Trigo Limpio

Sobre el blog

Hablaremos de la política agraria, de los políticos que la ejecutan, de los agricultores y ganaderos que la sufren o disfrutan, de la agricultura y la ganadería, de la agroindustria, el consumo y del mundo rural

Sobre el autor

Vidal Maté

Vidal Maté. Soy periodista y pequeño agricultor. Nací y viví pegado al campo y al mundo rural. Aprendí de agroindustria y la distribución para seguir el calvario (ahora se llama cadena alimentaria) que siguen los productos agrarios hasta el consumidor. Dicen que soy un histórico - he visto pasar a todos los ministros - y un tipo crítico. Nunca me he casado con nadie. Defiendo un futuro para el mundo rural. Soy trigo limpio.

Reforma PAC, Bruselas acuerda mucho, España decide más

Por: | 30 de junio de 2013

Los ministros comunitarios de Agricultura lograron en las últimas fechas un acuerdo político sobre la reforma de la Política Agrícola Común. A falta de su aprobación en las próximas semanas por el Pleno del Parlamento Europeo, se puede decir que nos encontramos ya ante el texto definitivo, aunque es preciso esperar unos meses a la publicación de la versión oficial en cada idioma. En contra de lo previsto inicialmente, la misma no se podrá aplicar en los aspectos más importantes, como los pagos directos, hasta 2015 por el retraso en las negociaciones. La presidencia irlandesa hizo un buen trabajo hasta cerrar el acuerdo, pero no pudo recuperar todo el  terreno perdido.

En relación con el resultado de la reforma, llevamos unos días cargados de valoraciones que van desde el éxito total aireado por el ministro Arias Cañete -de victoria en victoria que diría Julián Arévalo, un alto cargo socialista con Carlos Romero- a la valoración de las organizaciones agrarias, desde la más positiva de Asaja, a la más crítica de Coag, pasando por el equilibrio de UPA.

No es la reforma que dé respuesta a todos los problemas del sector y, en algunos casos, deja sectores y mecanismos de mercados mal parados, cargados de interrogantes. Pero, en conjunto, tal como estaba y está el panorama económico en el marco comunitario, y  si se tiene en cuenta  la primera propuesta  planteada por la Comisión, allá por 2011, se puede decir que, muchos de quienes hoy hacen  las valoraciones muy pesimistas, se habrían dado hace dos años con un canto en  los dientes con los actuales resultados.

Uno cree, honestamente, que este acuerdo sólo ha sido posible con el actual ministro y que no se habría logrado con las dos ministras anteriores; que ha estado al frente la persona adecuada con un equipo donde se han conjugado nuevas caras, la secretaria general, Isabel García Tejerina, con mayoría de personas pertenecientes a la Administración socialista; y que todas las fuerzas políticas españolas han trabajado unidas en el seno del Parlamento Europeo para mejorar la propuesta. A la vista del acuerdo y la propuesta de la Comisión, ha quedado además en evidencia el escaso peso del comisario Dacian Ciolos, es como para salir corriendo, y la existencia de un nuevo escenario de poder en Bruselas entre Comisión, Consejo y Parlamento.

No cabe hacer aquí un análisis pormenorizado de todo el contenido del acuerdo. Pero, hay una serie de aspectos  básicos a través de los cuales se puede hacer una valoración del mismo.

En la parte más positiva y desde la perspectiva española, se podrían  destacar los siguientes puntos ejes de la misma.

- A la espera  de la aprobación final del Marco Financiero 2014-2020, España mantiene unos ingresos similares a los percibidos  en el periodo anterior, tanto para los pagos directos, como para los programas de desarrollo rural,  35.705 millones y otros 8.291  millones respectivamente. Se puede criticar que se trata de ayudas congeladas que, al no contemplar el IPC,  suponen un deterioro de los ingresos aproximadamente en un 12%. Pero, objetivamente  hay que señalar que Bruselas viene congelando las ayudas desde siempre y que nunca ha aplicado anualmente esa revisión que se pediría para el total de los pagos directos. Con la que está cayendo, que se mantengan  las ayudas, es un dato positivo.

- Se ha logrado la posibilidad de asignar los pagos solo sobre 22,4 millones de hectáreas, en lugar de haberlo tenido que hacer sobre 38 millones que habría supuesto la obligación de distribuir los mismos fondos entre más territorio, con  la consiguiente rebaja de pagos por hectárea.

- Un tercer aspecto positivo ha sido conseguir que Bruselas se bajara del burro en su objetivo de convergencia o equiparación total de las ayudas por hectárea en cada país o región en el periodo hasta 2019. Una de las obsesiones de Cañete era que no hubiera trasvase de fondos entre territorios,  sectores o explotaciones,  para  garantizar la estabilidad en las ayuda, no crear inseguridades, aunque  la actual distribución de fondos por pagos históricos tiene muchas injusticias. El ministro dice que para dar más ayudas a unos es preciso quitárselas a otros. Tiene razón. Pero también sabe el ministro que hay muchos perceptores de ayudas, en su día activos, que hoy están cobrando sin tener ninguna actividad y que ahí hay un colchón para depurar y de fondos para redistribuir. Con el acuerdo, esa convergencia de pagos  en un país o región en el periodo fijado  llegará solo al 60% de la ayuda media de ese territorio. España se plantea  dividir el país en unas 40 regiones en función de condiciones agronómicas, no administrativas. Nunca se acercaría la ayuda de una hectárea de cereal o un olivar de regadío  a otras de secano, por ejemplo. La política de convergencia, admás, nunca puede suponer que un perceptor  reciba una ayuda  un 30% más baja.

- Ha sido mejorado el acuerdo final del greening  o política verde  por la que  el 30% de todo el sobre nacional se computará individualmente y se pagará en función de que una explotación cumpla las exigencias  medioambientales  de abandonos y de rotación de cultivos. El acuerdo flexibiliza esas exigencias y, sobre todo, se ha logrado considerar ya como política verde  a todas las superficies de  cultivos leñosos como viñedo, olivar, frutales de todo tipo el arroz, además de los ecológicos

- Finalmente, entre otros datos  positivos más relevantes, se podría señalar el adelanto ya fijo de los pagos al 16 de octubre, en  lugar de diciembre. Es positiva la creación de un mecanismo para  gestión de crisis, aunque, es lo negativo, esa medida  funcionará  con recursos detraídos  de los pagos directos como ya ha sucedido este año con un descuento del 5% por disciplina financiera. Es igualmente positivo, aunque  insuficiente,  lo dispuesto sobre la posibilidad  de que un sector pueda llegar a poner en marcha medidas para la regulación de su mercado, cosa que  solamente se haría cuando se hubieran utilizado los otros poco instrumentos que  existen y siempre previo permiso de Bruselas. Medida corta bajo la lupa de las autoridades  de Competencia comunitaria.

Frente a estos aspectos, la reforma  no ha dado las respuestas que esperaba el sector o las ha dado de forma muy difusa a diferentes cuestiones relacionadas con  los  mecanismos para la regulación de los mercados o para la mejora de  la cadena alimentaria.

Bruselas sigue en su línea de avanzar en la libertad de mercados, con fronteras más abiertas, pero sin mejorar  claramente los mecanismos de defensa de las producciones propias. La reforma introduce la intervención pública  en trigo duro, eleva el 21% los precios para las compras en intervención en vacuno de carne y mejora los precios de entrada en frutas y hortalizas. Pero, esos mecanismos se quedan cada vez más lejos de  ser eficaces para la regulación de los mercados ante una UE sin fronteras. Se deja abierta, de  una manera muy difusa, la posibilidad de que un sector organizado, por ejemplo el aceite, pueda acometer retiradas y almacenamientos para ordenar el mercado, pero siempre que se hayan agotado otras vías y tras su autorización desde Bruselas.

Se mantienen todos los interrogantes sobre  la continuidad de las cuotas  lácteas más allá de 2015; en el azúcar no se ha pasado de mantener las cuotas más allá de 2017 en un sector donde  las superficies  han caído en picado tras la reforma de 2008.Los funcionarios comunitarios defendieron esa medida  como buena para España por ser un  sector con  altos rendimientos,  incluso superior a otros Estados miembros, pero, parece no saben. que  producir en España, por la necesidad de agua, es mucho más costoso que  en esos otros países; y en vino se  dio  por  buena  la fórmula ya  aprobada anteriormente de eliminar  los derechos de plantación desde 2015 sustituyendo los mismos hasta 2030 por autorizaciones  nacionales de hasta el 1% de la superficie, aunque se podrá seguir  traficando con los derechos  cinco años más.

Pero, al margen de esas valoraciones sobre cuestiones ya decididas en Bruselas, para  el sector agrario español  lo más  importante comienza ahora, y son las muchas cuestiones que  se han dejado abiertas  a la decisión de cada país que deben  ser ahora objeto  de negociaciones con  las organizaciones agrarias, cooperativas y comunidades autónomas. Se trata de una segunda negociación de la reforma clave para los intereses del sector agrario y alimentario ante las posibilidades de cada país para decidir el gasto del sobre y otras actuaciones en una u otra dirección. La reforma con nombres y apellidos.

En principio, el Tribunal Constitucional ya ha dejado claro que la PAC es una política estatal  y que  la misma no se puede dejar  a la suerte de cada gobierno autonómico que podría acabar rompiendo  todo  lo que es un mercado único si  hubiera apoyos diferentes   a un mismo cultivo. Ya es un paso adelante  para hacer una reforma ordenada, pero que no impide que sea   coordinada.

Hablando de dineros y su reparto.

 Bruselas ha decidió una modulación de ayudas, probablemente del 5%, desde los 150.000 euros, pero deja libertad a cada país para aplicar o no la modulación a partir de los 300.000 euros y decidir  dónde van esos fondos.

Cada Estado tiene la posibilidad de aplicar una mejora  a los pagos para las primeras 30 hectáreas.

Los Estados miembros pueden aplicar una ayuda complementaria para  las zonas desfavorecidas con un techo de hasta un 5% del sobre.

Agricultura, con  el sector y las comunidades autónomas, debe dividir el territorio nacional en regiones, en cuyo  espacio se deba proceder a esa convergencia de  ayudas en los porcentajes  señalados por la reforma: que en 2019 la ayuda más baja en cada zona sea al menos el 60% de la media en esa misma región. No serán regiones administrativas o por comunidades autónomas, sino por  tipos de cultivo, rendimientos, etc… aspectos agronómicos. Se trata de un debate  donde  se juega  el reparto de los fondos. Es obvio que en esa regionalización  nunca se tenderá a equiparar la ayuda que perciba una tierra de secano que un regadío o un prado  de un secarral

España, tiene la posibilidad de destinar para pagos acoplados el  13,5 del sobre, más un 1,6% para  el desarrollo de cultivos proteaginosos. Debe decidir el destino de esos fondos, actualmente  enfocados especialmente a las producciones ganaderas extensivas, pero también puede acudir al rescate de cultivos con problemas.

Debe decir qué hace con la posibilidad que tiene de aplicar ayudas directas  para el sector de frutas y hortalizas como ya se pagan en  otros países, lo cual ya está creando problemas de competencia en un mismo mercado con apoyos diferentes.

Tiene que tomar una decisión sobre el nivel de pagos a fijar para los pequeños  agricultores que estarían al margen de la convergencia, entre los 500  y los 1.250 euros de ayuda.

 En materia de pagos, debe decidir quién es un agricultor activo como sujeto prioritario de las ayudas. Bruselas descafeinó la vaga definición  de la Comisión cuando señalaban a quienes en el conjunto de sus ingresos  por otras actividades las ayudas PAC no superaban el 5%. Posteriormente hizo solamente una declaración en negativo,  eliminando como  activos a superficies  ligadas a los aeropuertos,  terrenos  dedicados a actividades deportivas, campos de golf, etc. Se trata de un debate clave para la distribución de las ayudas en un sector donde hay unos 900.000 perceptores de fondos y sólo unos 350.000 profesionales. ¿Sólo el que se monta en el tractor o cuida directamente el ganado? ¿También el empresario grande o pequeño que invierte  y arriesga sus dineros, aunque no trabaje directamente? ¿Qué se hace con los agricultores  tiempo parcial?. ¿No tendrían derecho a un plus por desarrollo rural quienes  viven en el medio rural?

En medidas ligadas a la cadena alimentaria, con  implicaciones en los mercados, Bruselas deja la puerta igualmente abierta, tanto al reconocimiento de organizaciones de productores  para ordenar la oferta como a las interprofesionales  para  apoyar una mayor transparencia de los mercados,  así como la posibilidad de que hagan contratos  en otros sectores como cereales, carne de vacuno o aceite, además de la leche

En desarrollo rural, cada Estado tiene capacidad para decidir el destino de hasta un 30% de los fondos para desarrollo rural para programas como el cambio climático. En materia de mecanismos de mercados y cadena alimentaria, la  reforma deja la puerta abierta  a cada país para el reconocimiento de Organizaciones de Productores con el fin de ordenar la oferta  y de las interprofesionales para  dar una mayor transparencia al sector, así como para establecer la obligatoriedad de los contratos, además de en la leche, donde ya se aplica, en otros como cereales, carne de vacuno o aceite

La discusión de la reforma, pasar  de lo general a lo concreto, comienza ahora. La pelota quedas en el  tejado de común de Agricultura, comunidades autónomas y las todas organizaciones del sector.

Alimentos, los análisis comparativos

Por: | 23 de junio de 2013

 

La Ley para la Mejora de  la Cadena  Alimentaria, actualmente en su última fase de tramitación en el Parlamento, constituye una de las piezas clave en la política agraria y alimentaria de esta legislatura por la que se trata de instaurar un equilibrio en todas las partes que participan en el proceso  de formación de los precios desde que sale un producto del campo hasta su venta al consumidor. La existencia actual de graves desajustes, y la decisión de Agricultura de establecer un nuevo orden, hacen que se trate de una disposición sobre la que han tratado y siguen queriendo meter pluma todas las partes, sobre todo las que pueden perder parte de su actual posición de dominio.

Dentro de la redacción de esa disposición, había un aspecto también relacionado con los productos alimentarios que inicialmente había escapado al interés de los redactores de ese proyecto de ley: los sistemas para la realización de los análisis comparativos y las valoraciones que generalmente suelen hacer organizaciones de consumidores o algunos de los grandes grupos de la distribución. Quienes nos dicen, con una puntuación del uno al diez, qué leche, aceite o zumo es el mejor y el más indicado para el consumidor.

En  los últimos tiempos cabría destacar algunos estudios comparativos llevados a cabo por el grupo Eroski  y, sobre todo, los ranking sobre calidad de algunos productos base en la cesta de la compra elaborados por la OCU. Algunos de estos análisis sorprendieron a la Administración y pusieron en pie a la industria alimentaria de la leche o el aceite, por considerar que los mismos se habían hecho sin respetar los protocolos existentes sobre este tipo de actuaciones y sin haber tenido capacidad de defensa cuando estaba en juego su marca y hasta su empresa.

Recogiendo ese malestar entre los industriales, Agricultura asumió la introducción de una disposición adicional en el proyecto de ley por la que simplemente se contemplan cuatro exigencias mínimas: Primera, que cuando se hagan este tipo de análisis comparativos sobre los productos alimenticios, cuyos resultados se destinen a su difusión al consumidor, se observen los principios de veracidad, rigor técnico y analítico y contradictorio respetando todas las garantías en materia de análisis. Segundo, que los análisis sean realizados por laboratorios con una acreditación equivalente a la exigida a los laboratorios autorizados en el control de alimentos. Tercera, que una vez obtenido el resultado, el mismo se le comunique al fabricante con la posibilidad de un análisis contradictorio y, en caso de discrepancias, de un tercer análisis dirimente y,  en cuarto lugar, que esos estudios no puedan inducir a error al consumidor sobre  la calidad y seguridad de los productos analizados.

Estas exigencias básicas han sido motivo de rechazo por parte de organizaciones de consumidores que han querido ver en las mismas un golpe bajo a los derechos de los consumidores y a la posibilidad de seguir haciendo ese tipo de análisis comparativos. Y, deben ser muchos los intereses que encierran los mismos como para que hayan abierto un frente en los debates parlamentarios contra esa disposición adicional con el respaldo de personas ligadas, tanto a la OCU como al propio Partido Popular.

Es bueno que organizaciones de consumidores nos defiendan a la hora de proteger la calidad y seguridad de los productos alimentarios. Pero, cuando hablamos de análisis comparativos, cuando desde una organización de consumidores o de un grupo de distribución, aún más, se hacen este tipo de análisis donde se juega con el prestigio, la imagen, el fondo de comercio  o la cuota de mercado de una marca, es indispensable afinar los análisis, tener el máximo rigor a la hora de tomar las muestras, considerar por ejemplo, el tiempo que ha estados cada botella o brik de aceite o leche en los lineales desde su fabricación, las condiciones de cada una en su exposición a la luz,etc. En algunos de los análisis comparativos  más recientes, se daba la circunstancia de que en leches o aceites fabricados por una misma empresa para un grupo de distribución, tenía una valoración superior a la leche con la marca blanca de ese grupo, que la envasada con la marca de referencia de esa empresa. En base a esas valoraciones, hubo marcas que aumentaron sensiblemente las ventas mientras otras las perdieron.

A los consumidores es preciso garantizarles la seguridad alimentaria y eso es algo de lo que se ocupan o deben ocupar las administraciones, cosa que podemos decir, se cumple en líneas generales. Para quienes realizan los análisis comparativos donde se pone o se puede poner en juego la imagen de una marca, es indispensable que los mismos se hagan con todo el rigor; que las tomas de muestras sean correctas y uniformes, leches o aceites con el mismo periodo de fabricación,  por ejemplo; que los análisis se lleven a cabo en laboratorios con capacidad para hacerlos y que, antes de dar publicidad a  los resultados, se hayan dado todas las posibilidad de análisis y contra análisis a las empresas afectadas, sin sugerir anuncios de publicidad para sus publicaciones o bajadas de precios para seguir vendiendo en un grupo de distribución. Los análisis comparativos, en resumen, no pueden ser una amenaza contra una industria sin que haya habido un proceso adecuado de toma de muestras y análisis y convertirse simplemente en una palestra para la promoción de una organización ante sus afiliados consumidores.

Hacer un ranking de marcas sobre la calidad de unos productos donde, además de su composición, entran en juego otros factores subjetivos  y particulares como el gusto, el olfato etc... de cada consumidor, es un ejercicio muy periodístico, pero a la vez corre el riesgo de ser injusto e irreal. La nueva ley no los va a prohibir; simplemente los va a regular para que cualquier organización pueda hacer un análisis comparativo en aras defender a los consumidores o justificar también su existencia ante los mismos, pero donde también se defienda el interés de la industria alimentaria frente al riesgo de atropellos y  perjuicios que se  puedan causar a marcas o empresa, como ya sucedió en el pasado.

Los ejes visibles e invisibles de la política agraria

Por: | 17 de junio de 2013

  Al margen del contenido plagado de generalidades de los programas de los partidos políticos, agua, regadíos, estructuras, precios, comercialización, precios, seguridad social, comercialización, intermediarios, etc…en cada momento del campo han existido unos ejes en el desarrollo de la política agraria.

Antes del ingreso en la Unión Europea, el eje más importante tenía como buque insignia al Servicio Nacional de Productos Agrarios, más conocido por el SENPA, cuya imagen más emblemática eran y son esos silos de una construcción similar que siguen ahí, anclados, en la mayor parte de los casos  abandonados, como fantasmas en cientos de pueblos de toda la geografía nacional. El SENPA lo compraba todo y además, era un buen pagador, cereales en los silos y otros productos en su red de almacenes, negocio al que se montaron muchos privados. Con esa política, los minifundistas se quedaban tranquilos con la seguridad de sus productos los tenían vendidos a un precio y los latifundistas se hacían más ricos.

Otro de los ejes importantes de la política agraria en el pasado fueron las negociaciones interminables de cada campaña para fijar los precios agrarios donde se contemplaba el nivel de inflación previsto y se acordaban igualmente otras medidas en materia de créditos o subvenciones.

Con el problema de siempre, en la transición se trataron de sentar las bases de la política de comercialización, desde el origen a destino con dos pilares. Por un lado, la estructura en origen desde los Merco como una empresa pública y la comercialización en destino a través de otra empresa pública, Mercasa. Merco no dio de sí lo que se esperaba y Mercasa y sus mercas estás ahí para centralizar oferta en manos generalmente en manos de los asentadores.

Hoy, los ejes de la política agraria miran al pasado, casi todo pendiente en en materia de organización de la producción, y al futuro, al haber irrumpido en el terreno nuevo jugadores, la gran distribución capaz de fijar precios e imponer condiciones de compra.

Con el pasado como cuestión pendiente, nos encontramos con la negociación de una ley en el Congreso para favorecer la concentración cooperativa y que estas entidades, más fuertes, jueguen un papel de protagonista en la mejora de las condiciones de venta de las producciones agrarias, de la compra de medios y, a la postre, de las rentas del campo. La ley será un arma importante, aunque, en realidad, con ley o sin ella, lo fundamental es la voluntad de las cooperativas de primer grado de perder protagonismo para funcionar en estructuras de mayor tamaño para defender mejor sus intereses. No se avanzará sin embargo en esa dirección, si miles de gerentes prefieren ser cabeza de ratón atados a muchos intereses locales,que parte, no cola, de león.

Mirando al futuro, es indispensable, como eje, una ley sobre la cadena alimentaria donde de verdad se sienten las bases para la existencia de un equilibrio entre los intereses de todas las partes y donde no se impongan permanentemente las posiciones de la gran distribución que, con sus políticas de precios a la baja, están asfixiando a la industria alimentaria y, a la postre, al sector agrario que paga las consecuencias.

En los últimos 30 años, uno de los ejes más importantes de la política agraria ha sido la política de seguros, actualmente a revisión. El seguro no ha sido una garantía de rentas, pero, dentro de sus  insuficiencias, ha servido para asegurar unos ingresos mínimos para cubrir costes de explotación.

Un eje de la política agraria que no se puede dejar a un lado son esos 5.000 millones de pagos directos que llegan cada año de Bruselas en el marco de la PAC y que suponen entre un 26% y un 28 % de la renta agraria.

Al margen de las leyes que se puedan aprobar, de la existencia o no de grandes recursos, hay un eje importante que puede generar una gran mejora de las rentas agrarias, de escaso coste y donde lo fundamental radica simplemente en la política de coordinación para el asesoramiento  y la información. Son estructuras pegadas al medio rural. Existieron hasta la transición; en unos casos desaparecieron  y en otros fueron engullidas por las comunidades autónomas. Desde las mismas y con nuevas herramientas, con la presencia de organizaciones agrarias, Administraciones y empresas proveedoras de los medios de producción, el agricultor o ganadero podría acceder a la semilla más adecuada para su territorio, en función de los mercados o la climatología,y no sembrar a voleo, por referencias o sólo en función de la casa comercial; al tratamiento más rápido y eficaz contra una emergencia zoo o fitosanitaria; al empleo más racional de los fertilizantes en base a un análisis de sus tierras, evitando en muchos casos tirar dinero en los suelos; a la compra de la maquinaria más adecuada a su explotación; a suscribir el mejor seguro agrario; a técnicas de manejo, alimentación del ganado, a la postre, sumado todo, a una mejora de rentas incalculable por el aumento rendimientos y más racionalidad en los gastos.

Seria un eje invisible clave para el sector agrario y para dar un mayor sentido al papel de las propias organizaciones agrarias.

Envase rellenable, ¿qué aceite?

Por: | 09 de junio de 2013

Organizaciones agrarias, cooperativas y todo el sector de la industria, acaban de enviar una carta al comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, reclamando que en los locales de la restauración no se ofrezca aceite en las vinagreras en envases rellenables, sin ninguna garantía sobre la calidad o la procedencia de su contenido. Todo el sector pide además explicaciones sobre la decisión dejar en la cuneta una propuesta de reglamento promovida por la propia Comisión donde se exigía la obligatoriedad de envases no rellenables, propuesta apoyada plenamente por la Administración española.

A primera vista, si nos atenemos al volumen que pueda significar la venta de aceite en ese segmento de la demanda, se puede concluir que el consumo de aceite en ese tipo de envases es totalmente insignificante. No es un problema de ventas. Sin embargo, se trata de una actuación de mucha mayor significación por lo que puede suponer para el sector de imagen, promoción, información y, en definitiva, para ganar o perder consumidores.

Es importante iniciar al consumidor en una nueva cultura en el consumo del aceite para un  país como España, primer productor del mundo. Con un sistema de envases no rellenables, el consumidor podría degustar diferentes tipos de aceite en la antesala de la comida o en las comidas, divulgación importante para el consumidor español y mucho más para el turismo. El envase rellenable, cuando nos ponen en la mesa unas vinajeras indocumentadas sobre lo que hay en su interior, es un riesgo para el propio sector, no se sabe nada sobre su calidad, tipo, variedad, conservación  y puede dar lugar a crear una  imagen negativa del producto sobre esos millones de consumidores que lo utilizan cada día.

Una reflexión. Estamos Unidos es el primer país productor de soja y hoy no están metiendo la soja hasta por las orejas en su mezcla con todo tipo de productos, leche, zumos, etc hablando de sus virtudes para la salud. Se imagina uno lo que harían los americanos si fueran los primeros productores de aceite de oliva cuando ellos ya fueron los primeros en calificar al aceite de oliva como alimento saludable?

 Bruselas iba camino de sacar ese reglamento para exigir los envases rellenables en el aceite de oliva y parece ser que un estornudo de los ingleses a quienes les parecía que era un asunto de menudencia frente a los actuales problemas de la UE, frenó  la pretensión comunitaria.

A la vista de lo sucedido hasta la fecha, uno puede pensar, en primer lugar, el  escaso peso de los países productores en la defensa de sus intereses. Pero, sobre todo, pone de manifiesto el poco peso del actual comisario, incapaz de defender su propuesta de reglamento ante otros intereses. Se trata,además,de una decisión totalmente incomprensible, si tenemos en cuenta que la lucha contra el fraude alimentario constituye uno de los ejes de la política de la Comisión para evitar problemas de crisis, como las  habidas en los años precedentes, con el aceite incluido como protagonista. Es un derecho del consumidor saber lo que está tomando.

Con  los envases rellenables se está privando al consumidor la información sobre lo que está consumiendo; se está ofreciendo una alfombra de plata para cometer fraudes y, además, se está poniendo en peligro la imagen de un producto, si ese cliente que se acerca a la mesa de un restaurante, toma por primera vez un aceite y lo encuentra rancio, viejo o simplemente mezclado con otros aceites. Al comisario le toca rectificar.

 

El País

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