No lo tiene fácil la mandataria brasileña, Dilma Rousseff. Las huelgas han empezado a lloverle por todos lados: primero fueron los profesores de las Universidades Federales de todo el país; después los funcionarios federales del gobierno y ahora la policía federal.
Los profesores universitarios están en huelga desde hace dos meses, sin posibilidad de acuerdo. El gobierno llegó a ofrecer aumentos salariales desde un 20 hasta a un 45% sobretodo a los que tienen doctorado y con dedicación plena. Los sindicatos rechazaron la propuesta del gobierno porque quieren esos aumentos para todos y una reestructuración de la carrera.
Hoy mismo el Ministerio de Educación, ha comunicado que las negociaciones se han cerrado por parte del gobierno. Y que los profesores deberán reponer las horas de clase perdidas. Sigue firme el pulso con el gobierno.
Hasta los funcionarios federales del Ejecutivo han entrado en huelga. El miércoles cerca de tres mil funcionarios llegaron a cercar el Palacio Presidencial y mantuvieron un enfrentamiento con la policía que los dispersó con gases lacrimógenos. Piden un aumento de sueldo del 50%.
A pesar de que se calcula que a la huelga han adherido 300.000 funcionarios, ayer la ministra de Planificación, advirtió que el gobierno tiene que rehacer las cuentas a causa de la crisis global y que será difícil aceptar sus reivindicaciones.
Si era poco, ayer entró en huelga, a nivel nacional, la Policía Federal que aseguró sólo los servicios mínimos. En Rio hubo retrasos importantes en el aeropuerto internacional y los despachos de pasaportes cerraron sus ventanillas.
Lo curioso es que no se trata precisamente de categorías de trabajadores que ganen mal. En relación con la gran masa de trabajadores del mundo de la economía privada, todos estos funcionarios públicos son unos privilegiados ya que además de tener el puesto asegurado, gozan de no pocos beneficios, sobretodo los de las llamadas carreras de Estado, considerados la élite del funcionalismo y que a veces ganan más que la misma Presidenmta de la República.
La política de altos sueldos para los funcionarios del Estado fue del expresidente Lula, que alegaba que de otro modo, los mejores y más preparados emigrarían para la iniciativa privada si les pagaba más.
Todas esas huelgas de categorías más bien privilegiadas, repropone sin embargo la función de los sindicatos, que según algunos expertos, se han quedado anclados en un pasado que ya no existe. Hoy, quienes deberían ser defendidos por los sindicatos son los sin trabajo, que en algunas regiones más pobres del país alcanza hasta un 20%; o a los que aún ganan un sueldo base de unos 300 euros o el aún gran mundo del trabajo informal y hasta esclavo.
A Dilma estas huelgas le llegan en el peor momento ya que Brasil, a pesar de que sigue creciendo y que acabará el año con cerca de un 2% de aumento del PIB, está al mismo tiempo parado, con la industria que ha perdido un 5,5%; con montadoras de automóviles que amenazan con despidos, con la inflación que ya alcanza casi un 6% y el dólar por encima de dos reales.
Al revés de lo que había hecho Lula en 2008 que llegó a minimizar la crisis internacional, Dilma ha admitido desde el primer momento que la actual crisis mundial está afectando también al crecimiento del país. Y a esto se acoge a la hora de ser dura con las reivindicaciones salariales.
Brasil va bien, pero podría ir mejor y el miedo del gobierno es que agotado el consumo interno que ha parado hasta ahora todas las crisis y con los bancos restringiendo el crédito, el actual modelo económica pueda entrar en crisis.
Para algunos expertos tanto políticos como económicos, el actual modelo que sostuvo a Brasil hasta ahora podría estar ya agotado y habría que ir pensando en una alternativa, antes de que se acaben las vacas gordas