Trigo Limpio

Sobre el blog

Hablaremos de la política agraria, de los políticos que la ejecutan, de los agricultores y ganaderos que la sufren o disfrutan, de la agricultura y la ganadería, de la agroindustria, el consumo y del mundo rural

Sobre el autor

Vidal Maté

Vidal Maté. Soy periodista y pequeño agricultor. Nací y viví pegado al campo y al mundo rural. Aprendí de agroindustria y la distribución para seguir el calvario (ahora se llama cadena alimentaria) que siguen los productos agrarios hasta el consumidor. Dicen que soy un histórico - he visto pasar a todos los ministros - y un tipo crítico. Nunca me he casado con nadie. Defiendo un futuro para el mundo rural. Soy trigo limpio.

Pan con vino y azúcar

Por: | 27 de junio de 2014

 El Ministerio de Sanidad trabaja en la redacción de la nueva ley para la prevención del alcoholismo ante el registro de un aumento sobre su con sumo entre los jóvenes.  Desde una ONG, VSF Justicia  Alimentaria Global, se ha puesto en marcha una campaña contra el consumo de azúcar más allá de los 25 gramos diarios donde, a poco,se acusa al sector de estar infiltrado en todos los gobiernos para aumentar su demanda. El pan se mantiene en las dietas como un producto poco recomendable y hasta, desde expertos otros países, se dan consejos sobre el consumo del jamón. A este paso nos quedamos sin la posibilidad de producir vino, remolacha, trigo….

Ante el evidente aumento del alcoholismo entre los jóvenes, es natural la preocupación en las Administraciones para tratar de reducir su consumo. Sin embargo, a la hora de analizar los agentes que lo provocan, sería indispensable una diferenciación de las categorías de alcohol, no siendo posible meter en un mismo saco al vino, actualmente calificado por ley como un producto alimentario bebido con moderación, como marcan las propias campañas comunitarias puestas en marcha por el propio sector. No tiene sentido hablar de un incremento del alcoholismo sin hacer una excepción con el vino, cuando se trata de un producto cuya demanda viene cayendo año tras año hasta su hundimiento en todos los segmentos de la población y donde, además, son los jóvenes quienes se hallan más alejados de su demanda.

En 2007, el actual presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, atacaba duramente a la Administración socialista y pedía la dimisión de la ministra de Sanidad, Elena Salgado, por poner en circulación un proyecto de ley contra el consumo de alcohol, vino incluido, al que Rajoy se oponía argumentando razones culturales y de la dieta mediterránea.

En esos días hemos sido testigos de la campaña emprendida por la ONG VSF Justicia Alimentaria Global en defensa de un consumo de sólo 25 gramos diarios por persona y día, donde se acusa al sector azucarero de dominar y de estar infiltrado en los gobiernos, presentando el producto como si se tratara de algo mortal, como del mundo de la droga, con maletines llenos de billetes y desparramando un polvo blanco, como si fuera coca. Desde una ONG que trabaja en el desarrollo en terceros países en vías de desarrollo, serían lógicas las denuncias contra los sistemas de trabajo que se aplican en los mismos en el sector primario, pero, no solamente en el azúcar, sino en todas las actividades, desde las ropas que vestimos o calzamos en los países desarrollados. Pero son gratuitos tantos ataques contra una actividad aquí importante, que no tiene esos lobbys, ni tantas manipulaciones, ni dinero negro, que es un sector agrario importante en el empleo desde el campo a la industria, ya bastante maltratado por las reglamentaciones comunitarias que están poniendo el peligro su propia viabilidad en España. Esta campaña maneja unos datos sobre consumo 112 gramos día por persona año que se hallan muy lejos de la realidad del sector. Y la más grave, es que la misma, según sus responsables, se halla además financiada con fondos de la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo, dinero público con el que no se deberían hacer campañas gratuitas sin datos reales contra un sector que se gana la vida en el campo con mucho esfuerzo y pocos manejos políticos. Está bien hacer llamadas a la moderación en la demanda en determinados productos, pero sin confundir el "culo con las témporas".

Sobre el pan, nada nuevo si tenemos en cuenta que los paneles de consumo alimentario marcan una línea permanente  de caída.

Hace ya unas décadas, cuando los chicos y chicas salíamos de la escuela en tantos pueblos de esa España profunda, al queso amarillo maloliente que nos daba los americanos, le añadíamos para la merienda una rebanada de pan con vino y azúcar. No estábamos alcoholizados ni obesos, sino todo lo contrario. Aquí estamos.

La leche que nos dieron...

Por: | 25 de junio de 2014

 Miles de ganaderos andan ya preocupados en estas fechas ante la posibilidad de que esta campaña  puedan superar ampliamente sus cuotas de producción y pagar una tasa de 0,27 euros por kilo que rebase las mismas, y que equivaldría a lo comido por lo servido. Esta nueva situación en el sector ha provocado el resurgir del mercado de alquiler de cuotas,operaciones que en el pasado se hicieron, en muchos casos, sin coste entre ganaderos, simplemente para mantenerlas vivas y que, en este momento, llegan a cotizarse hasta a tres céntimos kilo.

En los últimos años, los excesos de producción de unos cuantos miles de ganaderos que llegaban duplicar sus cuotas, se han estado compensando con las bajas producciones de otros, pero sin que, en ningún caso, la producción total del Estado superase la cuota asignada a España por Bruselas. Eso evitó las penalizaciones sufridas por ganaderos de otros países.

Esta campaña, que se inició el pasado uno de abril, la última en la que estará en vigor el sistema de cuotas antes la liberalización de la producción,se está registrando un incremento medio de la oferta para entrega a las industrias en el entorno del 6% en relación con la campaña anterior. Ello significa que, si se mantuviera ese ritmo, acabaría la campaña con una producción muy superior a la cuota total asignada a España dando lugar, por primera vez, a penalizaciones individuales para quien supere la suya.Cabe recordar,sin embargo que España sí sufrió una multa como Estado,que la pagó el Tesoro, de un cuarto de billón de pesetas en los años noventa cuando,como protesta por la baja cuota asignada por Bruselas, Agricultura de Carlos Romero decidió no aplicar las mismas mientras otros políticos gallegos de la oposición animaban a los ganaderos a seguir produciendo como si tal.

A dos meses del inicio de la nueva campaña, parece precipitado pensar ya en una superación de la cuota y  excesivo de que el propio Ministerio lo haya advertido a los ganaderos, para que luego no se vengan a andanas. Sin embargo, este nuevo fenómeno que está marcando la producción láctea esta campaña,más oferta, pondría de manifiesto dos hechos.

El primero, que España dispone de un sector, con miles de explotaciones menos que hace una década hasta solo unas 20.000; con 850.000 animales, frente a más del millón de un pasado reciente; con unas estructuras todavía menos organizadas que en otros países comunitarios y unas condiciones climatológicas y para la alimentación animal más adversas, pero que es capaz de producir más en una posición de cierta competitividad con los ganaderos de otros países del norte. Pone en evidencia que no es un sector de “mataos”, contra la imagen tópica sólo de personas mayores minifundistas, aunque sí de esclavos, en la mayor parte  de los casos, por vocación hacia sus explotaciones y a una forma de vida, sin relevo, donde  los animales comen todos los días y se ordeñan dos veces. A pesar de tantos factores en contra, a pesar de las importaciones masivas poco transparentes en algunos periodos del año de leche y de quesos a bajos precios, el sector, lejos de hundirse, ha mantenido  y está incrementado su oferta. A pesar de todo, aunque se puede hablar de un sector con problemas, está vivo.

El segundo, que nos hallamos ante un sector de la producción de leche y, en consecuencia de una industria láctea, marcados ambos por la asignación, desde el ingreso en la UE, de una cuota bajo mínimos que ha condicionado su desarrollo. La producción se tuvo que limitar y las industrias no han podido crecer para formar grandes grupos. Los progresivos incrementos de cuotas hasta los actuales 6,49 millones de toneladas, solamente están suponiendo un respiro para las posibilidades de producción del sector frente a una demanda de unos 9,5  millones de toneladas que se cubren desde el resto de los países comunitarios. Con la leche que nos dieron en su día en Bruselas los entonces socios comunitarios quisieron asegurarse un mercado donde colocar sus excedentes y, a la vez, limitar el crecimiento de la producción  española. Lo consiguieron. Pero, no mataron la vocación de los ganaderos que han soportado en esos tiempos los techos de producción y que en la actualidad están aumentando la misma. Si la cuota mínima asignada a España en su día no ha sido capaz de hundir al sector, hay razones para pensar, en positivo, que eso tampoco lo va a lograr la futura liberalización de las producciones, siempre que funcionen mecanismos legales para evitar el comercio de leche y derivados a precios sobre los que, en muchos casos, han pesado las sospechas de prácticas irregulares.

Frente a los muchos intereses que se reparten el poder agrario en la UE, que diseñan los reglamentos y que aprietan según convenga, la leche,como el vino, el olivar,el vacuno, las frutas y hortalizas o el porcino ha salido adelante y ,en algunos casos, hasta reforzados y demostrado capacidad para adaptarsae y competir. A otros,como la remolacha,esa misma política de intereses, les ha dejado tambaleando.

Crisis en el vino, beber y exportar más o producir menos

Por: | 15 de junio de 2014

 A menos de tres meses para el inicio de la vendimia, han saltado las alarmas en el sector del vino ante el aumento de las existencias en las bodegas, fundamentalmente en la comunidad castellano manchega, con un volumen a nivel estatal de 33,9  millones de hectolitros frente a los 27,9 millones de la campaña anterior. Todo parece indicar que nos hallamos ante una campaña que estará marcada por las reivindicaciones, las protestas y los conflictos, simplemente porque puede faltar espacio donde almacenar la producción, al margen ya de las bajadas de precios.

 Hace un año, consecuencia de una cosecha excepcional de 53 millones de hectolitros, condiciones climatológicas favorables, un golpe de calor que acortó el periodo de vendimia, junto a la generalización de sistemas de recolección mecanizada, hubo problemas para entregar la uva, largas colas, simplemente porque las bodegas no daban abasto para recibir y molturar tanta uva en pocos días. Este año, aunque la cosecha no será tan elevada como la campaña anterior, la producción se presenta igualmente alta, pero con un problema añadido. Ya no es que las bodegas no tengan capacidad de trabajo para recibir toda la uva en unos pocos días, sino que no dispongan de capacidad para almacenar todo el nuevo vino que se obtenga al tener los depósitos llenos y sin que se esperen salidas milagrosas.

Organizaciones agrarias y, especialmente las cooperativas, que son las que tienen que dar la cara  y afrontar más directamente la situación, andan reclamando a las Administraciones medidas para dar una salida al problema, fundamentalmente con eliminación de existencias, vía ayudas públicas para la destilación y obtención de alcohol, o con más destilaciones de subproductos, algo a lo que se resiste Agricultura.

En relación con la actual crisis en el sector del vino, caben dos consideraciones previas. Primero, que no se trata de una crisis generalizada en el sector, sino un problema que se concentra fundamentalmente en Castilla La Mancha, donde la pasada campaña hubo una producción superior a los 30 millones de hectolitros, frente a una media de 21 millones. Segunda, que no se trata de un problema de coyuntura al que se puede dar una solución de urgencia, sino un problema de fondo, de estructuras, que se ha propiciado en los años precedentes desde las administraciones, pero también desde los propios viticultores con producciones desorbitadas donde el volumen se impuso sobre la calidad.

Y todo tiene su historia. Desde la perspectiva de la producción, la uva  y el vino han sido unos de los sectores que han experimentado en los últimos años una de las mayores transformaciones con un muy importante apoyo financiero comunitario en base a las últimas reformas de la regulación del mercado. Entre 2001 y 2012 se han acometido procesos de reestructuración de viñedos, con cambios de variedades,con el principal objetivo de aumentar los rendimientos, implantación de riegos, viñas en espaldera, etc… sobre cerca de 300.000  hectáreas con un volumen de ayudas de casi 1.700 millones de euros y que han provocado en las zonas de mayor producción cosechas superiores a los 20.000 kilos por hectárea.

 Los arranques subvencionados de 94.000 hectáreas, junto a otras 70.000 hectáreas eliminadas sin ayuda, han supuesto reducir las superficies de viñedo de 1,1 millones a  953.000  hectáreas. Sin embargo, frente a quienes auguraban el cierre del sector cuando se fotografiaban remolques cargados de cepas, la realidad es que las producciones han pasado de medias muy por debajo de los 40 millones de hectolitros, a producciones en el entorno de los 50 millones, 53 en 2013, frente a una demanda interior en vino en caída libre con unos nueve millones de hectolitros, a los que se suman siete millones en mostos y otros tres  o cuatro millones más para otros usos, hasta superar una demanda de los 20 millones. Las exportaciones de hasta 22 millones de hectolitros a bajos precios no han sido suficientes para absorber tanta producción y, lo que podría ser un problema coyuntural de una campaña, se ha convertido en un problema de estructura cuya salida no es sólo un parche de urgencia, quemando vino para alcohol, sino un debate sobre qué sector se quiere para el futuro.

El vino, aunque todavía no funciona la interprofesional y se han desmontado mecanismos de regulación como el almacenamiento o parte de las destilaciones, es uno de los  sectores que disponen de los mayores instrumentos y también de las mayores  ayudas, vía el programa de apoyos  2014 a 2018, con  un  presupuesto anual, este año, de 353  millones y que baja a 210 millones en los próximos años, donde destacan fonos para acciones de promoción, destilación de subproductos, reestructuración e inversiones . Además del Plan, las denominaciones de origen tienen la capacidad para limitar los rendimientos por hectárea. Lo que sin embargo no se puede impedir, caso de Castilla La Mancha, es que miles se viticultores renuncien a los beneficios que pueda aportar una DO y que opten por no calificar esos vinos y tener derecho a producir sin techo.

La Administración no puede esconder el ala ante un problema con corresponsabilidades. Pero, corresponde a los viticultores decidir si optan por producir vino-volumen o vino-calidad . que los precios se paguen en función de la misma. A la hora de optar por grandes producciones de uva por hectárea, es preciso asumir igualmente sus riesgos y las dificultades para su comercialización en el mundo, aunque sea a precios más bajos que los principales competidores como chilenos  o australianos. Hay DO y viticultores que han elegido un modelo de producción controlada en base a la calidad y no tienen problemas. Otros viticultores, otro. Y ese vino, no tiene salida, ni a bajo precio.

 

Cooperativas agrarias,¿un socio, un voto?

Por: | 01 de junio de 2014

Por enésima  vez en las últimas décadas, el Ministerio de Agricultura ha puesto en marcha una iniciativa para lograr un cambio en la estructura de las cooperativas agrarias y conseguir una mayor eficiencia en la actividad de las mismas, tanto para las políticas de compras de medios de producción, como para  la comercialización y transformación de sus productos. Hoy, este nuevo intento, que con seguridad no va a ser el último, tiene el nombre de una Ley ya aprobada de Integración Cooperativa y la aplicación correspondiente de un Plan con ese mismo objetivo, poteniando la constitución de cooperativas llamadas prioritarias cuando tengan carácter supra autonómico y con unos determinados volúmenes mínimos de facturación.

Sobre el papel, las cerca de 4.000 cooperativas que funcionan en el territorio, con una facturación superior a los 25.000 millones de euros, 1,2 millones de socios y el 60% de la Producción Final Agraria, constituyen una columna vertebral de la actividad en el sector agrario. Sin embargo, por unas u otras razones, porque su desarrollo organizativo ha sido escaso o por debajo de lo que avanzó  la competencia, la realidad es que, salvo una docena de grupos en diferentes sectores que operan y compiten en todos los mercados desde posiciones de fuerza, a la mayor parte del sector le queda un amplio camino por recorrer.

La actual iniciativa de la Administración agraria se concreta en esa Ley integración cooperativa por la que se prevén destinar casi 500 millones de euros en los próximos años a través de los Planes de Desarrollo Rural, en función de las políticas que apliquen las Comunidades Autónomas y donde las medidas de incentivos u otro tipo de actuaciones están por definir. Pero,lo que parece más que evidente, es que esa nueva política que se quiere impulsar para el sector cooperativo debe ir más allá de la simple  integración de estructuras físicas e incluso, lo más importante, de la integración de las estructuras de gestión y comercializadoras.

Un cambio en el sector cooperativo debería partir, de entrada, de una  política de formación en el propio sector agrario. La cultura cooperativa no se genera de un día para otro y, salvo en determinadas zonas del territorio donde tiene un gran arraigo, en el resto, aunque funcione la  cooperativa y  el agricultor acuda a la misma para entregar todo o parte de su producción, no existe esa cultura, no se cree en la misma.

A partir de esa cultura, la cooperativa requiere participación. Uno de los argumentos más generalizados en este sector para rehuir esa participación en la actividad de la cooperativa, es que en las mismas están los de siempre. Es probable que, en muchos casos sean personajes que no se quieren apear del carro y que tienen ya la cooperativa como su casa propia. Pero, en otras ocasiones, hay cargos que siguen porque no hay nadie dispuesto a entrar.

La actividad cooperativa requiere una gestión de profesionales remunerados  y eso solamente se puede hacer si la estructura maneja un volumen suficiente de negocio.

Con cerca de esas 4.000 cooperativas y una facturación media engañosa de  6,7 millones de euros, la política de integración es una de las asignaturas pendientes del sector.Y,  lo primero que le puede salir a uno de la cabeza, es diezmar ese número para ser más eficientes. Sin embargo, lo cierto es que, salvo en un mismo espacio territorial, un pueblo donde haya dos bodegas o dos almazaras, lo que supone también más empleo en ese luga con una duplicidad de estructuras y costes, ese no sería el problema. La integración cooperativa más urgente es la política de gestión comercial de las producciones en menos manos, sin necesidad de que las mismas tengan una misma ubicación física, algo que ya llevan a cabo los principales grandes grupos y donde es indispensable que entren más cooperativas de primer grado.

Finalmente, un tema para el debate. La democracia, un socio, un voto es una de las reglas de oro de la economía social que representa el espíritu cooperativo y es lo que se defiende desde una parte del sector argumentando que quienes quieran otra cosa tienen la puerta abierta para hacer otro tipo de sociedades. Pero, la realidad es que, siendo una economía social, las cooperativas se hallan y compiten en un mercado de empresas con otras reglas de juego en la toma de decisiones. Yo no puedo ser socio de una cooperativa  ganadera con unas compras mínimas y tener la misma capacidad de decisión o interés de otro con miles de animales en sus granjas, pero tampoco permitir que, en una cooperativa la dominen entre cuatro grandes para obtener unos beneficios fiscales o de otro tipo a cuenta de miles de pequeños. Hacer un ajuste en aras de un equilibrio entre intereses no exactamente coincidentes, parece un reto razonable en un sector donde cada Comunidad Autónoma tiene o va camino de tener su propia ley, diferente a la del vecino.

El País

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