Esta entrada ha sido escrita por Lucas Tello, miembro de ZEMOS98.
Foto: Samuel Sánchez/EL PAÍS.
Aída Quinatoa fue una de los muchos migrantes que vinieron a España obligados por la fuerte crisis económica que se produjo en Ecuador entre 1998 y 2002. Estuvo trabajando como limpiadora en Madrid y pasó dos años viviendo en una habitación en situación de hacinamiento junto a otras personas. Tras ese tiempo, decidió buscar una vivienda digna. Al informarse en el banco le dijeron que si compraba una casa tendría un 120% de ganancias sobre el valor de la misma, lo que le permitiría además traer a su familia.
Uno de los requisitos para poder acceder a la hipoteca en su condición de inmigrante era firmar un aval cruzado. “En 2003 comenzaron a proliferar los avales cruzados, primero, entre familiares, luego, entre conocidos; al final, con gente a la que no habían visto en su vida.” Algunas cosas han cambiado desde entonces, sin embargo aún hoy sigue sin poder efectuarse la dación en pago para las hipotecas con avales cruzados. Para acceder a la compra de un piso, Aída Quinatoa necesitaba firmar el aval de otras personas migrantes que ni siquiera conocía, una política que podía producir un efecto dominó si alguna de las personas con las que había cruzado el aval dejaba de pagar el piso. Y lo temido ocurrió. El banco la llamó sin previo aviso para recuperar su casa porque las personas con las que había cruzado el aval habían dejado de pagar la hipoteca. Aída fue a una oficina de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, banco que le había vendido la hipoteca. “Pero a los bancos no les gusta la gente protestando en sus puertas, así que aceptaron las llaves del otro apartamento para cancelar la deuda. Somos personas con honor’, dijo Quinatoa.