Justicia pagará 317.00 euros por no cuidar bien el avión de un reo

El Ministerio de Justicia tendrá que pagar 317.000 euros por una actuación policial y judicial errática que vulneró derechos fundamentales de José L.L., absuelto por el Tribunal Supremo tras cuatro años preso acusado de tráfico de drogas. La indemnización por la estrafalaria actuación policial, avalada por la Audiencia Nacional, no es por el tiempo que José L. L. estuvo en prisión, sino por la pérdida y deterioro que sufrió su patrimonio tras ser intervenido este judicialmente: un avión y cuatro coches. La orden de indemnización por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia parte de la Sección Tercera de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, que considera que se ha producido un funcionamiento anormal de la Administración en el cuidado del patrimonio del exreo.

La elección del sustituto de Dívar genera otra crisis en el Poder Judicial

Día, el de ayer, de fuertes broncas y tensiones las vividas en el Consejo del Poder Judicial. El tándem Margarita Robles (propuesta para el Consejo por el PSOE, en concreto, por el exministro de Fomento José Blanco) y Manuel Almenar, elegido a instancias del PP, se reeditó ayer una vez más para tratar de colocar en la presidencia del Consejo y del Tribunal Supremo al magistrado de la Sala de lo Civil del Supremo José Ramón Ferrándiz,  expresidente de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM).  

Después de haber amañado entre ellos y sus afines, en lo que va de legislatura de este Consejo, una gran parte de los nombramientos de altos cargos judiciales, ayer creían tener reunidos los 12 votos necesarios, mínimos e imprescindible para designar a Ferrándiz como primera autoridad judicial del Estado y trataron de forzar la celebración de un pleno extraordinario para sustituir al ya expresidente Carlos Dívar. No lo lograron porque, en realidad, apenas llegaron a disponer de ocho o nueve votos. El pacto, al menos de momento, se frustró, aunque es posible que traten de ganar más voluntades en los próximos días. De que no terminase de cristalizar ese acuerdo, le echan la culpa al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, con quien el tándem mantiene pésimas relaciones.

El pacto buscado para nombrar a Ferrándiz lo abanderaron Robles y los típicos vocales que suelen acompañarla en sus decisiones: esto es, Inmaculada Montalbán y Félix Azón. En esta ocasión, Carles Cruz, otro de los habituales incondicionales, no parecía tener muy claro ayer si debía apoyar al conservador Ferrándiz, del ala más derechista de la judicatura, como primera autoridad judicial del Estado, según interpretan varios vocales. Otros, en cambio, señalan que una vez más estuvo al lado de Robles, líder del grupo que obligó a Divar a saltar del sillón por no haber justificado sus lujosos viajes a Puerto Banús en 20 caribeños fines de semana.

El actual Consejo del Poder Judicial tiene una teórica mayoría progresista, porque se formó estando el PSOE en el poder. De hecho, el dimitido presidente del órgano de gobierno de los jueces, Carlos Dívar, fue una propuesta del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero que Mariano Rajoy vio con buenos ojos nada más oír su nombre.  

Junto al grupúsculo de Robles a favor de Ferrándiz estaban los vocales conservadores que capitanea Almenar y que son miembros destacados de la APM: Pío Aguirre, Miguel Collado, Antonio Monserrat y Gemma Gallego (que es la juez que se hizo famosa por instruir desde un juzgado de Madrid el llamado caso ácido bórico, que trataba de enlazar la frustrada teoría conspirativa del 11-M con ETA).

Robles y Almenar, que han logrado colocar a muchos amigos de ambos y de sus delfines en altos puestos de la judicatura española, trataron de buscar la adhesión del vocal progresista José Manuel Gómez Benítez, propuesto por el PSOE y que es el vocal que ha destapado el escándalo de los viajes del expresidente Dívar.  No lo lograron. Gómez Benítez les indicó que apoyaría a un candidato, con independencia de ideologías, que aglutinase un amplio consenso. Pero que en ningún caso apoyaría al conservador Ferrándiz. El PSOE también maniobró ayer para evitar el nombramiento del expresidente de la APM, asociación mayoritaria entre los jueces españoles.

Una señal que llevó al tándem Almenar-Robles a creer que la designación de Ferrándiz no cuenta con el aval de Ruiz-Gallardón es la retirada de apoyo hacia su candidato de los vocales conservadores Fernando de Rosa, que se halla de presidente en funciones del Consejo, y, fundamentalmente, de Antonio Dorado, una persona muy próxima al secretario de Estado de Justicia, Fernando Román. De Hecho, Robles y Almenar montaron en cólera cuando supieron que Justicia había designado a Dorado, entre otros juristas expertos, para formar parte de la comisión que estudia la polémica reforma de la planta y demarcación de los juzgados españoles. Incluso trataron, sin éxito, de forzar que fuese el Consejo el que nombrase a los vocales que debían formar parte tanto de la citada comisión como de la otra que también ha creado el ministro para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial. Para esta última comisión, el ministerio nombró a otra vocal del Consejo, la portavoz Gabriela Bravo, que tampoco es del gusto del tándem. Hasta el punto de que, según fuentes del Consejo, el objetivo es sustituirla como portavoz una vez que haya un nuevo presidente. Y es que el actual presidente en funciones del Poder Judicial, Fernando de Rosa, tampoco tiene apoyos en el Consejo. Ni siquiera entre los suyos, los conservadores.

En este contexto, el de ayer fue, pues, un día de grandes tensiones en el Poder Judicial, según lo describen varios consejeros. Algunos hasta se sintieron presionados por llamadas de colegas tratando de imponerles a Ferrándiz como candidato.  En el sector progresista llamó la atención que entre los  preferidos de Robles no figurase ningún candidato progresista para el cargo. Y eso que la apuesta inicial de su colega Almenar no era Ferrandiz sino su paisano de Galicia Jesús Souto, magistrado de la Sala de lo Social del Supremo.

Robles fue secretaria de Estado de Interior en la época de Felipe González como presidente del Gobierno y su ascenso en la carrera, hasta llegar a la Sala Tercera del Supremo, a la que volverá cuando expire este Consejo dentro de unos 15 meses, se la debe al PSOE y a su militancia en la asociación afín, Jueces para la Democracia. El propio José Blanco, sin citarla, expresó el arrepentimiento del PSOE en algunos nombramientos.

Frente a Ferrandiz, un grupo de vocales trató de recabar votos a favor de nombrar a Carlos Granados, exfiscal general del Estado y miembro de la Asociación Francisco de Vitoria, como sustituto de Dívar.  En torno a Granados, cuya candidatura impulsa el vocal Manuel Torres Vela, quien también es miembro de Francisco de Vitoria, se acumularon los apoyos de las vocales Gabriela Bravo y Almundena Lastra (ambas son fiscales), y el de Miguel Carmona.  Y también se unieron a favor de Granados, en principio, los consejeros conservadores Claro José Fernández Carnicero y Concepción Espejel. Si el grupo progresista se rompió en disconformidad con los pactos díscolos de Robles y Almenar, Fernández Carnicero y Espejel se desgranaron del sector conservador por el mismo motivo, hartos de esos amaños.

Los dos vocales del Consejo propuestos por CiU, Ramón Camps, y por el PNV, Margarita Uría,  que habitualmente votaron con los progresistas hasta que el grupo saltó por los aires, no tenían ayer definida su opción, según fuentes del Poder Judicial. 

A juzgar por la tensión vivida ayer en el Consejo, y con la dimisión de Dívar aun caliente, sobre la mesa hay servida una nueva crisis en el órgano que se encarga de encauzar y velar por la independencia de los más de 4.500 jueces españoles. Aseguran en el Consejo que a Gallardón, con todos estos revuelos, le “están poniendo a huevo”  su anunciado propósito de modificar el sistema de elección de los consejeros del Poder Judicial, que pretende dárselo mayoritariamente a los jueces. “Con el enorme corporativismo que ello supondrá, pues previsiblemente saldrán elegidos los jueces menos preparados y populistas, y más condescendientes con los errores de sus colegas/votantes”, avanzan las citadas fuentes.  

El Poder Judicial huye de nuevas broncas tras el 'caso Dívar'

De izquierda a derecha: Antonio Mª Álvarez-Buylla, Fernando de Rosa, Pascual Sala, Juan Antonio Xiol y Juan Carlos Estévez.

 

Solo unas horas después de la dimisión de Carlos Dívar como primera autoridad judicial del Estado, los dos nuevos jefes de la judicatura española (Fernando de Rosa, en el Consejo del Poder Judicial, y Juan Antonio Xiol, en el Tribunal Supremo; el mando ahora es bicéfalo) coincidieron por primera vez el jueves por la noche en un acto oficial del Consejo General de Procuradores, que este año entregó su premio anual  a la Guardia Civil, y del Colegio de Procuradores de Madrid, que laureó al Supremo coincidiendo con su bicentenario.

La dimisión de Dívar, ocurrida horas antes tras verse acorralado por el escándalo de sus viajes caribeños, aun estaba muy fresca y se convirtió en la comidilla de la noche. Aparte de procuradores, acudieron vocales del Poder Judicial, jueces y fiscales. Pero por primera vez, De Rosa y Xiol compartieron mantel como máximos jefes de la justicia española. Y junto a ellos, el presidente del Tribunal Constitucional, Pascual Sala.

Aunque Dívar sigue siendo presidente del Supremo, al menos hasta que se publique su renuncia en el BOE, lo que ocurrirá esta próxima semana, declinó la invitación. Por la mañana confesó que lo dejaba todo. En su lugar, para recoger el premio otorgado al Supemo por sus 200 años de existencia, se presentó Juan Antonio Xiol, presidente de la Sala de lo Civil del alto tribunal.  Dívar fue la comidilla pero, al menos en público, nadie hizo alusión a él. En su intervención, Xiol agradeció el galardón e hizo un repaso de la historia del Tribunal Supremo desde la Constitución de Cádiz de 1812.

Al dimitir Dívar, que concentraba en sí mismo la presidencia del Supremo y del Consejo, interinamente el cargo ha quedado bifurcado en las figuras de Xiol y De Rosa. Y así será hasta que los 20 vocales del Poder Judicial (nueve propuestos por el PP e igual número por el PSOE, y dos en representación de CiU y PNV) se reúnan y designen a un nuevo presidente común para ambas instituciones, como marca la ley.

Pero no será un camino de rosas esta elección. Por eso, y tras los 33 días negros (los más tensos de su historia) que ha vivido el Consejo, algunos vocales son partidarios de dejar correr las aguas durante unas semanas, pasado el verano, antes de abrir el avispero de la elección del nuevo sucesor. No quieren estos vocales revivir con nuevas polémicas el negativo impacto que ha sufrido la imagen de la justicia por el caso Dívar y colocar otra vez con nuevas tensiones internas al Poder Judicial en el escrutinio de la calle. El objetivo más compartido ahora entre la mayoría de los vocales es huir de nuevas broncas. Ardua tarea. 

El vocal que destapó el escándalo Dívar, José Manuel Gómez Benítez, ha apostado por un candidato que reúna el mayor consenso posible. Complicada tarea.  Dívar fue una apuesta del PSOE con la aquiescencia del PP y está por ver si los progresistas dejarían la cúpide judicial en manos de un conservador. El actual Consejo se constituyó cuando gobernada el PSOE, que aglutina una mayoría. Pero solo teórica, ya que casi desde el principio han estado desunidos, de lo que culpan a la indisciplina de los tres o cuatro vocales liderados por Margarita Robles, quien en su día fue la apuesta para el Consejo del exministro socialista de Fomento José Blanco.

Los conservadores también tienen sus flancos débiles. Y si en un principio lograban colocar a sus afines en altos cargos de la judicatura gracias a pactos con el grupo de Robles, con el tiempo también surgieron sus disidencias internas en vocales como Concepción Espejel y Claro José Fernández Carnicero, que no estaban dispuestos a votar porque sí y sin debate a las personas que se pactaban en las camarillas. Y si últimamente había desunión, el caso Dívar ha dejado paso a los grupúsculos y afinidades personales. En palabras de un vocal, “casi todos vamos a nuestra bola”.

Lo que sí parecen tener claro unos y otros es en acabar con la interinidad en la jefatura del Consejo y el Supremo. Tras tomar el relevo de Dívar el vicepresidente De Rosa, del ala conservadora, la apuesta es  buscar a un candidato moderado, de consenso, ni de uno ni de otros.  Nombres suenan algunos, como el exfiscal y magistrado del Supremo Carlos Granados, de la moderada Asociación Francisco de Vitoria, y los de los magistrados Rafael Fernández Montalvo y Roberto Henríquez.

Premios

Los galardones del Consejo General de Procuradores fueron otorgados este año a la Guardia Civil por “las labores desarrolladas como Cuerpo de Seguridad del Estado” y por su “vocación de servicio de sus miembros, que preside la trayectoria mantenida por la Institución desde su fundación”. El  premio fue recogido por el director del instituto armado, Arsenio Fernández Mesa, de manos del presidente del Consejo General de Procuradores, Juan Carlos Estévez.  Por su lado, el decano de los procuradores de Madrid, Antonio Mª Álvarez-Buylla, entregó la ´Balanza de Oro de la Justicia´ a Xiol, presidente en funciones del Tribunal Supremo “por su extraordinaria contribución al Estado de Derecho y como homenaje en el segundo Centenario de su creación”.

Además de Xiol, De Rosa y Salas, al acto asistieron Francisco Vieira, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid; Manuel Moix, Fiscal Superior de este tribunal, la viceconsejera de Justicia del Gobierno de Esperanza Aguirre, Elena González Moñux; Ana Ferrer, presidenta de la Audiencia de Madrid, y varios vocales del Poder Judicial; entre ellos, Miguel Collado y Fernández Carnicero.

También acudió al acto uno de los candidato del PP a uno de los puestos vacantes del Tribunal Constitucional, Enrique López, en la actualidad magistrado de la Audiencia Nacional y exportavoz del Poder Judicial. Para otra de las plazas del Constitucional suena, por el PSOE, el exsecretario del Ministerio de Justicia Juan Carlos Campo, que también fue vocal del Poder Judicial. Antes del bloqueo, se habló de ellos como candidatos, y sus nombres están de nuevo sobre el tapete de la mesa en las secretas conversaciones que mantienen  PP y PSOE y que deben concluir, con éxito, a fines de este mes. El gran ausente para el Constitucional puede ser el exfiscal general Cándido Conde-Pumpido. 

El urbanista de los trazos multimillonarios

El caso judicial del afamado urbanista que habría amasado un patrimonio de más de 500 millones de euros, Leopoldo Arnáiz, durante las masivas recalificaciones de terrenos municipales que coadyuvaron en grandes municipios de Madrid al boom del ladrillo y la especulación, ha dado un giro importante. Los diputados de Izquierda Unida (IU) Gaspar Llamazares y José María González se han personado en el procedimiento por delito fiscal y blanqueo de capitales que tramita el Juzgado de Instrucción 35 de la plaza de Castilla contra Arnáiz, su exsocia, María Rosa Llano González, y tres supuestos testaferros de ambos. El objetivo de la denuncia de IU es tratar de constatar si la fortuna de Arnáiz procede de los llamados pelotazos sobre el suelo, uno de los factores desencadenantes de la burbuja especulativa urbanística de los últimos lustros.

Arquitecto y funcionario en excedencia de la Comunidad de Madrid, el caso Arnáiz ha sido destapado por su propia exsocia. Ante un juzgado de Madrid le ha señalado como auténtico dueño de un entramado formado por una treintena de sociedades escrituradas en notarias del Reino Unido y cuyo patrimonio se nutre básicamente de inmuebles y terrenos cuya recalificación él diseñó por encargo de numerosos ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, Segovia, Cantabria y Ávila. Él redactó los planes de urbanismo.

Los trazos sobre el papel de Arnáiz, que posee un despacho en el que han llegado a trabajar más de medio centenar de arquitectos, permitían transformar un suelo rústico en urbanizable y multiplicar exponencialmente su valor de la noche a la mañana. Una disputa económica entre Arnáiz y su exsocia (quien supuestamente le montó todo su entramado societario en el extranjero) ha aireado su vasto patrimonio. Arnáiz es dueño del 90% de las acciones de 33 firmas que disponen de inmuebles y extensiones de suelos cuya recalificación en muchos casos él mismo trazó.

Entre los municipios cuyo urbanismo bien parcial o totalmente contribuyó a diseñar Arnáiz se hallan, en la Comunidad de Madrid, los de Boadilla, Pinto, Arroyomolinos y Soto del Real, entre otros, así como en localidades de Ávila, Segovia y Cantabria. En algunos de ellos aun conservan extensiones de terrenos las sociedades de este urbanista.

IU se ha personado porque entiende que, al hilo del boom del ladrillo, algunas personas han podido especular con el suelo y defraudar “los intereses de la Hacienda pública española”. De hecho, el juzgado 35 le investiga por delito fiscal y blanqueo de capitales junto a su exsocia María Rosa Llano González y los supuestos testaferros Constantino Díaz, Félix Ruiz y María Teresa Moya.

Las imputaciones parten de la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid y de la Abogacía del Estado. No obstante, las pesquisas penales del Juzgado 35 solo afectan a dos de las empresas de la red: Beltraex Nexo y Fersa Gestión. Todas cuelgan de ocho empresas matrices con caja única, según denunció la exsocia. Tanto el fiscal como el abogado del Estado e incluso el juzgado ignoran que estas dos firmas son solo la punta de iceberg de esta red societaria. Para que avance la investigación penal del juzgado 35 es fundamental, pues, que el juez del 35 pida la documentación que consta en el citado Juzgado 4 de lo Mercantil. Ahí está el meollo. Y es lo que precisamente, en su escrito de personación en la causa, reclaman los diputados de Izquierda Unida al instructor. Ahí constan las escrituras de una treintena de sociedades constituidas en el Reino Unido (en los despachos Chees Writeghts Notaries y De Pinna Noraries, de Londrés) en las que Arnáiz figura como dueño de las mismas con un 90% de las acciones, y su exsocia, con el 10% restante. De lo que se desprende nítidamente que los administradores de esas sociedades en España son meros testaferros.

¿Cómo han sido descubiertos a los auténticos dueños? Por una disputa entre Arnáiz y su exsocia. Ella pidió al arquitecto 60 millones de euros por su 10% en todas las firmas y él se negó. Por eso planteó una demanda ante los juzgados de lo mercantil de Madrid. Recayó en el número 4. Para justificar ante el juez por qué exigía los 60 millones de euros a Arnaiz, Llano Gonzalez pidió al juzgado mercantil que reclamase al Reino Unido las escrituras de una treintena de sociedades. Facilitó las direcciones de los despachos. El juzgado lo hizo y se descubrió que ella no mentía. Y que poseía el 10% (frente al 90% de Arnaiz) de todas esas sociedades. Eran, pues, los dueños reales de unas empresas con un gran patrimonio en terrenos e inmuebles en España administradas en España por hombres de paja buscados en su día por la exsocia de Arnáiz. De hecho, algunos de los supuestos testaferros son familiares suyos, del municipio cántabro de Cabezón de la Sal.

Justo cuando el juzgado mercantil iba a dictar sentencia, Llano González retiró la demanda y no hubo sentencia. Fuentes de la investigación infieren un posible pacto entre ella y Arnaiz para no hacerse daño. Los dos tenían mucho que perder. La retirada de la demanda coincide, además, con el avance y consiguiente imputación de ambos en la investigación penal del Juzgado 35. No es lo mismo indagar a dos sociedades, y el delito fiscal correspondiente a ambas, que a una treintena y con el añadido de blanqueo de capitales como telón de fondo.

Según un auto dictado por el Juzgado 35, a Arnáiz se le investiga por una serie de “operaciones jurídico financieras” mediante la que los imputados “ocultaron el origen ilícito de unas ganancias haciéndolas emerger en los circuitos financieros como operaciones normales de tráfico comercial, incurriendo en blanqueo de capitales”.

Arnáiz, quien fue vinculado en su día al llamado 'Tamayazo' de Madrid, que permitió a Esperanza Aguirre gobernar la Comunidad tras la deserción de dos disputados, señaló en septiembre de 2010 que, cuando compró terrenos en los municipios que diseñó, nunca usó información privilegiada. Este periódico contactó ayer nuevamente con su despacho para recabar su versión. Un portavoz declinó valorar todo este asunto.

Será, pues, el Juzgado 35 el que dictamine si Arnáiz es uno de los grandes especuladores de la era del pelotazo del ladrillo y de donde salió el patrimonio de 500 millones que se le atribuye en inmuebles y tierras que incrementaron notablemente su valor tras sus multimillonarios trazos.

Dívar, dudas en el Supremo y desolación en el Poder Judicial

Los vocales del Consejo del Poder Judicial están expectantes. El 'caso Dívar' les tiene traspasados de temores e incertidumbres, pero ninguno moverá un dedo hasta que el Tribunal Supremo diga si admite a trámite, o no, la querella sobre sus viajes de lujo a Marbella. ¿Y qué va a hacer el Supremo con su presidente? Fuentes cercanas al alto tribunal señalan que en la sala de admisión de causas hay opiniones dispares sobre si existe delito en la conducta de Dívar. Nadie descarta que finalmente sea el pleno de la Sala Penal, y no solo la de admisión, la que se pronuncie. Pero ahora todas las miradas del Consejo enfocan al veredicto que salga del vecino edificio de Las Salesas. Será un punto de inflexión.

Mañana se cumple un mes desde que el vocal José Manuel Gómez Benítez encendió la mecha del escándalo Dívar. Casi escondidos en sus despachos, muchos consejeros miran de reojo las ventanas del edificio de enfrente. Antes eran los del Supremo quienes les oteaban a ellos; eran miradas también de espera, hasta de años, aguardando a que pactasen, amañasen o lo que fuere, pero que cubrieran las vacantes de magistrados que se iban jubilando.

Las perspectivas entre ambos edificios están trastocadas. La admisión a trámite de la querella traería otra convulsión al Poder Judicial. Porque de lo que diga el Supremo, cuando lo diga, y esperan que sea cuanto antes, depende que el más alto sillón judicial, desde el que se gobiernan ambos edificios, quede, o no, vacante. En él se sienta aun el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, José Carlos Dívar, primera autoridad judicial del Estado. De 70 años. Después de esa edad, legalmente solo queda la jubilación.

Quienes ven a Dívar, no muchos, en los pasillos del Consejo definen a un hombre “algo demacrado”, con el rojo de su tez más acentuado. Cejas aun cuidadas. “Se le ve afectado, pero no hasta el punto de dimitir”, coinciden.  En su mente se ha instalado que dejar el cargo es sinónimo de culpabilidad. Un estigma para él, nieto e hijo de jueces.

Pero Dívar sabe que si sus colegas del Supremo admiten a trámite la querella que le ha interpuesto una firma de abogados de Murcia, implacable fustigadora en asuntos judiciales mediáticos, su propio sillón se sentiría incómodo con él encima. Sería una losa sostener a un jefe investigado por sus subordinados ventilando si sus 20 visitas a hoteles de lujo de Puerto Banus (Marbella, Málaga), constituyen un delito de malversación de caudales públicos. Las facturas del Consejo, que constan en la causa, revelan 40 cenas y almuerzos con solo dos personas frente a un pulcro mantel. 

El primer denunciante de Dívar, el vocal Gómez Benítez (ahora diana de comentarios negativos e  incomprensión, más solo que nunca) entiende que parte de los casi 13.000 euros que importaron a las arcas del Consejo las visitas marbellíes de Dívar obedecen a gastos personales del presidente. Es decir, que cargó al Consejo facturas estrictamente privadas escudándose en supuestos viajes oficiales. La fiscalía no ve delito. Y así lo está sosteniendo ante el Tribunal Supremo en estos días de reflexión en el edificio de enfrente, que mantiene la luz encendida. Cuando se apague, quizás el lunes, ya habrá decidido si el clamor social que han suscitado los lujosos desplazamientos de Dívar tienen encaje en algún tipo penal. No hay certidumbres en el Supremo, ni unanimidades, de momento.

 El magistrado José Manuel Maza, uno de los miembros de la sala de admisión de causas, la que debe decidir si deja o no vacante la silla de su presidente (caso inédito en la reciente historia de España), ha comentado a su entorno que él, al igual que el fiscal, tampoco ve delito en la conducta de José Carlos Dívar. Y que hay otros colegas que piensan como él. Aunque no todos. El debate judicial está, pues, garantizado.  Gravita la idea, dado que el querellado es nada menos que el presidente del Tribunal Supremo, de elevar la decisión final a los 15 jueces del pleno de la Sala de lo Penal. Si así fuere, resulta razonable pensar que previamente se han sondeado entre ellos a favor de archivar la causa. Ya que, si del pleno saliera un sí a la admisión, una primera consecuencia sería que todos los altísimos jueces quedarían contaminados. ¡Y a ver quién queda puro para indagar a Dívar. Y, en su caso, juzgarle! Es decir, si se reúnen todos lo previsible es que fuera para archivar, sostienen fuentes judiciales.

Tienen claro los vocales que la admisión de la querella contra su presidente, también lo es de ellos, les complicaría aún más la vida y haría el ambiente irrespirable. Resultaría agotador mantener ocupado un sillón con un inquilino bajo sospecha. Por la propia imagen del Consejo y por lo que escenifica el órgano de gobierno de los 4.500 jueces españoles, el Poder Judicial.  El grupo de 15 vocales del Consejo que, algunos con la nariz tapada, según confiesan, le han pedido que continúe, se resquebrajaría de inmediato. Y no pocos se sumarían al grupo de Félix Azón, Inmaculada Montalbán y Margarita Robles, principales hostigadores de Dívar en la búsqueda de su dimisión.

Pero en el Consejo aun es tiempo de espera para las siluetas penumbrosas que observan las ventanas del edificio de enfrente. Atrás quedaron los grupos compactos, conservadores y progresistas. Solo quedan recelos y camarillas, y ha calado el el grito de cada uno a su bola. “Yo me meto en mi despacho y me dedico a lo mío, no hablo con ellos”, confiesan en el Consejo. La fuente pide anonimato total, de ahí que evite incluso decir si es ella o él. “Tienes que tener cuidado hasta con las frases que empleas en los plenos, o en los pasillos, hay quien lo apunta todo... Y quién se dedica a sonsacar adjetivos en el pasillo que luego coteja con las crónicas periodísticas en busca del filtrador”.  La comunicación escasea entre ellos. Lo peor es que aun tienen por delante un año y medio de mandato. Con o sin Dívar.

En los juzgados de la plaza de Castilla, y en los de casi toda España, los viajes de Dívar son tema recurrente.  Los jueces están anonadados con el escándalo del presidente del órgano que debe tenerles a raya a ellos. Y hay unanimidad: (Dívar) culpable, al menos en el terreno ético. Estos no miran al edificio del Tribunal Supremo porque están lejos, no pueden. Pero también esperan, y no precisamente a Godot.

Dívar, "muy solo y noqueado"

Al presidente del Tribunal Supremo y del Consejo del Poder Judicial, Carlos Dívar, sus colegas le ven "muy solo y noqueado". Salvo el grupo de vocales que lidera Margarita Robles, que maquina sin tregua para forzar su dimisión, la gran mayoría de consejeros, progresistas y conservadores, tratan de sosternerle, pero no porque crean a pie juntillas en él, sino porque piensan que con España al borde del colapso económico, su caída ahora perjudicaría todavía más la maltrecha imagen exterior del país. Casi nadie descarta que la presión pueda guiarle en algún momento a arrojar la toalla y dejar el cargo, la cúspide de la judicatura española. De momento, sigue atrincherado. 

Sus 20 viajes de dilatadísimos fines de semana a un hotel de lujo de Puerto Banús (Málaga), parcialmente cargados a las arcas del Consejo sin que se tenga constancia de si fueron oficiales, ha desatado una convulsión en el órgano de gobierno de los 4.500 jueces españoles. La tensión es máxima y el vaticinio se ha consumado. Tras haber decretado la fiscalía la ausencia de delito en la conducta de Dívar, un abogado le ha denunciado ante la Sala Penal de su propio Tribunal, el Supremo. Por estafa y malversación de caudales públicos. A él y al vocal conservador Miguel Collado, que está que trina porque también hayan metido sus viajes en el mismo saco turbio de Dívar.  En este caso, el Supremo ha tardado solo unas horas en archivar esta denuncia. Un alivio frente a tanta mala noticia que le permitirá reflexionar sin la tenaza de una causa judicial merodeándole.

¿Resistirá la presión? El juez y ferviente religioso que propuso María Teresa Fernández de la Vega a Zapatero y que Rajoy recibió con júbilo para ser aupado al primer sillón del tercer poder del Estado, no deja de preguntarse por qué el vocal José Manuel Gómez Benítez (exabogado de Garzón,  catedrático de Derecho Penal y negociador en nombre del Gobierno de Zapatero con ETA) se fijó en él. Y por qué durante los últimos meses, en silencio, sin excesivo ruido, Benítez reclamaba oficialmente y examinaba las facturas de sus viajes abonadas por el Consejo. Pero lo que nunca imaginó Dívar, ni él ni la gran mayoría de los consejeros, es que Gómez Benitez llegaría incluso a denunciarle.

Supiera e inspirara, o no, el férreo grupo de Robles (Félix Azón, Inmaculada Montalbán y Carles Cruz) lo que ideaba Gómez Benítez, evidenciar públicamente el escádalo de los viajes de Dívar a Marbella, lo cierto es que estos son los únicos que le defienden. Coinciden con él en pedir la dimisión del presidente del Supremo. “A Benítez lo están usando como lanzadera contra Dívar. Y, la verdad, a nosotros, el presidente, que sigue sin dar explicaciones de sus viajes, nos está poniendo muy difícil su defensa. Aún así, con la prima de riesgo superando los 530 puntos básicos, y por responsabilidad, entendemos que no es el momento de dejar caer al representante del tercer pilar del Estado, aunque se le sujete con la nariz tapada”, coinciden en señalar diferentes fuentes del Consejo.

Hay dos bloques en el Consejo, rematadamente dividido, una guerra abierta, y suspicacias latentes. Tras el caso Dívar la división ideológica ya no les diferencia. Muchos vocales del ala conservadora piensan que detrás de las peticiones de dimisión de Dívar por parte del grupo de Robles, irrumpe el deseo de colocar al presidente de la Sala Civil Antonio Xiol como sustituto de Dívar en la presidencia del Supremo. Pero algunos interpretan que la caída de Dívar sería un nuevo triunfo particular de Robles, quien en los últimos años ha logrado colocar como altos cargos de la judicatura a muchos amigos suyos merced a indisciplinados pactos con el sector de vocales de la derecha.  “Un pasteleo de libro”,  señalan aun disgustadas fuentes del sector progresista que han visto como Robles y el vocal conservador Manuel Almenar conseguían reunir los tres quintos necesarios de votos para elegir altos cargos. “Cuando regrese a la Sala Tercera del Supremo, Margarita se reencontará con jueces que le deben muy especialmente a ella estar allí”, señalan. Por eso, evitar el reforzamiento de los leales a Robles al socaire de esta crisis es la punta de lanza que aglutina a buena parte de los vocales que amarran ahora a Dívar del abismo. Pero el sustituto legal de Dívar, Antonio Xiol, acaricia más una plaza en el Tribunal Constitucional.

El Pleno del Poder Judicial que se celebrará mañana, jueves, puede ser una reedición del anterior,  el del pasado día 24, que tanto desencantó a los partidarios, con matices,  de Dívar,  que aun así tendrá otra oportunidad de explicar sus viajes,  como también le reclama el PSOE.  El pleno del día 24 fue para eso, dar explicaciones, y el de mañana casi también. Muchos vocales confían en que no vuelva a esgrimir la norma que le exime de detallar sus desplazamientos y explicar la causa, si oficial o no, de las facturas.  El de mañana es un pleno en el que se debatirán cuatro escritos con el denominador común de Dívar y sus estancias en un lujoso hotel de Puerto Banús.  Unos le piden que los explique y/o dimite.  Otros, los proDívar, que se defienda si puede ante la opinión pública; y algunos que el pleno dé luz verde ya al cambio normativo que obligaría a todos a justificar y detallar gastos. Pero todos apuestan porque no se alcanzará ningún acuerdo. Las antiguas mayorías, incluso las forzadas de 3/5 de votos, la llave de los altos cargos electos, están despedazadas. 

Y es que desde que Benítez denunció a Dívar, reina la conmoción en el Poder Judicial.  El órgano de gobierno de los jueces lleva semanas tratando sin apenas éxito de gobernarse a sí mismo. Los jueces españoles pueden irse ahora tranquilos de vacaciones a Marbella. Quienes les controlan están descontrolados. Porque de lo que menos se habla ahora en la sede del Poder Judicial es del servicio que se presta en los juzgados a los ciudadanos. Los 20 viajes de fines de semana caribeños de Dívar a las cálidas costas de Puerto Banús mantienen eclipsados otros asuntos. El ¡¡sálvese quien pueda!!  se rumía en el ambiente.

El Poder Judicial español (el que sanciona a los jueces malos y premia a los buenos y a las amistades de los consejeros con altas magistraturas) lo componen 20 vocales, más el presidente Dívar (un coronel elevado a general jefe sin pasar por el generalato).  En su mayoría provienen de la judicatura o de la carrera fiscal.  Casi todos acabaron ahí porque gustaban al PP o al PSOE, que nunca olvidan favores. Fueron elegidos hace cuatro años por ambos partidos bajo el estricto método del “estos son los míos y yo no me meto con los tuyos”. Nueve eligió el PP e igual número el PSOE, que dejaron a CiU y PNV colocar a un vocal cada grupo. Una vez elegidos, se reunieron y eligieron (por indicación de Zapatero y Rajoy) a Dívar. Todos tienen rango de secretario de Estado pero cobran más que sus homónimos. Un dineral (6.500 euros netos al mes; Dívar, en concreto, algo más de 130.000 euros brutos al año); tienen coche oficial y hasta escoltas (Dívar, siete). Y si viajan en avión, Iberia les pasa por la sala de autoridades y les recoge en coche a pie de la aeronave. Van a gastos pagados y, salvo que mañana cambien la norma, si es que se ponen de acuerdo, no tienen obligación de contar ni a dónde se desplazan ni a quién invitan.  

La judialización del ‘caso Dívar’

El caso de los viajes de lujo del presidente del Consejo del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, a un hotel de lujo de Marbella dio ayer una vuelta de turca. El abogado murciano José Luis Mazón, que suele activar o personarse judicialmente en casos mediáticos y de corrupción, ha presentado una denuncia por estafa y malversación contra Dívar y contra el vocal conservador Miguel Collado. Esta denuncia implica la judialización del caso Dívar tras el archivo por ausencia de delito decretado por la Fiscalía General del Estado a la denuncia que le interpuso el vocal progresista y exabogado del juez Baltasar Garzón José Manuel Gómez Benítez.

La denuncia de Mazón implica la judialización de un asunto que tiene bloqueada la actividad del Consejo del Poder Judicial desde que Gómez Benítez denunció el asunto ante la fiscalía. La denuncia de Mazón ha supuesto esta mañana una nueva sorpresa en el Consejo, que vive su peor crisis desde su constitución por el despilfarro de los viajes de Dívar y su negativa, tras el archivo por la fiscalía de su denuncia, a dar explicaciones a sus colegas del Consejo sobre los gastos de los 20 desplazamientos en larguísimos fines de semana que ha girado desde octubre de 2008 a un hotel de lujo de Puerto Banús. Según Gómez Benítez, Dívar habría cargado a las arcas del Poder Judicial parte de los gastos de sus viajes pese a que no hay constancia de que los mismos fueran oficiales. Mazón también pide que se investigue si el vocal Miguel Collado ha cargado gastos de sus viajes al Consejo.

Al poco de trascender la nueva denuncia contra Dívar y Collado, trece vocales del Poder Judicial han emitido este mediodía un comunicado en apoyo del vocal Collado en relación, dicen, con la denuncia interpuesta por Mazón ante Supremo para que se investiguen sus cuentas y las del presidente Carlos Dívar. En ese escrito, estos 13 vocales eluden respaldar, en cambio, al presidente Dívar. Los vocales que apoyan a Collado rechazan "por infundadas" las imputaciones vertidas sobre él y señalan que siempre se ha distinguido por "por su honestidad, integridad y dedicación a la carrera judicial y a la ciudadanía". El escrito lo encabeza la vocal progresista Margarita Robles y lo secundan Inmaculada Montalbán, Félix Azón, Fernando de Rosa, Miguel Carmona, Ramón Camp, Antonio Monserrat, Antonio Dorado, Pío Aguirre, Manuel Almenar, Gemma Gallego, Carles Cruz y Manuel Torres Vela.

Estos consejeros señalan que la denuncia de Mazón contra Collado está basada en “comentarios infundados” que supuestamente habría hecho Dívar. Sin embargo, el propio presidente del Consejo también redactó ayer su propio comunicado en el que “desmiente rotundamente” haber hecho ningún comentario relacionado con los gastos de los viajes de Collado.

La denunciante ante el Supremo de Dívar y Collado es la asociación Preeminencia del Derecho, representada por el abogado José Luis Mazón, que atribuye a Dívar y Collado delitos de estafa o apropiación indebida "o en su defecto por malversación de caudales públicos". Mazón ha acudido al Supremo porque entiende que la investigación realizada por la Fiscalía es una "farsa o pantomima" que demuestra el "lacayismo o dependencia del poder político de turno" del Ministerio Público. "Es por este escándalo que esta asociación detrae parte de su tiempo en hacer lo que la propia Fiscalía tenía que haber efectuado, denunciar judicialmente el caso para que se investigue", afirma. Mazón critica también al vocal Gómez Benítez, que denunció a Dívar ante la Fiscalía en lugar de hacerlo ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, "que no está sujeta a instrucciones gubernamentales".

Una juez a su secretaria: "... Más grandes los tengo yo"

El Consejo del Poder Judicial ha expedientado a la juez de paz de Espartinas (Sevilla), María Dolores de la Rosa Garruta. El fiscal pidió para ella el pago de una multa de 1.200 euros por falta grave de abuso de autoridad. La juez Garruta odia a la secretaria de su juzgado y muy posiblemente la secretaria a ella. Hasta el punto de que en algunas conversaciones entre ambas, Garruta habría empleado lindezas del siguiente tenor: “¡Si tú tienes muchos cojones, más grandes los tengo yo!”; “¡ay, que me meo, que se me escapa el caldo!”; “soy más larga que una meada cuesta abajo…”.

Estas expresiones, que figuran en el expediente abierto por el Consejo, se agudizaron durante la mudanza de sede que tuvo que realizar el juzgado el año pasado. Un fenomenal embrollo que, para la secretaria, Rebeca Crehuet Olivier, fue la gota que colmó el vaso. Y que la llevó a poner el asunto en conocimiento del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y más tarde ante el Consejo del Poder Judicial. Como instructor fue nombrado el juez decano de Sevilla, quien tras tomar declaración a la juez, a la secretaria y a dos funcionarios/testigos, resolvió que había que actuar contra la juez Garruta por abuso de autoridad.

La reñida mudanza fue fijada para el día 26 de abril de 2011, por acuerdo del Ayuntamiento de Espartinas. Al llegar la secretaria al juzgado por la mañana vio que la mudanza se había materializado  la tarde anterior, pero sin estar ella, y que la juez Garruta había distribuido a su antojo el mobiliario. La secretaria se encendió: no le gustó el lugar donde la juez la había colocado a ella. Y quiso cambiar su ubicación. Pero la juez, según ella, la increpó diciéndole: “¡Quién coño te crees que eres, la mesa no se mueve porque lo digo yo, y aquí se hace lo que digo yo! Si crees que tienes muchos cojones, que sepas que yo los tengo más grandes”.

La secretaria contó también al instructor respecto a la juez: “Su actitud es despótica y prepotente, es una persona soez, ordinaria y maleducada, habiendo proferido en la sede del juzgado y en público expresiones como: 'soy más larga que una meada cuesta abajo'; y en una ocasión hizo una petición en la sala de vistas dirigida a la secretaria de si podía ir a mear”.  Además, “tiene afán de protagonismo y notoriedad, que se refleja en el normal funcionamiento del juzgado y que está entorpeciendo la marcha normal de los procedimientos. Ha manifestado su voluntad de estar presente en una serie de actuaciones, pero no comunica ni fija las horas de audiencia que determina el artículo 18 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio de Jueces de Paz, por lo que resulta difícil citar a las partes para realizar las correspondientes actuaciones, a pesar de haberla requerido para que fijara tales horarios”. Además, señala la secretaria, “el día 6 de junio de 2011 la juez de paz organizó una manifestación a las puertas del Juzgado en su propio apoyo” y en contra de ella.

La juez de paz prestó declaración ante el instructor el día 7 de junio de 2011. Respecto a la modificación unilateral de la fecha de la mudanza, señaló: “Los técnicos del Ayuntamiento me manifestaron que todo el tema del traslado estaba parado por culpa de ésta última [la secretaria]; y como corría prisa, decidí trasladar la fecha del día 26 de abril de 2011 por la mañana al 25, a las 16.00. Informé de ello a la secretaria, pero ella se negó a que tal traslado se hiciera sin su presencia y mostró su voluntad de no asistir esa tarde al no tratarse de su horario de trabajo, a pesar de lo cual así lo acordó la juez [ella]. Al día siguiente, se personó la secretaria en la nueva sede y me llamó gilipollas. Además, tuvimos un conflicto con la sustitución del mobiliario, por lo que nuevamente fui insultada y me sentí amenazada”.

La juez Garruta negó haber efectuado las expresiones malsonantes que se le imputan, si bien  reconoció “que a veces ha empleado algunas expresiones coloquiales que deben interpretarse en el contexto social propio del lugar, pero que en ningún caso iban dirigidas al personal del juzgado o a los profesionales”. Solo admitió que “un día, en sala, pidió permiso para ir al baño”. También negó “haber fomentado la convocatoria de una manifestación a la puerta del Juzgado”, pese a que “conoció su existencia”. Si malas son las relaciones con la secretaria judicial, tampoco eran buenas con algunas funcionarias. Una de ellas contó al instructor: "La juez es normalmente muy malhablada". En concreto, un día, en sala, le dijo a la secretaria, en voz alta y delante de todos los profesionales, que si podía “ir a mear”.  Y añadió: "La juez no viene a diario al juzgado, ni tiene fijado un horario de audiencia al público, aunque ignora si la secretaria judicial le ha requerido para que la fije". Y también ignora si la manifestación celebrada a la puerta del Juzgado en apoyo de la Juez de Paz fue convocada por la juez.

Otra funcionaria del juzgado ratificó que el traslado de sede se hizo en contra de la voluntad de la secretaria judicial, "que era la encargada de realizarla, y sin su presencia”. Recordó, eso sí, cómo al día siguiente de la mudanza, ya en la nueva sede, la secretaria intentó “mover una mesa de su despacho que había sido colocada Incorrectamente” y la juez se lo “impidió” manifestando que “ella era la juez de paz y debían tener cuidado con quien estaban hablando”. “La juez es muy malhablada. En una ocasión”, precisó, “dijo en sala a la secretaria que si podía ir a mear"; y en otra, “que le diera recuerdos a su prima, que es una hija de la gran puta”.

Tras estos testimonios, el instructor del expediente entendió que los hechos era constitutivos de “una falta grave del artículo 417,9º de la LOPJ, y dos faltas graves previstas en los números 5 y 10, respectivamente, del artículo 418 del mismo cuerpo legal” (abuso de autoridad).

De los actuado, la inspección del Consejo del Poder Judicial sacó sus propias consideraciones, las siguientes:

 1.- Que en fecha 25 de abril de 2011, Doña María Dolores de la Rosa Garruta, en su condición de Juez de Paz del Juzgado de Espartinas, autorizó, pese a no ser la competente para ello, el traslado de la sede el Juzgado en horario de tarde, en ausencia de la Sra. Secretario, Doña Rebeca Crehuet Olivier, la cual había acordado con los funcionarios municipales que dicho traslado se realizara en la mañana del día siguiente a su presencia y bajo su responsabilidad.

 2.- Que el día 26 de abril de 2011, y una vez en la nueva sede, al disponerse doña Rebeca Crehuet Olivier a cambiar la ubicación de su mesa de trabajo, la Sra. Juez de Paz se opuso a que lo hiciera vertiendo expresiones tales como que quién “coño” se había creído que era, y que la mesa no se movía porque lo dice ella, que es su jueza de paz y en el lugar se hace lo que ella dice; además de otras expresiones soeces de las que habitualmente suele hacer uso en público en la sede del juzgado ante funcionarios y profesionales y que constan explicitadas en los escritos de denuncia (en concreto, hacer petición pública de ir a “mear”).

 3.- Que en distintas ocasiones ha hecho clara ostentación pública de su cargo, y en otras (en concreto hallándose celebrando juicios de faltas y un acto de conciliación el día 12 de mayo de 2011) ha dejado patente en su actuación su amistad hacia alguna de las partes. 

4.- Que la sra. juez de paz no tiene fijado un horario de audiencia pública, pese a haber sido expresamente requerido para ello por la sra. secretario judicial, lo que dificulta la normal tramitación de los asuntos,  ante la imposibilidad que tiene esta última para realizar los señalamientos, al no conocer si la Juez acudirá o no ese día al Juzgado, ya que no lo hace con asiduidad, desatendiendo sus funciones.

 La inspección del Consejo concluyó que “los hechos referidos podrían ser constitutivos de distintas infracciones: en primer lugar, de una falta muy grave (...) puesto que no comparece con asiduidad al juzgado, y aun cuando manifestó a la Sra. secretario su voluntad de estar presente en todas las actuaciones, no ha fijado horario expreso de audiencia al público, pese a los requerimientos que a tal fin le ha dirigido ésta". Además, "su conducta descrita podría estar incardinada en la faltas grave tipificada en el número 5 del artículo 418 de la citada Ley Orgánica, que recoge como tal el exceso o abuso de autoridad, o falta grave de consideración respecto de los ciudadanos, instituciones, secretarios, médicos forenses o del resto del personal al servicio de la Administración de Justicia, de los miembros del Ministerio Fiscal, abogados y procuradores, graduados sociales y funcionarios de la Policía Judicial”. 

La fiscalía pidió para ella un total de 1.200 euros de multa por ambas infracciones. El Consejo no ha informado si ha resuelto o no aún este expediente.

 

Admitida la querella contra la juez Cillán por favorecer a un "amigo íntimo"

 

La Sala de lo Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha admitido a trámite la querella por delito continuado de prevaricación interpuesta por la Fiscalía de Madrid contra la juez Coro Cillán por su actuación en relación con la famosa discoteca madrileña Moma, 56. La fiscalía le imputa haber actuado arbitrariamente al otorgar un supuesto trato de favor a “un amigo íntimo” en el asunto de esta discoteca, que cayó en su juzgado, el número 43 de Madrid, estando ella de guardia.

Cillán es la juez de Madrid que durante los últimos años intentó reabrir, sin éxito, el caso de los trenes de la muerte de Atocha, el 11-M, a pesar de que ya estaba juzgado y sentenciado por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.

La admisión a trámite de la querella, de la que será informado el Consejo General del Poder Juidicial, no implica la suspensión inmediata de Cillán en sus funciones. Hasta  2011, el órgano de gobierno de los jueces tenía por costumbre apartar inmeditamente a un juez de su juzgado si un fiscal se querellaba contra él y la querella era admitida a trámite. Desde 2011, en cambio, el Consejo se ampara en la normativa que indica que la suspensión tendrá lugar solo cuando un tribunal entienda que “hay lugar a actuar” contra el querellado, bien emitiendo un auto de procesamiento o decidiendo sentarle en el banquillo. Pero no antes. Fue la norma que se aplicó en el caso del juez Garzón.  

Según la querella de la fiscalía, Cillán, estando de guardia el 21 de septiembre de 2011, asumió una denuncia de uno de los socios de Moma con otra otro. El denunciante pedía, como medida cautelar urgente, el precinto del local. Desde el primer momento, resalta el fiscal, la juez “se posicionó a favor de la parte denunciante, dictando una serie de resoluciones judiciales en beneficio de la misma, a pesar de ser consciente de que dichas resoluciones resultaban arbitrarias, inmotivadas, y sin la mínima base fáctica que las pudiera justificar”.

Reseña la fiscalía que Cillán, justo después de asumir la denuncia, “instó vehementemente de la fiscal que desempeñaba funciones de guardia, la emisión de un informe favorable a las pretensiones de la parte denunciante”. La fiscal, sin embargo, se opuso a dicha petición, al entender que antes era necesario una “comprobación de los hechos denunciados”, habida cuenta de que, además, “ya constaba otra denuncia" entre las mismas partes de la que habia conocido otro juzgado de Madrid, el 38.  Es decir, sobre ese tema “existía ya un pronunciamiento judicial de fondo en relación con las diferencias existentes entre denunciante y denunciado, toda vez que, en fecha 06/07/11, el mismo denunciante había interpuesto, y básicamente por los mismos hechos, otra denuncia contra el mismo socio denunciado, que recayó en el Juzgado de Instrucción 38, interesándose en aquella ocasión y como medida cautelar el lanzamiento de quienes ocupaban el inmueble donde la entidad MOMA desarrollaba sus negocios”.

El juez del 38, al que también se habían pedido medidas cautelares, sobreseyó el tema tras una exhaustiva investigación en la que llegó  “a la inequívoca conclusión de que la administración de hecho de la sociedad MOMA por parte del denunciado aparecía justificada".  Y que, en todo caso, las partes debían dirimir sus diferencias en la via civil. 

El fiscal señala que, aunque Cillán era consciente de la resolución del juzgado 38 y del informe desfavorable del fiscal”, y “sin practicar ninguna diligencia de comprobación complementaria” ni dar “audiencia a la parte denunciada” ordenó ese día el precinto de Moma y arrebató la administración al denunciado.

Le reprocha el fiscal a Cillán que, tras precintar el local, debió enviar la causa a reparto del Decanato, pues la misión del juez de guardia se limita a la adopción de la medida cautelar, pero no puede quedarse con el asunto, y menos aun si ya ha sido resuelto por otro juzgado. Aún así, y pese a que era “consciente de que carecía de competencia” ordenó  “a un agente judicial”, que había enviado el asunto a reparto, que lo “rescatara” con el fin de “incorporar las diligencias como un procedimiento más de su juzgado”.

La querella prosigue así: “El 22 de septiembre, es decir, al día siguiente de la guardia, levantó el precinto acordado, procediendo a decretar mediante auto la administración judicial de la sociedad, nombrándose para ello, sin dar audiencia al Ministerio Fiscal, a un administrador judicial, sin que el auto en que se acordaba medida de tal transcendencia estuviera mínimamente fundamentado”. “A pesar de que se vulneraron las normas de reparto y de que en cualquier caso debiera haberse inhibido a favor del Juzgado de Instrucción nº 38, como reiteradamente se le puso de manifiesto en numerosos Informes por parte del fiscal (…) la querellada", sostiene el fiscal, "continuó instruyendo el procedimiento, dictando providencia en fecha 30/09/11 en la que se nombró a tres administradores judiciales para que actuaran mancomunadamente”. Uno de ellos fue “don Francisco Javier Caballero Dotres, con el cual la magistrada”, dice la fiscalía,  “tenía una relación de íntima amistad; acordando, asimismo, por auto de 20/10/11, nombrar administrador único al Sr. Caballero Dotres, ante la renuncia de los otros dos administradores judiciales”. Llegó a fijar para él un sueldo de 18.000 euros al mes, que luego redujo.

Y no sólo eso: “la magistrada querellada ordenó la apertura en fecha 18/10/11 de una cuenta corriente en la sucursal de la entidad Banesto, sita en la Calle Capitán Haya nº 43, a fin de canalizar en la misma los ingresos y gastos derivados de la administración judicial, siendo la cuenta la nº 0030-1845-19-0001858271, figurando como titular de la misma la Entidad “MOMA 56 S.L., y como apoderado D. Francisco Javier Caballero Dotres; sin que haya constancia de que en el procedimiento instruido se reflejara documentalmente la apertura de la reseñada cuenta, así como los movimientos habidos en la misma”.

Finalmente, “con fecha 7/11/12, el mismo día en que tuvo conocimiento de que por la Fiscalía se requería de su Juzgado la remisión de testimonio completo de las actuaciones, dictó una providencia remitiendolas" al Decanato para reparto.  

Recuerda la fiscalía “la jurisprudencia del Tribunal Supremo”, que señala que el “delito  no se produce por la aplicación errónea del derecho sino por dictar, a sabiendas, una resolución injusta”. Y que tal injusticia "puede derivar de razones de fondo, y también existirá cuando haya importantes defectos de forma o procedimiento”.

La fiscalía pide que se cite para declarar a la fiscal Soledad García Serrano; a la secretaria Sacramento Fernández Vivancos; a la también secretaria Celia García Moreno Carrobles; a Ángeles Añover López (gestor procesal del Juzgado de Instrucción nº 43 de Madrid); a Segundo Pérez García (gestor procesal del mismo juzgado); a Luis Quesada Carcelén, tramitador procesal del Juzgado de Instrucción nº 33 de Madrid; a la fiscal del Juzgado 43 Conrado Saiz Nicolás, y al denunciante que sufrió la supuesta arbitrariedad de Cillán.

 

El Tribunal de Madrid archiva por unanimidad las diligencias abiertas al juez Pedreira

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha archivado las diligencias que abrió al anterior juez instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, por no haber tramitado una cuestión de competencia negativa ante el Tribunal Supremo sobre sí debía ser él o sus colegas de Valencia quienes investigasen al exdirector general de Canal 9, Pedro García, en relación con su implicación en el saqueo de la visita del Papa en 2006 en Valencia, de la que la trama Gürtel logró un pelotazo de casi tres millones de euros.

La Sala de Gobierno (que preside Francisco Vieira y que integran también magistrados como la presidencia de la Audiencia de Madrid, Ana Ferrer; el juez decano, José Luis González Armengol, y el magistrado Antonio Viejo, entre otros) ha acordado archivar las diligencias. El volumen de la causa, una de las más densas en cuanto a informes y documentos de las que se tramitan en España, el hecho de que el asunto surgió cuando el TSJM había perdido la competencia sobre Gürtel en favor de la Audiencia Nacional y solo tramitaba lo urgente, aparte de que el citado asunto ha sido solventado sin problemas, son las razones que esgrime la Sala de Gobierno para archivar las diligencias informativas abiertas.

Estas diligencias fueron incoadas por Vieira el pasado 8 de marzo de 2012, después de que el Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional, el que dirige Pablo Ruz y que instruye ahora Gürtel, preguntase sobre al TSJM sobre esa cuestión de competencia.

La Sala de Gobierno indica en una nota: “Por unanimidad, la Sala de Gobierno del TSJ de Madrid, una vez conocidos los informes elaborados por la Sra. Secretario de la Sala de lo Civil y Penal de este tribunal, por el Juzgado Central nº 5 de la Audiencia Nacional y por el magistrado juez instructor de las diligencias previas 1/2009 de la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Madrid, considera, por un lado, que el planteamiento de la cuestión de competencia negativa ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo y la sustanciación de los trámites oportunos para darle curso vino a coincidir prácticamente en el tiempo con la pérdida de competencia de la Sala Civil y Penal del TSJM para el conocimiento de la causa”.

Y añade: “Y, por otra parte, considera también que lo voluminoso de las actuaciones, con las complicaciones añadidas que ello comporta en orden a preparar la causa principal y la ingente documentación para su remisión al órgano que resultó competente para continuar la instrucción, el Juzgado de lo Central nº 5 de la Audiencia Nacional, explica que no se aprecien motivos que aconsejen el alargamiento innecesario de las diligencias informativas incoadas el 8 de marzo, así como su archivo, máxime cuando la omisión padecida ha sido ya subsanada por el órgano que actualmente tiene atribuida la competencia”.