Debate europeo sobre los biocombustibles y el hambre

Esta entrada ha sido escrita por José Mª Medina Rey, director de PROSALUS y coordinador de la campaña “Derecho a la alimentación. URGENTE”

Sembrado de soja en argentina copy: CC BY-SA 3.0. Extraido de la Wikipedia

Durante el mes de mayo se ha estado debatiendo a nivel europeo una posible limitación de los biocombustibles tradicionales, que debería culminar con un acuerdo a final de junio.

Los responsables de Energía de los países miembro de la Unión Europea no terminan de llegar a una posición común sólida. Aunque hay un consenso general sobre la necesidad de amortiguar los efectos negativos del uso de los biocombustibles tradicionales, en particular sobre los precios de los alimentos, no logran consensuar el modo de abordar la cuestión.

La Unión Europea tiene establecido un objetivo para 2020 que contempla que el 10 % de los combustibles utilizados en el transporte deberán proceder de fuentes renovables. Hoy por hoy, ese objetivo, como venimos señalando muchas organizaciones de la sociedad civil, es un objetivo centrado en los agrocombustibles. Como Europa no tiene capacidad de cumplirlo por sí misma, tiene que recurrir a la producción de agrocombustibles en terceros países, de manera que su política está teniendo de hecho un negativo impacto en la seguridad alimentaria y en la conservación del medio ambiente en otros lugares del mundo, especialmente en determinados países en desarrollo.

La Directiva 2009/28/CE, que es la que marcó la mencionada cuota del 10 %, establece que los agrocombus­tibles utilizados para cumplir los objetivos fijados deben cumplir obligatoriamen­te criterios de sostenibilidad. En concreto, señala que no deben tener como efecto alentar la destrucción de suelos ricos en biodiversidad y también deben tenerse en cuenta los impactos que se producen por los cambios de uso de la tierra asociados a su producción, especialmente en el caso de bosques, pastiza­les, humedales, turberas, etc.

La Directiva establece que, en relación con los terceros países que constituyan una fuente importante de agrocarburantes o de materias primas para agrocarburan­tes consumidos en la Unión Europea, la Comisión Europea deberá informar cada dos años al Parlamento Europeo y al Consejo sobre las consecuencias para la sostenibilidad del incremento de la demanda de agrocarburantes y de la política de la Unión en materia de agrocarburantes, así como para la disponibilidad de productos alimentarios a un precio asequible, en particular para las personas que viven en los países en desarrollo. El primer informe se debería haber presentado en 2012 para que la Comisión, si lo hubiera estimado procedente, hubiera propuesto medidas correctivas, en particular si hay pruebas que demuestren que la producción de los agrocarburantes incide de forma considerable en el precio de los alimentos. Pero parece que ese informe o no se ha elaborado o no se ha hecho público.

En octubre pasado la Comisión Europea planteó una propuesta en el sentido establecer, dentro de ese 10 %,  un límite a los agrocombustibles tradicionales, los de primera generación, elaborados a partir de cultivos alimentarios, de forma que éstos no puedan representar más del 5 % de los combustibles para transporte. Esto implica el desafío de desarrollar rápidamente las nuevas generaciones de biocombustibles, aquellos que se producen con residuos agrícolas o con otros tipos de deshechos orgánicos, de manera que no compiten con la producción de alimentos ni contribuyen a la volatilidad de los precios de los alimentos.

Algunos países (entre ellos, España) están mostrando resistencias a asumir este tipo de cambios en la política europea de biocombustibles, probablemente porque los de última generación están todavía lejos de ser interesantes a nivel de mercado. Y es que, según las previsiones hechas por la Agencia Internacional de la Energía en el World Energy Outlook 2010, los agrocombustibles de segunda generación no estarán en el mercado de forma significativa antes de 2020.

En el fondo, se trata de decidir si queremos avanzar hacia una “Europa más sostenible” haciendo que otros paguen los costes, incluso asumiendo que nuestra política se traduzca en más personas hambrientas, o si, por fin, vamos a empezar a hablar de ser coherentes y responsables y vamos a poner sobre la mesa el ingrediente maldito que los políticos no quieren ni mencionar: el cuestionamiento de nuestro modelo, no solo de producción, sino de consumo energético.

Para profundizar sobre el impacto de los agrocombustibles en la seguridad alimentaria, se puede consultar el artículo: Agrocombustibles y seguridad alimentaria