Primera instalación de un agricultor joven, solo cosa de ricos

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, Coag, acaba de hacer públicos datos de un informe referido al relevo generacional en el campo y a la incorporación de los jóvenes a la actividad agraria en el marco de sus esfuerzos bajo el slogan, ”Mamá, quiero ser agricultor”, para apoyar un relevo generacional.

No es un secreto que nos hallamos ante una población gravemente envejecida donde solamente el 5,3% de los agricultores tienen menos de 35 años, mientras el 56,3% superan los 55años. El dato novedoso más importante de este estudio es el hecho de que en 2012 hayan  presentado solicitud en las comunidades autónomas para primera instalación en la actividad agraria 5.803 jóvenes, frente a los 3.246 que lo hicieron en el ejercicio anterior, y de una media en los años precedentes de menos de 2.000 personas.

A primera vista, en una situación de crisis como la actual, este aumento del número de jóvenes que quieren acceder oficialmente a la actividad agraria, tiene el riesgo de interpretarse,no lo ha hecho Coag, como el mejor síntoma de que el campo se hubiera convertido en una especie de salida al problema del paro. Sin embargo, la realidad es que ese aumento de solicitudes tiene otras lecturas muy diferentes que impiden hacer valoraciones optimistas y casi eufóricas que hemos visto en los últimos días cuando se indicaba alegremente que los jóvenes vuelen al campo y como que se acabó el problema del relevo generacional.

En primer lugar, cabe señalar que, de esas casi 6.000 solicitudes de ayuda para una primera instalación en el sector agrario, hay una mayoría que se han quedado en simples solicitudes, ante la no existencia de fondos para estos fines en las comunidades autónomas. Ante la falta de recursos, de lo primero que se quita es de la política del territorio o de la agraria.

En segundo término, la realidad es que ese aumento de solicitudes, más que una salida a los problemas del paro, constituyen simplemente un refugio, la posibilidad para miles de jóvenes de agarrarse a algo, por falta de otras posibilidades. Es, en su mayor parte, el punto seguido de una resignación. No son personas que llegan de nuevas al campo. Solicitan esa primera instalación jóvenes que en la actualidad ya se hallaban trabajando, bien en la propia explotación familiar y que optan por quedarse ante la falta de salidas en el exterior,construcción,actividad industrial o servicios, como hicieron siempre y que, ante el panorama actual, optan por quedarse. Solicitan esa primera instalación jóvenes que en su día salieron de la explotación hacia otras actividades y que en este momento, con el paro a cuestas, tienen la posibilidad de volver a la explotación familiar o a reiniciar tímidamente una nueva sobre alguna base territorial  familiar.

Instalarse hoy día en la actividad agraria para una persona joven, no es una decisión voluntarista o de vocación, con eso de “Mamá, quiero ser agricultor”, o las campañas oficiales llamando a la juventud  como una  profesión digna  e indispensable para la sociedad, que lo es. Instalarse como agricultor es hoy una cuestión de rentabilidad, de disponer en el medio rural de todos los servicios que en la actualidad disponen los ciudadanos de los medios urbanos y, sobre todo, es una cuestión de recursos e inversión. Hay que tener mucho dinero para montar un negocio caro, a la intemperie, bajo la capa del cielo, de rentabilidad escasa.

En líneas generales si uno es un tipo joven con ganas de funcionar en la actividad agraria, de ir al campo como una primera instalación y no parte de la existencia ya de una  explotación familiar, en primer lugar se requiere capital. Hay que disponer de muchos recursos propios, porque si uno espera los créditos de entidades financieras, el joven puede llegar a viejo,además de dejar en prenda a toda la familia. Aunque todo suma a la hora de apoyar la sostenibilidad de los territorios, en las actuales circunstancias, solo pueden desembarcar en el sector agrario, como una primera instalación, sin  una base familiar, jóvenes para desarrollar una agricultura casi testimonial, para pequeños nichos de mercado en la actividad agrícola o con mini explotaciones ganaderas. Pero, para ser realmente un profesional, la inversión supera todas las posibilidades de una personan joven con  unas necesidades medias entre  los 150.000  y los 200.000 euros para adquisición de equipos completos de maquinaria, compra de animales e instalaciones, el caso de una explotación ganadera Si es en propiedad, disponer de tierras, hoy a un precio mínimo  de 6.000 euros la hectárea de los secanos, es una empresa imposible y con cada día mayores dificultades para arrendar tierras con derechos de ayuda. Ahí deberían estar las fórmulas asociativas, pero  eso no es una cultura que se instale de la noche a la mañana.

Ante una situación de falta de salidas al paro, es seguro que existen muchos jóvenes que, a pesar de tener un medio rural con servicios básicos deficientes en  materia de educación, sanidad etc.. optarían por apostar por la agricultura o la ganadería. Pero, la realidad es que, hacerse hoy agricultor o ganadero para un joven,sin  isponer ya de una base familiar,es un objetivo caro,imposible.

Lo de San Isidro a la sombra y los bueyes arando, era otra historia. Y, encontrar un relevo generacional  al santo, parece cada día una empresa más difícil.  

Exportaciones y precios de oferta

Las exportaciones agrarias y de las empresas alimentarias constituyen una salida indispensable para el mantenimiento de las producciones agrarias y del sector de la industria. Aunque en algunas producciones como leche, derivados, quesos, maíz, soja, algunas conservas vegetales chinas o peruanas somos un territorio invadido, en otras dependemos de vender en el exterior. De una producción de 17 millones de toneladas de frutas y hortalizas, se exportan once millones de toneladas. España exporta el 35% de la producción de porcino y despojos, el 18% de vacuno, el 9% en avicultura. De una producción media de casi 40 millones de hectolitros de vino, en la campaña anterior se exportaron 22,4 millones de hectolitros frente a los 10 millones que se exportaban hace una década. En el aceite de oliva, de unas producciones medias de 1,4 millones de toneladas, en la campaña anterior se exportaron 875.000 toneladas, una cifra equivalente a lo que era hace unos años la cosecha, mientras el consumo de aceite de oliva en el mercado interior se halla estancado y no pasa de los 10 litros por persona y año. En los últimos tiempos, con la crisis instalada en la actividad económica, el sector agrario y la industria alimentaria han sido unos de los pocos que ha seguido tirando hacia fuera con unas ventas en permanente crecimiento en una media anual del 10% hasta los 22.078 millones de euros en 2012 desde la industria alimentaria y otros más de 10.000 millones solo de frutas y hortalizas frescas. Unas cifras agradecidas desde la política.

 Pero, nadie mejor que los protagonistas de ambos sectores saben de los esfuerzos necesarios para mantener y aumentar esos niveles de ventas frente a la competencia de otros países comunitarios en sus propios mercados y, sobre todo, en terceros países, ante la oferta de productos baratos que los invaden bajo el empuje de economías emergentes,de los grandes grupos mundiales de la distribución instalados en vender el producto más barato, o las barreras proteccionistas creadas bajo argumentos sanitarios para la defensa de sus producciones. Se trata de una situación compleja de la que hoy son conscientes los responsables de Agricultura desde donde, la próxima semana, se presentarán las líneas estratégicas para la internacionalización del sector agroalimentario por las que se pretende actuar en cuatro aspectos claves para seguir avanzando con unas bases más sólidas: En casa, lograr una mayor coordinación de todas la Administraciones implicadas en esos procesos, con las empresas o sus agrupación para lograr la máxima eficacia. Un segundo aspecto es poner a disposición de las empresas la máxima información. El tercer pivote sería el apoyo a las empresas para implantarse fuera y, finalmente, colaborar para la apertura de nuevos mercados.

 A pesar de esa mayor competencia y de las dificultades internas y externas, el sector agrario y la industria alimentaria pueden sacar pecho porque han seguido consolidando viejos mercados en el marco comunitario y abriendo otros en terceros países; porque la tasa de exportación de la industria sobre sus producciones se acerca ya al 30%, porcentaje que se supera en algunas de las producciones agrícolas; porque la tasa de crecimiento anual en la industria supera en los últimos años la media del 10% o por sus esfuerzos en materia de logística y en la apertura de nuevos nichos de ventas vía la innovación y la calidad. Pero por debajo de esos datos, de ese avance tan fuerte y, en algunos casos, hasta espectacular de las ventas, el desarrollo de las exportaciones tiene sus lagunas, sobre todo, algo que se manifiesta muy especialmente en dos de los productos que hasta la fecha han sido unas de las principales banderas de cara a esos mercados exteriores, el aceite y del vino.

 En aceite de oliva, las exportaciones han experimentado un crecimiento espectacular hasta esa cifra record de 875.000 toneladas en 2012, aunque casi la mitad sean de graneles para los italianos. Desde la interprofesional del aceite de oliva y, en medios oficiales, se sacaba pecho asociando ese aumento con el desarrollo de las campañas de promoción con elevadas inversiones costeadas en su mayor parte por el propio sector. Sin embargo, ha bastado una campaña con precios ligeramente al alza, tampoco para salirse, para que esas ventas hayan caído en lo que va de campaña más del 30% .Y, es una pena que la venta de un producto donde su calidad, sus valores alimentarios y de salud deberían ser el motor de sus ventas, se hunda simplemente por una subida discreta de los precios frente a unas cotizaciones anteriores de saldo. Algo no funciona y lleva tiempo avanzar por el camino de que se reconozca el aceite por su calidad más que por el precio. Aunque, mal se puede vender hacia el exterior la imagen de un producto de alta calidad y a un precio elevado, cuando esos millones de turistas ven el producto en el mercado interior casi permanentemente a precios tirados de oferta.

 Una situación similar ha pasado con la exportación de vino, aunque aquí sí funciona otro mercado caro para los vinos de calidad. Las ventas en el exterior llegaron en 2012 a la cifra récord de 22,4 millones de hectolitros, más de la mitad den graneles baratos, sin denominación de origen, frente a unas producciones medias de casi 40 millones de hectolitros. Ha bastado igualmente una campaña corta y una subida de los precios para que esas ventas cayeran el pasado año a poco más de 20 millones de hectolitros y que, en lo que va de año hayan descendido ya otro 20%.

En conjunto, funciona el mercado exterior en volumen, pero con un soporte excesivo en los precios. Exportar es una salida indispensable para la actividad de las industrias y del sector agrario. Pero la marca España agroalimentaria no puede basarse en los precios de oferta.

De la PAC a la guerra del reparto

Coincidiendo con la fase final de las negociaciones para la reforma de la Política Agrícola que se han iniciado en Bruselas entre la Comisión, el Parlamento y el Consejo, el ministro español Miguel Arias Cañete ha vuelto a sacar pecho explicando, una vez más, los resultados conseguidos hasta la fecha a nivel del Europarlamento y del Consejo en relación con las demandas más importantes planteadas por el gobierno español. En buena lógica se espera que esos logros, hoy basados en acuerdos de dos de las tres  partes, sean apoyados finalmente también por la propia Comisión, cuya propuesta ha sufrido fuertes  modificaciones desde las otras instituciones y que sería la gran perdedora.

No se puede decir que Cañete haya hecho pleno en su trabajo, hay flecos importantes que mejorar, pero se puede afirmar que, tanto desde la perspectiva de los fondos asignados hasta de otros aspectos básicos de la propuesta, se trata de una gestión con resultados positivos, mejores de los que se podían esperar en el actual contexto de crisis general.

En un análisis rápido sobre el contenido de los acuerdos logrados en los debates de los últimos meses sobre la próxima reforma, estos serían los puntos de mayor interés para el sector agrario español y que deberían ser refrendados en esta fase final de las negociaciones.

--POLITICA VERDE.-Todas las partes coinciden en que el cumplimiento de ese concepto suponga el 30% del sobre nacional, pero con la matización de que ese 30% sea aplicado a los pagos que perciba cada explotación. La Comisión proponía que ese pago afectara a todas las explotaciones con más de tres hectáreas, con la exigencia de rotar con tres cultivos y abandonar un 7% de la superficie para fines medioambientales.

Frente a ese planteamiento, el Parlamento aprobó que estuvieran exentas de esas exigencias explotaciones con menos de 10 hectáreas, que entre las 10 y las 20 hectáreas sólo se exigieran dos cultivos  y tres a partir de las 30 hectáreas. En 2015 la superficie a abandonar será solamente del 3% y del 5% desde 2016 frente al 7% propuesto inicialmente por la Comisión. Además, la mayor parte de los cultivos leñosos extensivos ya son calificados como medioambientales, sin ninguna exigencia más. Para España es importante esta mayor flexibilidad.

CUOTAS. La Comisión planteaba acabar con las cuotas de leche y azúcar en 2015, incluidos los derechos para la plantación  de viñedo. Frente a esa posición, desde el Parlamento se aprobó el mantenimiento de cuotas en vino hasta 2030 y el año 2020 para el azúcar. Por su parte, los ministros plantean cuotas en azúcar hasta 2017.En derechos de plantación en vino se mantiene el sistema hasta 2019 y hasta 2024 habría autorizaciones para incrementar la superficie  en el 1%.En leche, más que Bruselas, los países del norte son inamovibles. Nadie quiere cuotas.

SUPERFICIES. España ha logrado un sistema para poder asignar los actuales derechos de pago sólo sobre 22,4 millones de hectáreas, y no sobre los 38 millones de hectáreas posibles, lo que habría reducido casi a la mitad el importe de cada derecho.

CONVERGENCIA DE PAGOS. Frente a los planteamientos iniciales de la Comisión de ir a una tasa plana igual por hectárea, se aplicará un sistema de convergencia de ayudas lento defendido desde España por diferentes fórmulas. En base a ese sistema, se abre la posibilidad de aplicar un mecanismo por el cual los pagos por hectárea que no lleguen al 90% de la media de un país, recortarán sólo esa diferencia en unan tercera parte hasta 2019.

OTROS. Entre otros aspectos, para España es positivo que  pueda haber un  trasvase de fondos de hasta un 15% entre las ayudas directas y desarrollo rural; que los pagos acoplados puedan suponer, cuando menos, el 12% frente al 10% defendido por la Comisión y el 15% que pedía Agricultura; que pueda haber ayudas para modernizar riegos con un ahorro del 10% de agua y no del 25% que exigía Bruselas; que el sistema de modulación de ayudas sea optativo  para cada país; la obligación de que se destine el 2% de los pagos a los jóvenes y no hasta un 2% o la posibilidad de compatibilizar un programa nacional  con  otros autonómicos en desarrollo rural.

Objetivos pendientes para España en esta fase final de las negociaciones sería conseguir un mayor plazo en las cuotas de leche y remolacha y la mejora de los sistemas y mecanismos para la regulación de los mercados adecuando los precios.

En las negociaciones sobre el Marco Financiero Plurianual, en los tiempos que corren, España logró mantener el mismo nivel de ayudas que las recibidas en el periodo anterior para los pagos directos, 35.705 millones de euros, y un ligero aumento del 3% para  desarrollo rural, 8.291 millones.No fue un mal acuerdo,aunque el mismo no contemple el impacto de la inflación prevista. A Miguel Arias le correspondería ahora el reparto del mismo y la difícil, casi imposible tarea, de dejar contentas a las comunidades autónomas, a todos los sectores y a cada una de las explotaciones, donde unos defienden los derechos históricos como ya algo suyo y otros querrían dar otra distribución  a esos más de 5.000  millones de ayudas directas que hay en juego. Será la guerra del reparto.

El ministro y todo su equipo han reiterado su deseo de que el cambio de un modelo de pagos por derechos históricos a otro por superficie que propugna la reforma, no suponga un trasvase de fondos entre territorios, sectores o explotaciones en aras de una estabilidad del sector. Que nada cambie. Sin embargo, no es esa la posición de miles de agricultores y ganaderos, o de millones de hectáreas, que hoy no perciben ayudas por desarrollar una actividad o tener unos cultivos similares a los que sí las reciben.

Toca decidir qué se hace con ese importante colectivo que hoy no percibe ayudas, siendo activos agrarios, mientras probablemente, y Agricultura lo  sabe,  hay miles de derechos históricos que seguirán percibiendo ayudas,aunque ya no tienen actividad. Revisar el sistema, quitar recursos de inactivos para incorporar a los pagos a otros activos, parece sería una razón de justicia, pero el inicio de una guerra.

Otra. Agricultura deberá decidir cómo se reparte el botín de los más de 5.000  millones de ayuda del sobre nacional que llegarán cada año de Bruselas. El Ministerio es partidario de no romper el sobre entre comunidades autónomas, pero a la vez de mantener un equilibrio y una cierta política de coordinación entre todos los territorios. El PP cuenta con la ventaja de tener mayoría en los gobiernos regionales, aunque a veces no hay peor astilla que la de la propia madera. Nadie querrá perder un euro se mire desde la perceptiva de los territorios, los sectores y las explotaciones.

Tercera. Agricultura, comunidades autónomas y organizaciones agrarias  deberán decidir cuáles son esos 22,4 millones donde asignar los derechos, si se aumenta ese número o cuáles se quedan fuera. Arias Cañete ya se ha definido al señalar que no habría derechos a las tierras de pastos sin carga ganadera real.

Finalmente, falta por conocer y debatir el secreto mejor guardado de Agricultura, la división del territorio por regiones administrativas o agronómicas, donde se deba producir esa convergencia de ayudas en los próximos cinco años. Está claro que no cobrará igual un secano que un regadío, un toxo en Galicia que una pradera, pero sí sería correcto  qeu fuera lo similar para un arrozal de Sevilla que en Tarragona.Pero, hay que definir ese modelo.

Tras los éxitos de la PAC, llega la guerra de los repartos, de los dineros, y es de esperar que se imponga la cordura. 

 

Distribución alimentaria,¿nuevas ONG?

 Durante las últimas semanas han sido varios los grandes grupos de la distribución que han hecho de los bajos precios para los productos de la alimentación más básica en la cesta de la compra uno de los ejes de su campañas de promoción ante los consumidores. En esas estrategias han estado todos. En unos casos, las rebajas de precios,como en el grupo valenciano Mercadona, suponen seguir su vieja estrategia de “siempre precios bajos”, y ha justificado su continuidad como una respuesta de la empresa ante la actual crisis general de la economía y como una contribución para paliar la situación de miles y miles de familias con problemas de recortes y en situación de paro. En otros, para El Corte Inglés,supone seguir la estrategia iniciada hace unos meses de bajar los precios para evitar que se quedaran vacíos los pasillo de sus lineales ante su imagen anterior de ser una firma cara. No les han debido de ir mal las cosas para anunciar que seguirán en esa política de precios baratos y de ofertas, en algunos casos, casi como una empresa de distribución de descuento.Es la misma política que la seguida por los franceses de Carrefour, los Alcampos y los recién llegados del grupo Leclerc;los vasco-catalanes de Eroski-Caprabo, que deberán hacer ahora frente en su propia casa, el País Vasco, a los Mercadona, tras haber llegado a ese territorio previo el compromiso de priorizar la venta de los productos de la tierra, sin olvidar los precios bajos de los grupos de descuento como los Día o los alemanes de Aldi y Lidl.

Esta estrategia anunciada por los grandes grupos de la distribución de ámbito estatal que, en su conjunto, suponen más del 60% de todas las ventas del país en los productos alimentarios, ha sido recibida con alborozo por el conjunto de la sociedad. En tiempos de crisis, se agradecen los folletos de campaña en la distribución, pagados también por los proveedores, donde se anuncian leches, espárragos, aceites, conejos o porcino a precios de oferta. Las noticias sobre este tipo de políticas de bajar los precios ocupan las primeras páginas de los medios de comunicación y sus promotores, empresas o sus responsables, aparecen como una especie de benefactores de un consumidor con problemas. Es probable, seguro, que para lograr esas bajadas de precios al consumidor, algunos de esos grandes grupos hayan puesto en marcha políticas de mejoras en la logística o que, en muchos casos, graven con un margen muy elevado las marcas de los fabricantes y reducen al mínimo el margen de sus marcas propias. Pero, la realidad es que, la congelación o la bajada de los precios de los productos alimentarios por la gran distribución, en la mayor parte de de los casos, obedece más a congelación o bajadas de los precios a los proveedores, desde las industrias a las explotaciones agrarias.

 No se puede hablar de una misma o única estrategia entre la distribución y los proveedores. No es igual un interproveedor de Mercadona, que ya tiene ajustado un precio de entrada para sus productos con un análisis previo conjunto de costes y beneficio, que una negociación puntual entre distribución y proveedor, o las subastas por internet donde los proveedores se despellejan para ofrecer el producto más barato con tal de ganar una venta. Frente al regocijo que pueden tener los consumidores por la existencia de algunos productos a precios de oferta, la realidad es que los mismos han sido el resultado de una negociación desigual entre un gran grupo de distribución con una industria alimentaria, un agricultor o una cooperativa, que se ven obligados a aceptar determinadas condiciones y no solamente en materia de precios, so riesgo de quedarse fuera de los lineales con los productos en la fábrica o en el campo. En estas estrategias de ventas a la baja, es significativo que un mismo grupo de distribución francés o alemán que se halla en España, pueda operar con precios muy diferentes para un mismo producto, ya se venda a una u otra parte de los Pirineos. Es algo que sucede especialmente con la leche de marca de la distribución donde en España es muy bajo, mientras en Francia se halla a unos niveles similares a los de las marcas de fabricante por la presión de los ganaderos y la vigilancia de la propia Administración para evitar prácticas que puedan perjudicar a su sector agroalimentario. En España es de esperar que suceda lo mismo en el plazo de unos meses cuando entre en vigor la futura ley de la cadena alimentaria.

 Es probable que con la rebaja de los precios en los lineales de la gran distribución, se puedan mejorar algunas posibilidades de compra de muchos trabajadores. Pero, no se debe olvidar que esas bajadas de precios, en su mayor parte, caen sobre las espaldas de los sectores agrarios y de la industria alimentaria que ven imposible repercutir incrementos en el precio final de sus productos con efectos negativos sobre la renta de agricultores, ganaderos y trabajadores de las industrias, que también son potenciales compradores. Con la política de precios bajos, sin tener en cuenta los datos sobre los costes mínimos, se está poniendo en peligro la propia supervivencia de un tejido económico en el sector agrario y en la industria alimentaria que suponen además el mantenimiento del mudo rural en beneficio de importaciones más baratas. La gran distribución, con esta política de precios, se puede llegar a ver como una ONG en defensa de los consumidores, y romper  con la vieja imagen de unas entidades medio financieras por su política de pagos aplazados. La pregunta es, a ¿costa de quien se hacen esas rebajas, qué parte corresponde a la mejora de la logística, al ajuste de los márgenes, y cuál se carga a las espaldas de los beneficios o márgenes de los proveedores?. Según éstos últimos, casi todo. Muchos dicen estar hasta el cuello y que venden lo comido por loo servido. Pero callan, nadie levanta la voz, para no salir de los lineales.Hay que vender.

Cañete, elecciones en el campo,¿para qué?

 A diferencia de la ley  para mejorar la cadena alimentaria o la de integración cooperativa, que son dos cuestiones largamente demandadas por el sector agrario, la celebración de elecciones en el campo  no eran, ni una urgencia, ni algo que hubieran demandado las organizaciones agrarias. A pesar de ello, el ministro Arias Cañete lo incluyó en su programa para esta legislatura y, como con otros compromisos,  está decidido a sacar adelante las mismas en base a una futura ley cuyo anteproyecto lo están analizando las organizaciones agrarias y que el gobierno pretende aprobar en mayo para su tramitación par lamentaría. El objetivo es que esté listo para finales de año y que haya elecciones en el primer trimestre de 2014.

Sobre el papel,se trata de unas elecciones para medir la representatividad agraria a escala estatal en base a las cuales se designarán los miembros del Consejo Agrario como organismo consultivo de la Administración, junto a una normativa actual que permite a las comunidades autónomas convocar  elecciones a lo que eran la Cámaras Agrarias y donde cada gobierno regional ha hecho lo que más le ha apetecido. Algunas comunidades autónomas han celebrado ya varias elecciones y otras, ninguna. La nueva ley medirá la representación estatal, pero no impedirá que las comunidades autónomas puedan seguir convocando elecciones para medir la representatividad en sus demarcaciones, como hizo hace unos meses Castilla y León, ese grano popular, esa especie de astilla que le ha salido a Cañete en la cosa agraria.

Es obligado conocer la representatividad en  general, la agraria también. Pero, en relación con  este empeño del ministro y de su  secretaria general, Isabel García Tejerina, una primera reflexión es si las mismas sirven para algo, si van a aportar algo sobre lo conocido. No hay razones para oponerse, pero tampoco para ver en ellas la salida a la representatividad agraria.

De cara a los agricultores y ganaderos, ellos ya saben muy bien quiénes les representa, a quiénes  acuden cuando tienen un problema, una gestión y, sobre todo, quiénes son los que les prestan  servicios. No hacen falta elecciones. De cara a la Administración central, las elecciones sirven para  saber quién  tiene más representatividad para estar en una mesa, discutir un proyecto y, a la vez, para  el reparto, cuando había abundancia, de las ayudas destinadas a su funcionamiento.

Ya que se van a celebrar sí o sí, a pesar de la apatía de las organizaciones agrarias, es fundamental que las mismas sean realmente universales, que tengan la opción de votar todos los que tienen alguna relación de importancia con el sector agrario. Y eso significa que, no solamente puedan votar quienes se montan a diario en el tractor o echan el pienso a la cabaña  ganadera, sino  también quienes, en edad laboral, asumen riesgos en esa actividad. Para ello, es importante que se facilite el acceso a las urnas sin necesidad de desplazamientos largos y que los censos sean correctamente negociados para no dejar fuera a nadie. Agricultura baraja considerar  varios criterios, cada uno de los cuales ya debería ser razón para poder votar: estar dado de alta en el Régimen de la Seguridad Social por cuenta propia como agricultor, que en el conjunto de sus ingresos,  al menos un 25% sean de rentas procedentes de la actividad agraria. Para ello, se deberían disponer de los datos de la Agencia Tributaria que, parece ser, se ha negados a entregarlos; datos sobre las pólizas de seguros agrarios o perceptores de ayudas  comunitarias. Confeccionar ese censo debe ser una  tarea compleja y requiere negociar con todo el sector hasta lograr el máximo acuerdo, como le sucederá a  Cañete para la aplicación de la reforma de la PAC.

Las elecciones, en principio, van a suponer a las organizaciones agrarias, tiempo y dinero en un momento cuando las arcas están vacías y se han hecho recortes de personal para poder seguir adelante. Con las elecciones, Cañete va a tener unos meses al campo distraído. Es probable que las elecciones  le aporten al ministro algunos datos. Primero, que en el campo hay cierta apatía por votar. Segundo que, junto a las actuales tres siglas reconocidas a estos efectos, Asaja, Coag y Upa, podría aparecer como representativa una nueva, Unión de Uniones, producto de la integración de varias organizaciones escindidas de Coag. Tercera, ver de nuevo el placer de unas urnas para medir el voto agrario que, con este carácter estatal, no se veían desde hace varias décadas.

Servir para algo más, pues, poco. Eso sí, Cañete podrá decir algún día que en su mandato  se volvieron a celebrar elecciones en el campo…

Agricultura, ministros y Cañete, segunda parte

El sector agrario no ha tenido mucha suerte con los ministros. Agricultura ha sido un departamento utilizado generalmente como una especie de comodín para equilibrios entre las diferentes corrientes de un partido, el peso de las comunidades autónomas o las políticas de igualdad. Es la crónica de los años desde la transición.

 Tras unos ministros de trámite en Agricultura como Virgilio Oñate y Fernando Abril, Jaime Lamo, sería el primero y fue la casi única excepción de un hombre educado para ministro. Sabía lo que tenía entre manos, no obstante hizo su carrera en el viejo FORPPA, organismo hoy equivalente al FEGA, las tripas y la cocina del Ministerio, y se le puede recordar por un trabajo ordenado y avances importantes en materia de legislación, mientras funcionó UCD. Tras él, los ministros no existieron, José Luis Alvarez, un notario que no supo dónde había caído y Garcia Ferrero, funcionario, que sólo tomó el cargo para entregárselo a los socialistas.

 En la primera etapa socialista, Carlos Romero protagonizó el periodo más largo, una década perdida, donde dedicó más tiempo a controlar las organizaciones y siglas de propios y extraños, que a la ejecución de una política agraria para preparar al sector ante el ingreso en la UE y posteriormente para aplicar las duras exigencias de entrada. Tras él, ministros de transición. Pedro Solbes que llegó de paso, puso un poco de orden a la no gestión de Romero y le faltó tiempo para saltar a Economía. Vicente Albero, del club de los valencianos en su intento hacia La Moncloa, tenía recorrido como gestor, pero dimitió antes de tiempo pillado por intereses no declarados en un grupo bodeguero. Todo lo contrario de lo que hizo Luis Atienza, que llegó con la imagen del mochilero apoyando marchas por montes y cañadas, que conoció en el Ministerio de los contenciosos entre Freixenet y Codorniu, para acabar montando una bodega con el consejero delegado de Freixenet en Cataluña, antes de enchufarse a Red Eléctrica. Su mandato estuvo dominado por la sequía y los grandes incendios e intentó retomar el desarrollo legislativo, sobre todo con le ley de Modernización de Explotaciones y el Plan de Regadíos.

 Con los populares, Loyola de Palacio, fiel a su carácter, llegó con voluntad y ganas de pelear en Bruselas logrando algunas mejoras en diferentes reformas como en el aceite de oliva y vendió una imagen de mujer eficaz por encima de la realidad. Aterrizó y fue un ministro de paso Jesús Posada, aunque, con su talante de diálogo, logró un difícil acuerdo para el reparto de cuotas lácteas, para acabar con un Arias Cañete en esa su primera etapa que llegaba como invitado.

 Si las primeras legislaturas con los socialistas habían sido negativas para el sector agrario, las segundas no desmerecieron, fueron a más. Frente a otras opciones internas, Zapatero apostó por el ministerio comodín para compromisos más autonómicos que de igualdad, primero con la gallega Elena Espinosa y finalmente con Rosa Aguilar, como andaluza. La primera dedicó horas, dejó trabajar, pero no hay nada de calado para recordar su paso por Atocha. La segunda, mejor no recordarlo.

 Los populares han vuelto de la mano de Arias Cañete. Suele decirse que segundas partes nunca fueron buenas. A veces los dichos, afortunadamente, tampoco se cumplen. Ha vuelto con ganas. Sabe lo que es el Ministerio, el sector agrario, la Administración y se maneja como pez en el agua en los espacios comunitarios. Hasta la fecha está demostrando sensibilidad por la cosa agraria. De entrada mantuvo a una parte importante del equipo anterior, cosa que no hizo Rosa Aguilar,al margen del carné de partido, apostando por la eficiencia. Hasta la fecha, los resultados en las negociaciones en Bruselas para la reforma de la PAC se pueden calificar de positivas a la vista del escenario de crisis, aunque ahora le toca la compleja negociación de su aplicación en España donde va a necesitar de mucho talante para lograr acuerdos con comunidades autónomas y organizaciones agrarias. Quiere demostrar que se puede hacer política agraria sin grandes recursos, como toca en épocas de crisis y puede ser recordado si de verdad logra aprobar y, sobre todo aplicar, disposiciones como la ley de la cadena alimentaria, eliminar de los lineales leches o aceites como productos de oferta y la integración cooperativa, demandas históricas y claves para el sector agrario y alimentario.Toca esperar.

La PAC mira al futuro

 El futuro de la Política Agrícola Común ha constituido en los últimos meses uno de los principales motivos de preocupación en el sector agrario ante los interrogantes que se planteaban sobre su futuro para el periodo 2014 a 2020 con unos apoyos entre pagos directos, medidas de mercado y desarrollo rural de casi 7.000 millones de euros año. Aunque agricultores y ganaderos ya tienen la piel curtida por reformas que se vienen sucediendo desde los años noventa, en esta ocasión los temores eran y son superiores por el momento que atraviesa la economía, el ajuste en los fondos comunitarios y el riesgo de que las políticas de apoyo al sector primario pasaran a un segundo lugar frente a otras relacionadas directamente con la innovación y el empleo.

 Las negociaciones de esta reforma, son,sin embargo, muy diferentes a todas las anteriores.No se trata sólo de una reforma, sino de tres en una.El sector agrario español ha salido bien librado en el primer asalto, pero donde aún falta mucho importante por decidir hasta su aplicación.

El primer asalto de la actual reforma de la PAC se desarrolló en el seno de la cumbre de los jefes de Estado y de gobierno en la primera quincena de este mes, donde se debía decidir el presupuesto comunitario para el periodo 2014 a 2020 y determinar los fondos para la política agraria y el mundo rural. Frente a la política de ajustes y recortes a todos los niveles, según los datos oficiales manejados por Agricultura, cotejados, dicen, con la Comisión, el sector agrario español no ha salido mal parado, si se considera que para el periodo de 2014 a 2020 va a disponer de unos fondos ligeramente superiores a los dispuestos en el periodo anterior 2007 a 2013: 35.705millones para pagos directos y medidas de mercado, un 0,8% más y 8.291millones, un 3% más, para desarrollo rural. Es un resultado que se puede y debe calificar como positivo, y mucho más, si se considera cuál era y es el escenario general del debate comunitario. Se trata de recursos en moneda corriente, lo que supone en el fondo una pérdida de entre un 12% y un 14% si se contempla la inflación prevista para ese periodo. Y por ello, ahí están las críticas hechas desde algunos medios agrarios, la oposición e incluso algunas comunidades autónomas, como Castilla y León, la astilla del equipo de Atocha. Pero, la realidad es que Bruselas, a efectos de ayudas o precios, desde hace ya más de una década se agarra a una cifra y te la mantiene hasta el infinito. Era más que un milagro que, en esta coyuntura, fuera a conceder unos fondos considerando la inflación, cuando, por ejemplo, mantiene los mismos precios para desencadenar el almacenamiento privado del aceite de oliva o las ayudas PAC se mantienen inamovibles desde su instauración.

 A partir de ese primer asalto, sabiendo ya los fondos que se van a disponer, a la PAC le queda un segundo asalto: negociar la reforma. Irlanda ha asumido la presidencia en este semestre y tiene ganas de cerrar un acuerdo lo antes posible acelerando las negociaciones en todos los ámbitos, ministros de Agricultura y Parlamento, donde estaban a la espera de una asignación presupuestaria y que cada país conociera sus disponibilidades, su sobre nacional. Aunque se han producido avances en los últimos meses, quedan muchos flecos importantes por cerrar la reforma. España propugna la necesidad de que, a partir de ese sobre nacional, cada Estado tenga una gran flexibilidad a la hora de la distribución de los fondos, siempre en el marco de las grandes líneas de la reforma. Desde esa posición, sería importante que, en ese segundo asalto, lograra que con el cambio de modelo que supondrá la reforma para pasar de pagos por derechos históricos a pagos por hectárea, España pudiera asignar los derechos de pago sobre 22,4 millones de hectáreas y no sobre 38 millones de superficies, lo que supondría un giro radical en los pagos al tener que distribuiré los fondos entre más territorio. Para España sería importante también que, en este segundo asalto, se le permitiera alargar en el tiempo el proceso de convergencia, ahora previsto para 2019, en los niveles de ayuda entre tipos de superficie para mantener una estabilidad en los pagos actuales. Es importante que la propuesta definitiva de reforma, suavice las exigencias para percibir ese 30% del sobre que corresponderá solo por aplicar la política verde, y que esos fondos los perciban todas las explotaciones, sin necesidad de abandonar tierras; que haya libertad para trasvasar entre los dos pilares, los recursos de pagos directos y los de desarrollo rural, hasta un 15% y que, de las ayudas directas se pueda deducir un 15%, frente al 10% actual, para atender vía pagos acoplados las necesidades de sectores en dificultades.

A partir de ese segundo asalto, marco general, a la reforma de la PAC la tocaría la hora de la verdad, un tercer y definitivo asalto donde ahora los cruces de guantes no serán entre países, sino entre comunidades autónomas, Administración central y las organizaciones agrarias. Si Bruselas da flexibilidad para determinar el número de hectáreas donde asignar derechos a pago, habrá que decidir cuál va a ser ese volumen de superficie. No hay dudas a la hora de sumar las tierras dedicadas a los cultivos herbáceos, a los barbechos, a los cultivos industriales, al olivar, el viñedo, los frutos secos etc.. pero, sobre todo habrá que adoptar decisión sobre qué tierras se pueden considerar como pastos donde el margen para sumar hectáreas es casi infinito.

 Agricultura es de la opinión que la gestión del sobre debe ser nacional, en todo caso, con una gran coordinación, frente a quienes puedan reclamar una gestión autonómica. Administración central y comunidades autónomas y organizaciones agrarias deberán decidir qué modelo eligen para aplicar los procesos de convergencia en el importe de las ayudas, unificar los pagos por hectárea, por regiones, si se habla de regiones administrativas o regiones agronómicas, por ambos conceptos a la vez, por cultivos, etc....Agricultura es de la opinión de que el cambio de modelo para la concesión de las ayudas, pasar del actual modelo de pagos por derechos históricos a otro de pagos por hectárea, no debe suponer un fuerte trasvase de fondos entre explotaciones y apuesta porque las modificaciones sean las mínimas; que quienes hoy cobran mucho tengan una mínima rebaja y que ,quienes perciban poca ayuda la incrementen igualmente en un porcentaje bajo. Es entendible la posición de Agricultura para dar estabilidad a las explotaciones agrarias. Pero, tampoco se debería cerrar la puerta en este aspecto. Es obvio que con esta reforma no puede pasar un erial a cobrar la misma ayuda de una tierra de regadío intensivo. Pero, no se puede pontificar de que la actual PAC sea justa para todos. Mientras hay sectores o actividades hoy marginadas en las ayudas, sin razones que los justifiquen, otras perciben apoyos elevados. Consecuencia de todo ello, se puede decir que la reforma de la PAC tiene aún un largo recorrido. Y hasta el rabo, todo es toro. Eso sí, las penas, con pan, son menos penas.Hay recursos.

La cadena alimentaria y el silencio de los corderos

El gobierno acaba de aprobar el proyecto de ley para la Mejora de la Cadena Alimentaria. En otras palabras, el germen de una nueva disposición para evitar que unos pocos grupos desde la gran distribución y los más fuertes de la industria, puedan seguir imponiendo sus exigencias en las condiciones de compra a los proveedores. Y, yendo un poco más al fondo, para que las duras políticas de exigencia de precios bajos y otras prácticas abusivas, no acaben por destruir el tejido de la producción agraria y de la mayor parte de la industria alimentaria con la importación más barata o la salida de unos lineales donde se realizan el 60% de las compras como amenaza permanente.

 A pesar del nombre que, en concreto no dice nada, con la ley para la Mejora de la Cadena Alimentaria, en realidad de lo que se está hablando, lo que hay por debajo, es la defensa del mantenimiento de una actividad agraria y alimentaria frente a la situación de asfixia a que se le somete desde los grandes grupos de la distribución donde vender barato es uno de los ejes. Y, debe ser muy importante lo que se trae entre manos esa nueva disposición, hasta el punto que desde escuelas de negocios de prestigio se han tomado posiciones diferentes. Desde el Iese, los estudios vienen a decir que el poder de la gran distribución no es tan grande como se indican los datos oficiales, mientras desde Esade se han colocado en la posición opuesta con la defensa del valor de la marca de fabricante. Las diferencias no son menores en la propia Administración. Una Comisión Nacional de la Competencia que dice no tiene sentido una nueva ley por inoportuna, porque entiende que algunas prácticas abusivas de la gran distribución son, a veces, buenas para mejorar la competitividad y la eficiencia de los proveedores y porque, entiende también, que hoy hay ya leyes para atajar esos desmanes. Y, un Ministerio de Agricultura, al fin un ministro, en este punto con las ideas muy claras,que defiende la misma ley por oportuna, porque las prácticas abusivas amenazan con cargarse ambos sectores y porque las leyes de que habla Competencia, Ley de Defensa de la Competencia y ley de Competencia Desleal, no las ha aplicado ese mismo organismo en el pasado.

Antaño, el gran momento del sector agrario para la defensa de sus rentas era la negociación de los precios oficiales que fijaban unos niveles mínimos de ingresos para el campo. Actualmente se han desmantelado esos mecanismos de seguridad, las cotizaciones las marcan los mercados y al sector agrario se le compensan esas bajadas generales de las cotizaciones que se registraron en la mayor parte de los sectores, con ayudas directas que no afectan a todas las producciones. Lo que sucede es que, en el conjunto de los mecanismos o estructuras que tienen una gran influencia para la formación de los precios en la industria alimentaria y, en consecuencia, para el sector agrario, ha irrumpido con fuerza un nuevo agente que hace unos años no existía. Una gran distribución, con capacidad para controlar entre una media docena de grandes grupos el 60% de la cuota de mercado de los productos más importantes de la demanda alimentaria; y que, entre sus estrategias para vender más, la rebaja de los precios de los productos agrarios y alimentarios se ha convertido en el pim pam pum de sus políticas con efectos gravemente perniciosos para ambos sectores que no tienen capacidad para defender el valor de sus producciones.

 Hace algunas fechas, en un gran centro comercial tenía uno mismo la posibilidad de adquirir medio cordero lechal-lechal, poco más de un kilo, por un valor total de 11 euros. La primera reacción fue de alegría ante la posibilidad de adquirir ese producto a un precio tan barato. Pero, en una segunda reacción, me acordé de Marciano, Crescencio..., en los pastores que hubo en mi pueblo cuando venían del campo con el cordero en brazos y hasta cuando, en ocasiones, los llegaban a amamantar con el biberón para sacarlos adelante.Y y pensé en el precio que esa gran distribución podía haber pagado al matadero, y este, al ganadero….

 Y caí que en mi pueblo ya no quedan rebaños, ni pastores y ya no balan los corderos 

Engaños en lo ibérico, el cerdo no tiene la culpa

 

El Ministerio de Agricultura acaba de presentar su último proyecto de norma para tratar de clarificar y mejorar la actual situación del sector y el mercado de lo ibérico, tras muchos meses de negociaciones con todas las organizaciones agrarias de carácter general, organizaciones sectoriales y con el conjunto de las comunidades autónomas. Arias Cañete pretende dar gusto a todos los que en este momento forman parte de ese gran tinglado que es lo ibérico, desde los que crían en la dehesa, a los de cebo de cualquier granja de cualquier parte de España y hasta en el mundo. No quiere dejar fuera del mismo a nadie, desde los ganaderos tradicionales de esa dehesa, a las granjas fábricas de cerdos intensivos, que tienen todo el derecho, sin embargo, a ese calificativo de acuerdo con la norma en vigor.

Agricultura ha optado finalmente por dejarlo todo en tres denominaciones: el cerdo de bellota, alimentado, al menos, en los dos meses finales de su vida con bellota en la dehesa; el de cebo de campo que se críe en zonas de dehesa libre,100 metros por animal, en base a pienso, junto con las hierbas y bellotas que pueda pillar, y el de cebo intensivo de granja, de acuerdo con las normas comunitarias sobre bienestar animal, solo a base de pienso. Tres denominaciones, que serían, como mínimo seis al aplicarse tanto para un cerdo 100% ibérico, ante denominado puro,como para los cruzados, en el futuro denominados simplemente  ibéricos, con la exigencia de que en la misma etiqueta, negra para el 100% ibérico de bellota, verde para el ibérico de bellota, amarilla para el de cebo de campo y blanca para el de cebo de granja, figure el porcentaje de raza que tenga el animal, siempre con un mínimo del 50%.

 En relación con este tinglado de lo ibérico, en primer lugar, lo primero que le sale decir a uno es que lo ibérico debería haber estado siempre ligado solamente a ese cerdo criado en la dehesa, de bellota o de campo, que es realmente la imagen tradicional de ese producto, siempre con todos los controles necesarios para garantizar que los animales se criaban, comian y se curaban sus productos de acuerdo con la norma. Con las disposiciones de 2001 y 2007 se consumó la denominación de cerdo de cebo intensivo, lo que permite producir legalmente un ibérico en cualquier parte de España o del mundo, al estar el mismo totalmente desligado de la zona de dehesa.

Agricultura se ha metido en un charco que estaba ahí y, nos consta, ha hecho un gran esfuerzo para tratar de conjugar en la nueva disposición todo tipo de intereses, desde los de los ganaderos tradicionales hasta los de los grandes grupos industriales que hacen jamones de cebo como churros.Y  a lo mejor, habría bastado con exigir el cumplimiento de las normas actuales sobre los etiquetados. Hemos de convivir con los ibéricos de bellota, con los ibéricos de campo y con los ibéricos de cebo. Eso está ya ahí y nadie lo va a cambiar porque,sobre un censo total de 2,6 millones de animales ibéricos de una u otra denominación, los de cebo de granja suponen nada menos que 2,1 millones. Estas circunstancias de cría y manejo les permiten colocar el producto a precios infinitamente más bajos que los productos de animales criados en la dehesa.

Sin embargo, el principal problema al que se enfrenta hoy el sector de lo ibérico, no se halla en los diferentes sistemas de cría, manejo y engorde, o en el hecho de que haya varias denominaciones. El problema radica en la escasa presencia de controles en los procesos de industrialización de los productos de lo ibérico, donde no han funcionado las entidades certificadoras, ni en muchos casos los propios consejos reguladores de las denominaciones de origen. Y, sobre todo, en las políticas de comercialización donde existe un total galimatías con unos etiquetados confusos, plagados de irregularidades e ilegalidades hechas por muchos industriales y jaleados por los grupos de la distribución en su afán de vender todo bajo la sombra de lo ibérico, mientras los responsables de las comunidades autónomas, las competentes en la materia, miran para otra parte.

Con la regulación actual, un consumidor tienen la opción de elegir un producto ibérico de bellota a un precio elevado, uno de campo a un precio más reducido y uno de cebo a un precio barato similar al de un cerdo de jamón serrano. Sin embargo, si uno de detiene a mirar los etiquetados de los productos de lo ibérico en cualquier grupo de distribución, uno se puede encontrar que se le ofrece jamón de cebo de granja de pata  negra, incluso con la pezuña pintada de ese color, cuando lo de pata negra sólo se puede asociar a la dehesa; jamón de bellota negra, jamón de cebo de la dehesa, jamón de cebo puro de bellota, envases de lonchas o jamones enteros de animales de cebo con el logotipo en de un cerdo bajo una encina o comiendo bellota en un campo verde. Algunos grupos de distribución van más lejos para anunciar jamón de semiibérico y otro no se cortan para anunciar que una marca importante ofrece un jamón de la Denominación de Origen de Jabugo cuando hoy no existe tal denominación.

 Con motivo de la elaboración de la nueva norma, algunas comunidades autónomas han puesto el grito en el cielo con duras críticas a las iniciativas de Agricultura en el seno del mismo Partido Popular, muy especialmente desde Castilla y León. Se han roto muchas vestiduras en defensa de lo ibérico por la cosa de las denominaciones o el manejo de los animales. Sin embargo, casi nadie se ha atrevido, hasta la fecha, en esas comunidades autónomas, las competentes en esta materia, a entrar en una gran distribución y retirar masivamente piezas de todo tipo irregularmente etiquetadas que están induciendo a un claro engaño a los consumidores.

Prácticas contra la sostenibilidad del campo y del medio rural

La sostenibilidad en general se ha convertido en un concepto utilizado en todo tipo de discursos, desde los políticos al conjunto de la sociedad. Se habla de la sostenibilidad del planeta en general, del uso de productos agroquímicos en las tierras de cultivo, de la erosión de los suelos, de los vertidos en las aguas, de la contaminación en el aire, de las cuotas de pesca y los caladeros. Lo abarca casi todo.

En España, al menos sobre el papel, preocupa mucho la sostenibilidad del medio rural que supone en la actualidad en 80% del territorio,  tomando como referencia una población inferior a los 100 habitantes por kilómetro cuadrado, más del 90% del territorio en comunidades autónomas como Castilla y León, Castilla la Mancha, Aragón o Navarra, donde vive solamente el 17% de la población en cerca de 7.000 municipios.Tal es la preocupación teórica de los gobiernos, que hasta en 2007, con los socialistas,se aprobó la ley de Desarrollo Rural Sostenible, pero que hasta 2011 no dispuso de un real decreto para su aplicación; que en la actualidad el gobierno hable sobre planes de desarrollo en el sector y hasta elabore una futura ley sobre diversificación de las actividades económicas en ese medio.

Sobre el papel, preocupa el medio, el territorio, las tierras, el agua, el aire, los paisajes, el mantenimiento de la biodiversidad, la conservación de las razas y de los cultivos auctóctonos para los que ahora busca una salida y un negocio la Fundación Rodriguez de la Fuente con un proyecto para implantar la marca ConSuma Naturalidad; crece la preocupación y es bueno, por el bienestar de los animales, por la muerte sin dolor, pero, da la impresión de que, en medio de tanta sostenibibilidad en la política, se está dejando a un lado la sostenibilidad de quienes son la pieza clave para que todo eso funcIone, las personas que dia a día están y luchan para sobrevivir en ese medio rural.

Esa bueno que se multipliquen las casas rurales; que desembarquen las ecoaldeas, los  grupos que a veces se denominan despectivamente ecopijos, los visitantes de fin de semana.Todo suma. Pero no se puede olvidar que el mantenimiento de ese  80% del territorio solo es posible con la permanencia en ese medio de los agricultores y ganaderos con el desarrollo de su actividad. Y, para que ese colectivo opte por seguir en ese medio, es indispensable que disponga de una calidad de vida sostenible. No posible la sostenibilidad del medio rural, de ese 80% del territorio, si sus  habitantes no disponen de unas rentas dignas, si su actividad no ofrece  una rentabilidad mínima con precios que compensen su trabajo; no es posible una sostenibilidad si no existe una adecuada política educativa desde la escuela primaria a universidad,con un sistema de becas basado en rentas y no en el patrimonio que hoy está marginando a los hijos de ese medio; si  no hay una sanidad adecuada a sus circunstancias y se impone solamente  una asistencia médica basada sólo en términos de rentabilidad; si no hay mecanismos para una vida sostenible para las personas de más edad con problemas de movilidad para disponer de los servcios más elementales, desde hacer la compra o acudir a un centro asistencial; si no se aumenta la seguridad en el campo donde se han eliminado cientos de cuarteles de la Guardia Civil y limitan hasta las tareas de vigilancia para reducir gastos de combustible;si,finalmente,como último intento para ahorrar, se trata de  aprobar una nueva  ley para la reforma de la Administración local, como si los miles de esos pequeños municipios, pedanías o concejos que administran sus tierras comunales, los recursos obtenidos por arrendar su caza; donde el alcalde y los concejales no tienen sueldo y hasta hacen de aguaciles,sacristanes y  de enterradores,fueran ellos los culpables de deficit público.

Mientras no se demuestre lo contrario, la agricultura  y la ganadería, especialmente la extensiva, son los ejes de la sostenibilidad del 80% del territorio.Dos actividades maltratadas desde la perspectiva  económica y social, aunque a nivel de una encuesta de Agricultura, la sociedad reconce y aprecia el trabajo de este colectivo.Pero no los grandes grupos de distribución que, cada vez con más fuerza, fijan  los precios de compra en el campo al margen de cuales sean sus costes.

El gerente de una empresa alimentaria, decir el nombre sería su ruina, me acaba de comunicar la respuesta obtenida de una gran cadena de distribución nacional, no valenciana, ante su petición de subida para este año: precios congelados porque puede meter materia prima más barata de otros países y además, si quiere seguir vendiendo en el grupo, una aportación económica para ajustar el cierre del ejercicio.

Esa debe ser una de las prácticas impunes, que la Comisión Nacional de la Competencia califica como una práctica legal porque incita a la eficiencia y a la competitidad... 

 

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