La programación televisiva de ayer en su horario estelar reflejó uno de los datos de audiencia más bajos del año. ¿Se debe al comienzo de las hipotéticas vacaciones? Andrea Fabra podría decir tranquilamente que hay 5.693.100 ciudadanos con vacaciones permanentes. Lo cierto es que salvo la prueba en la que Mireia Belmonte obtuvo la primera medalla olímpica de estos juegos (2,6 millones de espectadores), el programa más visto fue una reposición de Comando Actualidad (El precio de adelgazar, La 1) con 1.669.000 espectadores. La decisión de reponer programas ya emitidos explicaría mejor la bajada de la audiencia. Salvo muy dignas excepciones (Pulseras rojas, Juego de Tronos, Sangre y acero), las cadenas optan por mostrar lo ya visto. En todo caso, y a tenor del tiempo que ocupa en los informativos y tertulias, la estrella de la temporada es la información económica.
El Gobierno alemán parece más que dispuesto a impedir una dificultosa, pero posible, recuperación económica de Italia y España. El Bundesbank se muestra implacable con las ayudas del Banco Central Europeo. Bien. Alemania, 67 años después de su derrota en la Segunda Guerra Mundial, ha conseguido controlar la economía de países como Italia, España y Grecia. Su invasión y control no tienen nada que ver con el expansionismo del Tercer Reich, sin duda. Sus resultados: sí. A España le exigen más recortes en sanidad y educación de los ya aplicados. Es decir, menos formación intelectual, menos acceso a la cultura y ampliar el sobrante de los dependientes, jubilados y discapacitados. Son un lastre improductivo. Se penaliza a la ciudadanía, no a los responsables de las políticas económicas ni a los financieros irresponsables, y, al parecer y con más ahínco, a los más débiles.
Un sistema democrático se distingue, o se debe distinguir, por su sentido de la justicia y por el respeto a los derechos humanos. Años después de una de las mayores crisis económicas mundiales se sabe perfectamente qué y quienes la generaron. Se sabe también, las peculiaridades de la crisis en cada país, sus factores distintivos y, naturalmente, sus responsables directos. Penalizar a toda la ciudadanía con el recorte de los derechos adquiridos, con el incremento del paro, con los copagos, repagos y demás ajustes presupuestarios, es prevaricar.
Cójase la lista de altos cargos, asesores, ministros y presidentes de Gobierno desde José María Aznar (Ley de Régimen del suelo y valoraciones de España, de 1998) hasta nuestros días, cójase también a las cúpulas ejecutivas y consejos de administración de todas las entidades financieras que tuvieron que pedir ayudas públicas para evitar la quiebra, y la de los dignísimos jueces y diplomáticos que con sus decisiones perjudicaron a la economía española y aplíqueseles a todos ellos, como corresponsables de una pésima gestión cuando no de actitudes directamente delictivas, todas las medidas de ajustes y tributarias que están sufriendo injustamente quienes nada tuvieron que ver con su torpeza o desmedida ambición. Embárguenseles todos su bienes si fuera necesario pero demuestren que su concepto de la justicia no es el de que todos paguen los errores de unos pocos. Son, ciertamente, propuestas irrealizables pero desahogan la irritación acumulada.
