Esta entrada ha sido escrita por nuestro colaborador habitual Alex Prats (@alexpratstweets).
Nairobi from BBC studios (2008).Source Flickr: Nairobi Skyline.Author:afromusing
La creencia establecida de que la urbanización en África avanza de forma galopante parece ser, precisamente, un mito urbano. Los datos proporcionados por la agencia de las Naciones Unidas para los Asentamientos Urbanos (UN Habitat, dirigida por el exalcalde de Barcelona Joan Clos) indican que el ritmo de aumento de la proporción de la población que vive en la ciudad es tan sólo de un 1% cada diez años. De hecho, UN Habitat indica que se ha producido una reducción de la urbanización en 11 países de África sub-sahariana, entre los que se encuentran Mauritania, Tanzania, Uganda o Senegal. En Kenia, por ejemplo, el porcentaje de la población que vive en medio urbano se redujo del 34% en 2001 al 22% en 2010.
Estos datos tienen importantes consecuencias políticas, especialmente en relación con los riesgos que acarrea la marginalización del ámbito rural. Sin embargo, que la urbanización en África sea mucho lenta de lo que se suele explicar no quiere decir que la población en las ciudades no esté aumentado; tan sólo quiere decir que no aumenta más de lo que lo hace en el campo. En efecto, la población que vive en las ciudades africanas incrementa rápidamente a causa del crecimiento natural de la población, haciendo cada vez más evidentes las deficiencias que existen en la mayoría de los países del continente en el ámbito de la planificación urbanística.
El mes pasado tuve la oportunidad de visitar Nairobi. Una de las cosas que más me llamó la atención fue el número de edificios de viviendas y centros comerciales en construcción. Lo mismo ocurre en otras ciudades como Luanda o Dar es Salaam. La primera pregunta que nos podemos plantear es hasta qué punto existe un plan urbanístico que regule el desarrollo de la ciudad; por ejemplo, algunas de las ciudades de la costa de África del Oeste carecen de un plan maestro. Pero aún cuando hay un plan urbanístico en vigor, sea antiguo o reciente – en muchos ciudades el plan vigente es todavía el establecido por los poderes coloniales – la pregunta más importante es si las leyes de planificación urbanística responden a las necesidades de la población más pobre y vulnerable o si, por el contrario, favorecen los intereses de las elites políticas y económicas.
La reforma, el desarrollo e implementación de leyes de planificación urbanística no son una mera cuestión técnica. Son cuestiones profundamente políticas. Por tanto, las organizaciones de la sociedad civil y las ONG internacionales tienen que trabajar para influir en las decisiones y prácticas adoptadas en este ámbito por los gobernantes; deben trabajar para que las leyes de planificación urbanística produzcan ciudades más inclusivas y sostenibles, donde los esfuerzos para mejorar la seguridad de toda la ciudadanía y favorecer el acceso a la vivienda y servicios de educación y salud por parte de la población más pobre primen por encima del desarrollo de infraestructuras destinadas a satisfacer los intereses de elites minoritarias.
En la actualidad, casi dos tercios de la población que vive en las ciudades africanas lo hace en slums sin unas condiciones de vida mínimamente aceptables. A medida que las ciudades se vuelven más inaccesibles, los asentamientos informales se expanden rápidamente alrededor de los núcleos urbanos. Dice Tallmark, predecesor de Joan Clos en UN Habitat, que en las ciudades africanas actuales la población más pobre se ve obligada a vivir fuera de la ley para poder sobrevivir.
Otra cuestión importante es la cultura de impunidad reinante, que permite que las elites violen las leyes existentes buscando su interés propio, y en detrimento del interés público. Para las elites, en ocasiones, la mejor forma de lidiar con los pobres y vulnerables es promoviendo su huida forzada al campo. Uno de los casos paradigmáticos se produjo en 2005 en Harare, cuando el gobierno decidió dejar sin casa a 700,000 personas pobres mediante la Operación Murambatsvina, que el gobierno amparó en una ley de 1976 (Town and Country Planning Act).
Mi impresión es que las ONG que trabajamos en África no estamos prestando a estas cuestiones la atención necesaria. Por lo comentado al principio, es evidente que no podemos olvidarnos de los retos que existen en el campo, pero debemos hacer esfuerzos para lograr que las leyes urbanísticas se diseñen e implementen de modo que contribuyan a la reducción de la desigualdad y la pobreza. El futuro de las ciudades africanas se está forjando ahora.