El rescate bancario equivale a la recaudación del IVA

Ya tenemos los grandes números del capital que precisa la banca para seguir funcionando. Según la auditoría de la consultora independiente Oliver Wyman, exigida por la Unión Europea para afrontar el rescate de la banca española, hacen falta 53.745 millones. Para que nos demos una idea clara de lo que supone esta cifra, hablamos de una cantidad similar a la recaudación del IVA presupuestada para 2013 -ya con los aumentos conocidos- y muy superior a lo que se ingresará este año por dicho tributo en toda España. Si queremos verlo más en clave sectorial, resultaría que para cubrir ese tremendo agujero harían falta los beneficios de toda la banca durante cuatro o cinco años. En general, no hubo muchas sorpresas pero alguna sí, como la elevada cuantía del déficit de capital del Popular, cuyo presidente, Ángel Ron, quiere jugarse su futuro en solitario mediante una ampliación de capital de 2.500 millones.

Estamos, por tanto, ante una cifra muy dañina para el conjunto de la economía española, que a fin de cuentas será la que la soporte, porque ese dinero hay que devolverlo con intereses. En realidad, la cifra final –53.745 millones- es inferior a la real -59.300 millones-, rebajada mediante artificios como los ajustes por fusiones y los efectos fiscales. A la vista de estas previsiones de Oliver Wyman, el Gobierno de Rajoy calcula que en realidad habrá que poner 40.000 millones de dinero público, contando con posibles recapitalizaciones privadas, pero si echamos la vista atrás y sumamos los más de 15.000 millones que ya puso el Estado a través del FROB estaríamos en 55.000 millones.

Algo va mal, como escribió Tony Judt en su apasionado llamamiento a recuperar los valores colectivos y el compromiso político. Entonces, ¿no hay nada positivo? Sí hay. La banca española se ha desnudado en medio de la plaza de Europa y algunos de los que miran puede ser que estén peor. Pero eso sería propio del refrán ‘mal de muchos, consuelo de tontos’. Lo más positivo es que hay bancos que empezarán a dar buenas noticias, en el mercado financiero y en la Bolsa, y que de ello se desprenderán ayudas a la reactivación económica. Al menos en materia de banca, España ya no va a peor. Pero quedan muchos otros frentes abiertos, con el país en recesión y sin rumbo conocido. @J_L_Gomez

La crisis y el eterno problema territorial de España

La multilateralidad de las relaciones entre Cataluña y España se rompió con la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de 2005, que había sido refrendado por cuatro instancias democráticas: tres de ellas representativas, el Parlamento de Cataluña, el Congreso y el Senado, y una directa, el corpus electoral de los propios ciudadanos de Cataluña en referéndum. De ahí salió la reciente Diada independentista y, con anterioridad, la amplia mayoría del Parlamento de Cataluña que apoyó el Pacto Fiscal que Artur Mas le trasladó a Mariano Rajoy, sin recibir más respuesta que el ‘no’. ¿Es un problema económico? Sí. Pero es algo más: es también un sentimiento político, generalizado, que hay que saber gestionar, desde Cataluña y desde España.

Las disputas entre las nacionalidades históricas y el Estado central no son de ahora, vienen de atrás. En una conversación para un libro sobre España, Manuel Fraga me lo recordó con claridad: de los cuatro problemas gordos que tenía España hace un siglo, queda uno por resolver, el territorial. Los otros tres -decía- están encauzados: uno es la forma de Estado, ya que la monarquía no estaría en discusión; otro es la religión, que fue un problema tremendo, como se vio en las guerras carlistas, también en la Guerra Civil del 36, y el tercero es el modelo económico y social, compartido, con matices, por gobiernos socialdemócratas y conservadores, incluso ahora que hay crisis del propio sistema. Queda, pues, el cuarto problema: el territorial.

“Los problemas no se solucionan creando otros problemas”, dijo el presidente Rajoy en Ourense, pero no reconocer el problema territorial, lejos de ser una solución, es un error que se suma al propio problema. En eso Fraga demostraba tener al menos un buen conocimiento de la historia y perspectiva política suficiente para gestionar ese cuarto problema no resuelto. Ideas suyas como la administración única en las comunidades o el Senado de corte federal siguen estando ahí.

La visión panorámica de Fraga prueba que no es necesario ser independentista o nacionalista para entender la dimensión del problema territorial, de ahí que sorprenda tanto la simplificación que hacen de ese gran problema algunos de sus alumnos del PP, cuando lo reducen todo a un asunto de dinero o a una mala gestión de CiU y del tripartito en la Generalitat. Ojalá fuese todo un problema financiero, porque eso se compra. Ya lo intentó Felipe González con Jordi Pujol cuando le preguntó cuánto costaba el hecho diferencial, sin obtener respuesta. La salida pasa por el diálogo y el pacto, dado que la solución –si existe- debe ser multilateral o cuando menos bilateral; nunca unilateral. Entre otras cosas, porque no sería viable ni para unos ni para otros.

La crisis ha aflorado muchas carencias, entre otras que el Estado de las Autonomías no funciona. Unos quieren llevárselo por delante o descafeinarlo, y otros pretenden aprovechar el momento para romper el Estado. El sentido común indica que España puede ser un Estado federal viable si las partes que lo componen están bien predefinidas y encuentran acomodo. Para conseguirlo hacen falta buenos políticos, tener criterios claros y tomar decisiones. Si esta crisis resuelve el problema territorial de España no solo habrá hecho historia en el mal sentido. Y el sucesor de Fraga ya podrá contar que los cuatro grandes problemas  están resueltos. @J_L_Gomez

¿Es España un país sin alternativas?

Mariano Rajoy, con la Constitución sobre la mesa, y Artur Mas, con la propuesta de pacto fiscal aprobada por el Parlamento de Cataluña en su mano, se han visto tras la histórica manifestación independentista de la Diada. ¿Resultado? “No ha ido bien". Mas no pudo ser más claro para explicar su reunión de dos horas en la Moncloa. En consecuencia, todo parece indicar que habrá elecciones anticipadas en Cataluña. "No es solo por el dinero, sino que Cataluña necesita un estatus diferente al del resto del Estado”, advirtió Mas. A Rajoy se le acumulan los problemas, mientras las movilizaciones vaticinan un otoño caliente al hacerse cada vez más evidente el divorcio entre la calle y el Gobierno.

El otoño caliente, en realidad, ya se nota en un verano también caliente en todos los sentidos, al que por si fuese poco se suma la manifestación multitudinaria de la Diada, en la que resurgieron las consignas independentistas que Rajoy no parece capaz de aplacar solo con un nuevo modelo de financiación más beneficioso para Cataluña.

Los manifestantes sindicales, por su parte, también lo tienen claro: exigen un giro en la política del Ejecutivo o un referéndum sobre los recortes. Saben que en ambos casos saldrían ganando, pero intuyen su escasa viabilidad. ¿No hay tercera vía? Difícil también. El Gobierno está muy condicionado por Bruselas y por la escasez de ingresos, a pesar de las recientes subidas de impuestos.

La recesión no da para más y solo si se vuelve a la senda del crecimiento habrá empleo y más ingresos. De momento, los recortes seguirán produciéndose de la mano de los Presupuestos para 2013 y del previsible rescate, por lo que realmente las protestas también deberían dirigirse a quien gobierna un Estado que ya parece un protectorado, una especie de autonomía de un Estado federal europeo indefinido.

Tras el toque de atención del pasado fin de semana puede llegar otra huelga general. A lo mejor es el desenlace inevitable, como advierte Ignacio Fernández Toxo, el líder del sindicato Comisiones Obreras, mientras su colega de UGT, Cándido Méndez, se lamenta de que “nunca con tanta soberbia, con tantas malas artes, se había hecho tanto daño a la inmensa mayoría de la sociedad”. Pero de este tipo de declaraciones, por sentidas que sean, no salen soluciones. Tampoco del ministro Luis de Guindos, que solo sabe pedir sacrificios para garantizar el Estado de bienestar, sin aportar recetas de crecimiento. Según el opositor Rubalcaba parece que Rajoy ha perdido la mayoría social por sus mentiras pero está por verse que sea realmente así; sin ir más lejos, en las elecciones de Galicia, donde gobierna el PP.

En España se habla a lo sumo de una reforma fiscal y de más lucha contra el fraude, que tiene todo el sentido, pero nadie habla de cómo crecer, de cómo rellenar el inmenso hueco que dejó la construcción. ¿Es realmente España un país sin alternativas económicas y políticas a sus problemas de fondo? @J_L_Gomez

Sin Cataluña, España se quedaría sin motor

Nada será igual tras la multitudinaria Diada catalana. Dos caminos están abiertos: uno puede conducir a encontrar el encaje de Cataluña en España; el otro, a la independencia. Dicho eso, como reconoce el propio Duran Lleida, presente en la manifestación independentista de Barcelona, la euforia nacional no debería hacer olvidar la crisis económica y social. Y menos en Cataluña, la comunidad más endeudada de España: alcanza el 22% del PIB, ocho puntos más que la media. Por eso el presidente Artur Mas pide la luna al mismo tiempo que el pacto fiscal.

A la vista de la situación especial del País Vasco y Navarra, con sistema fiscal de cupo, ¿cuál es el criterio? ¿De fondo o de cuantía? En el fondo es un problema de volumen. España puede funcionar sin la plena solidaridad de Euskadi y Navarra, pero no de la de Cataluña, cuya aportación a los ingresos del Estado es decisiva para la propia viabilidad de España; y máxime ahora. Sin Cataluña, España se quedaría sin motor económico, en términos de economía productiva, ya que su otro gran motor, Madrid, está ligado a las finanzas y los servicios. Y esto último, si no hay una industria potente detrás, no funciona.

El pacto fiscal tiene difícil encaje constitucional pero nada impide que se vaya a una fórmula federalizante que colme la legítima aspiración catalana de más autogobierno fiscal. También cabe, ya en un caso extremo, la solución confederal, que pasaría por que Cataluña siguiera manteniendo ciertos vínculos con España.

Ahora bien, todo esto que sucede en Cataluña es nuevo y viejo a la vez. Hace ya más de cien años, los catalanes afirmaron colectivamente, en un movimiento similar al de ahora, que eran una nación. Y hace algo más de 30 años, en la Transición, se declaraban partidarios del derecho de autodeterminación partidos entre los que se encontraban el PSUC (comunista) y el PSOE, entonces partidario de la República federal. Es más, hasta el referéndum de la Ley para la Reforma Política –año 1976--, ante el cual defendieron la abstención, todas las fuerzas opositoras catalanas propugnaron la ruptura frente a las propuestas de reforma. Alguna gente tampoco sabe que el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) es independiente del PSOE, tras crearse en julio de 1978, a partir de la fusión del PSC-C, PSC-R y la federación catalana del PSOE, lo que puso fin al confusionismo de las siglas socialistas. A todo eso se suma que en estos últimos diez años los catalanes han constatado que hay una herramienta, el Estado, que es profundamente ineficiente, a menudo contraria a sus intereses y que en términos fiscales les perjudica.

La idea dominante indica que para muchos catalanes sus problemas desaparecerán si se integran en la Unión Europea sin la mediación del Estado español, que es percibido como una carga. Cataluña cree que estar en España tiene un alto coste para su bienestar, e incluso el ministro García Margallo reconoció en TVE que con Cataluña hay que problemas de encaje y de financiación que deben resolverse.

Una vez que la Generalitat ya replicó al Rey Juan Carlos advirtiendo de que no propone “quimeras”, lo único seguro, de momento, es que este jueves, día 20, Artur Mas acudirá a Madrid para pedirle al presidente Rajoy una especie de soberanía fiscal. Mariano Rajoy tiene, en definitiva, un problema importante que se suma a otros no menos graves. Y ese problema es mucho más que un guirigay, porque Cataluña va en serio. @J_L_Gomez

El bienestar depende ahora del crecimiento

El Tribunal Constitucional de Alemania dio luz verde a la participación de su país en el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). La eurozona parece, al fin, decidirse por evitar tantas diferencias en los tipos de interés que pagan sus estados miembros por colocar su deuda pública, con la consiguiente repercusión en la economía privada. Para España se trata de una corrección imprescindible, ya que entre los gastos de la deuda y la cobertura del desempleo consume prácticamente lo que recauda por IVA, lo cual impide hacer apuestas inversoras que contribuyan a dinamizar la inversión, el crecimiento y el empleo. Si se cumplen los buenos propósitos de Angela Merkel y Mario Draghi, que dan hecho que no habrá marcha atrás en el euro y apoyan las reformas del Gobierno de Rajoy, España podrá salir adelante. Con ayuda europea, obviamente. Y con rescate.

De momento, los mercados están reaccionando de manera favorable, de ahí que la prima de riesgo se haya rebajado considerablemente, aunque con margen para seguir cayendo. ¿Cuál es la clave? En principio, todo pasa por la compra de bonos por parte del Banco Central Europeo, a cambio de pedir antes un rescate con condiciones estrictas. Dicho de otro modo, si España hace mejor los deberes y amplía un poco los sacrificios -¿más, todavía?-, el fondo de rescate asumiría nuevas emisiones de deuda de forma limitada y el BCE compraría deuda en el mercado secundario, si hiciera falta de manera ilimitada. La verdad es que tiene su importancia negociar esas estrictas condiciones de las que habla Mario Draghi, sin necesidad de aplicarlas antes de las elecciones gallegas, donde Mariano Rajoy se juega media vida, bajo presión del ala derechista de su partido. Toca, pues, pensar en un segundo rescate, que en el fondo no será muy distinto del rescate del sistema bancario. Son tiempos de impuestos más altos y salarios más bajos con mucho desempleo, al menos durante unos años. Ya veremos cuántos, pero es evidente que el horizonte de la crisis de 2008 se amplía, puede que hasta completar un ciclo de al menos diez años. De momento, lo único cierto es que la divergencia en tipos de interés de la zona euro beneficia a Alemania y que una situación así no es propia de una unión monetaria.

¿Qué se echa de menos? Entre otras cosas, que haya incentivos fiscales a las empresas, para que éstas puedan abrirse paso más fácilmente en el exterior, de modo que ese proceso termine por tirar del empleo. A estas alturas, el Gobierno debería haber interiorizado que a España se le aplicó una austeridad que no ha dado los resultados previstos. Ni por Madrid ni por Bruselas.

Lo esencial no ha cambiado, aunque baje un poco la prima de riesgo. Porque lo que necesita España es trabajar más a mejores precios para poder exportar más, recuperar la economía y, de ese modo, aumentar el empleo. La realidad es bien distinta: con la economía en recesión se destruye empleo, dado que la actual política europea conduce a España a una devaluación interna, que solo se eludirá si cambian los criterios restrictivos del BCE y de la UE. Entre los problemas de fondo de la economía española siguen estando los mismos de siempre, que no conviene perder de vista: España debe preparar su aparato productivo para exportar; debe arreglar sus cuentas públicas; debe reducir su desmesurado endeudamiento privado, y debe programar incentivos fiscales a las empresas. Es en ese contexto en el que se producen las declaraciones del ministro Guindos en las que advierte de que se agota el dinero para servicios sociales. @J_L_Gomez

Un rescate hace historia

Son tiempos para el realismo, más que para la fantasía. A diferencia de lo que hizo en 2008, cuando no solo iba a arreglar los Estados Unidos, sino también el mundo, Barack Obama se limita ahora a pedir más tiempo para enderezar la economía. Es una dosis de humildad, que tampoco le vendría mal a quienes están ahora en campaña en dos comunidades españolas: Galicia y Euskadi. Enderezar la economía también parece un buen consejo para quien preside el Gobierno, a sabiendas de que el demócrata Obama habla de los derechos de todos, y el republicano Mitt Romney, de recetas inmisericordes. Lo segundo nos suena más en España y tal vez conviene ir cambiando ese tipo de discurso, no solo por insolidario, sino por ineficaz. El premio Nobel Paul Krugman ya lo advirtió hace mucho tiempo: recortar drásticamente el gasto en mitad de una depresión era –y sigue siendo- ralmente autodestructivo.

El presidente Rajoy debe optar ahora entre pedir o no el rescate, una decisión con marchamo de hacer historia, dada la pérdida de soberanía que supondría la primera opción. Algunos argumentarán que la soberanía ya está perdida, pero la decisión de ahora es más trascendental. Otra cosa es que esté descontada en los mercados, que son los que ordenan y mandan a un país endeudado sin recursos propios suficientes para arreglar sus problemas. Ni siquiera la Oposición parece tener otra alternativa. De hecho, el PSOE acusa al Gobierno de Rajoy de someterse a los mercados y a los intereses de los especuladores, por lo que exige que combata el rescate, pero eso en el fondo no deja de ser una curiosa fórmula de aceptar el rescate. En definitiva, lo que hace Rubalcaba es poner condiciones para firmar el rescate junto a Rajoy. Como observa un editorial de El País, es urgente que el principal partido de la oposición cierre ya la digestión de sus derrotas.

España ni está bien, ni va bien, ni se sabe cómo irá. A estas alturas, ya parece un consuelo que simplemente vaya, y no se pare. Del desconcierto reinante hay muchos datos macroeconómicos pero también sensaciones. Las periodistas Ana R. Cañil y Pilar Portero han contado una muy reveladora en su blog: los empresarios ya se quejan al Rey de la falta de vicepresidente económico y alguno no sabe muy bien a qué ministro hacerle caso. @J_L_Gomez

Rajoy, entre Galicia y el rescate

Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, ya lo tiene claro: el país del euro que quiera que el BCE le compre bonos debe pedir antes un rescate a sus socios, que le pondrán condiciones estrictas. La gran paradoja, como explicó el periodista Miguel Jiménez en El País, podría ser que, en caso de resultar creíble la amenaza de actuación ilimitada del BCE, las tensiones en el mercado se relajaran, los países con problemas lograsen financiarse directamente a costes sostenibles y acabasen no necesitando ni el rescate de sus socios ni las compras del BCE. ¿Le tocará esa lotería a Mariano Rajoy?

De momento, al presidente del Gobierno español le viene de perlas el tiempo ganado de la mano de Angela Merkel, y no solo por su reconocida habilidad para marear la perdiz, sino porque consigue margen para negociar esas estrictas condiciones de las que habla Draghi sin necesidad de aplicarlas antes de las elecciones gallegas, donde se juega media vida, bajo presión del ala derechista de su partido.

La españolización de las elecciones gallegas se abre paso. En Madrid se habla con una facilidad pasmosa sobre los previsibles avances de UPyD y el partido de Mario Conde en Galicia, se supone que a costa del PP, que ahora tiene mayoría absoluta con un solo escaño de diferencia. Y en Galicia se habla de manera parecida a propósito de la entrada en su Parlamento de nuevos grupos nacionalistas y de izquierdas que a estas alturas aun debaten cómo se van a agrupar electoralmente de la manera más eficaz. Entre tanta euforia, unos y otros prestan poca atención a que para entrar en la cámara gallega hay que superar el 5% de los votos, factor nada desdeñable y que explica que Galicia haya sido cosa de tres desde la llegada de Fraga al poder: PP, PSOE y BNG. Es verdad que esta crisis es tan fuerte que puede alterarlo todo, hasta el punto de llevarse por delante el actual sistema de partidos en Galicia, pero si algo de eso sucede tampoco será tan fácil para todos los aspirantes, debido a esa barrera de entrada del 5% de los votos.

Pero Galicia no es solo centro de atención por si vuelve Izquierda Unida a su parlamento o si debutan en el mismo partidos emergentes de la derecha y el españolismo. Ni siquiera por si sigue o no Feijóo. No. El gran debate político de fondo está en realidad en otra cosa: el futuro de Mariano Rajoy. El adverso clima económico y político que sufre el PP suscita, dentro y fuera de este partido, vivos debates sobre la propia continuidad del presidente como verdadero líder de la derecha, como si todo fuese tan fácil. No solo medios conservadores, sino incluso más transversales, han entrado en ese tipo de hipótesis, cuando resulta que el PP tiene una holgada mayoría absoluta y una todavía débil oposición.

Pero pongámonos en esas hipótesis sorprendentes: los gallegos vuelven a tener más de tres partidos en su parlamento –no sería la primera vez- y el PP pierde la mayoría absoluta, por lo que retorna la izquierda al poder, se supone que con un presidente socialista, en este caso Pachi Vázquez. Pues tampoco sería nada extraordinario: ya hubo presidentes del PSOE apoyados por otros grupos en 1987 y en 2005.

¿Conclusión? Nadie discute que para Rajoy sería un grave revés político e incluso personal perder el poder en Galicia, pero de ahí a tumbarlo en España media un largo trecho, máxime cuando, se hagan las hipótesis que se hagan, el PP será el partido más votado en Galicia. ¿O también se discute ahora eso? @J_L_Gomez

Claves pendientes de la reforma financiera

Ya hay guía financiera, incluso dinero para el viaje y ahora queda ver dónde se invierte y cómo. Quien lo paga parece evidente: por una vía o por otra, el contribuyente. Al fin, Merkel y sus empleados de Bruselas le han impuesto a Rajoy el memorando que guiará la recapitalización de los bancos y ahora se pondrán a ultimar otro MoU capaz de rebajar los intereses de la deuda. De momento, la Unión Europea ha resuelto a su manera el problema de las entidades en apuros, que no es poco, y ha sentado las bases para evitar que se repita lo sucedido en España con muchas cajas y algunos bancos. De lo que se trata es de que antes de que los contribuyentes aporten recursos públicos a través del Estado se produzca una asunción de pérdidas por parte de los accionistas y acreedores. Pero eso estará más garantizado en el futuro que en el presente.

De entrada, el proceso de saneamiento financiero, dotado hasta con 100.000 millones de euros, lleva aparejado el llamado banco malo, al que irán a parar los activos tóxicos, es decir, créditos en situación de difícil cobro y activos inmobiliarios (viviendas y suelo). El FROB –léase Economía- gestionará los fondos y el Banco de España vigilará las operaciones, siguiendo las indicaciones de Bruselas que contiene el memorando. Por tanto, se han sentado las bases generales para que llegue el dinero del saneamiento y ahora toca actuar, proceso ante el que ya se observan más dudas, puesto que hay cosas que están sin definir, como los detalles del banco malo: su composición público-privada, los precios de compra de activos tóxicos, la catalogación de los mismos, etcétera. Peor aun: no está claro cuando volverá a fluir el crédito ni qué coste tendrá todo este inmenso lío para los contribuyentes. Suenan buenas palabras pero faltan hechos.

Para tener conclusiones será necesario conocer el valor de transmisión de los activos tóxicos y hasta qué punto la banca podrá conceder créditos a empresas y familias, fruto de la nueva liquidez. En la práctica será casi imposible evitar que los contribuyentes paguen al menos una parte de estas complejas operaciones en marcha, ya que si el banco malo compra caro es un mal asunto para el Estado y si apura mucho la jugada le causará más pérdidas a la banca, que al final serán cubiertas con dinero del rescate que pagamos entre todos. Es mucho lo que está en juego, tanto por el dinero que hay que poner como por la necesidad de que vuelva a fluir el crédito.

Todo esto en Galicia, donde pronto habrá elecciones, tiene complejidades añadidas, como se explica en el diario La Región. Por un lado, la viabilidad de Novagalicia Banco se estrecha y enfila lo que el ministro Guindos llama "subasta abierta", y por otro, los miles de titulares de preferentes lo seguirán pasando mal. Novagalicia tiene cuesta arriba su viabilidad, salvo que demuestre que puede devolver casi 10.000 millones en un tiempo razonable, y en cuanto a los titulares de las preferentes también se imponen las cautelas; máxime cuando la casuística es muy diversa. Y no digamos si le añadimos los titulares de deuda subordinada. En general, los afectados están más cerca de cobrar la mitad de lo que invirtieron que de recuperar el 100%, como consecuencia de aplicársele el precio de mercado más un 10%. Todo sigue abierto, pero el memorando acota las soluciones más favorables para los intereses gallegos. Quizá hasta las elecciones no pase nada, pero después del 21-O cualquiera sabe… @J_L_Gomez