Cuando quieren, pueden

Este artículo ha sido escrito por el Equipo Avizor (@proyectoavizor) del Centro de Investigación y Estudios sobre Comercio y Desarrollo (CIECODE).

Nos hemos pasado la legislatura evaluando, y suspendiendo, al Congreso de los Diputados por su escasa contribución en impulsar políticas públicas favorables a la lucha contra la pobreza y el desarrollo sostenible.

Sin embargo, en ocasiones, el Congreso de los Diputados se ha erigido en un actor clave para la configuración de un posicionamiento político español responsable y ambicioso en la promoción del desarrollo y los derechos humanos. Además de voluntad política, las claves que caracterizan a estas escasas pero valiosas situaciones de liderazgo parlamentario a favor del desarrollo son: acceso a la información, existencia y adecuado uso de herramientas parlamentarias de control, orientación política y rendición de cuentas y una ciudadanía exigente con sus representantes públicos.

En este sentido, el caso más destacado en lo que va de legislatura es del posicionamiento de España en la negociación y ratificación del Tratado Internacional de Comercio de Armas (TCA).

Desde el año 2007 la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados es el órgano responsable de recibir y dictaminar sobre el informe que anualmente emite el Ministerio de Economía y Competitividad sobre las exportaciones españolas de armas. Esto ha hecho que los diputados adquieran un considerable conocimiento y concienciación sobre la materia (a la que también ha contribuido, sin duda, la campaña Armas Bajo Control que desde hace años han llevado a cabo organizaciones de la sociedad civil a escala global). En estos dictámenes abundan las peticiones al Gobierno de mayor transparencia y mayores garantías de respeto a los derechos humanos.

Al poco de comenzar la legislatura se presentó y aprobó una Proposición No de Ley (acto parlamentario de orientación política al Gobierno) que instaba al Gobierno, con ocasión del final de las negociaciones del TCA, a realizar todos los esfuerzos posibles para incluir la prohibición de venta de armas cuando exista riesgo de vulnerar los derechos humanos o el derecho internacional humanitario, a ratificar el TCA para aplicarlo cuanto antes a la legislación española y informar puntualmente a la Cámara sobre los avances en esta materia. Pues bien, España defendió la postura sugerida, jugó un papel determinante en la fase final de las negociaciones en Naciones Unidas y llevó a cabo la posterior comparecencia parlamentaria.

Poco después de la aprobación del Tratado, las Comisiones de Asuntos Exteriores y de Cooperación al Desarrollo del Congreso de los Diputados instaban al Gobierno a mantener una posición activa en sus relaciones exteriores bilaterales y multilaterales para promover la pronta entrada en vigor y a poner en marcha los mecanismos políticos necesarios para asegurar el cumplimiento del contenido del Tratado en sus relaciones internacionales y en el Plan Español de Derechos Humanos.

En total, en lo que va de legislatura ha habido más de 20 actos parlamentarios sobre esta temática (tres Proposiciones No de Ley aprobadas, dos dictámenes, 11 preguntas, una comparecencia del Gobierno en el Congreso y otra en el Senado...), que es mucho más de lo que se suele dar en el Congreso para la mayoría de asuntos políticos relevantes para el desarrollo y los derechos humanos.

Es decir, el Congreso ha exigido al Gobierno una actitud de liderazgo internacional y un claro compromiso político en esta materia y España ha sido el primer país en firmar el Tratado y, según las organizaciones de la sociedad civil expertas en la materia, está manteniendo este asunto como prioritario en su agenda de relaciones exteriores.

No es casualidad que el desempeño de España sea más ambicioso y responsable en este asunto, donde han confluido conocimiento y voluntad política por parte de los parlamentarios, una mejora en el acceso a información, la existencia de una instancia específica para el control parlamentario, una periódica rendición de cuentas y una potente presión ciudadana.

Ante esto, cabe soñar con qué pasaría si se aplicase esta misma receta al resto de asuntos políticos que el Congreso de los Diputados trata relacionados con la erradicación de la pobreza y los derechos humanos. Lamentablemente en política se cumple con demasiada frecuencia lo contrario. Que no querer, es no poder.

Pueden conocer los resultados del Informe Avizor 2013 y asistir al lanzamiento de la nueva herramienta online “¿Qué Pasó Con Eso…Que Aprobó el Congreso?” el 10 de abril en Caixaforum Madrid. 

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[Publicado por: Gorka]

VÍDEO-CONVOCATORIA ACTO PÚBLICO #28M “UNA RESPUESTA COLECTIVA A LA REPRESIÓN”:
http://soslibertades.wordpress.com/2014/03/11/video-convocatoria-acto-publico-28m-una-respuesta-colectiva-a-la-represion/