales de año y que haya elecciones en el primer trimestre de 2014.

Sobre el papel,se trata de unas elecciones para medir la representatividad agraria a escala estatal en base a las cuales se designarán los miembros del Consejo Agrario como organismo consultivo de la Administración, junto a una normativa actual que permite a las comunidades autónomas convocar  elecciones a lo que eran la Cámaras Agrarias y donde cada gobierno regional ha hecho lo que más le ha apetecido. Algunas comunidades autónomas han celebrado ya varias elecciones y otras, ninguna. La nueva ley medirá la representación estatal, pero no impedirá que las comunidades autónomas puedan seguir convocando elecciones para medir la representatividad en sus demarcaciones, como hizo hace unos meses Castilla y León, ese grano popular, esa especie de astilla que le ha salido a Cañete en la cosa agraria.

Es obligado conocer la representatividad en  general, la agraria también. Pero, en relación con  este empeño del ministro y de su  secretaria general, Isabel García Tejerina, una primera reflexión es si las mismas sirven para algo, si van a aportar algo sobre lo conocido. No hay razones para oponerse, pero tampoco para ver en ellas la salida a la representatividad agraria.

De cara a los agricultores y ganaderos, ellos ya saben muy bien quiénes les representa, a quiénes  acuden cuando tienen un problema, una gestión y, sobre todo, quiénes son los que les prestan  servicios. No hacen falta elecciones. De cara a la Administración central, las elecciones sirven para  saber quién  tiene más representatividad para estar en una mesa, discutir un proyecto y, a la vez, para  el reparto, cuando había abundancia, de las ayudas destinadas a su funcionamiento.

Ya que se van a celebrar sí o sí, a pesar de la apatía de las organizaciones agrarias, es fundamental que las mismas sean realmente universales, que tengan la opción de votar todos los que tienen alguna relación de importancia con el sector agrario. Y eso significa que, no solamente puedan votar quienes se montan a diario en el tractor o echan el pienso a la cabaña  ganadera, sino  también quienes, en edad laboral, asumen riesgos en esa actividad. Para ello, es importante que se facilite el acceso a las urnas sin necesidad de desplazamientos largos y que los censos sean correctamente negociados para no dejar fuera a nadie. Agricultura baraja considerar  varios criterios, cada uno de los cuales ya debería ser razón para poder votar: estar dado de alta en el Régimen de la Seguridad Social por cuenta propia como agricultor, que en el conjunto de sus ingresos,  al menos un 25% sean de rentas procedentes de la actividad agraria. Para ello, se deberían disponer de los datos de la Agencia Tributaria que, parece ser, se ha negados a entregarlos; datos sobre las pólizas de seguros agrarios o perceptores de ayudas  comunitarias. Confeccionar ese censo debe ser una  tarea compleja y requiere negociar con todo el sector hasta lograr el máximo acuerdo, como le sucederá a  Cañete para la aplicación de la reforma de la PAC.

Las elecciones, en principio, van a suponer a las organizaciones agrarias, tiempo y dinero en un momento cuando las arcas están vacías y se han hecho recortes de personal para poder seguir adelante. Con las elecciones, Cañete va a tener unos meses al campo distraído. Es probable que las elecciones  le aporten al ministro algunos datos. Primero, que en el campo hay cierta apatía por votar. Segundo que, junto a las actuales tres siglas reconocidas a estos efectos, Asaja, Coag y Upa, podría aparecer como representativa una nueva, Unión de Uniones, producto de la integración de varias organizaciones escindidas de Coag. Tercera, ver de nuevo el placer de unas urnas para medir el voto agrario que, con este carácter estatal, no se veían desde hace varias décadas.

Servir para algo más, pues, poco. Eso sí, Cañete podrá decir algún día que en su mandato  se volvieron a celebrar elecciones en el campo…

Agricultura, ministros y Cañete, segunda parte

Por: | 06 de marzo de 2013

El sector agrario no ha tenido mucha suerte con los ministros. Agricultura ha sido un departamento utilizado generalmente como una especie de comodín para equilibrios entre las diferentes corrientes de un partido, el peso de las comunidades autónomas o las políticas de igualdad. Es la crónica de los años desde la transición.

 Tras unos ministros de trámite en Agricultura como Virgilio Oñate y Fernando Abril, Jaime Lamo, sería el primero y fue la casi única excepción de un hombre educado para ministro. Sabía lo que tenía entre manos, no obstante hizo su carrera en el viejo FORPPA, organismo hoy equivalente al FEGA, las tripas y la cocina del Ministerio, y se le puede recordar por un trabajo ordenado y avances importantes en materia de legislación, mientras funcionó UCD. Tras él, los ministros no existieron, José Luis Alvarez, un notario que no supo dónde había caído y Garcia Ferrero, funcionario, que sólo tomó el cargo para entregárselo a los socialistas.

 En la primera etapa socialista, Carlos Romero protagonizó el periodo más largo, una década perdida, donde dedicó más tiempo a controlar las organizaciones y siglas de propios y extraños, que a la ejecución de una política agraria para preparar al sector ante el ingreso en la UE y posteriormente para aplicar las duras exigencias de entrada. Tras él, ministros de transición. Pedro Solbes que llegó de paso, puso un poco de orden a la no gestión de Romero y le faltó tiempo para saltar a Economía. Vicente Albero, del club de los valencianos en su intento hacia La Moncloa, tenía recorrido como gestor, pero dimitió antes de tiempo pillado por intereses no declarados en un grupo bodeguero. Todo lo contrario de lo que hizo Luis Atienza, que llegó con la imagen del mochilero apoyando marchas por montes y cañadas, que conoció en el Ministerio de los contenciosos entre Freixenet y Codorniu, para acabar montando una bodega con el consejero delegado de Freixenet en Cataluña, antes de enchufarse a Red Eléctrica. Su mandato estuvo dominado por la sequía y los grandes incendios e intentó retomar el desarrollo legislativo, sobre todo con le ley de Modernización de Explotaciones y el Plan de Regadíos.

 Con los populares, Loyola de Palacio, fiel a su carácter, llegó con voluntad y ganas de pelear en Bruselas logrando algunas mejoras en diferentes reformas como en el aceite de oliva y vendió una imagen de mujer eficaz por encima de la realidad. Aterrizó y fue un ministro de paso Jesús Posada, aunque, con su talante de diálogo, logró un difícil acuerdo para el reparto de cuotas lácteas, para acabar con un Arias Cañete en esa su primera etapa que llegaba como invitado.

 Si las primeras legislaturas con los socialistas habían sido negativas para el sector agrario, las segundas no desmerecieron, fueron a más. Frente a otras opciones internas, Zapatero apostó por el ministerio comodín para compromisos más autonómicos que de igualdad, primero con la gallega Elena Espinosa y finalmente con Rosa Aguilar, como andaluza. La primera dedicó horas, dejó trabajar, pero no hay nada de calado para recordar su paso por Atocha. La segunda, mejor no recordarlo.

 Los populares han vuelto de la mano de Arias Cañete. Suele decirse que segundas partes nunca fueron buenas. A veces los dichos, afortunadamente, tampoco se cumplen. Ha vuelto con ganas. Sabe lo que es el Ministerio, el sector agrario, la Administración y se maneja como pez en el agua en los espacios comunitarios. Hasta la fecha está demostrando sensibilidad por la cosa agraria. De entrada mantuvo a una parte importante del equipo anterior, cosa que no hizo Rosa Aguilar,al margen del carné de partido, apostando por la eficiencia. Hasta la fecha, los resultados en las negociaciones en Bruselas para la reforma de la PAC se pueden calificar de positivas a la vista del escenario de crisis, aunque ahora le toca la compleja negociación de su aplicación en España donde va a necesitar de mucho talante para lograr acuerdos con comunidades autónomas y organizaciones agrarias. Quiere demostrar que se puede hacer política agraria sin grandes recursos, como toca en épocas de crisis y puede ser recordado si de verdad logra aprobar y, sobre todo aplicar, disposiciones como la ley de la cadena alimentaria, eliminar de los lineales leches o aceites como productos de oferta y la integración cooperativa, demandas históricas y claves para el sector agrario y alimentario.Toca esperar.

El País

EDICIONES EL PAIS, S.L. - Miguel Yuste 40 – 28037 – Madrid [España] | Aviso Legal