Ternas del Consejo General para altos cargos judiciales

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado hoy (día 17 de marzo) las ternas de candidatos a ocupar nueve cargos judiciales gubernativos que se votarán en el próximo Pleno del órgano de gobierno de los jueces, que se celebrará el 27 de marzo.

Las ternas han sido aprobadas por unanimidad y sin orden de preferencia e incluyen a los candidatos a las presidencias de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y de Galicia; de las Audiencias Provinciales de Madrid, Cáceres, Valladolid, Castellón y Albacete; de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional y de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos.

A continuación se reseñan las ternas, en las que los candidatos aparecen por orden alfabético:

Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid:

              -Jesús Gavilán López, presidente de la Sección 8ª de la Audiencia Provincial de Madrid.

              -Juan Pablo González González, magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, actualmente juez de enlace en Francia.

              -Francisco Javier Vieira Morante, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

 Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia:

             -Miguel Ángel Cadenas Sobreira, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (candidato único).

Presidencia de la Audiencia Provincial de Madrid:

           -Jesús Gavilán López, presidente de la Sección 8ª de la Audiencia Provincial de Madrid.

           -Juan Luis Gordillo Álvarez-Valdés, magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid.

           -Eduardo de Porres Ortiz de Urbina, magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid.

Presidencia de la Audiencia Provincial de Cáceres:

               -Joaquín González Casso, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Cáceres.

             - Valentín Pérez Aparicio, magistrado de la Audiencia Provincial de Cáceres.

             - María Félix Tena Aragón, presidenta de la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Cáceres.

Presidencia de la Audiencia Provincial de Valladolid:

           -Feliciano Trebolle Fernández, presidente de la Audiencia Provincial de Valladolid (candidato único).

Presidencia de la Audiencia Provincial de Castellón:

           -Eloísa Gómez Santana, presidenta de la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Castellón.

           -José Manuel Marco Cos, presidente de la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Castellón.

           -Esteban Solaz Solaz, magistrado de la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Castellón.

Presidencia de la Audiencia Provincial de Albacete:

              -Cesáreo Miguel Monsalve Argandoña, decano de los Juzgados de Albacete. Titular del Juzgado de Primera Instancia número 1.

              -Antonio Jesús Nebot de la Concha, presidente de la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Albacete.

             -José Ramón Solís García del Pozo, magistrado de la Audiencia Provincial de Cuenca.

Presidencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional:

             -Ricardo Bodas Martín, presidente de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional.

             -Emilia Ruiz-Jarabo Quemada, magistrada de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional.

Presidencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León:

            -María Concepción García Vicario, presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (candidata única).

Las asociaciones exigen plazas para más de 400 jueces sin juzgado

Tres de las cuatro asociaciones judiciales (Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente) han pedido al Consejo del Poder Judicial que se implique y exija al Ministerio de Justicia que habilite las plazas necesarias para los 240 jueces que hay en este momento sin juzgado y para los otros 204 que habrá en cuestión de meses en la misma situación. El exministro de Justicia socialista Francisco Caamaño se comprometió al final de legislatura a crear 600 plazas de jueces y abrió para ello las puertas de la Escuela Judicial de Barcelona, donde se forman los jueces españoles. Pero luego llegó la crisis y se cerró el grifo, pero los jueces ya estaban formados.

Tras pasar las oposiciones y luego de los dos años de aprendizaje, los alumnos, que ya son jueces, se han encontrado con que no hay juzgados para ellos. Provisionalmente, el Consejo los han acomodado como refuerzos de otros juzgados, y a otros como sustitutos. En esta situación se hallan ahora unos 240 jueces, y próximanente la cifra se duplicará. "Son jueces que, tras pasar muchos años preparando la oposición y tras otros dos en la Escuela Judicial, los tienen ahora a salto de mata, de aquí para allá. No es justo", denuncia Marcelino Sexmero, portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria, la segunda en número de afiliados. Las citadas asociaciones se reunieron hace días con los miembros de la Comisión Permanente del Consejo para exigirles que se impliquen y reclamen al Ministerio de Justicia la dotación de esta plazas. "Se limitaron a oirnos, sin más", se queja Sexmero.

Las tres asociaciones han firmado el siguiente comunicado de denuncia: "Las asociaciones abajo firmantes queremos mostrar nuestro descontento por la respuesta dada por el CGPJ a la injusta situación en que se encuentra la mayoría de la 63ª promoción y, por extensión, también toda la 64ª promoción. Somos conscientes de que este Consejo ha heredado un problema derivado de la falta de creación de plazas. Ese problema, sin embargo, ha sido creado por el propio Ministerio de Justicia, que en uno de los países de la Unión Europea con menor ratio juez/habitante, se niega a crear plazas judiciales".

"La solución adoptada", añaden, "se basa en prorrogar la situación en que se encuentran quienes están en expectativa de destino de la promoción 63, así como adscribir forzosamente a otros como jueces/as de apoyo al juez/a de adscripción territorial de la provincia y en destinar a los jueces/as en expectativa de destino de la promoción 64 como refuerzo a las plazas que se determinen en función de las necesidades".

El comunicado añade: "Todo ello constituye una manifiesta vulneración del derecho a la conciliación personal y familiar de nuestras compañeras y compañeros. Les generará una notable inestabilidad personal, laboral y económica. Y provocará evidentes desigualdades y agravios comparativos,  pues asistiremos a una colocación por goteo, en lugar de a un concurso debidamente reglado y con todas las garantías. Todo ello provocará más incertidumbre y más interinidad a quienes ya han sacrificado bastante de su vida personal y familiar para alcanzar el objetivo de formar parte del poder judicial".

"Tras haberse reunido con las asociaciones judiciales y representantes de las promociones afectadas, el CGPJ ha optado por no acoger ninguna de las soluciones que se le han ofrecido. Se ha optado por no afrontar el problema, lo que lleva a cuestionarnos la utilidad de dichas reuniones (que se han visto ser meras audiencias para cubrir el expediente) y a constatar que este CGPJ no está por la labor de incomodar en lo más mínimo al Ministerio de Justicia, a quién debería haber reclamado o propuesto una solución real".

"Exigimos enérgicamente al CGPJ que lidere la petición de soluciones a este grave problema en vez de apostar por la improvisación. Por otro lado, lamentamos que, en lugar de buscarse soluciones estructurales, la tendencia futura en el CGPJ se incline hacia el incremento en el número de JATs. Ello no solo supone la precarización en la prestación del servicio, sino también efectos negativos en la independencia judicial, ante la falta de estabilidad en el destino, sometida a las decisiones de los órganos gubernativos. En estas situaciones está severamente comprometido  el ejercicio independiente de la jurisdicción".

Las asociaciones concluyen: "Esta situación es una muestra de falta de compromiso para con la conciliación personal y familiar en el primer gran reto que tenía este CGPJ. Reclamamos al CGPJ y, por su vía, al Ministerio de Justicia que no prolonguen más una situación del todo irregular y lesiva para los derechos profesionales de quienes integran la 63ª y 64ª promoción Para ello, las asociaciones abajo firmantes reclamamos que la Comisión Nacional de Seguridad y Salud se implique en esta materia. Exigimos al CGPJ la búsqueda de soluciones dialogadas con intervención de las asociaciones judiciales como representantes legítimos de gran parte de la carrera judicial. También mostramos nuestro apoyo a las compañeras y compañeros que se encuentran en esta inaceptable situación, por lo que nuestro capital humano y material queda a su entera disposición para lo que necesiten".

El Tribunal de Cuentas oculta la noticia sobre sus sagas familiares

El Tribunal de Cuentas, que preside Ramón Álvarez de Miranda, ha ocultado en su boletín de prensa la información sobre las diferentes sagas familiares que anidan en su seno. El gabinete de prensa del Tribunal suele confeccionar a diario un boletín con todas las noticias que aparecen en los medios referidas a este órgano y que se distribuye entre los consejeros y demás funcionarios de la institución (la encargada de fiscalizar el destino que dan los políticos y la Administración al dinero de las arcas públicas). “Alguien lo ha censurado porque la información no aparece, y obviamente es una noticia referida al tribunal: es la política del avestruz”, interpretan distintas fuentes de esta institución. 

La noticia censurada fue publicada ayer en este blog de EL PAÍS y versaba sobre el revuelo que hay entre los consejeros del Tribunal Cuentas tras destaparse un extraño correo electrónico enviado por el vocal Javier Medina al Gobierno y las sagas familiares vinculadas a algunos vocales. Por ejemplo, al mismo Javier Medina, que lleva casi once años como alto cargo (consejero) de este órgano a propuesta del PP. La información ocultada indica que Medina tiene trabajando en este órgano a su hermana, a su hermano, a su esposa y a una "pariente lejana" de su esposa. Medina sostuvo en declaraciones a EL PAÍS que todos sus familiares ingresaron al Tribunal de Cuentas antes de que él fuese designado consejero por el PP en 2001. Y tras pasar todos ellos la oportuna oposición de ingreso. Medina es un histórico de la Casa, en la que entró como letrado, antes de ser elegido vocal, a finales de los años 70.

También tiene en la Casa dos familiares directos el ex secretario general del tribunal José Antonio Pajares; en concreto, a su hija y a su yerno. Y el consejero Felipe García, otro histórico de la Casa elegido por el PSOE, tiene a su cuñada, aunque, según fuentes de su entorno, su cuñada accedió al tribunal mediante oposición y de la mano de un exministro socialista ya fallecido. Todos estos familiares han entrado por concurso/oposición y no hay datos sólidos que permitan inferir la existencia de nepotismo. No obstante, en el Tribunal de Cuentas empiezan a surgir voces que reclaman un cambio normativo que impida que los exámenes de acceso los efectúen expertos que mayoritariamente, aun hoy también, pertenecen a la Casa. La idea, evitar influencias exógenas en los miembros del tribunal opositor.

El expresidente del Gobierno José María Aznar también tiene a su hermano mayor en el Tribunal de Cuentas, Manuel Aznar, como alto cargo: es consejero desde 2012. Fue nombrado a propuesta del PP. Asimismo, el embajador de España en Londres, Federico Trillo, tiene a su esposa, que ahora se halla en Londres en excedencia. Y no acaban aquí las sagas: según fuentes del tribunal, aún hay más clanes familiares y no menos nutridos. Los sueldos del Tribunal de Cuentas son de los más altos de la Administración. Un consejero percibe al año unos 120.000 euros, más coche oficial. Esta información es la que, al menos hasta ayer, ha censurado el Tribunal de Cuentas en su boletín de Prensa.

Revuelo en el Tribunal de Cuentas por las sagas familiares y un correo

Los consejeros del Tribunal de Cuentas. Empezando por la izquierda, y de abajo hacia arriba, Enriqueta Chicano, Manuel Aznar, María Antonia Lozano, Lluis Armet, Felipe García, Javier Medina y Ana Puig (secretaria general); al fondo, el presidente Ramón Álvarez de Miranda. En primer término, y a la derecha, Margarita Mariscal, José Manuel Suárez, Ángel Antonio Algarra, María José de la Fuente y Dolores Genaro.

 

El Tribunal de Cuentas, el órgano que fiscaliza el destino que dan los políticos y la Administración al dinero de la cosa pública, vive momentos de revuelo. Un correo electrónico enviado unilateralmente al Gobierno por un consejero, sin dar cuentas a nadie, y la existencia de enraizadas sagas familiares han destapado la caja de los truenos en el tribunal, con hostilidades y reproches. Ocho de los 12 vocales del Tribunal de Cuentas, cuatro nombrados por el PP y otros cuatro por el PSOE, instaron a fines de enero un pleno para, entre otras cosas, abordar el asunto del polémico correo electrónico, del que existe un pantallazo que ha permitido a todos los consejeros, no sin asombro por su contenido, verlo y leerlo.

El denominador común de este revuelo se llama Javier Medina, consejero afín al PP. Un histórico de la Casa. Antes de consejero, fue letrado de este órgano, desde finales de los años 70, por oposición. Y, en julio de 2012, inició su segundo mandato de nueve años como vocal/consejero del Tribunal de Cuentas (unos 120.000 euros al año de sueldo y vehículo oficial, como el resto de vocales). Todos le atribuyen un gran poder (ahora forma parte de la Comisión de Gobierno, que comparte con el presidente y otro vocal afín al PSOE) dentro del edifico de la calle de Fuencarral desde el que se fiscalizan casos como el saqueo de Marbella, o las cuentas de los partidos políticos (el caso Bárcenas ha suscitado dudas sobre la eficacia de los medios de que dispone este tribunal para detectar los flujos de dinero negro en los partidos políticos).

En el pleno del pasado 28 de enero, los ocho consejeros citados exigieron a Javier Medina explicaciones por el contenido del correo electrónico enviado a la subsecretaría de Presidencia del Gobierno. Su inciativa ha molestado mucho a sus colegas porque se trata de una propuesta legislativa para modificar el funcionamiento del Tribunal de Cuentas que "nadie había pedido, al menos oficialmente" y que, además, desprende la sensación de que la propuesta parte del propioTribunal en su conjuntol", señalan fuentes de esta institución. “Cuando se le pidieron explicaciones en el pleno, dijo que ese correo no era suyo, y que alguien debió manipularle el ordenador. Nadie le creyó", señalan estos medios. “Insistimos en una respuesta y no dijo nada, ni sí, ni no”, señalan otras fuentes. Con EL PAÍS, Medina evitó también decir si era o no suyo el correo, alegando "que las reuniones del tribunal tienen carácter secreto".

A raíz del malestar suscitado por el mail, el clima se ha enrarecido mucho, y la comidilla ahora son las sagas familiares del tribunal, que las hay. Y es que, por ejemplo, Javier Medina, actual presidente de la Sección de Fiscalización y considerado uno de los hombres con más poder en la institución, solo tiene que caminar unos metros fuera de su depacho, sin salir a la calle, para visitar a su esposa, María del Carmen Higueras Esteban, que trabaja en el Departamento de Empresas Estatales de este tribunal. Y no es su único familiar directo. 

Ahora no, pero con el anterior secretario general del Tribunal de Cuentas, José Antonio Pajares, Enrique Medina Guijarro (hermano de Javier), que también es funcionario de este órgano, desempeñó el puesto de gerente (el segundo del secretario). Enrique tiene ahora despacho a escasos metros de Javier y está adscrito a Presidencia del Tribunal de Cuentas. Algo más alejada, pero dentro del mismo edificio, también trabaja su hermana María Consuelo Medina Guijarro, en el Departamento 5º de Financiero y de Fundaciones. “Y su jefe máximo es su hermano Javier Medina”, destacan fuentes del Tribunal. Otro familiar de Medina que hay en el Tribunal de Cuentas es María Pérez Michaus, que trabaja en Presidencia de la Sección de Enjuiciamiento. Medina explicó a este periódico que Michaus es “una pariente de su esposa muy lejana”. Y aseguró que sus parientes ingresaron en la institución "mucho antes" de que él fuese consejero en 2001, y todos ellos tras pasar sus respectivas oposiciones, destacó.

“No hay nada sólido que indique que Javier Medina ha podido influir en la llegada de sus familiares al Tribunal, pero es imprescindible cambiar las normas para que los miembros de los tribunales que examinan a los aspirantes sean mayoritariamente ajenos a la casa, a diferencia de lo que sucede ahora”, añaden fuentes del Tribunal. Es la comisión de gobierno la que convoca las plazas e incluso nombra a los tribunales, en la que también está, sin voto, el secretario general. 

Pero las sagas familiares no acaban en Medina. El que ha sido durante al menos 16 años secretario general, José Antonio Pajares, tampoco tiene que salir de la Casa para visitar a su hija, que también trabaja en el tribunal, ni a su yerno, que es conserje. Pajares y Medina son muy amigos, hasta escriben artículos conjuntos en revistas de Derecho. 

Si Medina es afín al PP, Felipe García, que también es consejero del Tribunal a instancias del PSOE y forma parte de la Comisión de Gobierno, "tiene a una cuñada trabajando dentro, como secretaria", coinciden distintas fuentes. Igualmente entró por concurso/oposición. También es funcionaria de alto nivel en el Tribunal de Cuentas la mujer del ahora embajador de España en el Reino Unido, Federico Trillo. Ahora se halla en excedencia en Londres. Ella ya era funcionaria y logró plaza hace unos años, con más sueldo, en el Tribunal de Cuentas. Dentro de estos vínculos familiares, hay otro apellido ilustre. En este caso, es un alto cargo, vocal/consejero del tribunal, y tiene el mismo apellido que el expresidente Aznar. Se trata de su hermano mayor, Manuel Aznar, que accedió al cargo en 2012 a propuesta del PP. 

Esta cohabitación de familiares y correos unilaterales son las causas del revuelo y recelos que vive ahora el órgano estatal obligado a examinar si el dinero de todos va donde tiene que ir sin que nadie lo desvíe (a su bolsillo).  

Una muerte que pudo evitarse

El agujero sin rejillas por el que cayó la víctima.

El 17 de marzo de 2012, Miguel Ángel Gutiérrez Junquera, de 19 años, estaba con una amiga en la plaza de América Española de Madrid. Numerosos jóvenes hacían botellón. Él y su amiga se apartaron de la plaza y fueron a una zona, dentro del parque, para estar más tranquilos. Miguel Ángel había estado estudiando toda la tarde. Era de noche y la pareja recaló en una zona donde había unas rejillas de ventilación de un garaje propiedad del Ayuntamiento de Madrid. Nada indicaba peligro. Y eso que una de las rejillas había desaparecido, dejando un hueco de 95 centímetros de ancho por algo más de un metro de larga. Había poca luz. El joven, que caminaba delante de su amiga, cayó por el agujero al garaje (una altura de ocho metros) y falleció casi en el acto. Su amiga, Raquel, con gran nerviosismo, avisó a un grupo de chicos que se hallaban en el parque; y estos, a las urgencias sanitarias y al padre del chico, que vivía cerca. Nada se pudo hacer por él.

La familia, a través del abogado Martín Sánchez-Ferrero, ha interpuesto una reclamación por responsabilidad patrimonial contra el Ayuntamiento de Madrid, como propietario del garaje. Reclama 128.000 euros de indemnización. Tras la muerte, el Juzgado 34 de la plaza de Castilla abrió diligencias, que acabó archivando en abril de 2013 con el argumento de que se ignoraba quién había podido retirar de allí la rejilla y dejado el mortal agujero.  La única delimitación entre el parque y la rejilla de ventilación era una barra de hierro a la altura de la rodilla. El abogado de los padres ha acreditado, mediante fotos del lugar y testimonios, que la citada rejilla llevaba cinco días desaparecida. El SAMUR certificó la hora de la muerte cinco minutos después de las doce de la noche; "traumatismo cráneo encefálico".

El aparcamiento es propiedad del Ayuntamiento de Madrid, pero tiene cedido su uso a la Comunidad de  Vecinos, a la que exige que habilite un seguro cuyo beneficiario es el propio Consistorio.  Ángel Luis
Gómez Casanova, administrador de la Comunidad de Cesionarios del aparcamiento de la Plaza de América, donde se sitúa el garaje, señaló ante el juzgado y la policía: "Aunque las plazas de garaje son cedidas por el Ayuntamiento a la Compañía AISER, que a su vez las cede a cada uno de los usuarios, aquél no se desvincula por ello del parking. Tan es así, que el beneficiario de la póliza es el Ayuntamiento", dijo. Y añadió: "Tanto la Comunidad como yo mismo, vimos la peligrosidad potencial de la zona, y lo tratamos en varias ocasiones en reuniones de la Comunidad". En una de ellas, explicó Gómez Casanova, se habló de que "era frecuente encontrar jóvenes sobre la rejilla de ventilación natural del garaje, incluso colocando bancos encima. Y se acordó comunicarlo a la Junta Municipal de Distrito". Lo hicieron en 2004.

La familia asegura que la zona estuvo sin rejilla cuatro días, entre el 13 y el 17 de marzo, fecha del fatal accidente. Y señala que la responsabilidad es del Ayuntamiento como dueño del parking. El letrado Sánchez-Ferrero explica: "Es incuestionable que si la reja faltaba desde el día 13 de marzo, y el óbito se produce en los primeros minutos del día 18, es palmariamente patente que el Ayuntamiento no ha controlado debidamente las instalaciones de su aparcamiento de la Plaza de la América Española, que es de su propiedad. De haber realizado un mínimo y rutinario control,  hubiera echado en falta esa reja, y de esta suerte, se hubiera evitado la fatal precipitación del hijo de mis clientes".

El Ayuntamiento sí ha actuado ahora: ha delimitado y acotado la zona, para que nadie pueda entrar, con barras de hierro de dos metros de altura.  Pero, antes, ha tenido que ocurrir una desgracia.