La investigación del episodio de corrupción más grave y vergonzante de la historia autonómica de Andalucía, el caso de los ERE fraudulentos, está llegando a un momento decisivo. El ultimo atestado de la Guardia Civil no aporta excesivas novedades sobre el indiscutible desahogo con que se repartió dinero público en la Consejería de Empleo a lo largo de casi una década (los intrusos, las abusivas comisiones de los intermediarios o el nepotismo en las ayudas directas a empresas), pero sí contiene conjeturas que van a marcar el futuro del caso y van a obligar a afinar sus pasos a los dos principales protagonistas: la juez Mercedes Alaya y la Junta de Andalucía.
