Sobre el autor

(Guadix, 1963).
Periodista y licenciado en Derecho.
Subjefe de sección de Nacional.
Premio Ortega y Gasset de
Periodismo 2010 por el caso Gürtel;
Premio de Periodismo El Defensor
de Granada, Premio Nacional
de periodismo Antonio Mompeón
Motos; Boehringer Ingelheim al
Periodismo en Medicina y premio
de periodismo jurídico del Colegio
de Abogados de Madrid.

Sobre el blog

Este blog pretende ser un hueco de debate e información sobre temas con olor a toga y otros aromas adyacentes. Está abierto a cuantos deseen aportar una visión sobre temas de actualidad del mundo judicial, y sus intrahistorias. Lo anecdótico y llamativo también tendrá su espacio en esta web. Sólo se excluye la falta de respeto.

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FOTO PRENSA
De izquierda a derecha: Antonio Mª Álvarez-Buylla, Fernando de Rosa, Pascual Sala, Juan Antonio Xiol y Juan Carlos Estévez.

 

Solo unas horas después de la dimisión de Carlos Dívar como primera autoridad judicial del Estado, los dos nuevos jefes de la judicatura española (Fernando de Rosa, en el Consejo del Poder Judicial, y Juan Antonio Xiol, en el Tribunal Supremo; el mando ahora es bicéfalo) coincidieron por primera vez el jueves por la noche en un acto oficial del Consejo General de Procuradores, que este año entregó su premio anual  a la Guardia Civil, y del Colegio de Procuradores de Madrid, que laureó al Supremo coincidiendo con su bicentenario.

La dimisión de Dívar, ocurrida horas antes tras verse acorralado por el escándalo de sus viajes caribeños, aun estaba muy fresca y se convirtió en la comidilla de la noche. Aparte de procuradores, acudieron vocales del Poder Judicial, jueces y fiscales. Pero por primera vez, De Rosa y Xiol compartieron mantel como máximos jefes de la justicia española. Y junto a ellos, el presidente del Tribunal Constitucional, Pascual Sala.

Aunque Dívar sigue siendo presidente del Supremo, al menos hasta que se publique su renuncia en el BOE, lo que ocurrirá esta próxima semana, declinó la invitación. Por la mañana confesó que lo dejaba todo. En su lugar, para recoger el premio otorgado al Supemo por sus 200 años de existencia, se presentó Juan Antonio Xiol, presidente de la Sala de lo Civil del alto tribunal.  Dívar fue la comidilla pero, al menos en público, nadie hizo alusión a él. En su intervención, Xiol agradeció el galardón e hizo un repaso de la historia del Tribunal Supremo desde la Constitución de Cádiz de 1812.

Al dimitir Dívar, que concentraba en sí mismo la presidencia del Supremo y del Consejo, interinamente el cargo ha quedado bifurcado en las figuras de Xiol y De Rosa. Y así será hasta que los 20 vocales del Poder Judicial (nueve propuestos por el PP e igual número por el PSOE, y dos en representación de CiU y PNV) se reúnan y designen a un nuevo presidente común para ambas instituciones, como marca la ley.

Pero no será un camino de rosas esta elección. Por eso, y tras los 33 días negros (los más tensos de su historia) que ha vivido el Consejo, algunos vocales son partidarios de dejar correr las aguas durante unas semanas, pasado el verano, antes de abrir el avispero de la elección del nuevo sucesor. No quieren estos vocales revivir con nuevas polémicas el negativo impacto que ha sufrido la imagen de la justicia por el caso Dívar y colocar otra vez con nuevas tensiones internas al Poder Judicial en el escrutinio de la calle. El objetivo más compartido ahora entre la mayoría de los vocales es huir de nuevas broncas. Ardua tarea. 

El vocal que destapó el escándalo Dívar, José Manuel Gómez Benítez, ha apostado por un candidato que reúna el mayor consenso posible. Complicada tarea.  Dívar fue una apuesta del PSOE con la aquiescencia del PP y está por ver si los progresistas dejarían la cúpide judicial en manos de un conservador. El actual Consejo se constituyó cuando gobernada el PSOE, que aglutina una mayoría. Pero solo teórica, ya que casi desde el principio han estado desunidos, de lo que culpan a la indisciplina de los tres o cuatro vocales liderados por Margarita Robles, quien en su día fue la apuesta para el Consejo del exministro socialista de Fomento José Blanco.

Los conservadores también tienen sus flancos débiles. Y si en un principio lograban colocar a sus afines en altos cargos de la judicatura gracias a pactos con el grupo de Robles, con el tiempo también surgieron sus disidencias internas en vocales como Concepción Espejel y Claro José Fernández Carnicero, que no estaban dispuestos a votar porque sí y sin debate a las personas que se pactaban en las camarillas. Y si últimamente había desunión, el caso Dívar ha dejado paso a los grupúsculos y afinidades personales. En palabras de un vocal, “casi todos vamos a nuestra bola”.

Lo que sí parecen tener claro unos y otros es en acabar con la interinidad en la jefatura del Consejo y el Supremo. Tras tomar el relevo de Dívar el vicepresidente De Rosa, del ala conservadora, la apuesta es  buscar a un candidato moderado, de consenso, ni de uno ni de otros.  Nombres suenan algunos, como el exfiscal y magistrado del Supremo Carlos Granados, de la moderada Asociación Francisco de Vitoria, y los de los magistrados Rafael Fernández Montalvo y Roberto Henríquez.

Premios

Los galardones del Consejo General de Procuradores fueron otorgados este año a la Guardia Civil por “las labores desarrolladas como Cuerpo de Seguridad del Estado” y por su “vocación de servicio de sus miembros, que preside la trayectoria mantenida por la Institución desde su fundación”. El  premio fue recogido por el director del instituto armado, Arsenio Fernández Mesa, de manos del presidente del Consejo General de Procuradores, Juan Carlos Estévez.  Por su lado, el decano de los procuradores de Madrid, Antonio Mª Álvarez-Buylla, entregó la ´Balanza de Oro de la Justicia´ a Xiol, presidente en funciones del Tribunal Supremo “por su extraordinaria contribución al Estado de Derecho y como homenaje en el segundo Centenario de su creación”.

Además de Xiol, De Rosa y Salas, al acto asistieron Francisco Vieira, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid; Manuel Moix, Fiscal Superior de este tribunal, la viceconsejera de Justicia del Gobierno de Esperanza Aguirre, Elena González Moñux; Ana Ferrer, presidenta de la Audiencia de Madrid, y varios vocales del Poder Judicial; entre ellos, Miguel Collado y Fernández Carnicero.

También acudió al acto uno de los candidato del PP a uno de los puestos vacantes del Tribunal Constitucional, Enrique López, en la actualidad magistrado de la Audiencia Nacional y exportavoz del Poder Judicial. Para otra de las plazas del Constitucional suena, por el PSOE, el exsecretario del Ministerio de Justicia Juan Carlos Campo, que también fue vocal del Poder Judicial. Antes del bloqueo, se habló de ellos como candidatos, y sus nombres están de nuevo sobre el tapete de la mesa en las secretas conversaciones que mantienen  PP y PSOE y que deben concluir, con éxito, a fines de este mes. El gran ausente para el Constitucional puede ser el exfiscal general Cándido Conde-Pumpido. 

El urbanista de los trazos multimillonarios

Por: José A. Hernández | 12 jun 2012

El caso judicial del afamado urbanista que habría amasado un patrimonio de más de 500 millones de euros, Leopoldo Arnáiz, durante las masivas recalificaciones de terrenos municipales que coadyuvaron en grandes municipios de Madrid al boom del ladrillo y la especulación, ha dado un giro importante. Los diputados de Izquierda Unida (IU) Gaspar Llamazares y José María González se han personado en el procedimiento por delito fiscal y blanqueo de capitales que tramita el Juzgado de Instrucción 35 de la plaza de Castilla contra Arnáiz, su exsocia, María Rosa Llano González, y tres supuestos testaferros de ambos. El objetivo de la denuncia de IU es tratar de constatar si la fortuna de Arnáiz procede de los llamados pelotazos sobre el suelo, uno de los factores desencadenantes de la burbuja especulativa urbanística de los últimos lustros.

Arquitecto y funcionario en excedencia de la Comunidad de Madrid, el caso Arnáiz ha sido destapado por su propia exsocia. Ante un juzgado de Madrid le ha señalado como auténtico dueño de un entramado formado por una treintena de sociedades escrituradas en notarias del Reino Unido y cuyo patrimonio se nutre básicamente de inmuebles y terrenos cuya recalificación él diseñó por encargo de numerosos ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, Segovia, Cantabria y Ávila. Él redactó los planes de urbanismo.

Los trazos sobre el papel de Arnáiz, que posee un despacho en el que han llegado a trabajar más de medio centenar de arquitectos, permitían transformar un suelo rústico en urbanizable y multiplicar exponencialmente su valor de la noche a la mañana. Una disputa económica entre Arnáiz y su exsocia (quien supuestamente le montó todo su entramado societario en el extranjero) ha aireado su vasto patrimonio. Arnáiz es dueño del 90% de las acciones de 33 firmas que disponen de inmuebles y extensiones de suelos cuya recalificación en muchos casos él mismo trazó.

Entre los municipios cuyo urbanismo bien parcial o totalmente contribuyó a diseñar Arnáiz se hallan, en la Comunidad de Madrid, los de Boadilla, Pinto, Arroyomolinos y Soto del Real, entre otros, así como en localidades de Ávila, Segovia y Cantabria. En algunos de ellos aun conservan extensiones de terrenos las sociedades de este urbanista.

IU se ha personado porque entiende que, al hilo del boom del ladrillo, algunas personas han podido especular con el suelo y defraudar “los intereses de la Hacienda pública española”. De hecho, el juzgado 35 le investiga por delito fiscal y blanqueo de capitales junto a su exsocia María Rosa Llano González y los supuestos testaferros Constantino Díaz, Félix Ruiz y María Teresa Moya.

Las imputaciones parten de la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid y de la Abogacía del Estado. No obstante, las pesquisas penales del Juzgado 35 solo afectan a dos de las empresas de la red: Beltraex Nexo y Fersa Gestión. Todas cuelgan de ocho empresas matrices con caja única, según denunció la exsocia. Tanto el fiscal como el abogado del Estado e incluso el juzgado ignoran que estas dos firmas son solo la punta de iceberg de esta red societaria. Para que avance la investigación penal del juzgado 35 es fundamental, pues, que el juez del 35 pida la documentación que consta en el citado Juzgado 4 de lo Mercantil. Ahí está el meollo. Y es lo que precisamente, en su escrito de personación en la causa, reclaman los diputados de Izquierda Unida al instructor. Ahí constan las escrituras de una treintena de sociedades constituidas en el Reino Unido (en los despachos Chees Writeghts Notaries y De Pinna Noraries, de Londrés) en las que Arnáiz figura como dueño de las mismas con un 90% de las acciones, y su exsocia, con el 10% restante. De lo que se desprende nítidamente que los administradores de esas sociedades en España son meros testaferros.

¿Cómo han sido descubiertos a los auténticos dueños? Por una disputa entre Arnáiz y su exsocia. Ella pidió al arquitecto 60 millones de euros por su 10% en todas las firmas y él se negó. Por eso planteó una demanda ante los juzgados de lo mercantil de Madrid. Recayó en el número 4. Para justificar ante el juez por qué exigía los 60 millones de euros a Arnaiz, Llano Gonzalez pidió al juzgado mercantil que reclamase al Reino Unido las escrituras de una treintena de sociedades. Facilitó las direcciones de los despachos. El juzgado lo hizo y se descubrió que ella no mentía. Y que poseía el 10% (frente al 90% de Arnaiz) de todas esas sociedades. Eran, pues, los dueños reales de unas empresas con un gran patrimonio en terrenos e inmuebles en España administradas en España por hombres de paja buscados en su día por la exsocia de Arnáiz. De hecho, algunos de los supuestos testaferros son familiares suyos, del municipio cántabro de Cabezón de la Sal.

Justo cuando el juzgado mercantil iba a dictar sentencia, Llano González retiró la demanda y no hubo sentencia. Fuentes de la investigación infieren un posible pacto entre ella y Arnaiz para no hacerse daño. Los dos tenían mucho que perder. La retirada de la demanda coincide, además, con el avance y consiguiente imputación de ambos en la investigación penal del Juzgado 35. No es lo mismo indagar a dos sociedades, y el delito fiscal correspondiente a ambas, que a una treintena y con el añadido de blanqueo de capitales como telón de fondo.

Según un auto dictado por el Juzgado 35, a Arnáiz se le investiga por una serie de “operaciones jurídico financieras” mediante la que los imputados “ocultaron el origen ilícito de unas ganancias haciéndolas emerger en los circuitos financieros como operaciones normales de tráfico comercial, incurriendo en blanqueo de capitales”.

Arnáiz, quien fue vinculado en su día al llamado 'Tamayazo' de Madrid, que permitió a Esperanza Aguirre gobernar la Comunidad tras la deserción de dos disputados, señaló en septiembre de 2010 que, cuando compró terrenos en los municipios que diseñó, nunca usó información privilegiada. Este periódico contactó ayer nuevamente con su despacho para recabar su versión. Un portavoz declinó valorar todo este asunto.

Será, pues, el Juzgado 35 el que dictamine si Arnáiz es uno de los grandes especuladores de la era del pelotazo del ladrillo y de donde salió el patrimonio de 500 millones que se le atribuye en inmuebles y tierras que incrementaron notablemente su valor tras sus multimillonarios trazos.

Los vocales del Consejo del Poder Judicial están expectantes. El 'caso Dívar' les tiene traspasados de temores e incertidumbres, pero ninguno moverá un dedo hasta que el Tribunal Supremo diga si admite a trámite, o no, la querella sobre sus viajes de lujo a Marbella. ¿Y qué va a hacer el Supremo con su presidente? Fuentes cercanas al alto tribunal señalan que en la sala de admisión de causas hay opiniones dispares sobre si existe delito en la conducta de Dívar. Nadie descarta que finalmente sea el pleno de la Sala Penal, y no solo la de admisión, la que se pronuncie. Pero ahora todas las miradas del Consejo enfocan al veredicto que salga del vecino edificio de Las Salesas. Será un punto de inflexión.

Mañana se cumple un mes desde que el vocal José Manuel Gómez Benítez encendió la mecha del escándalo Dívar. Casi escondidos en sus despachos, muchos consejeros miran de reojo las ventanas del edificio de enfrente. Antes eran los del Supremo quienes les oteaban a ellos; eran miradas también de espera, hasta de años, aguardando a que pactasen, amañasen o lo que fuere, pero que cubrieran las vacantes de magistrados que se iban jubilando.

Las perspectivas entre ambos edificios están trastocadas. La admisión a trámite de la querella traería otra convulsión al Poder Judicial. Porque de lo que diga el Supremo, cuando lo diga, y esperan que sea cuanto antes, depende que el más alto sillón judicial, desde el que se gobiernan ambos edificios, quede, o no, vacante. En él se sienta aun el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, José Carlos Dívar, primera autoridad judicial del Estado. De 70 años. Después de esa edad, legalmente solo queda la jubilación.

Quienes ven a Dívar, no muchos, en los pasillos del Consejo definen a un hombre “algo demacrado”, con el rojo de su tez más acentuado. Cejas aun cuidadas. “Se le ve afectado, pero no hasta el punto de dimitir”, coinciden.  En su mente se ha instalado que dejar el cargo es sinónimo de culpabilidad. Un estigma para él, nieto e hijo de jueces.

Pero Dívar sabe que si sus colegas del Supremo admiten a trámite la querella que le ha interpuesto una firma de abogados de Murcia, implacable fustigadora en asuntos judiciales mediáticos, su propio sillón se sentiría incómodo con él encima. Sería una losa sostener a un jefe investigado por sus subordinados ventilando si sus 20 visitas a hoteles de lujo de Puerto Banus (Marbella, Málaga), constituyen un delito de malversación de caudales públicos. Las facturas del Consejo, que constan en la causa, revelan 40 cenas y almuerzos con solo dos personas frente a un pulcro mantel. 

El primer denunciante de Dívar, el vocal Gómez Benítez (ahora diana de comentarios negativos e  incomprensión, más solo que nunca) entiende que parte de los casi 13.000 euros que importaron a las arcas del Consejo las visitas marbellíes de Dívar obedecen a gastos personales del presidente. Es decir, que cargó al Consejo facturas estrictamente privadas escudándose en supuestos viajes oficiales. La fiscalía no ve delito. Y así lo está sosteniendo ante el Tribunal Supremo en estos días de reflexión en el edificio de enfrente, que mantiene la luz encendida. Cuando se apague, quizás el lunes, ya habrá decidido si el clamor social que han suscitado los lujosos desplazamientos de Dívar tienen encaje en algún tipo penal. No hay certidumbres en el Supremo, ni unanimidades, de momento.

 El magistrado José Manuel Maza, uno de los miembros de la sala de admisión de causas, la que debe decidir si deja o no vacante la silla de su presidente (caso inédito en la reciente historia de España), ha comentado a su entorno que él, al igual que el fiscal, tampoco ve delito en la conducta de José Carlos Dívar. Y que hay otros colegas que piensan como él. Aunque no todos. El debate judicial está, pues, garantizado.  Gravita la idea, dado que el querellado es nada menos que el presidente del Tribunal Supremo, de elevar la decisión final a los 15 jueces del pleno de la Sala de lo Penal. Si así fuere, resulta razonable pensar que previamente se han sondeado entre ellos a favor de archivar la causa. Ya que, si del pleno saliera un sí a la admisión, una primera consecuencia sería que todos los altísimos jueces quedarían contaminados. ¡Y a ver quién queda puro para indagar a Dívar. Y, en su caso, juzgarle! Es decir, si se reúnen todos lo previsible es que fuera para archivar, sostienen fuentes judiciales.

Tienen claro los vocales que la admisión de la querella contra su presidente, también lo es de ellos, les complicaría aún más la vida y haría el ambiente irrespirable. Resultaría agotador mantener ocupado un sillón con un inquilino bajo sospecha. Por la propia imagen del Consejo y por lo que escenifica el órgano de gobierno de los 4.500 jueces españoles, el Poder Judicial.  El grupo de 15 vocales del Consejo que, algunos con la nariz tapada, según confiesan, le han pedido que continúe, se resquebrajaría de inmediato. Y no pocos se sumarían al grupo de Félix Azón, Inmaculada Montalbán y Margarita Robles, principales hostigadores de Dívar en la búsqueda de su dimisión.

Pero en el Consejo aun es tiempo de espera para las siluetas penumbrosas que observan las ventanas del edificio de enfrente. Atrás quedaron los grupos compactos, conservadores y progresistas. Solo quedan recelos y camarillas, y ha calado el el grito de cada uno a su bola. “Yo me meto en mi despacho y me dedico a lo mío, no hablo con ellos”, confiesan en el Consejo. La fuente pide anonimato total, de ahí que evite incluso decir si es ella o él. “Tienes que tener cuidado hasta con las frases que empleas en los plenos, o en los pasillos, hay quien lo apunta todo... Y quién se dedica a sonsacar adjetivos en el pasillo que luego coteja con las crónicas periodísticas en busca del filtrador”.  La comunicación escasea entre ellos. Lo peor es que aun tienen por delante un año y medio de mandato. Con o sin Dívar.

En los juzgados de la plaza de Castilla, y en los de casi toda España, los viajes de Dívar son tema recurrente.  Los jueces están anonadados con el escándalo del presidente del órgano que debe tenerles a raya a ellos. Y hay unanimidad: (Dívar) culpable, al menos en el terreno ético. Estos no miran al edificio del Tribunal Supremo porque están lejos, no pueden. Pero también esperan, y no precisamente a Godot.

El País

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