Los vocales del Consejo del Poder Judicial están expectantes. El 'caso Dívar' les tiene traspasados de temores e incertidumbres, pero ninguno moverá un dedo hasta que el Tribunal Supremo diga si admite a trámite, o no, la querella sobre sus viajes de lujo a Marbella. ¿Y qué va a hacer el Supremo con su presidente? Fuentes cercanas al alto tribunal señalan que en la sala de admisión de causas hay opiniones dispares sobre si existe delito en la conducta de Dívar. Nadie descarta que finalmente sea el pleno de la Sala Penal, y no solo la de admisión, la que se pronuncie. Pero ahora todas las miradas del Consejo enfocan al veredicto que salga del vecino edificio de Las Salesas. Será un punto de inflexión.
Mañana se cumple un mes desde que el vocal José Manuel Gómez Benítez encendió la mecha del escándalo Dívar. Casi escondidos en sus despachos, muchos consejeros miran de reojo las ventanas del edificio de enfrente. Antes eran los del Supremo quienes les oteaban a ellos; eran miradas también de espera, hasta de años, aguardando a que pactasen, amañasen o lo que fuere, pero que cubrieran las vacantes de magistrados que se iban jubilando.
Las perspectivas entre ambos edificios están trastocadas. La admisión a trámite de la querella traería otra convulsión al Poder Judicial. Porque de lo que diga el Supremo, cuando lo diga, y esperan que sea cuanto antes, depende que el más alto sillón judicial, desde el que se gobiernan ambos edificios, quede, o no, vacante. En él se sienta aun el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, José Carlos Dívar, primera autoridad judicial del Estado. De 70 años. Después de esa edad, legalmente solo queda la jubilación.
Quienes ven a Dívar, no muchos, en los pasillos del Consejo definen a un hombre “algo demacrado”, con el rojo de su tez más acentuado. Cejas aun cuidadas. “Se le ve afectado, pero no hasta el punto de dimitir”, coinciden. En su mente se ha instalado que dejar el cargo es sinónimo de culpabilidad. Un estigma para él, nieto e hijo de jueces.
Pero Dívar sabe que si sus colegas del Supremo admiten a trámite la querella que le ha interpuesto una firma de abogados de Murcia, implacable fustigadora en asuntos judiciales mediáticos, su propio sillón se sentiría incómodo con él encima. Sería una losa sostener a un jefe investigado por sus subordinados ventilando si sus 20 visitas a hoteles de lujo de Puerto Banus (Marbella, Málaga), constituyen un delito de malversación de caudales públicos. Las facturas del Consejo, que constan en la causa, revelan 40 cenas y almuerzos con solo dos personas frente a un pulcro mantel.
El primer denunciante de Dívar, el vocal Gómez Benítez (ahora diana de comentarios negativos e incomprensión, más solo que nunca) entiende que parte de los casi 13.000 euros que importaron a las arcas del Consejo las visitas marbellíes de Dívar obedecen a gastos personales del presidente. Es decir, que cargó al Consejo facturas estrictamente privadas escudándose en supuestos viajes oficiales. La fiscalía no ve delito. Y así lo está sosteniendo ante el Tribunal Supremo en estos días de reflexión en el edificio de enfrente, que mantiene la luz encendida. Cuando se apague, quizás el lunes, ya habrá decidido si el clamor social que han suscitado los lujosos desplazamientos de Dívar tienen encaje en algún tipo penal. No hay certidumbres en el Supremo, ni unanimidades, de momento.
El magistrado José Manuel Maza, uno de los miembros de la sala de admisión de causas, la que debe decidir si deja o no vacante la silla de su presidente (caso inédito en la reciente historia de España), ha comentado a su entorno que él, al igual que el fiscal, tampoco ve delito en la conducta de José Carlos Dívar. Y que hay otros colegas que piensan como él. Aunque no todos. El debate judicial está, pues, garantizado. Gravita la idea, dado que el querellado es nada menos que el presidente del Tribunal Supremo, de elevar la decisión final a los 15 jueces del pleno de la Sala de lo Penal. Si así fuere, resulta razonable pensar que previamente se han sondeado entre ellos a favor de archivar la causa. Ya que, si del pleno saliera un sí a la admisión, una primera consecuencia sería que todos los altísimos jueces quedarían contaminados. ¡Y a ver quién queda puro para indagar a Dívar. Y, en su caso, juzgarle! Es decir, si se reúnen todos lo previsible es que fuera para archivar, sostienen fuentes judiciales.
Tienen claro los vocales que la admisión de la querella contra su presidente, también lo es de ellos, les complicaría aún más la vida y haría el ambiente irrespirable. Resultaría agotador mantener ocupado un sillón con un inquilino bajo sospecha. Por la propia imagen del Consejo y por lo que escenifica el órgano de gobierno de los 4.500 jueces españoles, el Poder Judicial. El grupo de 15 vocales del Consejo que, algunos con la nariz tapada, según confiesan, le han pedido que continúe, se resquebrajaría de inmediato. Y no pocos se sumarían al grupo de Félix Azón, Inmaculada Montalbán y Margarita Robles, principales hostigadores de Dívar en la búsqueda de su dimisión.
Pero en el Consejo aun es tiempo de espera para las siluetas penumbrosas que observan las ventanas del edificio de enfrente. Atrás quedaron los grupos compactos, conservadores y progresistas. Solo quedan recelos y camarillas, y ha calado el el grito de cada uno a su bola. “Yo me meto en mi despacho y me dedico a lo mío, no hablo con ellos”, confiesan en el Consejo. La fuente pide anonimato total, de ahí que evite incluso decir si es ella o él. “Tienes que tener cuidado hasta con las frases que empleas en los plenos, o en los pasillos, hay quien lo apunta todo... Y quién se dedica a sonsacar adjetivos en el pasillo que luego coteja con las crónicas periodísticas en busca del filtrador”. La comunicación escasea entre ellos. Lo peor es que aun tienen por delante un año y medio de mandato. Con o sin Dívar.
En los juzgados de la plaza de Castilla, y en los de casi toda España, los viajes de Dívar son tema recurrente. Los jueces están anonadados con el escándalo del presidente del órgano que debe tenerles a raya a ellos. Y hay unanimidad: (Dívar) culpable, al menos en el terreno ético. Estos no miran al edificio del Tribunal Supremo porque están lejos, no pueden. Pero también esperan, y no precisamente a Godot.
