CIE, los "Guantánamos" españoles

Esta entrada se publicó el 20 de junio de 2011. A día de hoy la situación sigue exactamente igual, y no cambiará seguramente hasta que el nuevo gobierno entrante se decida a enfrentarse con ella, cosa que puede llevarle bastante tiempo. El esfuerzo de las 18 organizaciones que han logrado recuperar el apoyo de otras 200 más parece disolverse en la indiferencia de los gobernantes, y de la oponión pública que, de nuevo, ha tenido en sus manos la posibilidad de cambiar una situación injusta y no lo ha hecho.

La reclusión forzosa de inmigrantes sin papeles en los llamados Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) es, muy posiblemente, la manifestación más humillante del fracaso de nuestro modelo migratorio. Un bochorno que se fundamenta en una Directiva aprobada por la UE en 2008, según la cual los Estados miembros tienen la capacidad legal de retener a los inmigrantes indocumentados un máximo de 180 días, hasta que se resuelva su deportación o sean puestos en libertad cuando esto no sea posible.

Repartidos por diferentes ciudades españolas, los CIE se parecen a una penitenciaría en todo menos en el nombre. Se priva de libertad a trabajadores decentes que han cometido una falta administrativa, mezclándolos en muchos casos con delincuentes reales. Se humilla a los internos y a sus familias con regímenes de visitas en los que un hombre no puede ni siquiera abrazar a su esposa. Se utiliza la desinformación como una herramienta de castigo y un modo de incrementar la angustia de personas que pueden ser deportadas en pocos días sin haber podido dejar resueltos asuntos fundamentales, como la situación de un hijo. 

A pesar de que el Ministerio del Interior ha impedido de forma sistemática el acceso de organizaciones de derechos humanos a estos recintos, la información filtrada por internos y familiares -así como por decisiones judiciales recientes que fuerzan cierta transparencia en algunos centros- muestra un panorama profundamente inquietante: palizas, castigos arbitrarios, registros intempestivos en plena madrugada o traslados y deportaciones súbitas sin información adecuada. La atención sanitaria es insuficiente y los funcionarios de policía se resisten a menudo a ir visiblemente identificados, de modo que resulta difícil exigir después responsabilidades.

Alarmadas por esta situación, más de 300 organizaciones sociales de nuestro país presentaron la pasada semana la campaña "Que el derecho no se detenga a la puerta de los CIE". Se trata de una coalición improbable de organizaciones religiosas, jurídicas y humanitarias que están peleando con uñas y dientes para introducir algún sentido común en esta chifladura moral. Su punto de partida es simple: los inmigrantes sin papeles no son delincuentes ni animales, y no deberían ser tratados como tales. No se trata de posiciones ideológicas: con independencia de lo que pensemos cada uno sobre la inmigración y los inmigrantes, existen límites fundamentales que una sociedad decente no puede ignorar, y el Ministerio del Interior lo hace de manera sistemática, riéndose de paso de las organizaciones que lo denuncian. El Secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, ni siquiera ha tenido interés en contestar a una sola de las cartas que le han enviado los responsables de esta campaña.

Apóyenles. Entren en su web, firmen a favor de esta campaña y demuestren que la dignidad moral de nuestra sociedad está por encima de la de la mayor parte de nuestros representantes políticos, que han permitido con sus votos y su desinterés que España se haya poblado de esta especie de Guantanamitos locales. Y recuerden que el Ministro del Interior 'Rubalcaba' también es el candidato 'Alfredo' a la presidencia del Gobierno. Si este es el tipo de liderazgo que va a ofrecer, le deseo una jubilación temprana y placentera, amarrado a su pasaporte.

 

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[Publicado por: Latest News]

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