Por Isabel Ortigosa, (@isabelortigosa), responsable de Incidencia de la ONGD InspirAction
La semana pasada, los activistas por la justicia fiscal en todo el mundo recibieron con alegría una buena noticia: los europarlamentarios respaldaron de manera casi unánime, con 643 votos a favor y tan solo 30 en contra, la creación de registros públicos y accesibles que incluyeran el nombre de los beneficiarios últimos de empresas, fideicomisos y trust. No era una mañana cualquiera de un día de marzo. No era una votación más en la sesión plenaria del Parlamento Europeo: los europarlamentarios tenían una oportunidad única de cambiar las reglas de juego en la lucha por la transparencia fiscal.Y lo hicieron.
Con el apoyo a la Cuarta Directiva Anti Blanqueo de Capitales, que será revisada en los próximos meses por los Estados miembros, estos hombres y mujeres han marcado un antes y un después para criminales, corruptos y evasores fiscales, que tendrán ahora mayores dificultades para esconder su identidad tras empresas fantasma.
El impacto de esta Directiva en la vida de los ciudadanos de a pie, no sólo en Europa sino también en los países en desarrollo, puede ser crucial. La lucha contra la evasión fiscal, la corrupción, el tráfico de drogas y otras actividades delictivas será un poquito más fácil, gracias a este registro público que reducirá las posibilidades de multinacionales y grandes fortunas de evitar pagar los impuestos que les corresponden por los beneficios que obtienen. En un contexto de pérdida de derechos sociales y de recortes en el sistema del bienestar, las arcas públicas recuperarían unos ingresos cruciales para financiar servicios públicos de calidad.
Noticias como las operaciones de lavado de dinero del destituido Presidente Yanukovych en Ucrania o los distintos escándalos a los que nos vienen acostumbrando nuestros políticos, ponen de manifiesto que no todos estamos sufriendo la crisis por igual: mientras en países como España la población sufre recortes constantes en servicios sociales básicos, enmascarados tras la idea de que “no hay dinero”, las arcas públicas pierden miles de millones de euros en impuestos que algunas empresas nunca llegan a pagar. Según datos del Sindicato de Inspectores de Hacienda (Gestha), en España el 71 % del fraude fiscal es cometido por multinacionales y grandes fortunas, que se sirven para ello de complejas estructuras jurídicas y de empresas fantasma, con el fin de ocultar la identidad de sus propietarios. Gestha calcula además que cada español tributa casi 2.000 euros de más por culpa de la evasión fiscal. Los países en desarrollo, por su parte, pierden 160.000 millones de dólares al año en concepto de impuestos que nunca llegan a cobrar. Evidentemente, algo no cuadra: unos pocos se enriquecen mientras los demás ven con impotencia como sus derechos y su calidad de vida se van reduciendo.
Para acabar con estas prácticas, ONG como InspirAction y el resto de sus aliados en Europa han reclamado con insistencia la creación de estos registros públicos que señalen quién se esconde detrás de estos complejos entramados empresariales. La disponibilidad pública de esta información hará más sencillo que periodistas, investigadores, entidades de control y los propios ciudadanos de a pie, desenmascaren a aquellos que utilizan esta opacidad para lavar dinero. Identificar casos de evasión será un poquito más sencillo, y si consiguen evitar la pérdida de ingresos tributarios, los Estados contarán con recursos necesarios para financiar servicios públicos de calidad.
Los eurodiputados han dado un paso a favor de la transparencia y la justicia. Ahora corresponde a los Estados miembros respaldar esta nueva Directiva, y hacer así más difícil que los evasores tengan dónde esconderse.
Gonzalo Fanjul lleva más de veinte años dedicado al activismo contra la pobreza, impulsa la iniciativa porCausa y colabora como investigador con diferentes think tanks, universidades y ONG