Trigo Limpio

Sobre el blog

Hablaremos de la política agraria, de los políticos que la ejecutan, de los agricultores y ganaderos que la sufren o disfrutan, de la agricultura y la ganadería, de la agroindustria, el consumo y del mundo rural

Sobre el autor

Vidal Maté

Vidal Maté. Soy periodista y pequeño agricultor. Nací y viví pegado al campo y al mundo rural. Aprendí de agroindustria y la distribución para seguir el calvario (ahora se llama cadena alimentaria) que siguen los productos agrarios hasta el consumidor. Dicen que soy un histórico - he visto pasar a todos los ministros - y un tipo crítico. Nunca me he casado con nadie. Defiendo un futuro para el mundo rural. Soy trigo limpio.

Aceite, ¿qué aceite?

Por: | 24 de noviembre de 2013

  A partir del próximo uno de enero, según un real decreto de Agricultura, se prohibirá del uso de envases rellenables para su utilización directa por el cliente en  la hostelería y la restauración y se exigirá además que figure en el envase el tipo de producto que contiene. Con ello, los  consumidores  sabremos cuál es el aceite de oliva que se nos ofrece, frente a la situación actual donde, no se puede hablar directamente de fraude al no estar identificado con una etiqueta el contenido, pero donde en la botella o la vinagrera  uno se podía encontrar cualquier tipo de aceite de oliva, solo, mezclado o de girasol.

Han tardado mucho tiempo las Administraciones habidas en Agricultura para clarificar este tipo de oferta donde el producto  que se podría encontrar en el envase era una caja de sorpresas,  generalmente no para bien. Los actuales responsables de Agricultura, a instancias del  sector, se han tomado un tiempo hasta adoptar esta decisión tras dar una primera batalla en Bruselas para que esta misma exigencia se cumpliera en todos los  países comunitarios. Bruselas, siguiendo las posiciones de los países del norte, rechazó en su día esa petición olvidando que, al margen de que fuera una propuesta  que  interesaba más a los países del sur, en el fondo era medida en la lucha contra el fraude, una de las banderas  de la Comisión en otro tipo de productos. No obstante, al margen de la UE, cada país tenía la posibilidad de adoptar esa decisión por su cuenta, que es lo que ha hecho finalmente la Administración española.

No se  puede decir que esta decisión de Agricultura vaya a suponer un gran aumento en una demanda de aceite de oliva en  España, prácticamente  estabilizada  e incluso a la baja en  unas 550.000 toneladas  frente a producciones medias de 1,3 millones de  toneladas. Tampoco se puede decir que sea una medida que vaya a encarecer el coste de una  tostada, el sector aceitero habla de tres céntimos de euro o de seis en una ensalada. El sector de la restauración que ahora recela, asumió la prohibición de la venta de alcohol de garrafa y  parece normal que un consumidor sepa  qué tipo de aceite consume cuando riega  una tostada o la ensalada. Sin embargo,  se puede decir que se trata de una medida importante que va mucho más allá de los números si consideramos lo que ello puede suponer de información  y de imagen, no solo ante el consumidor español, sino  para los millones de turistas en el objetivo de crear una nueva cultura sobre el aceite de oliva.

En España, a pesar de ser por goleada el primer país  productor de aceite de oliva del mundo, ha faltado  una cultura del aceite, salvo en las zonas más olivareras. Se ha considerado además históricamente al aceite como ese producto relegado, que, por haber mucho, debía ser barato y de ello se sigue ocupando todavía la gran distribución cuando lo utiliza como producto reclamo. No se han sabido vender todas las bondades y cualidades del producto, tanto desde la perspectiva alimentaria como de la salud. Han tenido que ser otros países, muy especialmente Estados Unidos, quienes reconocieran y airearan las virtudes del aceite de oliva, que algunos investigadores españoles publicaran sus trabajos en otros países  y otros también en España, para que poco a poco se comenzara a dar valor a un producto cuya trayectoria en los mercados habría sido, sin duda, muy  diferente, si su producción se ubicara  en otros países.

El aceite de oliva, como el de los vinos, es todo un mundo de matices pero, a diferencia de los vinos donde, para muchos, saber tomar y agitar la copa, manejar cinco conceptos se ve  como un signo de modernidad, de ir por delante, en los aceites está casi todo por andar. La exigencia de envases no rellenables, junto con  las campañas  de información sobre cada tipo de aceite impulsadas en este momento desde la interprofesional del sector, que actualmente dispone de unos ocho millones de euros anualmente aportados por olivareros e industriales, son unos pasos adelante que deberían ser el colofón de los trabajos en la misma dirección desarrollados en los años precedentes en campañas que se han repetido durante varias décadas con fondos españoles y comunitarios.

Aunque por las superficies y el volumen de las producciones se  habla fundamentalmente de cuatro  variedades, la picual, especialmente cultivada en Jaén, la cornicabra en la zona centro, ambas, simplificando al máximo, de sabor potente y  la arbequina, extendida desde Cataluña a todo el  territorio y la hojiblanca, en Andalucía, de sabores más suaves y afrutados, la realidad es que hay otras muchas variedades con sus  cualidades  específicas que  ofrecen al consumidor un mundo interminable de sabores y sensaciones. Una nueva cultura que supondría pasar de “usar” aceite, a disfrutar de los aceites de oliva. Y, de entrada, como punto de partida, simplemente convencer a una buena parte de los consumidores que un aceite virgen extra para disfrutar en crudo, no es un producto caro a poco más de tres euros litro frente a otros productos básicos en la cesta de la compra. Saborear un buen aceite en una botella rellenable puede ser una vía para apoyar el aumento de la demanda, pero sobre todo, para divulgar el aceite; y en este objetivo, no sería una mala vía potenciar el desarrollo de acuerdos de colaboración con la restauración.

¿Quién recibirá los 5.000 millones del bote de la PAC?

Por: | 06 de noviembre de 2013

Ministerio de Agricultura y Comunidades Autónomas deben llegar a un acuerdo antes de fin de año sobre la aplicación de la nueva reforma de la Política Agrícola Común a partir de 2014 pero que, en lo  referente a los pagos directos, no entrará en vigor hasta 2015.

En los últimos meses, con las organizaciones agrarias como oyentes informados,  Agricultura sacó adelante sus planteamientos en cuestiones como la aplicación estatal de la reforma y el no a una distribución de los fondos por Comunidades Autónomas; la eliminación de los pagos por debajo de los 300 euros; no primar las primeras  hectáreas de una solicitud; un mayor rigor en los controles sobre las superficies  de pastos cuando se quieran ligar a las cabañas ganaderas; fijar los datos de 2013 como superficie de referencia para asignar pagos; la división del territorio a efectos de la convergencia de ayudas por criterios agronómicos y no puramente administrativos, o la definición de pequeños agricultor cuando los pagos no superen los 1.250 euros.

Sin  embargo, hay una cuestión clave en materia de ayudas sobre la que no logran ponerse de acuerdo la Administración Central, Comunidades Autónomas y organizaciones agrarias: cómo hacer la distribución de esos más de 5.000 millones anuales de ayudas directas y quiénes deberían ser sus perceptores, los llamados  agricultores activos.

Queda claro en las  propias disposiciones comunitarias que esos fondos, en ningún caso deben ir a parar a manos de empresas públicas o privadas  propietarias de grandes superficies de terrenos cuya actividad no tenga nada que ver con la actividad agraria como serían  los  campos de golf,  aeropuertos, terrenos ligados a Renfe o tierras de grandes constructoras hoy paralizadas. Pero, a partir de ahí hay un debate sin fondo para definir quién  se puede considerar activo a efectos de recibir las ayudas.

En relación con el conjunto de los pagos, uno considera que no debería haber nada inamovible y, en este caso, dar totalmente por bueno el sistema anterior basado en ayudas  por los derechos históricos. No tiene sentido que, en base esa política, en un mismo sector, como el de frutas y  hortalizas, haya un agricultor que perciba ayudas y otros no por hacer lo mismo y que esa situación se repita  en cabañas ganaderas intensivas donde unos tienen asignados pagos y otros funcionan sin ellos, siendo todos profesionales. No tiene tampoco mucho sentido que haya superficies o cultivos con miles de euros de ayuda por hectárea, hasta dejando la actividad y otros se coman los mocos, siendo profesionales del campo.

Activo, como persona para el cobro de las ayudas, se debería considerar principalmente a quien se dedica prioritariamente  a la actividad agraria, trabajando directamente la tierra o las explotaciones ganaderas y cuyos ingresos  por los mercados y las  subvenciones, proceden fundamentalmente de esa actividad. En esta línea, desde la organización agraria COAG  se proponía que solo fuera activos los afiliados como autónomos a la Seguridad Social, 265.000 personas frente a un colectivo de 900.000 que reciben ayudas PAC. Sería una vía justa, pero insuficiente y que no tiene por qué cerrar otras. Se puede dar por hecho que la mayor parte de los agricultores activos se hallan en este régimen. Pero, en  el mismo también pueden existir, no olvidar las viejas depuraciones de censos en el pasado, habitantes de otras actividades en el medio rural  que tienen el campo como actividad secundaria, dados de alta en el viejo sistema agrario por ser más barato.

Sin embargo, además de calificar como activos a  los incluidos en  esos censos de afiliados controlados  y depurados, sería injusto no considerar igualmente  como activos a  las personas  que, sin estar dados de alta  en ese régimen o sin  montar a diario en el tractor, asumen riesgos en el sector con inversiones  y gastos  en medios de producción, tanto por la parte  alta como por la parte  baja cuando se trata de agricultores a tiempo parcial. Para estos casos habría sido necesario el establecimiento de dos categorías  en el término de activos, algo que, de entrada, para no complicar más las cosas, se rechazó desde la Administración, pero que tendría una  justificación. El término activo debería tener también alguna relación  con el porcentaje de los ingresos que tuviera una persona en sus declaraciones de las renta procedentes del sector agrario, fuera cual fuera su situación y, obviamente, nunca se debería considerar activo a una persona que tuviera ayudas PAC sin declarar ingresos y gastos por  la actividad agraria.

Además de la definición de activos, Administración y Comunidades Autónomas deben decidir más cuestiones en lo que afecta a la  distribución de los fondos. Por un lado, Bruselas acordó definitivamente que, a partir de  ayudas de 150.000 euros, se  deberán modular las mismas en un 5%. Se elimina el tope de 300.000 euros de ayuda por beneficiario, pero España  tiene ahora la capacidad para decidir  si eleva esa modulación de forma progresiva a partir de los 150.000 euros, y apoyar más al mayor colectivo de agricultores con rentas medias.

Finalmente se debe acordar  a qué sectores o producciones con  problemas se asignan como pagos acoplados los 640 millones de euros de los que  puede disponer anualmente la Administración. Actualmente, los pagos acoplados se concretan fundamentalmente en algunos subsectores ganaderos a los que ahora se deben sumar otros agrícolas como el azucarero donde la reforma amenaza con eliminar una actividad agrícola e industrial y poner el mercado interior en manos de las importaciones  comunitarias.

En definitiva, mucho dinero por repartir, aproximadamente más de una cuarta parte de las rentas agrarias, donde los beneficiarios de los fondos deben ser quienes invierten, arriesgan  y viven de la actividad agraria y con un plus, para quienes, además de ello, habitan en el medio rural y sufren todas sus desventajas en diferentes servicios.

El País

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