Prácticas contra la sostenibilidad del campo y del medio rural

La sostenibilidad en general se ha convertido en un concepto utilizado en todo tipo de discursos, desde los políticos al conjunto de la sociedad. Se habla de la sostenibilidad del planeta en general, del uso de productos agroquímicos en las tierras de cultivo, de la erosión de los suelos, de los vertidos en las aguas, de la contaminación en el aire, de las cuotas de pesca y los caladeros. Lo abarca casi todo.

En España, al menos sobre el papel, preocupa mucho la sostenibilidad del medio rural que supone en la actualidad en 80% del territorio,  tomando como referencia una población inferior a los 100 habitantes por kilómetro cuadrado, más del 90% del territorio en comunidades autónomas como Castilla y León, Castilla la Mancha, Aragón o Navarra, donde vive solamente el 17% de la población en cerca de 7.000 municipios.Tal es la preocupación teórica de los gobiernos, que hasta en 2007, con los socialistas,se aprobó la ley de Desarrollo Rural Sostenible, pero que hasta 2011 no dispuso de un real decreto para su aplicación; que en la actualidad el gobierno hable sobre planes de desarrollo en el sector y hasta elabore una futura ley sobre diversificación de las actividades económicas en ese medio.

Sobre el papel, preocupa el medio, el territorio, las tierras, el agua, el aire, los paisajes, el mantenimiento de la biodiversidad, la conservación de las razas y de los cultivos auctóctonos para los que ahora busca una salida y un negocio la Fundación Rodriguez de la Fuente con un proyecto para implantar la marca ConSuma Naturalidad; crece la preocupación y es bueno, por el bienestar de los animales, por la muerte sin dolor, pero, da la impresión de que, en medio de tanta sostenibibilidad en la política, se está dejando a un lado la sostenibilidad de quienes son la pieza clave para que todo eso funcIone, las personas que dia a día están y luchan para sobrevivir en ese medio rural.

Esa bueno que se multipliquen las casas rurales; que desembarquen las ecoaldeas, los  grupos que a veces se denominan despectivamente ecopijos, los visitantes de fin de semana.Todo suma. Pero no se puede olvidar que el mantenimiento de ese  80% del territorio solo es posible con la permanencia en ese medio de los agricultores y ganaderos con el desarrollo de su actividad. Y, para que ese colectivo opte por seguir en ese medio, es indispensable que disponga de una calidad de vida sostenible. No posible la sostenibilidad del medio rural, de ese 80% del territorio, si sus  habitantes no disponen de unas rentas dignas, si su actividad no ofrece  una rentabilidad mínima con precios que compensen su trabajo; no es posible una sostenibilidad si no existe una adecuada política educativa desde la escuela primaria a universidad,con un sistema de becas basado en rentas y no en el patrimonio que hoy está marginando a los hijos de ese medio; si  no hay una sanidad adecuada a sus circunstancias y se impone solamente  una asistencia médica basada sólo en términos de rentabilidad; si no hay mecanismos para una vida sostenible para las personas de más edad con problemas de movilidad para disponer de los servcios más elementales, desde hacer la compra o acudir a un centro asistencial; si no se aumenta la seguridad en el campo donde se han eliminado cientos de cuarteles de la Guardia Civil y limitan hasta las tareas de vigilancia para reducir gastos de combustible;si,finalmente,como último intento para ahorrar, se trata de  aprobar una nueva  ley para la reforma de la Administración local, como si los miles de esos pequeños municipios, pedanías o concejos que administran sus tierras comunales, los recursos obtenidos por arrendar su caza; donde el alcalde y los concejales no tienen sueldo y hasta hacen de aguaciles,sacristanes y  de enterradores,fueran ellos los culpables de deficit público.

Mientras no se demuestre lo contrario, la agricultura  y la ganadería, especialmente la extensiva, son los ejes de la sostenibilidad del 80% del territorio.Dos actividades maltratadas desde la perspectiva  económica y social, aunque a nivel de una encuesta de Agricultura, la sociedad reconce y aprecia el trabajo de este colectivo.Pero no los grandes grupos de distribución que, cada vez con más fuerza, fijan  los precios de compra en el campo al margen de cuales sean sus costes.

El gerente de una empresa alimentaria, decir el nombre sería su ruina, me acaba de comunicar la respuesta obtenida de una gran cadena de distribución nacional, no valenciana, ante su petición de subida para este año: precios congelados porque puede meter materia prima más barata de otros países y además, si quiere seguir vendiendo en el grupo, una aportación económica para ajustar el cierre del ejercicio.

Esa debe ser una de las prácticas impunes, que la Comisión Nacional de la Competencia califica como una práctica legal porque incita a la eficiencia y a la competitidad... 

 

a

 

La CNC y la prácticas abusivas de la gran distribución

 Hace varias décadas, la fijación anual de los precios institucionales era la gran negociación del sector agrario para defender sus rentas. Era cuando los precios agrarios, para algunas de las producciones más importantes, se fijaban de abajo hacia arriba y funcionaban algunos mecanismos para la regulación de los mercados. Hoy, con los grandes grupos de la distribución como los nuevos invitados, los precios se fijan de arriba hacia abajo, desde los lineales hasta la granja, la huerta o la industria transformadora, en función de sus estrategias comerciales.

De acuerdo con ese nuevo escenario, la elaboración de una ley de la cadena alimentaria donde se pudiera lograr un mayor equilibrio de intereses y poner coto al poder dominante de una gran distribución, ha constituido uno de los objetivos perseguidos por el conjunto de los sectores agrario y alimentario con el total apoyo de Agricultura. De ahí nació, en un trabajo de varios años, el actual proyecto de Ley para la mejora de la Cadena Alimentaria en base a las demandas del sector y de las líneas directrices contempladas en el Libro Verde sobre el mismo problema que está elaborando Bruselas. Y, en su contenido, unas pocas ideas claves. Contratos obligatorios para todas las operaciones de compraventa en el proceso de la cadena, un código de buenas prácticas y sobre todo una lista de prácticas abusivas prohibidas, mecanismos de denuncias anónimos e inspecciones y multas por los incumplimientos.

Frente a ese escenario, la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) se ha despachado en un informe contra el proyecto al que, en conjunto, califica como intervensionista e innecesario y reclama su modificación. Para la CNC, aunque sea hoy uno de los debates comunitarios más importantes y en diferentes países, el proyecto no es oportuno en el tiempo. El mismo organismo va a más y señala que la existencia de desequilibrios en la cadena no son malos al ser algo consustancial con los mercados y que algunas prácticas, calificadas como abusivas, no tienen por qué ser malas en cuanto incitan a la eficiencia y a la competitividad. Por esta razón, entiende que no tiene sentido que se puedan aplicar sanciones contra las mismas. En resumen, Agricultura está dominado por una filosofía intervencionista y no cabe una nueva ley cuando ya existen hoy normas y mecanismos para atajar las prácticas que se denuncian. Agricultura ha dicho  que seguirá adelante con su iniciativa para poner orden a una situación de desequilibrio y al poder dominante de una gran distribución que puede ofrecer algunos productos más baratos a los consumidores a costa de destruir un tejido económico en la industria nacional y en campo.

Los sectores agrario y alimentario están ya acostumbrados a tener en la llamada CNC a ese organismo que vigila todos tus movimientos. Una CNC que escudriña igualmente cada paso del Ministerio de Agricultura cuando quiere cambiar algunas cosas de los mercados que chirrían al más sordo y que los hombres de Economía no quieran oir. Una CNC ràpida para abrir un expediente a un agricultor que, harto, en una situación de mercados hundidos, tiene la ocurrencia de amenazar con no vender por debajo de un precio determinado, mientras esa misma CNC se ha resistido  habitualmente a abrir expedientes a empresa cuasi monopolísticas que venden medios de producción en el sector agrario ante las reiteradas denuncias de los agricultores. Una CNC que, es lo más sorprendente, en un informe de hace un año alertaba sobre las prácticas abusivas de la gran distribución de la que decía que solamente cuatro grupos habían pasado de controlar el 48,7% del mercado alimentario en 2002 al 60% en 2009.

En toda esta  batalla, a uno se le ocurre pensar si la CNC en la cosa agraria, es el perro de presa, vigilante y protector sólo de IPC como mecanismo de apoyo al gobierno, o se trata de un organismo que va por libre como un cuerpo especial de guardianes de la pureza liberal, o sea, dejar el mercado a su libre competencia, cuando unos más fuertes achatarran a otros  desorganizados y más débiles como un toque de atención para que sean más eficientes. Habría que preguntarse si la CNC ve en esa presión de los grandes, desde su posición dominante sobre esos sectores agrarios y  alimentario, como un acicate para que los mismos sean más competitivos, que fabriquen o produzcan y vendan más y mas barato, sin señalar ese límite donde puedan morir por asfixia. A uno se le ocurre pensar si lo que ve Agricultura, con varios abogados del Estado en sus filas, es muy diferente a lo que ven en Economía otros abogados del Estado, si han estudiado en universidades diferentes o son de gobiernos distintos.

Uno se pregunta que, si la CNC se opone también al proyecto porque ya existen hoy normas para corregir esas prácticas abusivas como incumplimiento de contratos, cobros ilegales por entrar en un lineal, cabeceras, publicidad, stocks, roturas o hurtos de productos, pagos complementarios,  por qué no ha actuado ya contra las mismas en el pasado.Y uno duda, finalmente, si en la cosa agraria, la CNC es la Comisión Nacional de la Competencia, de Economía o la Confederación Nacional de Centros Comerciales.

PAC, arenas movedizas

La Política Agrícola Común constituye un elemento clave para el funcionamiento del sector agrario si además tenemos en cuenta que con la misma llegan a España unos 7.000 mllones de euros de los que más de 5.000 son ayudas directas. Se trata de una cifra muy importante si se considera que la renta neta de la actividad agraria, incluidas las subvenciones, ascendió en 2012 a poco más de 22.000 millones de euros.Pero, se puede decir que las mismas no son una concesión gratuita de las instituciones comunitarias, sino el resultado de un largo proceso de reformas y compensaciones, entre otras cuestiones, por la fuerte rebaja de los precios institucionales, la supresión de las compras en intervención, la reducción o eliminación de los mecanismos para la regulación de los mercados, la eliminación de ayudas para la exportación o la apertura de fronteras a los productos baratos de terceros países.Bruselas nunca ha regalado nada.

La Política Agrícola Común, aunque en la última década mantiene esos niveles de ayuda por unas u otras vías,tiene entre sus notas más características, su alto grado de inestabilidad, con lo que ello supone de interrogantes para cualquier explotación a la hora de programar su actividad a medio o largo plazo. La PAC es  hoy como un cementerio de reformas desde los años noventa, sin que se pueda decir que haya encontrado hasta la fecha un modelo defintivo.El sector fue escenario de la gran reforma de 1992 donde se inició el paso de las ayudas a los mercados a las ayudas directas y rebaja de los precios institucionales.Siguió esa línea la reforma de la llamada Agenda 2000, la revisión de 2003, el chequeo de 2008 y la que ahora se  discute para 2015 donde se pasaría de ayudas por derechos históricos a ayudas por superficie, con el objetivo de lograr una convergencia de las mismas. En conclusión, la filosofía de la PAC ha sido objeto de grandes reformas,cambios de criterios en el pago de las ayudas, a lo que se suman las reformas de las regulaciones en cada uno de los sectores o las normas sobre el cumplimiento del bienestar animal.

Este clima de inseguridad que se deriva de una PAC en reformas permanentes, amenaza ahora con una nueva dimensión ante las pretensiones comunitarias de eliminar el actual sistema de cuotas desde 2015, algo que funciona para la regulación de sectores como los del azúcar, la leche o el viñedo. En base a la política de cuotas ha funcionado el sector de la leche desde los años ochenta y los ganaderos tenían en sus cuotas un valor patrimonial con el que en los años precedentes operaron en los mercados comprando o vendiendo las mismas en función de sus necesidades.Hoy, las cuotas no valen un duro ante la posibilidad de su eliminación. En los años precedentes han funcionado los mercados de los derechos de plantación en los viñedos, con miles de viticultores vendiendo derechos a un mínimo de 3.000 euros por hectárea y fueron muchas las bodegas con grandes desembolsos para la compra de los mismos.

Si se impone la política planteada hoy por la Comisión, desaparecerán las cuotas para la producción de azúcar defendidas por industriales y remolacheros; las cuotas de la leche o los derechos de plantaciones en el viñedo y, ganaderos y viticultores verán cómo se elimina de un reglamentazo el valor de lo que hoy tienen como un patrimonio, al margen de lo que ello pueda suponer para la transformación de las políticas de producción, los mercados y las rentas.

La PAC aporta importantes ayudas, nunca gratuitas.Pero vivir a su sombra es como estar sentado sobre unas arenas movedizas o en el centro de un volcán. En la PAC, no hay nada seguro que cinco años dure.Y, programar la política de una explotación a futuro, decidir inversiones o comprar cuotas, además de las ayudas,requiere, cuando menos, una estabilidad en las reglas de juego para enterrar esa pregunta permanente que se hace el sector.Y esto,¿cómo va a quedar?  

 

Renta agraria, agujeros negros, salidas blancas

Los primeros datos sobre el comportamiento de la renta agraria del año suelen llegar como una avanzadilla de Navidad. Y, según las cifras elaboradas por Agricultura, ha sido un año más bien gris. Se cuenta que la renta agraria subió el 1,1% hasta los 22.442 millones de euros y que sigue bajando el número de Unidades de Trabajo Año, UTAS (el trabajo realizado por una persona a tiempo completo en un año), que han pasado, en la última década, de 1,1 millones a 881.000, aunque en realidad deberíamos hablar solamente de unos 300.000 agricultores frente  las más de 900.000 personas físicas o jurídicas que reciben ayudas de la Política Agrícola Común

Sin entrar en porcentajes de subidas o bajadas, en líneas generales podíamos hablar de cómo les han ido las cosas en este periodo a los sectores más importantes. A los cerealistas se les hundió la cosecha, sobre todo en la mitad sur y parte del centro, caídas que se vieron compensadas por unos precios muy elevados para trigo, cebada y maíz.  A los viticultores, el mal año en la producción se compensó también con subidas del precio de la uva, al igual que sucedió a los agricultores de algodón, girasol o patata. El aceite no levantó cabeza hasta agosto, lo que también puede compensar la caída esperada de la producción.

En el caso de los productos ganaderos, les han ido bien, vía precios, a casi todos, productores de porcino, de vacuno, de pollos y muy bien a los de huevos al reducirse la producción por la aplicación de las normas sobre bienestar animal. Mal le ha ido, como ya es casi algo tradicional, a los ganaderos de ovino y de caprino que se hallan en caída libre, sin que nadie ponga una solución en la mesa y mal a los  ganaderos de leche de vaca por la estabilidad de precios, mientras subían la materias primas.

De todos los datos que se manejan sobre la realidad del sector agrario en 2011, hay cinco que merecen una especial consideración y que reflejarían cuáles serían las tripas del campo.

Primera, esos 22.442 millones son una cifra inferior a la renta que tenía el sector agrario hace una década, casi 24.000 millones, y lejos de los  más de los 26.323 millones de 2003.Vamos para atrás.

La renta supone una cifra igual a la media del endeudamiento agrario de los últimos meses, que se halla entre los entre los 22.000 y los 23.000 millones de euros, lo cual no es no es un dato muy negativo. Sí lo es la fuerte subida del porcentaje de morosos.

Tercero, en ese volumen de renta agraria, las subvenciones suponen una tercera parte de la misma.

Cuarto, el valor de la Producción Final Agraria fue de 42.564 millones en 2011, la cifra más alta jamás  lograda por el sector, pero que no acaba de despegar del entorno de los 40.000  millones en los que se ha estabilizado el sector agrario en la última década.

Quinto, los gastos en medios de producción de todo el sector agrario ascendieren en 2011 a casi 21.000 millones de euros, lo que supone la mitad del valor obtenido con la actividad agraria. Es igualmente la cifra más alta pagada por el sector para producir, mientras hace solamente hace cinco o seis años los gastos en medios de producción suponían solamente entre un 30% y un 40% del valor de esa producción final agraria.

A la vista de esos datos, se podrían ver tambien algunas vías sobre por dónde debería ir el futuro. Una, de entrada, que en contra de la retórica, tenemos un sector agrario realmente eficiente en materia de producción en la mayor parte de los sectores, a pesar de las limitaciones que tiene respecto a otros países del entorno por factores climatológicos o del suelo. En esa situación, aumentar el valor de la producción  agraria es uno de los retos, y ello debería venir principalmente por la mejora de los mecanismos de regulación de los mercados y una mayor concentración de la oferta para defender mejor sus intereses. Dos, frente a unos costes de producción cada vez más elevados, piensos, abonos, semillas, gasóleo, energía, maquinaria, es indispensable, aparte de un mayor control de los precios de los mismos frente a los monopolios,  conseguir una mayor eficiencia en su uso ofreciendo una mayor información para el agricultor o ganadero.

Lejos de los grandes programas sobre la política agraria y, a la vista de esos datos, hay una política agraria que se puede desarrollar con voluntad y sin grandes inversiones: ordenar la oferta en el campo y lograr un  recorte en los gastos de producción. Es lo de siempre. Sobre el papel, Agricultura está en ello con dos leyes en marcha, integración cooperativa, organizaciones de productores y equilibrio en la cadena alimentaria. Falta que Isabel García Tejerina, la secretaria general de Agricultura, de un paso más y defina el modelo que tiene en la cabeza para la transferencia de información, tecnología  y servicios a pie de agricultores y ganaderos para producir mejor y más barato, promoviendo y mejorando estructuras adaptadas hoy a nuevaas tecnologías, pero que nunca debieron desaparecer en el medio rural.

 

Agroalimentación,¿exportar valor o volumen?

Industrias alimentarias, sector productor agrario y obviamente, la Administración, se están felicitando, día sí y día también, sobre el buen comportamiento de las exportaciones agrarias y alimentarias que, en un momento especialmente delicado como este, están contribuyendo, batiendo record, al mantenimiento de la actividad en el campo y en las industrias, donde hay problemas de paro, pero menos que en otras actividades. En 2011, las ventas agrarias y alimentarias superaron los 31.000 millones de euros, de los que casi 20.000 fueron de productos elaborados, en una línea de crecimiento que se ha mantenido en los seis primeros meses de este año, con porcentajes de crecimiento muy superiores a los países del entorno y principales competidores como Italia o Francia. Se mantienen las ventas en los países tradicionalmente compradores, mercados maduros, como sería el conjunto de la Unión Europea; se consolidan mercados importantes en terceros países industrializados como Estados  Unidos, Japón o Canadá; se dan avances firmes en países emergentes, especialmente en Asia, mientras en América Latina y Africa se dan igualmente primeros pasos en la misma dirección.

Esta evolución de las exportaciones pondría de manifiesto que hay cosas que se están haciendo bien y que se funciona, a pesar del incremento de los costes o la existencia de medidas proteccionistas en diferentes mercados. En el segmento de las industrias, se avanza hacia la comercialización de productos más elaborados. El sector agrario, en frutas y hortalizas, ante la mayor apertura de las fronteras comunitarias, mantiene su posición de competitividad en base a calidad y logística, con ajuste en sus márgenes de beneficio. En porcino, el sector de la industria exporta más del 30% de la producción; se han abierto nuevos mercados para la venta de vacuno en los países árabes;  los zumos exprimidos, con la naranja como base, siguen abriendo mercados y, en los dos productos estrella, aceite y vino, se han batido año tras años todo los record de ventas en el exterior. En vino, con 22,3 millones de hectolitros en 2011, frente a una demanda interior de nueve millones y en aceite de oliva con  872.000 toneladas frente a un consumo interior estabilizado en 550.000 toneladas. La producción depende de que funcione el mercado exterior.

Sin embargo, en medio de ese escenario de optimismo, hay también razones para la reflexión y de alguna manera, también para la preocupación. En el caso del vino, ha bastado una campaña con subida de los precios en origen, para que las ventas en el exterior hayan caído en los últimos meses por encima del 30% a pesar de que la mitad de esas ventas eran de graneles baratos, aunque hayan pasado 0,30 a 0,45 euros por litro. El aceite es hoy otra incógnita. Con los bajos precios de hace un año, se batieron todos los record de ventas. Hoy, con la subida de las cotizaciones en origen del 40%, se ciernen todos los interrogantes sobre la respuesta de unos mercados donde no está bien vista esa volatilidad en este tipo de productos de una campaña para otra.

 Sería innegable la mejora en la eficiencia productiva en el sector. Pero, es evidente que, en una serie de productos, las exportaciones han aumentado fundamentalmente por la existencia de unos precios baratos, muy competitivos, y es hora de afrontar esos mercados con otra mirada; que se impone otra estrategia de futuro basada fundamentalmente en vender valor, desde la calidad de siempre, otra imagen con la posición de ventaja de partida que supone un país con más de 50 millones de turistas que conocen en alguna medida la gastronomía y la fuerza de la cocina española en el mundo. Como se apunta desde la Federación de Industrias, al margen de las dificultades o los problemas puntuales que impongan algunos países en sus fronteras para la entrada de productos, la respuesta de futuro a la exportación debería pasar por un plan conjunto donde todas las Administraciones caminen, no sólo juntas, sino en la misma dirección, con las empresas como motor de esa política; tener una misma apuesta de todos los sectores por los mercados, sin batallas de competencia entre las propias industrias y posicionar la marca España en el segmento alto de valor bajo el tirón de una serie de productos que ya hoy son el  buque insignia de la alimentación española. Los productos agrarios y alimentarios suponen hoy el primer sector en las ventas en el exterior gracias a los apoyos de la Administración y, sobre todo, de los sectores. Y no parece muy coherente que, en algo que funciona  y, sobre todo, que tiene un  gran recorrido, en el ICEX apueste por recortes de apoyos para el desarrollo de esta política.

 

Ibérico, desorden, confusión, engaños al consumo y amenazas

El Ministerio de Agricultura acaba de presentar el proyecto de real decreto donde la Administración central dice haber recogido algunas de las observaciones hechas desde el sector y las comunidades autónomas al proyecto de norma sobre las denominaciones de los productos del cerdo ibérico. Ahora se abre un periodo de quince días para que el sector vuelva con sus observaciones.

 Se podía entender que, con todos los debates que se han desarrollado en los últimos meses sobre la cuestión, nos encontraríamos ahora ante un texto por el que se lograría definitivamente la transparencia en todo el sector y que zanjarían las polémicas en los defensores del ibérico puro y los que apuestan por los cruzados, así como entre las zonas de producción de la dehesa de siempre y los nuevos escenarios en otras comunidades autónomas. Pero, con la nueva propuesta, todo parece indicar que se ha venido a crear más confusión.

 Personalmente, dentro de las dificultades que entraña hacer una regulación al gusto de todos, con tantos intereses y vicios que confluyen sobre lo ibérico y con las críticas generalizadas que el mismo había levantado, uno consideraba que el proyecto de norma anterior era un peldaño en la buena dirección para clarificar lo ibérico. Pero, la última propuesta supone un paso atrás y abre una autopista de más confusión para todos, consumidores incluidos, que deberán hacer un cursillo antes de elegir y comprar. Agricultura, da la impresión que tiene ante sí un gran embolado, que se ha metido en un gran charco y ya no sabe por dónde tirar para dar gusto a todos.

 Antes de hacer una valoración sobre este problema, que en realidad es un conflicto de intereses entre los muchos que viven de lo ibérico, cabe hacer un breve recordatorio sobre la regulación de este producto emblemático ligado tradicionalmente a la imagen de la dehesa. En 2001, recogiendo lo que ya estaba sucediendo en el sector, nada se inventa de un día para otro, se reguló lo ibérico en base a tres denominaciones: ibérico de bellota o dehesa; de recebo, (finalizado su engorde con bellota y pienso) y de cebo, sólo criado con pienso y en granjas cerradas. En 2007 esas denominaciones se ampliaron a una más, la de cerdo de cebo de campo que, en realidad es un cerdo de cebo de granja con un espacio para andar. Esas denominaciones se multiplicaban por dos al poder aplicarse cada una para ibéricos puros o para animales cruzados. En consecuencia, estábamos hablando de seis denominaciones con la normativa de 2001 y de ocho con la actual de 2007.Un conglomerado de calificaciones que ha dado lugar a un mercado donde, lo ibérico es un concepto muy amplio donde no existe la necesaria clarificación sobre lo que se está comprando ante la no existencia de los controles necesarios desde el propio sector, sus consejos reguladores, las empresas certificadoras y de unas administraciones que han hecho la vista gorda ante las ventas en la gran distribución de productos mal etiquetados o de campañas engañosas. Para clarificar esta situación, Agricultura planteó hace unas semanas una nueva norma por la que se establecían sólo tres categorías: bellota de dehesa para animal puro ibérico; ibérico extensivo con un mínimo del 50% de pureza y criado en campo con piensos, e ibérico de cebo intensivo de granja, donde se da por descontado que nadie mete un 100% puro de raza sino un cruzado al 50%. Hoy, con la nueva y última propuestas de real decreto del Ministerio, presumiblemente con la buena intención de clarificar la situación, se hace un nuevo planteamiento con sólo tres categorías por alimentación y manejo: ibérico de dehesa, extensivo y con la bellota como alimento; ibérico de cebo y nuevamente el ibérico de campo, calificación que fue la aportación más importante de Rosa Aguilar a la política agraria. Pero, la novedad más destacable es que esas tres categorías se convierten en nueve en función del porcentaje de pureza de raza que tenga el animal, si son 100% puros, con un 75% de pureza o el un 50%. En resumen, que el consumidor deberá tener un manual a la hora de elegir.

 Por lo visto hasta la fecha, el Ministerio se halla en medio de una especie de empanada o no sabe por donde tirar ya ante los muchos intereses que confluyen en el sector y el deseo de dar el gusto a todos. A la hora de ordenar lo ibérico, una cosa sería la regulación idílica. Otra, la realidad de hoy de un sector con 2,6 millones de animales de los que más de dos millones son cerdos de cebo en granja y sólo menos de 500.000 de bellota, de los que además, no más de 150.000 serían 100% de raza. Si a uno cualquiera, ajeno al sector o a un viejo del sector, se le pregunta que asocie una imagen a lo ibérico, con todos los problemas e irregularidades que se hayan producido, esa imagen sería la dehesa y consumo de bellota en ese millón y medio de hectáreas que ocupa en la península. No entendería bien que se pudiera llamar ibérico a un animal criado en una granja en régimen intensivo solo en base a pienso y que además esa granja estuviera en cualquier punto de España o hasta en otro país. Sin embargo, la realidad es que se trata de una producción totalmente legal, que con la normativa en la mano se puede llamar ibérico. Para los defensores sólo de ibéricos puros y de la dehesa, el cebo es como especie de monstruo con esos más de dos millones de animales que se ha apoderado de los mercados a bajos precios y que en su día nadie pensó que podría ir tan lejos y adquirir este desarrollo en tan solo cinco años. Hoy, una gran parte del sector, comunidades autónomas y la propia Administración central entienden que no se puede eliminar de un plumazo ese sector de cerdo ligado a las granjas y al pienso, y que además puede denominarse legalmente ibérico, de acuerdo con una normativa.

 Frente a los deseos de los más puristas, parece demasiado tarde para cortar una actividad donde hay tantos intereses de grandes y pequeños grupos industriales con elevadas inversiones. Pero lo que sí se puede y debe hacer, una exigencia urgente, es que funcionen correctamente las entidades certificadoras privadas que han sido un completo fracaso, por no decir otras cosas, y mejor si ese control fuera público. No han funcionado los controles necesarios, desde la producción, raza, alimentación, periodos de curación etc., hasta y sobre todo, la vigilancia en los etiquetados y las campañas de ofertas de la gran distribución donde todo ha valido. Pueden convivir varios tipos de ibérico en un mismo mercado, desde el de la dehesa al de cebo. Pero, el consumidor debe tener la posibilidad de comprar un producto caro o barato, con unos costes de producción no comparables, sabiendo lo que adquiere y que se trata de productos diferentes. De lo contrario, no acabaremos cerrando granjas intensivas, pero sí la dehesa.

Fronteras coladero, un atentado contra el sector agrario

Los productores de frutas y hortalizas están sufriendo y denunciando en estas fechas las consecuencias de la puesta en marcha desde el pasado mes de octubre del nuevo acuerdo agrícola con Marruecos cuyas exportaciones han hundido los precios en los mercados comunitarios y, muy especialmente, en el tomate. No se trata de una situación nueva, sino de algo que, a pesar de las denuncias de todo el sector en países como España o Francia y de los informes de la inspección comunitaria, se vienen repitiendo cada campaña ante el incumplimiento por parte de los operadores de Marruecos de exportar solo los contingentes acordados y a los precios de entrada.

Con el apoyo de los intereses de inversores franceses en ese país y de la propia Comisión desde unos planteamientos políticos para frenar el desarrollo de los movimientos árabes integristas en esa zona, la realidad es que Marruecos pasa por los mercados comunitarios casi como ese socio que aspira a ser, con la diferencia de que, para el desarrollo de sus producciones cuenta con unas exigencias laborales o fitosanitarias que nada tienen que ver en sus costes de producción o con las condiciones que deben cumplir los cultivadores comunitarios.

Los acuerdos agrícolas con Marruecos se enmarcan en la política comunitaria de apoyo a los países del norte de Africa en materia de intercambios comerciales donde el sector agrario comunitario es uno de los sacrificados en beneficio de los intereses de los exportadores de bienes industriales o servicios. Se trata además de un acuerdo que pone de manifiesto el grado de cinismo que domina las actuaciones de las instituciones y hasta de los representantes comunitarios, donde las decisiones se justifican según los intereses de cada país y en cada momento.

Hace poco menos de un año, un centenar de barcos españoles se veían obligados a abandonar el caladero marroquí ante la decisión del Parlamento comunitario, fundamentalmente con los votos de los países del norte, al no dar luz verde al mismo argumentando que las autoridades de Rabat no cumplían las normas sobre derechos humanos. Sin embargo, esos mismos diputados, unos meses más tarde, aprobaban el nuevo acuerdo agrícola con Marruecos en contra de las posiciones españolas, francesas o italianas. Donde unos meses antes había una gran preocupación por los derechos humanos en ese pueblo, se antepusieron los intereses de los consumidores del norte y centro de Europa que, con el acuerdo agrícola, podrían acceder a unas materias primas más baratas, aunque fuera a costa de las rentas de los propios cultivadores de los países comunitarios del sur.

En el acuerdo con Marruecos, las fronteras comunitarias son un coladero en volumen, en precios, e igualmente en los controles sobre el uso de productos fitosanitarios no autorizados en la UE. Pero, lo grave es que no se trata de un caso aislado. Aparcando la preferencia comunitaria para la defensa de sus productores, Bruselas se ha convertido en el mayor impulsor de la apertura de sus fronteras a terceros países, vía acuerdos con organizaciones de Estados o con acuerdos bilaterales.

Frente a esta política de la Unión Europea, la realidad es que otros países o bloques de países están manteniendo e incluso potenciando unas políticas  proteccionistas en sus fronteras bajo falsas justificaciones de barreras fitosanitarias u otros mecanismos como subida de aranceles. Y lo hacen. Una prueba de ello es que las frutas y hortalizas españolas se deben comercializar en casi un 90% solo en los mercados comunitarios. Estados Unidos o Japón han cerrado prácticamente sus mercados o los cítricos españoles en base a medidas y controles fitosanitarios y una veintena de países exigen la firma de protocolos. Son varios los países que ponen trabas a la entrada del aceite, desde Estados Unidos a Australia o Argentina para defender sus olivares; hay trabas al vino español en otros como Brasil y en otros como Rusia o China se manejan subidas de aranceles, no se exporta vacuno a Estados Unidos desde el accidente de las vaca locas, los rusos ponen más exigencias sanitarias que no tienen ellos mismos, en varios países centro y sudamericanos meter un producto cárnico curado es un imposible.. por no hablar del mercado español, como un vertedero, no por calidad, sino por volumen de los excedentes de otros países comunitarios con precios a la baja, salvo en ocasiones muy puntuales, que suponen expulsar al ganadero nacional con la cobertura de los grandes grupos de la distribución

Para los cultivadores comunitarios, lo grave ya no es solamente la entrada masiva de productos que han sido producidos a un coste infinitamente más bajo, aunque en España se hayan hecho esfuerzos para  modernizar explotaciones y ser más competitivos, sino porque además, no existen los necesarios controles en frontera para evitar que vía esos productos entren  diferente enfermedades. Ante las protestas de las organizaciones agrarias, Bruselas ya ha reconocido que probablemente no haya el personal y los medios suficientes especializados para detectar enfermedades en los puertos y, en consecuencia, para evitar la comercialización de plantas  y productos, con Holanda como el puerto que tiene los mayores accesos. Pero, la realidad es que, consecuencia de ese descontrol, hoy, por ejemplo, en  el sector español de frutas y hortalizas hay enfermedades tropicales que antes no existían y se han reproducido otras que ya se daban por aniquiladas en producciones como el tomate(tuta) los cítricos o los ajos...

Con todo ello, por una diferencia de costes, lo que está en peligro es la viabilidad  de un sector y el riesgo de tener una gran dependencia exterior destruyéndose el tejido productivo propio. Basta con darse una vuelta por los lineales de una gran distribución. Los tarros de melocotones enteros ya no son Aragón, sino chinos, los espárragos o los pimientos, antes de Navarra, ahora vienen de Perú o China con el cultivo nacional bajo mínimos, la mieles industriales son chinas o mezcladas, las setas son chinas, abunda la leche francesa, los quesos alemanes...,

Es un hecho que los mercados están globalizados, la necesidad de apertura de fronteras, una mayor libertad en el comercio, pero hay razones de peso para proteger nuestras producciones, a nuestros agricultores por razones económicas, estratégicas y de mantenimiento del territorio.

 

 

Los fogones de los precios agrarios

 Hubo un tiempo, cuando los precios de los productos agrarios se fijaban en unas negociaciones entre las organizaciones del sector y la Administración; cuando existían unos mecanismos para la regulación de los mercados y unos organismos, el viejo SENPA, el FORPPA, donde agricultores o ganaderos podían vender sus producciones a unos precios garantizados o donde se adquirían los excedentes en los mercados. Con la entrada en la Unión Europea se mantuvieron algunos de esos mecanismos que, sin embargo, poco a poco se fueron reduciendo hasta prácticamente su total desaparición, pasando todo el protagonismo a los mercados. En consecuencia, de una situación donde los precios se formaban desde abajo hacia arriba, se ha pasado a otra donde los precios que va a percibir el agricultor o ganadero, se conforman de arriba hacia abajo, en las cocinas de la industria y, sobre todo, en los fogones de la gran distribución, simplemente en función de su poder de compra, sus intereses o estrategias.

 La comercialización de los productos agrarios ha constituido y constituye un problema endémico para el sector, desde los productos frescos que multiplican hasta por diez sus precios en la cadena de comercialización, a los transformados donde, en todos los casos, los precios pagados en origen no tienen nada que ver con los precios finales al consumidor. El sector agrario ha hecho importantes esfuerzos para la modernización y el redImensionamiento de su actividad. Son irreales los datos del INE cuando habla de casi un millón de explotaciones. Es falso cuando se habla de una dimensión media de 30 hectáreas. Lo que sí es cierto es que, entre esos poco más de 300.000 agricultores y ganaderos reales que hay en este momento en el país, se mantiene un claro predominio de actuaciones para la comercialización de sus productos por libre, al margen de las estructuras asociativas, cooperativas o SAT,etc. y, cuando lo hacen, se trata en su mayor parte de estructuras de escasa dimensión para defender sus posiciones en los mercados frente a operadores, industriales o la gran distribución.

 De acuerdo con el compromiso electoral, el Ministerio de Agricultura tiene marcha la aprobación de dos disposiciones claves cuya aplicación podría contribuir de manera muy importante a dar una salida a esta situación de indefensión en la que se halla el sector agrario frente al poder de los mercados y sin los viejos mecanismos de regulación. Una ley para apoyar el desarrollo de estructuras asociativas más potentes para concentrar la oferta y tener una mayor capacidad de negociación; otra para propiciar un mayor equilibrio entre los intereses de los agentes de la cadena alimentaria donde, en la mayor parte de los casos, industriales y sobre todo los agricultores y ganaderos, deben bailar al ritmo, los precios, las ventas a pérdidas, las ofertas que marcan los pocos grandes grupos de la distribución. Las dos leyes pueden ser instrumentos positivos para cambiar el actual panorama del sector en un aspecto tan importante como la comercialización y la participación del campo en el valor de la cadena y, en definitiva, de las rentas. Pero, no van a servir para nada si realmente en el campo no existe esa decidida voluntad de cambiar el panorama para concentrar, ordenar la oferta, eliminar estructuras duplicadas, reducir el número de cooperativas y, sobre todo, cambiar en definitiva de mentalidad, mover el culo. En el caso de la cadena alimentaria, ese nuevo equilibrio que se persigue no se va a lograr si de verdad no hay unos mecanismos de control, inspección y sanciones en la gran distribución para evitar que sigan con sus actuales prácticas, unas legales, pero nocivas para el sector productor o las industrias, como las marcas blancas baratas y o de primer precio y otras ilegales como la venta a pérdidas que permiten los hombres de Competencia con la mirada solo puesta en la defensa de los consumidores. Vender un producto de gran calidad, como podría ser un aceite virgen extra a precios de saldo si un grupo de distribución opta por comercializarlo a pérdidas, no solo es una práctica ilegal, sino que está perjudicando la imagen de un producto que se quiere colocar en todo el mundo bajo la bandera del precio alto y su excelencia.

 Parte de esos males que hoy afectan al sector agrario, es cierto que son achacables a otros, a los industriales, a la gran distribución, a los operadores, al cielo. Pero, la parte de culpa más importante no hay que buscarla fuera, sino dentro, en un sector que durante tantos años de lamentaciones ha sido incapaz de construir con carácter generalizado, hay excepciones, unas estructuras para defender sus intereses, desde la venta de sus productos, hasta la compra de medios de producción, aspecto donde otros países del entorno comunitario nos sacan varios cuerpos. Mientras el sector andaba debatiendo si son galgos o podencos en los mentideros, entre 1987 y 2007 las diez industrias más importantes del sector alimentario pasaron de facturar 3.700 a casi 16.000 millones de euros. En el caso de la gran distribución, los primeros diez grandes grupos pasaron de facturar 4.300 a 48.000 millones de euros. En el sector agrario, casi nada, un erial de minifundismos, sólo con algunas cooperativas tirando del carro. Al margen de ofertas muy específicas, el poder y la posibilidad de defender mejor precios, ingresos y rentas está en la capacidad de negociación desde un volumen y su peso en los mercados. Las leyes no hacen milagros, pero podrían y deberían ser el soporte para acabar con este pasado. Y el programa de un gobierno no está sólo en aprobar las leyes, sino en lograr su aplicación

De fraudes y la calidad de los aceites

Al igual que hiciera hace unos meses en el sector de la leche, la editorial OCU acaba de lanzar su estudio sobre las calidades de las marcas de aceites de oliva virgen y virgen extra en medio del malestar, las críticas, denuncias y hasta la sorpresa de muchos de los propios industriales. Hay empresas donde las marcas que elaboran para algunos grupos de distribución a precios bajos han obtenido una gran calificación, mientras el aceite que envasan para su propia marca tienen calificaciones defectuosas. Ya sucedió lo mismo en el caso de la leche donde la marca cabecera de un gran grupo cooperativo y donde se hacen grandes inversiones en promoción era calificada en el ranking OCU en un puesto muy inferior a marcas de la distribución más barata elaboradaSpor la misma sociedad.

En el aceite de oliva, a la hora de etiquetar un producto como virgen o virgen extra, es preciso realizar un primer análisis químico y además otro organoléptico con un panel de cata, método de carácter subjetivo, que da lugar a numerosas discrepancias para delimitar esa barrera entre el aceite virgen y el virgen extra. Homogeneizar los métodos de los paneles de cata constituye en este momento uno de los puntos prioritarios en el calendario de las medidas que se quieren adoptar a corto plazo, tanto desde el propio sector olivarero español, como por la propia Unión Europea el marco del Plan de Acción para el Aceite de Oliva que ha presentado la Comisión.

 Ofrecer un aceite de calidad en todo los mercados, en España y en el exterior, constituye un objetivo en el que se halla empeñado todo el sector. En consecuencia, olivareros y los industriales saben que con la imagen del aceite no se puede jugar y son ellos mismos, desde sus organizaciones, quienes vigilan permanentemente la calidad de los aceites que se colocan en los mercados, y muy especialmente cuando se trata de aceites baratos que aparecen en los lineales, para evitar que algún irresponsable, que los ha habido y los puede seguir habiendo, haga trampas. En el propio sector industrial se sabe quién es propenso a operar en las fronteras marcadas por la normativa, que la pueden traspasar y que incluso en ocasiones han superado esa raya confiando que no se les va a denunciar si es sólo un fraude económico para no perjudicar la imagen de toda una industria con dos vías como las más socorridas:utilizar un porcentaje de mezcla de semillas o uso de aceites de orujo o de repasado de baja calidad. Pero esa no es la tónica general y menos en los tipos virgen y virgen extra.

Organizaciones de consumidores, la editorial OCU, entre otras, tienen el deber de vigilar la calidad de los alimentos y que a los consumidores no se nos de gato por liebre. Sin embargo, desde el ejercicio de la propia responsabilidad, cuando se acomete el trabajo de poner al descubierto la calidad alimentaria de un producto, en este caso del aceite de oliva y cuando una parte de esa calidad depende de un análisis organoléptico subjetivo, hay que tentarse la ropa antes de emitir un juicio que puede llevar al traste una imagen y una economía con docenas de miles de damnificados. Y, si se apuesta por hacer ese análisis para defender al consumidor o para tener viva una imagen de organización combativa ante sus socios, ahora que ya hay diferentes organizaciones de consumidores, es importante que se haga con el máximo rigor.

 El aceite es un producto que, a diferencia del vino, tiene un recorrido más corto en el mantenimiento de sus propiedades originales y que pueden variar sensiblemente desde que sale de una industria. Su conservación en buen estado va a depender del tiempo que haya pasado desde su envasado, su tiempo de exposición a la luz o al calor. Un aceite puede salir virgen extra de una industria y acabar como virgen en los lineales en función del tiempo y de cómo se haya conservado. En consecuencia, cuando se hace un análisis sobre aceites, al margen de la subjetividad de una cata, sería indispensable que todos los aceites analizados hubieran respondido a las mismas condiciones de tiempo desde su salida de fábrica y en su mantenimiento. Por otra parte, no se puede determinar y pontificar sobre la calidad de una marca con la toma de muestra de una botella, como insisten en sus denuncias empresas del sector y la Asociación de aceiteros. Finalmente, no parece limpio hacer públicas una conclusiones sin que, como reclaman los industriales, se hayan llevado a cabo otros análisis contradictorios y un tercer análisis concluyente.

 Levantar un sector, elevar unos niveles de la demanda, ganar mercados en base a calidad y precios como ha hecho el aceite de oliva, aunque sigue la asignatura pendiente de reducir la venta de graneles, con más de 2,5 millones de hectáreas en el país, 500.000 olivarero,  miles de puestos de trabajo fijos, millones de peonada, es un trabajo que ha costado su tiempo y es una actividad clave en el tejido socioeconómico de muchas zonas. Merecerìa todos los ataque si fuera un sector marcado por la irresponsabilidad y el fraude,que no es el caso. Pero, no se puede utilizar el aceite, a partir de las formas de análisis empleados, con varias lagunas, para hacer un ranking de buenos y malos en una cuestión tan seria como los mercados. Y, ante este tipo de actuaciones, algo deberían decir las Administraciones con competencias en la materia sobre la calidad de los aceites...

Desorganización y responsabilidades en el campo

El recorte de las cosechas en una serie de producciones importantes como los cereales, el vino o el aceite, han supuesto en los últimos meses una fuerte subida de los precios en el sector agrario. En el aceite de oliva, recuperando parcialmente los niveles record de la pasada década.En el vino, con  precios para la uva en las principales zonas de producción, duplicando las cantidades de hace un año. En los cereales, siguiendo la estela de las subidas hasta que las cabañas ganaderas digan, basta.Lo que no se había logrado con los mecanismos de regulación de los mercados, lo ha conseguido la sequía.

Para el sector agrícola, no para los ganaderos, es como si se estuviera viviendo una primavera de los precios, aunque una parte de esas mejoras se vayan para cubrir las subidas de los precios de los fertilizantes, donde Fertiberia domina el mercado, sin que lo aparente saber Competencia. Se trata de una situación muy favorable, que no va a suponer atraer más personas a la actividad agraria de verdad, no para el montaje de huertos familiares,agriculturas alternativas, aunque todo suma. Estos buenos precios tampoco supondrán una lamada a los licenciados urbanos para instalarse en el campo, cosa complicada, por mucha voluntad que se les suponga, si no tienen una familia con posibles o disponen de capacidad para meterse en unas inversiones medias de unos 0,20 millones de euros.No hay vocaciones, tampoco de licenciados para ordeñar, para ser pastor a pie de rastrojo y, los pocos miles de jóvenes que oficialmente se han incorporado en los últimos años a la actividad  agraria, en su casi totalidad, no han llegado de la ciudad, sino que ya se hallaban y en la explotación familiar sin ser titulares y permanecen en la misma por la falta de  otras salidas en la construcción o los servicios.El campo no tira ni en tiempos de crisis. 

Este nuevo escenario que ha sobrevenido, sin esperarlo, en el propio campo, se ha dejado sentir en las cuentas de miles de explotaciones. Sin embargo, es también la ocasión para preguuntarse qué ha hecho o en qué ha influido la actividad de los agricultores en la mejora de esos niveles de precios y de mejora de ingresos y rentas.

Tienen razón los agricultores cuando denuncian las caídas de los precios agrarios por el desmantelamiento de los mecanismos de regulación en las sucesivas reformas de la Política Agrícola Común, la rebaja de los precios de intervención, su eliminación o las ayudas para exportar.Tienen razón cuando denuncian bajadas por la progresiva apertura de fronteras a las importaciones de terceros países, sin medidas de salvaguardia para proteger a las producciones propias, como hacen Estados Unidos o Japón, frente a las entradas de frutas o carnes.Tienen razón cuando denuncian las políticas de los grandes operadores, las estrategias de los grandes grupos industriales o de la distribución que,al final, son quienes fijan los precios en el campo.Pero, siendo ciertas todas esas  denuncias, el sector agrario tiene igualmente la obligación de preguntarse cuál ha sido su papel en las subidas y, sobre todo, cuál fue su actuación en las caídas. Poco se puede exigir cuando en el sector agrario hay docenas de miles de agricultores cerealistas que venden individualmente sin precio, "a como esté", según el operador de turno y que renuncian, de entrada, a poner en marcha estrategias de organización en la defensa de sus propios intereses.

En la última década se han reforzado diferentes grupos industriales que operan en el campo. Se ha producido una fuerte concentración de la gran distribución y,frente a todo ello, el sector agrario se mantiene, por ejemplo, con unas 3.000 cooperativas que aglutinan más del 70% de las producciones de aceite o de vino, pero con una dispersión tal que les impide desarrollar una estrategia unida frente a todos los operadores.

El gobierno, con buen criterio y respondiendo a este problema histórico, tiene entre sus prioridades para esta legislatura, poner en marcha una ley para la ordenación y concentración de la oferta siguiendo las recomendaciones comunitarias y se espera, con el consentimiento de las autoridades de Competencia. Habrá una ley, pero la realidad es que la ordenación y la concentarción de la oferta no se hace con una ley, sino con la voluntad de quienes tienen la producción en sus manos. Desde el pasado mes de octubre son obligados los contratos en el sector de la leche entre ganaderos e industriales o los primeros compradores.Sobre el papel y fuera de él, se trata de una medida positiva.En un sector desorganizado como el de la leche, la medida, más que con satisfacción, ha sido recibida con preocupoción ante la existencia de unas pocas industrias que pueden imponer sus precios ante miles de pequeños ganaderos y con un producto perecedero. Ahora toca organizarse contra reloj,frente a una situación que, no solo se podía esperar, sino que se estaba demandando.Quizás,de forma excepcional, para un periodo transitorio, sería necesaria la figura de un mediador en esa política de contratos para que no se produjeran abusos de poder.Pero, con la idea clara de que la defensa de los precios agrarios, el de la leche incluido, al margen de las políticas de desamantelamiento de Bruselas, debería contar con el protagonismo de los propios productores organizados.