Ruz exige 317 contratos de la red Gürtel para la proyección pública de la presidenta Aguirre

El juez Pablo Ruz ha entrado de lleno en los actos que efectuó la trama Gürtel para el Gobierno de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, y de los que la trama que dirigía Francisco Correa obtuvo suculentas comisiones. A través de su exvicepresidente de Presidencia, Alberto López Viejo, quien se halla imputado y que, según informes policiales, cobró fuertes comisiones de la red, la trama organizó casi todos los actos protocolarios y de proyección pública de la presidenta Esperanza Aguirre entre los años 2004 y 2009. Cada vez que Aguirre inauguraba un hospital, como los de Valdemoro, Majadahonda o Coslada; colegios de la región, o asistía a eventos institucionales, detrás de los atriles y decorados, específicos para ella (Gürtel procuraba incluso que el colorido del escenario fuese acorde con el vestido que llevase ese día Aguirre), se hallaba la trama mafiosa y sus decenas de empresas.

En registros policiales efectuados en el local que la red tenía en la calle de Serrano, los agentes encontraron expedientes sobre esos actos y sus importes, hiperinflados. Algunos costaron casi el doble de lo que habría percibido cualquier otra empresa del mercado. Pero en ellos, supuestamente merced a las buenas relaciones entre López Viejo y la trama, solo podía meter mano la red de Correa.

El juez Ruz ha entrado ahora a saco en este tema. Y acaba de dictar un auto que ocupa 15 folios en el que reclama al vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, que le facilite los contratos y expedientes completos de 317 actos organizados o participados por Gürtel para el Gobierno regional, y en especial para su presidenta, Esperanza Aguirre. Pide, por ejemplo, que se le aporte el expediente de un viaje que giró Aguirre a Rumania en enero de 2006; otro que derivó en un vídeo de alabanza a la gestión de la presidencia; otro sobre un acto de la Bescam, policía local autonómica; otro relacionado con el ascenso del Getafe a primera división de fútbol, uno más sobre un convenio de colaboración por la igualdad de la mujer, así como decenas de actos de inaguración a las que asistió la presidencia regional durante esos años.

Tras la dimisión de su exvicepresidente López Viejo, Aguirre señaló que ella siempre estuvo al margen de la operativa de estos contratos, a pesar de que la trama fue la que le hizo durante seis años casi todos sus actos de proyección pública. La decisión de Ruz de entrar a saco en los actos de Aguirre supone un fenomenal avance en la instrucción de caso Gürtel, cuyos tentáculos abarcan varias comunidades autónomas (Madrid, Valencia, Andalucía, Aragón y Castilla y León). Las pesquisas sobre la trama de Madrid iban ralentizadas, pero ahora empiezan a tocar el corazón administrativo de las fechorías de Gürtel en el Gobierno regional de Aguirre, que, de momento, se ha saldado con la dimisión e imputación de López Viejo y de otros dos diputados de la Asamblea madrileña.

Ruz reduce de 600.000 a 200.000 euros la fianza para el jefe de la red Gürtel, que sigue preso

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha reducido de 600.000 a 200.000 euros la fianza que debe depositar el cabecilla de la red Gürtel, Francisco Correa, si quiere abandonar la situación de prisión provisional en la que se halla desde 2009. Desde su ingreso en prisión hace algo más de tres años, Correa ha pedido una decena de veces quedar en libertad, pero los distintos jueces instructores de la trama, o se la han negado o le han impuesto importantes fianzas porque no se fían de él y entienden que persiste el riesgo de fuga, dado que la policía sospecha que el jefe de Gürtel aun oculta mucho dinero en el extranjero. Solo en Suiza, su red escondía 23 millones de euros.

El juez Pedreira llegó a imponerle 15 millones de euros de fianza, que su abogado, José Antonio Choclán tildó de muy desproporcionada. El importe inicial de la fianza a Correa ha ido reduciéndose paulatinamente, hasta los 200.000 euros que ha fijado ahora Ruz, a medida que avanzan su periodo de reclusión preventiva. Sin juicio no puede estar en la cárcel más de cuatro años.

Correa es el único de los tres encarcelados de la red que sigue aun preso. Su número dos, Pablo Crespo, exsecretario de organización del PP de Valencia, quedó en libertad provisional hace dos meses tras pagar una fianza de 100.000 euros.  Y anteriormenete recuperó la libertad, también bajo fianza, el tercer cabecilla de la red, Antoine Sánchez, primo y testaferro de Correa.

Otros dos altos cargos de Canal 9, imputados por el saqueo de Gürtel en la visita del Papa

El juez Pablo Ruz acaba de dictar una resolución en la que imputa a otros dos altos cargos de la televisión pública valenciana Canal 9 en relación con el saqueo que sufrió la visita del Papa a Valencia en 2006 a manos de la trama Gürtel. Los dos nuevos imputados son  Luis Sabater Balaguer, jefe del departamento técnico de Canal 9, y Antonio de la Viuda, director de antena de este canal.

El juez les atribuye delitos de malversación continuada de caudales públicos, prevaricación y falsedad por sus gestiones a favor de adjudicar la instalación sonora y acústica de la visita papal a la empresa leonesa Teconsa, vinculada a la red Gürtel y utilizada como pantalla para esta operación a cambio de 200.000 euros.  El contrato fue adjudicado a Teconsa por 7,5 millones de euros, pero casi la mitad del dinero se lo repartieron los cabecillas de la trama. Ya que los trabajos fueron subcontrados a otras empresas, que los hicieron por la mitad de ese dinero.

La imputación de Sabater y De la Viuda se produce después de la reciente declaración que prestó también como imputado Pedro García, máximo responsable del ente público valenciano cuando se efectuó la adjudicación del contrato, y quien supuestamente habría facilitado la operación a Teconsa, empresa sin ninguna experiencia en ese tipo de trabajos, en connivencia con los cabecillas de la red mafiosa, con los que mantenía una estrecha vinculación. Informes policiales señalan que García obtuvo una tajada de 500.000 euros de este contrato.  

El juez Ruz también ha imputado al empresario Carlos Fragio en relación con esta fraudulenta contrata. Le imputa un delito contra la Hacienda Pública. Fragio es uno de los empresarios responsable de dos de las empresas que finalmente hicieron ese trabajo. Hace unos días, uno hermano suyo, Óscar, declaró ante Ruz que pagó una comisión de 88.000 euros al número dos de la red, Pablo Crespo.

El derecho a la información, ¿una utopía?

La Audiencia de Madrid mantiene imputada a la periodista de la Cadena Ser Pilar Velasco por revelar un secreto (un viaje oficial) de Ignacio González, el todopoderoso número dos de Esperanza Aguirre en el Gobierno de Madrid. A González se le ocurrió viajar a Cartagena de Indias con dos altos cargos del Canal de Isabel II y ¡mire usted por donde! unos malvados detectives españoles siguieron sus pasos por la calle y le grabaron entrando en un piso con unas bolsas y saliendo después sin ellas. Punto.

Aunque a  bote pronto asaltan dos preguntas: una de ellas trata de despejarla el juez Carretero: imputados los detectives falta saber quién les contrató, a ellos; las miradas no enfocan lejos de su entorno presente y pasado.  La otra inquietud es qué había en esas bolsas, opacas: quizás unos zapatos, libros…

Lo cierto es que Pilar Velasco tuvo acceso al vídeo de la caminata y lo divulgó. Era la prueba periodística incontestable de que alguien había grabado en Colombia al segundo que más manda en el Gobierno de Aguirre. Sorpresivamente el derecho constitucional a la información, veraz, decae ahora ante el de imagen e intimidad de un político en viaje OFICIAL.

Desde ya renuncio a escribir noticias impertinentes. No quiero inquietar a nadie; y menos a un político que maneje dinero público.  Y si a alguien se le ocurre ofrecerme un vídeo del viaje (OFICIAL) de Ignacio González paseando con bolsas que desaparecen tras entrar en un edificio de Cartagena de Indias, se lo tiraré a la cara, educadamente.  González trataría de entrullarme, como con Pilar Velasco. A estas alturas solo acepto vídeos previamente depurados y edulcorados.  Sería fantástico quemar todos los vídeos inquietantes de políticos en viaje OFICIAL y divulgar solo los de la hemeroteca del NO-DO.

Pero no quiero líos, señores. Vídeo es sinónimo de caérsele a uno el pelo. Da igual que el juez Carretero (sí, el que investiga a Sor María, la monja que  decidía si una parturienta era digna de quedarse con su bebé), haya dictaminado que la periodista solo hacía su trabajo, es decir, exhibir la prueba de que a González lo espiaban. O mostrar a la ciudadanía que González, aun en viaje oficial, se vale él solito para llevar con sus manos sus propias bolsas. Lo que fuera en ellas es irrelevante (y nada presupongo). Es irrelevante si lo espían y el contenido mismo de las bolsas. La noticia es que él lleva sus propias bolsas por la calle sin ayuda de nadie, y cómo estas se evaporan en el santiamén de entrar y salir de un bloque de pisos. No acercamos sin darnos cuenta al terreno de la magia.   

Pero les decía antes que yo me doy de baja.  Uno ya tiene edad como para tentar la cárcel, o el banquillo de los delincuentes, y menos por dos simples bolsas. Me acuerdo de los portadores de bolsas de la trama Gürtel y me pregunto si han servido de algo los cientos de horas que pasé tras ellos. Y les confieso que revelé secretos, pero no me arrepiento. Las arcas son públicas. De todas formas los de la Gürtel no habrían podido llevar bolsas por la calle, pesaban demasiado. Sin tener ni idea, alocadamente, algunos del PP se hartaban de decir que Rubalcaba, el malo, era el filtrador de Gürtel. A El País.  ¿Quién no ha oído eso?  Es impresentable cómo se habla desde la ignorancia. Aún así, quien les escribe aguantó las embestidas. Y trabajó a deshoras.

Pero señores, insisto, yo me doy de baja. Porque lo de la Audiencia de Madrid, empurando a Pilar Velasco, no tiene perdón de Dios. Que jueces como Juan José López Ortega y Mario Pestana, de acreditada solvencia progre, quieran enjaular a mi colega porque se le ocurrió revelar el secreto de un vídeo hecho por otro y acerca de otro (un político en viaje oficial) que iba en plena calle con bolsas de plástico que se esfuman tras visitar un edificio, disuade almas. Pero aquí no hablamos de secretos, solo de magia.

Una cuestión para debatir: ¿Estamos ante un retroceso de la jurisprudencia constitucional que da prioridad al derecho a la información sobre el de la imagen e intimidad?

El hombre que se vio sin casa y sin hija, ¿un caso para indemnizar?

 

José G. L. ha pedido una indemnización al Estado de un millón de euros por los tres amargos años que pasó. De repente, se vio sin casa y sin hija. Su expareja sentimental le puso una denuncia por violencia de género (injurias y vejaciones) y, como medida cautelar, el juez le echó de su propia casa (orden de alejamiento). La casa era suya, pero el magistrado valoró la existencia de una hija menor de la pareja y dictaminó que él debía irse y quedarse la madre y la niña. Muchos meses después, salió absuelto de todo. Y quiso volver a su vivienda, pero se topó con la justicia y sus largas demoras. Su mayor sorpresa fue cuando descubrió, por unas pruebas de ADN, que la hija que creía suya no lo era.

Los hechos son los siguientes:  Francisca P.L., expareja sentimental de José, interpuso en abril de 2007 una demanda reivindicando la guardia, custodia y pensión de alimentos, y la casa como hogar de la menor. Simultáneamente, solicitó medidas provisionales urgentes. Al juzgado se le olvidó hacer la comparecencia necesaria para decisiones así. El 6 de mayo de 2007, ella le denunció por un delito de violencia de género (insultos).  El Juzgado de Instrucción 4 de Getxo incoó diligencias urgentes, también por delito. José G. L. explicó al juez que “la denuncia no obedecía a otro motivo que el retraso en la adopción de las medidas provisionales” y que su expareja había activado torticeramente esa vía urgente para “colocarse en una posición más favorable en la contienda judicial”.  El  7 de mayo de 2007, el juez le ordenó “abandonar de manera inmediata su domicilio”.  

A instancias del fiscal, en agosto de 2007 se practicó a ambos miembros de la pareja un examen psicológico. La denunciante describió “un cuadro depresivo”, mientras que el denunciado evidenció “normalidad en todos los ámbitos de la vida”.  El 21 de enero de 2008, la fiscalía logró del juez que considerase los hechos como una falta de injurias. Por entonces,José G. L. llevaba nueve meses fuera de su domicilio.  El juicio por la falta se celebró finalmente el 17 de julio de 2008. El juzgado le condenó “a la pena de 8 días de localización permanente y a que indemnizara a la denunciante en la cantidad de 500 euros”.  

José G. L. recurrió, y la Audiencia Provincial de Vizcaya le dio la razón y le absolvió: “[En] el caso presente”, dictaminó la Audiencia, “no resulta siquiera necesario entrar a examinar si las relaciones entre las partes, de las que cada una da una pormenorizada y compleja versión en los escritos de recurso y de oposición, permiten considerar la concurrencia de un móvil espurio en el testimonio de la denunciante, pues para solucionar la presente controversia basta atender a la circunstancia de que la sentencia no recoge indicio ni hecho alguno que constituya corroboración periférica de lo que afirma la denunciante.  Se trata de unos supuestos insultos (…), de modo que la sentencia apelada prefiere su versión antes que la del denunciado sin ningún motivo objetivado, convirtiendo la resolución judicial en mero ejercicio de arbitrio cuya fundamentación no aparece en la misma”.

Para entonces, José G.L. llevaba 1 año y 7 meses expulsado de su casa. Y la contienda seguía. Receloso de su expareja, se hizo una prueba de ADN y la cotejó con la de quien creía su hija. Descubrió que no lo era, y dejó de pagar la pensión de alimentos. Su expareja le denunció también por eso. Y el asunto recayó en el mismo juzgado que había acordado su expulsión de la casa, preferente al disponer de competencia en materia de violencia sobre la mujer; y el juez acabó dándole a ella la razón: concurria  impago de la pensión.

José G. L. apeló ante la Audiencia de Vizcaya, que revocó la sentencia y le dio la razón a él. La menor no era su hija y no estaba obligado a pagar. Su expareja recurrió al Tribunal Supremo, sin éxito. Pese a que había ganado todos los juicios, el juez mantuvo el caso abierto. Estuvo en la calle, tras otros recursos de ellas oponiendonse al lanzamiento, hasta el 10 de marzo de 2010, es decir, casi 2 meses después de la fecha prevista del primer lanzamiento, 9 meses más tarde de solicitarse la ejecución provisional, 14 meses después de haber solicitado la terminación del procedimiento, y casi 3 años después de que se dictase la “injusta” resolución, por la que se le obligaba a  abandonar su domicilio.

El Poder Judicial ha analizado el caso de José G. L.  y  no le ha dado la razón. No porque no la lleve, sino porque señala que, entre sus funciones, no está la de corregir decisiones judiciales. Los jueces son independientes. Y frente a sus errores existe el mecanismo del recurso. Y que un error judicial solo pueden calificarlo las instancias superiores de los jueces, no el Consejo. Tampoco ve el poder Judicial que en estas diligencias concurran dilaciones indebidas en su tramitación. Entiende que han sido prolijas las resoluciones y que no ha habido interrupciones.

Concluye el Poder Judicial, en una ponencia del vocal Claro José Fernández Carnicero, que no cabe calificar de injusto el auto mediante el que José G. L. fue expulsado de su casa: “El Consejo General del Poder Judicial carece de facultades para examinar el acierto o desacierto de las resoluciones judiciales. La cuestión planteada no se sitúa en el ámbito del funcionamiento normal o anormal de la Administración de Justicia, sino en el estricto ámbito del ejercicio de la potestad jurisdiccional”.

La decisión del Consejo del Poder Judicial no es vinculante para el Ministerio de Justicia, que es quien paga, o no. ¿Creen ustedes que José L. G. debería ser indemnizado?

El Consejo ve negligencia judicial en el asesinato de Asier Lavandera

 

La familia de Asier Lavandera, el joven de 21 años asesinado el 16 de enero de 2010 de cinco cuchilladas a la salida de la discoteca Mao Mao, de Lekunberri (Navarra), tenía razón. Si su asesino, Sergio Fernández Ramos, de 22 años, hubiese estado donde debía, en la cárcel, Asier seguiría hoy vivo. El criminal estaba libre por un error judicial. El Consejo General del  Poder Judicial ha dado ahora la razón a los padres de Asier y considera que en este caso “se produjo un funcionamiento anormal de la Administración de Justicia” que debe ser indemnizado.

Los padres reclaman al Estado 300.000 euros por la negligencia judicial que propició la muerte de Asier (en la foto). Y es que aquel fatídico 16 de enero, sobre Sergio Fernández pesaban ya dos condenas de cárcel y debía estar entre rejas. Una primera de cuatro meses de cárcel que el juez se la había dejado en suspenso bajo la condición de que no volviera a delinquir en un periodo de dos años; y una segunda, posterior en el tiempo, de otros dos años de prisión por robar bajo intimidación a un menor de edad. Ambas condenas las había dictado el mismo juzgado, el Penal número 2 de Pamplona.

¿Por qué estaba libre este delincuente? Los cuatro meses de cárcel por las lesiones quedaron en suspenso al entender el juez que Fernández Ramos carecía de antecedentes y que la condena era pequeña. Eso sí, su ingreso en prisión sería inmediato en cuanto tuviese otra condena dentro del plazo de dos años. Si, como ocurrió, volvia a delinquir, entonces cumpliría lo cuatro meses y la pena que llevase aparejada el nuevo delito.

Justo tras ser condenado por robar al menor, el juez debió revocar la suspensión de la condena y enviarle a prisión para cumplir por ambos delitos. Pero, por olvido o lo que fuese, no lo hizo. Y es que la segunda sentencia condenatoria, la de los dos años, quedó firme el 5 de octubre de 2009, dentro del periodo de dos años en los que no podía delinquir. Consecuencia: tres meses después, el 16 de enero de 2010, asesinó a Asier Lavandera a las puerta de Mao Mao.

Es habitual que los jueces dejen en suspenso una condena inferior a dos años si hay voluntad de resarcir a la víctima y el sujeto carece de antecedentes. Pero lo anormal es no revocar de inmediato la libertad a un reincidente. Esa anormalidad la pagó Asier con su vida.

La indemnización definitiva, que tiene luz verde del Poder Judicial, debe fijarla y abonarla el Ministerio de Justicia, que tiene sus propios baremos económicos para este tipo de errores. La muerte de Asier causó gran conmoción en el barrio Altza (San Sebastián), donde sus padres regentan el Bar El Quijote.

La Guardia Civil tumba el bulo de la chatarra del 11-M

 

Uno de los trenes que estallaron el 11-M. Foto:  El PAÍS

La Guardia Civil no ha hallado ninguna irregularidad en los restos de uno de los trenes del 11-M  descubiertos en el taller de Tafesa (la empresa que se encargó de la reparación de los convoyes destruidos por las mochilas/bomba de Atocha). Se trata de la chatarra procedente del tren que explotó en la estación de Santa Eugenia. Este hallazgo, aireado por el diario Libertad Digital, dio alas a los abanderados de la llamada teoría de la conspiración y, además, propició que el actual fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ordenara a la Fiscalía de Madrid que investigase esa “notitia criminis”  y dictaminase si había alguna ilegalidad en torno a ese hallazgo.

La Guardia Civil ya ha elaborado el atestado sobre esos restos y lo ha entregado a la Fiscalía de Madrid, que tiene previsto analizar su contenido y elaborar su propio informe para elevarlo a quien lo demandó, Torres-Dulce. Según fuentes cercanas al instituto armado, el informe descarta que, como sostienen los conspiranóicos, se trate de restos escondidos allí para ocultar pruebas del 11-M. Al contrario, apunta a que fue Renfe la que, tras el oportuno permiso judicial, los depositó allí por si podían tener alguna utilidad futura dado que es la propietaria de los mismos. Los agentes no entran en valoraciones y se limitan a aportar datos y fechas de cómo, cuándo y por orden de quién llegó allí esa chatarra, y lo ocurrido con ella desde entonces. Aunque de estos datos, señalan fuentes conocedoras del mismo, se desprende que no hubo ninguna irregularidad.

Tras este hallazgo, los seguidores de la teoría conspirativa del 11-M insinuaron que fue la policía o el propio juez Del Olmo (el que investigó los atentados) quienes habrían ordenado mantener esos restos allí para ocultar pruebas de los explosivos. Y pedían, una vez más, la reapertura judicial del caso de los trenes de la muerte. “Llama la atención que no se hiciera ningún estudio de los mismos o, en caso de que se hiciera, que se haya mantenido oculto”, señalaban. Los defensores de esta teoría mantenían que los que trataron de ocultar pruebas fueron los que ordenaron desguazar los vagones, a pesar de que, antes de hacerlo, se tomaron de ellos todas las pruebas para analizar el explosivo utilizado. Existe un informe que puede consultarse en la web de El PAÍS. El informe de la Guardia Civil echa por tierra estas especulaciones. Los restos estaban allí con las autorizaciones pertinentes y nada se ocultó.

El hallazgo de esta chatarra es otro de los intentos de los afectos a la teoría de la conspiración (consistente en que detrás de los atentados del 11-M no solo estuvo ETA sino que también hubo una confabulación de policías y guardias civiles para desalojar del poder al PP) con vistas a reabrir el atentado de los trenes de Atocha. Al menos ha habido media docena de intentos de reabrir este caso, pero ni el exjuez instructor del 11-M Juan del Olmo ni los magistrados de ese tribunal Javier Gómez Bermúdez, Alfonso Guevara y Fernando García Nicolás vieron motivos para volver a abordar un tema juzgado y sentenciado por la Audiencia Nacional y por el Tribunal Supremo.

A ellos se unieron recientemente otros tres jueces de la Sección 17 de la Audiencia de Madrid, que acordaron cerrar las diligencias que durante dos años mantuvo abiertas la juez de la plaza de Madrid Castilla Coro Cillán al hilo de una querella presentada por la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M contra el excomisario de los Tedax a cuenta de la supuesta desaparición de restos de explosivos.

El informe de la Guardia Civil instado por Torres-Dulce también da al traste con este último intento de mantener el bulo del 11-M a cuenta de una chatarra que, a juzgar por los agentes, nadie ocultó.

 

 

Sofismas de juzgados

El Consejo del Poder Judicial se ha metido en un berenjenal.  El informe que ha elaborado en secreto  y por su cuenta (sin que nadie se lo pida) y que plantea reducir a menos de la mitad los 431 partidos judiciales de España barrunta incendios en numerosas ciudades españolas. Pocas  aceptarán de buen grado que de la noche a la mañana se esfumen sus tradicionales juzgados y que sus vecinos se vean forzados a desplazarse decenas de kilómetros hasta otra localidad para, por ejemplo, acudir a un juicio. Como testigo o como acusado. Incluso si es detenido, más largo se haría el trayecto en el claustrofóbico furgón policial.

No parece que este cambio de modelo de la demarcación judicial (el pregonado eufemismo institucional que oculta el hecho cierto de que muchas ciudades dejerán de tener sus propios juzgados) sea pacífico. Aun subsisten las típicas rivalidades entre localidades similares en población, donde a buen seguro se levantarán gritos contrarios a que otra ciudad le arrebate el servicio público que creía ganado hace lustros. Porque no es lo mismo tener el juzgado en la propia localidad y tardar una hora en una gestión judicial que verse uno obligado a desplazarse decenas de kilómetros hasta otra y perder una mañana entera.  Ni siquiera los gastos de abogados son iguales. Los viajes, propios o del letrado, también se pagan. En pequeños pueblos recónditos, además, el juzgado también son los funcionarios, sueldos fijos. Y despachos jurídicos en los aledaños. Agrupando juzgados (la idea es un mínimo de ocho por cabecera judicial), el Consejo ve factible ahorrar funcionarios. ¿Cómo? Amortizándolos. 

El Poder Judicial se está esforzando en vestir todo este tema de sofismas y mejoras, pero a nadie escapa que el leitmotiv no es otro que la crisis; que no hay dinero para sostener el actual modelo.

La portavoz del  Poder Judicial, Gabriela Bravo, insistía ayer en que no se suprimirá ningún juzgado y que la idea es aglutinarlos en cabeceras más potentes, lo que permitiría, aventuró, tener más jueces y menos funcionarios. Pretende el Consejo que los actuales partidos judiciales, diseñados en 1982 para atender comarcas con un mínimo de 50.000 habitantes,  asistan ahora a no menos de 100.000 personas.  Y para ello, provincias como la de Granada, que ahora dispone de nueve cabeceras judiciales, reduzca a tres sus sedes. Cuando dice que no se eliminarán juzgados, Bravo se refiere a que existe la posibilidad de que algunas poblaciones conserven algún juzgado específico aunque deje de ser cabeza de partido judicial.

Sea como fuere, esta redefinición judicial (que Gallardón considera está en la línea de la que, por su lado, ya prepara su ministerio con expertos propios), de momento ha originado un gran revuelo en numerosos pueblos, y desatará rencillas. Aunque a Gallardón quizás le venga bien que las primeras bofetadas  se las lleve el Consejo, que a fin de cuentas nadie le había llamado a este entierro (de juzgados).

El juez descubre que sor María falseó la inscripción en el registro de un bebé robado

 

Sor María, tras negarse a declarar ante el juez Carretero el pasado día 12. / Cristóbal Manuel.

 

   El caso de Sor María, la monja imputada por robar un bebé a su madre en la extinta maternidad del madrileño hospital de Santa Cristina, puede llevar a esta religiosa, de  87 años, al banquillo de los acusados por delitos de detención ilegal y falsedad. El juez Adolfo Carretero, titular del Juzgado de Instrucción 47 de Madrid, ha pedido al Registro Oficial que le facilite el expediente de adopción de Pilar, la cría que en 1982 sor María arrebató supuestamente a su madre a las pocas horas del parto para entregárselo a un matrimonio sin hijos de Madrid. Pero ya dispone de un avance de ese expediente, facilitado por el padre adoptivo, Álvaro, que está plagado de irregularidades y embustes, según fuentes cercanas al ministerio público.

No se descarta, pues, que las pesquisas por el robo de Pilar, que hoy tiene 30 años de edad, salpiquen incluso al funcionario del Registro que sin más comprobación creyó a pie juntillas los falsos datos que le facilitó la religiosa. El juez Carretero dispone de parte de ese expediente, pero necesita el auténtico y completo, el oficial, para estructurar la imputación que ya pesa sobre la religiosa por delitos de detención ilegal y falsedad en documento público.

Sor María Gómez Valbuena, nombre de la religiosa, le quito el bebé a María Luisa Torres en 1982 y se fue al Registro de Inscripción de adopciones y nacimientos. Alli mintió y ocultó datos. La casilla del expediente donde se preguntaba si el bebé tenía madre conocida está en blanco. El embuste brilla también en la casilla que fundamenta la fulminante adopción de la cría: la madre ha dado a luz y ha desaparecido, engañó la religiosa al oficial del registro.

Fue lo mismo que comentó la monja a los padres adoptivos de Pilar, una joven que tras años de intensa búsqueda de sus raíces por fin encontró a su madre biológica, María Luisa Torres, hace apenas un año. Su padre adoptivo siempre la acompañó y respaldó en la búsqueda. Al cumplir los 18 años, en la mente de Pilar explotó en ella un imborrable deseo de conocer a su madre biológica. Ya están juntas.

Madre e hija biológicas desfilaron recientemente ante el juez Carretero para prestar declaración.  Pilar explicó al juez Carretero, miembro de  la moderada Asociación Francisco de Vitoria, que desde que tuvo uso de razón siempre le dijeron que su madre biológica la abandonó al nacer y que se “dedicaba a la mala vida”.  Eso es lo que le transmitieron a ella sus padres adoptivos porque esa fue la única referencia que les dio a ellos sor María de la madre biológica. María Luisa, por su lado, no fue muy clarificadora cuando el juez le preguntó si en algún momento había dado pasos para buscar a su bebé. María Luisa confesó que nunca lo hizo por miedo a represalias de la religiosa. En este caso, fue Pilar quien halló a su madre María Luisa.

Si el expediente oficial de adopción ya reclamado al Registro a instancias de la Fiscalía coincide con el facilitado al juez por el padre de Pilar, el delito de  falsedad ya estaría acreditado, según los citados medios. Como acreditado jurídicamente parece estar que fue Sor María quien dio los datos falsos de la menor al Registro. El delito de detención ilegal es otra de las evidencias que estructuran las diligencias. El padre adoptivo, Álvaro, conserva aún las facturas que pagó por la niña y en concreto a Sor María. La anestesia aplicada a la madre en el parto, los cuidados sanitarios de ambos, pañales… Total, unas 100.000 pesetas de la época pagó Álvaro a Sor María por aquel bebé. Y no es solo el padre quien apunta a sor María como la persona que le entregó el bebé: la madre biológica también sostiene que fue esta religiosa quien le arrebató a ella su bebé nada más darlo a luz bajp el pretexto de que ella ya tenía una hija, que carecía de medios y que no podría atender a ambas.  

El juez citó como imputada a la religiosa el pasado día 12. Sor María se negó a declarar, si bien por la tarde hizo público un comunicado en el que negaba ser la intermediaria de aquella adopción. El juez le mantuvo la imputación y ahora está en la fase de búsqueda de más pruebas. Pese a la gravedad de los delitos no le ha impuesto ninguna medida cautelar. Su elevada edad pesa, aunque, si se confirman lo que ya parecen evidencias, puede acabar en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Madrid. Tener 87 años no excluye a un penado de, en su caso, ir a la cárcel y menos aun de afrontar con sus bienes una eventual condena por responsabilidad civil, indemnización.

En estos casos de logenvidad del reo, la ley deja en manos de los jueces el bloqueo de la pena de cárcel. El juez “podrá”, dice la ley, exonerar del cumplimiento de la pena en un centro penitenciario y dictaminar que la purgue en su casa en función de la avanzada edad del condenado.  Pero aun así, eso no evitaría que sor María pisase la cárcel al menos mientras se resuelve el papeleo de la excarcelación si finalmente hubiera una condena, siempre según los citados medios jurídicos.

El juez Carretero, hijo del expresidente del Tribunal de Cuenta de España del mismo nombre, de talante conservador, es el primer magistrado español que abre diligencias por uno de los robos de niños en  la década de los ochenta. La Fiscalía General del Estado acumula 200 denuncias de madres e hijos que fueron separados inmediatamente después del parto y que pugnan hoy por el reencuentro. Por saber donde están sus hijos, o madres.

Están proliferando frente a los juzgados de plaza de Castilla, donde tienen su despacho el juez Carretero, las manifestaciones de madres bilógicas que reclaman al juez que asuma también el robo del resto de bebes desaparecidos.  No parece, según los citados medios del ministerio público, que el magistrado pretenda abrir en su juzgado una causa general por los robos de bebés que sacudieron algunas maternidades del Madrid de la década de los ochenta. En este caso, la víctima, Pilar, y la supuesta autora del delito, sor María, están localizadas. Hay autor conocido y delito.

Sor María estuvo durante más de 30 años como asistente social en la maternidad del desaparecido hospital de Santa Cristina. Allí recibía a matrimonios que querían adoptar niños. Por entonces, regentaba centros de acogida para embarazadas a las que trataba de convencer para que le entregaran a sus bebés. E incluso engañó a algunas madres diciéndoles que sus hijos habían muerto. La imputada Sor María pertenece a las Hermanas de la Caridad, orden en la que aparecen acusadas más religiosas por desaparición de bebés en otros puntos del Estado español.

Los principales obstáculos que enervan las investigaciones que desarrollan fiscalías de toda España por 200 denuncias de robos de bebés en hospitales españoles son el tiempo transcurrido desde el hecho y la ausencia de pruebas incriminatorias. También ha de sortearse el fantasma de la prescripción del delito. Son delitos cometidos hace unos 30 años. En el caso de Pilar, esa traba la franquea el artículo 132, párrafo segundo, del Código Penal, que establece que, cuando la víctima es un menor, la prescripción del delito contra la libertad de las personas (detención ilegal se imputa a sor María) empieza a computar a partir de que aquel alcance los 18 años, mayoría de edad.

 Más difícil sería saltarse la prescripción del delito, opinan expertos en derecho, en caso de que el juez hallara responsabilidad y complicidad con sor María en el funcionario del Registro que anoto los mendaces datos que ella le facilitó. Salvo que, en una interpretación extensiva de la norma, se aplicase conexidad de los tipos en la acción antijurídica. Todo ello sin contar otra dificultad añadida: localizar  el nombre del funcionario, y donde se halla hoy, que anotó tan mendaces datos sin una mera comprobación y el único testimonio de sor María.

Para evitar mercadeos de niños, hoy las adopciones las controla un organismo oficial bajo la supervisión de las fiscalías provinciales. Ni siquiera una madre biológica puede decidir a su antojo la entrega en adopción de su vástago. Hay una bolsa oficial de familias aspirantes a una adopción y es este organismo el que, con sus respectivo equipos de psicólogos, y ante la mirada de los fiscales, dictamina qué familia reúne los requisitos y es la candidata adecuada para quedarse un bebé o niño abandonado.

El juez cree que Blanco Balín cobró comisiones de la visita del Papa a Valencia

 

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, instructor del caso Gürtel,  ha decidido mantener la imputación que pesa sobre Ramón Blanco Balín al entender, de acuerdo con lo que mantiene la Fiscalía Anticorrupción, que pudo cobrar comisiones ilegales de la visita del Papa a Valencia en 2006. Blanco Balín, ex consejero delegado de Repsol, está considerado por la policía y los jueces como el cerebro del blanqueo de capitales de la trama Gürtel en el extranjero. Además, también está imputado en el asunto de la visita del Papa a Valencia por presuntos delitos contra la Hacienda Pública y otros de falsedad.   

El caso de la visita de Benedicto XVI a Valencia, de la que la red que dirigía Francisco Correa logró una tajada de casi tres millones de euros, obtenidos del presupuesto de 7,4 millones que libró la televisión pública valenciana Canal 9 en la adjudicación a la empresa leonesa Teconsa de las instalaciones acústicas y sonoras para la retransmisión mundial del evento, es una de las piezas separadas surgidas del tronco principal del sumario que existe sobre esta red mafiosa.  

Los cabecillas de Gürtel, en connivencia con el ex director general de Canal 9, Pedro García, otro de los imputados,  lograron la  adjudicación del evento a la empresa amiga Teconsa y, supuestamente, se repartieron casi tres millones de euros. Todo un saqueo. Y es que Teconsa, que no tenía ninguna experiencia en ese tipo de instalaciones, subcontrató el montaje con otras empresas. Unas y otras emitieron facturas falsas para camuflar las comisiones. Blanco Balín es uno de los implicados en este asunto por su vinculación, no ya solo con Teconsa, sino con la firma Castaño Corporate, SL, que también intervino en la emisión de facturas falsas relacionadas con el montaje del evento.

El juez le tomó declaración como imputado en este asunto el pasado 27 de marzo. Ante Ruz sostuvo que no tenía ningún cargo en Teconsa en el momento de la adjudicación de la visita papal y que no tuvo nada que ver con el evento papal. Posteriormente, pidió a su abogado que demandara al juez la revocación de su imputación.  El juez Ruz, en un auto que tiene fecha del pasado 16 de abril, le mantiene la imputación y señala, basándose en el escrito de  la Fiscalía Anticorrupción que se opone al archivo  de la causa respecto a Blanco Balín: “(…) Sin perjuicio de lo que pueda resultar del avance de la investigación,  la imputación que se discute se deriva, no solo de la condición de apoderado de Ramón Blanco Balín en la sociedad castaño Corporate, SL, sino que, como resulta de lo hasta ahora actuado, su intervención pudo extenderse al cobro de cantidades procedentes de la adjudicación por la televisión Valenciana, S.A., del contrato para la retransmisión del V Encuentro Mundial de las Familias, que tuvo lugar en Valencia los días 7, 8 y 9 de julio de 2006, bien directamente o bien a través de alguna de las sociedades en las que participa (por ejemplo, Castaño Corporate, S.L.)”.  Esta firma es una de las que contribuyeron a borrar las huellas de parte del dinero entregado por Canal 9 para las citadas instalaciones.  Blanco Balín explicó al juez que desde 2005 es socio (con un 30% de las acciones) de Castaño Corporate y apoderado desde 2008. Y se ha desvinculado de los 240.000 euros no declarados al fisco que esta sociedad facturó a Teconsa por asesoramiento en 2006 y que se sospecha tienen relación con la visita de Benedicto XVI.