Sobre el autor

(Guadix, 1963).
Periodista y licenciado en Derecho.
Subjefe de sección de Nacional.
Premio Ortega y Gasset de
Periodismo 2010 por el caso Gürtel;
Premio de Periodismo El Defensor
de Granada, Premio Nacional
de periodismo Antonio Mompeón
Motos; Boehringer Ingelheim al
Periodismo en Medicina y premio
de periodismo jurídico del Colegio
de Abogados de Madrid.

Sobre el blog

Este blog pretende ser un hueco de debate e información sobre temas con olor a toga y otros aromas adyacentes. Está abierto a cuantos deseen aportar una visión sobre temas de actualidad del mundo judicial, y sus intrahistorias. Lo anecdótico y llamativo también tendrá su espacio en esta web. Sólo se excluye la falta de respeto.

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  Sormaria

Sor María, tras negarse a declarar ante el juez Carretero el pasado día 12. / Cristóbal Manuel.

 

   El caso de Sor María, la monja imputada por robar un bebé a su madre en la extinta maternidad del madrileño hospital de Santa Cristina, puede llevar a esta religiosa, de  87 años, al banquillo de los acusados por delitos de detención ilegal y falsedad. El juez Adolfo Carretero, titular del Juzgado de Instrucción 47 de Madrid, ha pedido al Registro Oficial que le facilite el expediente de adopción de Pilar, la cría que en 1982 sor María arrebató supuestamente a su madre a las pocas horas del parto para entregárselo a un matrimonio sin hijos de Madrid. Pero ya dispone de un avance de ese expediente, facilitado por el padre adoptivo, Álvaro, que está plagado de irregularidades y embustes, según fuentes cercanas al ministerio público.

No se descarta, pues, que las pesquisas por el robo de Pilar, que hoy tiene 30 años de edad, salpiquen incluso al funcionario del Registro que sin más comprobación creyó a pie juntillas los falsos datos que le facilitó la religiosa. El juez Carretero dispone de parte de ese expediente, pero necesita el auténtico y completo, el oficial, para estructurar la imputación que ya pesa sobre la religiosa por delitos de detención ilegal y falsedad en documento público.

Sor María Gómez Valbuena, nombre de la religiosa, le quito el bebé a María Luisa Torres en 1982 y se fue al Registro de Inscripción de adopciones y nacimientos. Alli mintió y ocultó datos. La casilla del expediente donde se preguntaba si el bebé tenía madre conocida está en blanco. El embuste brilla también en la casilla que fundamenta la fulminante adopción de la cría: la madre ha dado a luz y ha desaparecido, engañó la religiosa al oficial del registro.

Fue lo mismo que comentó la monja a los padres adoptivos de Pilar, una joven que tras años de intensa búsqueda de sus raíces por fin encontró a su madre biológica, María Luisa Torres, hace apenas un año. Su padre adoptivo siempre la acompañó y respaldó en la búsqueda. Al cumplir los 18 años, en la mente de Pilar explotó en ella un imborrable deseo de conocer a su madre biológica. Ya están juntas.

Madre e hija biológicas desfilaron recientemente ante el juez Carretero para prestar declaración.  Pilar explicó al juez Carretero, miembro de  la moderada Asociación Francisco de Vitoria, que desde que tuvo uso de razón siempre le dijeron que su madre biológica la abandonó al nacer y que se “dedicaba a la mala vida”.  Eso es lo que le transmitieron a ella sus padres adoptivos porque esa fue la única referencia que les dio a ellos sor María de la madre biológica. María Luisa, por su lado, no fue muy clarificadora cuando el juez le preguntó si en algún momento había dado pasos para buscar a su bebé. María Luisa confesó que nunca lo hizo por miedo a represalias de la religiosa. En este caso, fue Pilar quien halló a su madre María Luisa.

Si el expediente oficial de adopción ya reclamado al Registro a instancias de la Fiscalía coincide con el facilitado al juez por el padre de Pilar, el delito de  falsedad ya estaría acreditado, según los citados medios. Como acreditado jurídicamente parece estar que fue Sor María quien dio los datos falsos de la menor al Registro. El delito de detención ilegal es otra de las evidencias que estructuran las diligencias. El padre adoptivo, Álvaro, conserva aún las facturas que pagó por la niña y en concreto a Sor María. La anestesia aplicada a la madre en el parto, los cuidados sanitarios de ambos, pañales… Total, unas 100.000 pesetas de la época pagó Álvaro a Sor María por aquel bebé. Y no es solo el padre quien apunta a sor María como la persona que le entregó el bebé: la madre biológica también sostiene que fue esta religiosa quien le arrebató a ella su bebé nada más darlo a luz bajp el pretexto de que ella ya tenía una hija, que carecía de medios y que no podría atender a ambas.  

El juez citó como imputada a la religiosa el pasado día 12. Sor María se negó a declarar, si bien por la tarde hizo público un comunicado en el que negaba ser la intermediaria de aquella adopción. El juez le mantuvo la imputación y ahora está en la fase de búsqueda de más pruebas. Pese a la gravedad de los delitos no le ha impuesto ninguna medida cautelar. Su elevada edad pesa, aunque, si se confirman lo que ya parecen evidencias, puede acabar en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Madrid. Tener 87 años no excluye a un penado de, en su caso, ir a la cárcel y menos aun de afrontar con sus bienes una eventual condena por responsabilidad civil, indemnización.

En estos casos de logenvidad del reo, la ley deja en manos de los jueces el bloqueo de la pena de cárcel. El juez “podrá”, dice la ley, exonerar del cumplimiento de la pena en un centro penitenciario y dictaminar que la purgue en su casa en función de la avanzada edad del condenado.  Pero aun así, eso no evitaría que sor María pisase la cárcel al menos mientras se resuelve el papeleo de la excarcelación si finalmente hubiera una condena, siempre según los citados medios jurídicos.

El juez Carretero, hijo del expresidente del Tribunal de Cuenta de España del mismo nombre, de talante conservador, es el primer magistrado español que abre diligencias por uno de los robos de niños en  la década de los ochenta. La Fiscalía General del Estado acumula 200 denuncias de madres e hijos que fueron separados inmediatamente después del parto y que pugnan hoy por el reencuentro. Por saber donde están sus hijos, o madres.

Están proliferando frente a los juzgados de plaza de Castilla, donde tienen su despacho el juez Carretero, las manifestaciones de madres bilógicas que reclaman al juez que asuma también el robo del resto de bebes desaparecidos.  No parece, según los citados medios del ministerio público, que el magistrado pretenda abrir en su juzgado una causa general por los robos de bebés que sacudieron algunas maternidades del Madrid de la década de los ochenta. En este caso, la víctima, Pilar, y la supuesta autora del delito, sor María, están localizadas. Hay autor conocido y delito.

Sor María estuvo durante más de 30 años como asistente social en la maternidad del desaparecido hospital de Santa Cristina. Allí recibía a matrimonios que querían adoptar niños. Por entonces, regentaba centros de acogida para embarazadas a las que trataba de convencer para que le entregaran a sus bebés. E incluso engañó a algunas madres diciéndoles que sus hijos habían muerto. La imputada Sor María pertenece a las Hermanas de la Caridad, orden en la que aparecen acusadas más religiosas por desaparición de bebés en otros puntos del Estado español.

Los principales obstáculos que enervan las investigaciones que desarrollan fiscalías de toda España por 200 denuncias de robos de bebés en hospitales españoles son el tiempo transcurrido desde el hecho y la ausencia de pruebas incriminatorias. También ha de sortearse el fantasma de la prescripción del delito. Son delitos cometidos hace unos 30 años. En el caso de Pilar, esa traba la franquea el artículo 132, párrafo segundo, del Código Penal, que establece que, cuando la víctima es un menor, la prescripción del delito contra la libertad de las personas (detención ilegal se imputa a sor María) empieza a computar a partir de que aquel alcance los 18 años, mayoría de edad.

 Más difícil sería saltarse la prescripción del delito, opinan expertos en derecho, en caso de que el juez hallara responsabilidad y complicidad con sor María en el funcionario del Registro que anoto los mendaces datos que ella le facilitó. Salvo que, en una interpretación extensiva de la norma, se aplicase conexidad de los tipos en la acción antijurídica. Todo ello sin contar otra dificultad añadida: localizar  el nombre del funcionario, y donde se halla hoy, que anotó tan mendaces datos sin una mera comprobación y el único testimonio de sor María.

Para evitar mercadeos de niños, hoy las adopciones las controla un organismo oficial bajo la supervisión de las fiscalías provinciales. Ni siquiera una madre biológica puede decidir a su antojo la entrega en adopción de su vástago. Hay una bolsa oficial de familias aspirantes a una adopción y es este organismo el que, con sus respectivo equipos de psicólogos, y ante la mirada de los fiscales, dictamina qué familia reúne los requisitos y es la candidata adecuada para quedarse un bebé o niño abandonado.

 

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, instructor del caso Gürtel,  ha decidido mantener la imputación que pesa sobre Ramón Blanco Balín al entender, de acuerdo con lo que mantiene la Fiscalía Anticorrupción, que pudo cobrar comisiones ilegales de la visita del Papa a Valencia en 2006. Blanco Balín, ex consejero delegado de Repsol, está considerado por la policía y los jueces como el cerebro del blanqueo de capitales de la trama Gürtel en el extranjero. Además, también está imputado en el asunto de la visita del Papa a Valencia por presuntos delitos contra la Hacienda Pública y otros de falsedad.   

El caso de la visita de Benedicto XVI a Valencia, de la que la red que dirigía Francisco Correa logró una tajada de casi tres millones de euros, obtenidos del presupuesto de 7,4 millones que libró la televisión pública valenciana Canal 9 en la adjudicación a la empresa leonesa Teconsa de las instalaciones acústicas y sonoras para la retransmisión mundial del evento, es una de las piezas separadas surgidas del tronco principal del sumario que existe sobre esta red mafiosa.  

Los cabecillas de Gürtel, en connivencia con el ex director general de Canal 9, Pedro García, otro de los imputados,  lograron la  adjudicación del evento a la empresa amiga Teconsa y, supuestamente, se repartieron casi tres millones de euros. Todo un saqueo. Y es que Teconsa, que no tenía ninguna experiencia en ese tipo de instalaciones, subcontrató el montaje con otras empresas. Unas y otras emitieron facturas falsas para camuflar las comisiones. Blanco Balín es uno de los implicados en este asunto por su vinculación, no ya solo con Teconsa, sino con la firma Castaño Corporate, SL, que también intervino en la emisión de facturas falsas relacionadas con el montaje del evento.

El juez le tomó declaración como imputado en este asunto el pasado 27 de marzo. Ante Ruz sostuvo que no tenía ningún cargo en Teconsa en el momento de la adjudicación de la visita papal y que no tuvo nada que ver con el evento papal. Posteriormente, pidió a su abogado que demandara al juez la revocación de su imputación.  El juez Ruz, en un auto que tiene fecha del pasado 16 de abril, le mantiene la imputación y señala, basándose en el escrito de  la Fiscalía Anticorrupción que se opone al archivo  de la causa respecto a Blanco Balín: “(…) Sin perjuicio de lo que pueda resultar del avance de la investigación,  la imputación que se discute se deriva, no solo de la condición de apoderado de Ramón Blanco Balín en la sociedad castaño Corporate, SL, sino que, como resulta de lo hasta ahora actuado, su intervención pudo extenderse al cobro de cantidades procedentes de la adjudicación por la televisión Valenciana, S.A., del contrato para la retransmisión del V Encuentro Mundial de las Familias, que tuvo lugar en Valencia los días 7, 8 y 9 de julio de 2006, bien directamente o bien a través de alguna de las sociedades en las que participa (por ejemplo, Castaño Corporate, S.L.)”.  Esta firma es una de las que contribuyeron a borrar las huellas de parte del dinero entregado por Canal 9 para las citadas instalaciones.  Blanco Balín explicó al juez que desde 2005 es socio (con un 30% de las acciones) de Castaño Corporate y apoderado desde 2008. Y se ha desvinculado de los 240.000 euros no declarados al fisco que esta sociedad facturó a Teconsa por asesoramiento en 2006 y que se sospecha tienen relación con la visita de Benedicto XVI.

El último informe de la Guardia Civil sobre el caso Guateque, la trama de corrupción en la que funcionarios del Ayuntamiento de Madrid facilitaban o agilizaban licencias ilegales para locales públicos a cambio de comisiones, destapa más implicados y delitos (cohecho, encubrimiento, tráfico de influencias…). Por orden de Santiago Torres, el juez de Madrid que instruye este asunto, la Guardia Civil ha investigado 25 edificios y locales de la capital que fueron reformados y, en algunos casos, ampliada su habitabilidad, sin disponer de la preceptiva licencia municipal. Es decir, muchos de ellos eran antiguos edificios con grandes deficiencias cuyos dueños, en algunos casos, contactaron con miembros de la trama para reformarlos y crear dentro más casas de las permitidas. Todo ello sin  licencia y a cambio supuestamente de grandes comisiones.

Los análisis efectuados en archivos intervenidos por la Guardia Civil y denominados “Guadalpra.doc y Guadalpra.septiembre.doc” en el ordenador de uno de los implicados, Santiago Castillo Morales, apoderado del estudio de arquitectura AC93, revelan pagos de dueños de negocios y edificios ilegalmente habilitados de en torno al millón de euros, según el citado informe. En esta pieza del caso Guateque, Castillo es uno de los principales implicados junto a Carmelo García Sánchez, el exfuncionario del Ayuntamiento de Madrid que actuaría de conseguidor de licencias merced a sus conocimientos y amistades dentro del Consistorio. Cuando era funcionario, García ya tuvo serios problemas con la justicia por cobrar comisiones al dueño de una sauna de Madrid. Fue juzgado y absuelto. Ahora vuelve a estar en la lupa de la justicia.

Los locales o edificios indagados por la Guardia Civil son los situados en las calles de Piamonte,7; Flor Baja, 1; Manuel Fernández y González, 6; Presidente Carmona, 7; Ana María, 20, Lavapiés, 50; San Marcos, 17; Zabaleta, 36; Núñez de Arce, 14; Concha Espina, 39, Columelas, 5; Orense, 11; Juan Bravo, 49; Pintor Juan Gris,3; Princesa, 23, Tutor, 8; Plaza de Jesús, Illescas, 98; Santa lucía, 2; Tirso de Molina, 1; Vicente Ferrer, Prado, 10; Los Andes, Espíritu Santo, Plaza del Ángel, 10, y Pan y Pica.

En esta pieza del caso Guateque, la Guardia Civil implica a las siguientes personas, basándose en indicios y en las grabaciones telefónicas que consta en el sumario y que llevaron a la cárcel, en 2007, a cinco personas, la mayoría funcionarios municipales. Se trata de:

-Ángel Megal, técnico inspector urbanístico de la Junta Municipal del distrito Centro, quien habría podido cometer un delito de tráfico de influencias y que, según el citado informe, “se dedicaría a vigilar y controlar la marcha de los expedientes de disciplina urbanística”.

-Luis Olave Martín, un aparejador que prestó servicios para la clínica Ruber, uno de cuyos edificios es objeto de investigación en las diligencias del Guateque. Se le atribuye un cohecho.  Dice de él la Guardia Civil: “Es amigo de Santiago [Castillo Morales].Quiere legalizar todo el edificio [de la clínica Ruber] aprovechando el mismo expediente”.

 -Carlos Martínez. Los agentes le atribuyen posibles delitos de prevaricación y tráfico de influencias. “Es amigo de Carmelo [García Sánchez] y juegan a las cartas de pareja. Le ha tramitado el asunto de Núñez de Arce”, señalan los agentes en el informe.

-Rodrigo Ramírez. Ciudadano de Colombia. Se quedó un restaurante en la calle de Manuel Malasaña. Ha prestado declaración como testigo.  Se le atribuye un delito de cohecho. “Pagó 5.000 euros a Carmelo por las gestiones [no se especifican cuáles].  Este señor”, se indica en el informe del instituto armado, “intentó contactar con Carmelo en septiembre [de 2007] al menos 30 veces, sin que le cogiese el teléfono. Al final no se tiene constancia en qué ha quedado el asunto (…)”.

-Julián Félix Serrano.  Los agentes le atribuye un delito de cohecho. Es un empresario. El informe señala: “Contacta siempre con Carmelo. Tiene asuntos con él en la calle Núñez De Arce, 14, Calla Flor Baja, 1, y Calle Piamonte, 7. Julián realizó un pago por el asunto de Núñez De Arce (18.000 o 6.000 euros), según grabaciones”.

-Fernando Ruiz Torrejón.  Es funcionario del Ayuntamiento de Madrid. Jefe de la Unidad Técnica de Licencias de la Gerencia de Urbanismo e Infraestructuras. Se le atribuyen delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias. Dice de él informe: “Solo contacta con Carmelo, aunque también conoce a Santiago. Tiene dos asuntos con ellos, la clínica Ruber y lo de Ocaso [se refiere a unas reformas anómalas en un edificio de esta aseguradora en Madrid]. Se habla de una cantidad de 20 o 22 [supuestamente una comisión de 20.000 o 22.000 euros] en una conversación entre Carmelo y Santiago. Se pone bastante nervioso cuando Carmelo le dice que en la reunión con representantes de la Ruber va a salir su nombre a relucir. El negocio de la Ruber consiste en legalizar todo el edificio, aprovechando un expediente. Respecto a lo de Ocaso no queda definida su actuación. En lo de Ocaso, Carmelo le dice que se lo mire como un tema personal”, señala el informe, basándose en la grabaciones.

-Manuel Álvarez Hoyos. Funcionario del Ayuntamiento de Madrid.  Sección de licencia de la Junta Municipal del Distrito Centro. Se le atribuyen los mismos delitos que al anterior. De las grabaciones, los agentes deducen: “Ha mirado un asunto de la calle Flor Baja, 1. En una conversación entre Carmelo y Santiago, dice que habrá un regalo para él. “Le pagó y ya está”, dice Carmelo en la grabación. “Carmelo dice que no había trabajado antes nunca con él. Dice que ha aceptado”.

-Fernando Zornosa. Funcionario del Ayuntamiento de Madrid. Sección de licencias de la Junta Municipal del Distrito de Centro. Se le atribuye un delito de encubrimiento. “Tiene conversaciones solo con Carmelo. Conoce el asunto de la calle Flor Baja, 1. Trabaja al lado de Manuel Álvarez. Cuando termine Manuel ese asunto le llegará a él. Tiene otro asunto con Carmelo en relación con [un local] de la calle de Postas, 1. Tienen que restituir la fachada. Hay una paralización de obras. Solo puede ser un comercio. A la hija de Fernando, Carmen,  le está haciendo una reforma en una vivienda Carmelín (hijo de Carmelo), que está siendo desastrosa y en la cual van a perder dinero, pero que es necesario realizar porque tienen una muy buena relación con su padre”.

-Adrián Luengo Romero. Especialista cartográfico de la Sección de Apoyo de la Gerencia de Urbanismo e Infraestructuras. Se le atribuyen delitos de tráfico de influencias y encubrimiento. “Es muy amigo de Carmelo”, dice la Guardia Civil. “Le ha ofrecido incluso su casa del Puerto de la Cruz (Cádiz). Carmelo solicita a Adrián que le mire los planos y la situación de un inmueble en la calle Enrique de Velasco, 47, que quiere hacer el negocio en el sentido de ofrecerle al dueño cuatro plantas en vez de tres. Adrián solo lo puede consultar con un técnico llamado Enrique, pero este no le hace mucho caso. Al final resulta que el inmueble está expropiado desde hace 20 años. El día 24 de octubre se reúnen con Adrián, Carmelo y Santiago para tratar otro asunto “en un lugar sin que haya nadie”. Es perfectamente conocedor de los negocios de esta gente”.

-José Antonio Jódar  García. Administrativo del área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda. Se le imputan delitos de cohecho, tráfico de influencias e infidelidad en la custodia de documentos.  “Es uno de los contactos más importantes dentro de la Junta del distrito Centro que tiene Carmelo. También conoce a Santiago. Tiene varios asuntos con él. En la calle de La Cruz, 7; Ribera de Curtidores, 20; calle Servato, 14, Piamonte, 7, Gustavo Adolfo Bécquer, 190,  unos aparcamientos en Carabanchel y en la calle de Lavapiés, 50. De las grabaciones se puede entender que ha tenido algún tipo de regalo en dos ocasiones. De Óscar, por lo de Ribera de Curtidores, y de lo de Lavapiés. Ha sustraído expedientes en Disciplina Urbanística para Carmelo y le hace gestiones”.

-Mario Mínguez Fernández. Se le atribuyen delitos de cohecho y tráfico de influencia.  “Es uno de los contactos más importante de Carmelo en la Junta de Centro. Está totalmente enterado de los asuntos de la calle Flor Baja, 1, y de lo de Núñez de Arce. Posiblemente los dos asuntos son de Julián. Conoce a Santiago y le pasa trabajo sobre un proyecto completo de una empresa holandesa”.

-Beatriz Martínez Almonacid. Se le atribuye un delito de encubrimiento.  “Como empleada de Santiago Castillo, tiene conocimiento de todos o gran parte de los asuntos negros. Conoce perfectamente a Carmelo y a su hijo, de los que tiene mal concepto”.

El caso Guateque, que tiene varias ramificaciones delictivas y en total más de medio centenar de implicados e imputados, supuso en 2007 el ingreso en prisión preventiva de varios funcionarios del Ayuntamiento de Madrid, Joaquín Fernández de Castro, jefe del departamento de Evaluación Ambiental de Medio Ambiente; Victoriano Ceballos, jefe de división de impacto ambiental de Medio Ambiente y Carmen Eulalia Ibáñez Martínez, asesora técnica del mismo departamento. También fueron enviados a la cárcel dos personas vinculadas con estudios de arquitecturas que supuestamente hacían de intermediarias: el citado Santiago Castillo Morales y Antonio Sánz Escribano. Carmelo García Sánchez, ex funcionario de Urbanismo, también fue encarcelado.

 

 

El País

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