Fuera de Madrid y Barcelona, queda poca banca

Novagalicia Banco, el resultado de la fusión de Caixa Galicia y Caixanova / Mundiario.

Jamás en la historia de España se había alcanzado la dimensión financiera observada en la primera década del siglo XXI por las cajas de ahorros, que representaban la mitad del sistema financiero del país. Casi todo ese manantial de riqueza se ha perdido y, lo que es peor, ha precisado una cuantiosa inyección pública de dinero. Algo así como si cogemos la recaudación del IVA en un año y la tiramos al mar, después de haber hundido decenas de entidades financieras. Una barbaridad histórica.

Si algo no se entiende a estas alturas es que los parlamentos autónomos estén repasando la historia, sin ocuparse del presente y del futuro, con el agravante de que ni hacen lo segundo –lo trascendente ahora-, ni demuestran habilidad ni conocimientos para llevar a cabo lo primero. Resulta sarcástico, cuando no melancólico, escuchar a personas que saben las respuestas cómo le preguntan a otras que no pueden hablar, a riesgo de poner en juego su defensa ante la Justicia o de incumplir su obligación de guardar secreto. Sucedió en la comisión de investigación de la Comunidad Valenciana y la peripecia se repite estos días en Galicia.

La Comunidad Valenciana tenía Bancaja y la CAM, la tercera y cuarta cajas de España, y por si fuera poco, el Banco de Valencia. Se ha quedado sin nada. Primero se vino abajo la CAM, adjudicada al Sabadell; luego cayó el Banco de Valencia, ahora en manos de La Caixa, y finalmente se desintegró Bancaja, tras su fusión en Bankia con Caja Madrid y otras entidades de menor tamaño. Algo parecido a lo sucedido en Galicia. El Banco Pastor se comió primero el imperio de Barrié (Gas Madrid, Fenosa, La Toja, Cotosa, Cubiertas, Elosúa…) y después se arruinó, embarcado en una expansión mal hecha que le hizo caer en manos del Popular. Primer desastre. Pero Galicia tenía una gran caja, Caixa Galicia, que fruto de otra deficiente expansión entró en dificultades, sin que el Banco de España, lejos de echarle una mano, hiciese lo que tenía pensado hacer para darle salida. Cedió ante la Xunta y, a cambio de aceptar la fusión pretendida por su presidente, impuso que mandase Caixanova, la caja más pequeña, también con problemas, en una fusión en la que no creía. ¿Resultado? Una entidad a la deriva, que dio paso a un banco público: Novagalicia.

Como esta historia se repite en casi todas las comunidades, Madrid y Barcelona, con un discreto tercer puesto para el País Vasco, concentran ahora todo el poder financiero en España, un país que sufre la falta de crédito y que se ha quedado sin la importante obra social y cultural de sus cajas de ahorros. Ya sabemos quiénes han ganado. @J_L_Gomez

Repsol también es polémica en España

Una autorización ambiental es ahora el resorte utilizado para forzar a Repsol a cerrar las negociaciones para su traslado a Punta Langosteira, el nuevo puerto exterior de A Coruña / puertoatlantico.com / Mundiario.

Repsol es una empresa que fue objeto de mucho apoyo en España, tanto para su desarrollo interno –industrial y financiero- como para acometer su expansión internacional o blindar sus intereses ante otros operadores en España. Y cuando vinieron mal dadas, como en Argentina, España en su conjunto salió en defensa de Repsol. Pero las reacciones de Repsol no siempre son proporcionales a esa actitud positiva de las instituciones y de la propia sociedad, como se indica en un análisis publicado en el diario La Región.

En Argentina, Repsol salió mal parada porque no supo negociar a tiempo ni hizo, previamente, todo lo que en aquel país se esperaba de Repsol-YPF. Hubo choque de trenes y se produjo la nacionalización de YPF. La expropiación debilitó a ambas empresas y a día de hoy Argentina sigue sin compensar a la petrolera española, que en un escenario favorable podría recibir una compensación de unos 7.900 millones de euros, según la valoración de distintos expertos.

Repsol es importante en dos sentidos: por su capacidad de producción de petróleo y de distribución de combustibles y por su peso financiero, ya que detrás de Repsol están La Caixa, accionista de referencia y propietaria de un 12%, y el Santander, que si bien no es accionista directo de Repsol es el principal acreedor de Sacyr, el grupo de construcción que todavía controla un 10% del capital de la petrolera, a la espera de una posible venta.

Contaminación y riesgo

Una prueba de la antipatía de Repsol ante la sociedad se está dando en Galicia, donde la multinacional petrolera española tiene una refinería pegada, literalmente, a la ciudad de A Coruña. ¿Por qué razón es antipática Repsol? Más bien habría que preguntar por qué razones.

Una de ellas es histórica y comprende no solo su alta contaminación en la zona, sino también sus riesgos. A Coruña es la única ciudad del mundo desarrollado cuyo subsuelo está atravesado por un gran oleoducto que, en caso de accidente grave, convertiría buena parte de la ciudad en una auténtica tea. Además, el crudo destinado a la refinería que Repsol explota en Bens -complejo petrolero ubicado a menos de 300 metros de zonas urbanas densamente pobladas– se descarga en un pantalán que está situado a 200 metros de uno de los barrios con más elevada densidad poblacional.

Pide compensaciones

Durante años, Repsol fue un tema tabú en A Coruña, a pesar de ser ésta la ciudad más castigada por los naufragios de grandes petroleros, como el Urquiola o el Mar Egeo. Precisamente para evitar casos así se construyó el puerto exterior, donde en buena lógica deberían empezar a hacerse las descargas de crudo cuanto antes, lejos del centro de un área metropolitana de unas 400.000 personas. Pues bien, Repsol se hace la remolona, hasta el punto de que las autoridades han decidido plantarle cara. Al fin.

Una renovación de una autorización ambiental es ahora el resorte utilizado para forzar a Repsol a cerrar las negociaciones para su traslado a Langosteira, algo por lo que encima pide dinero. Como tiene una concesión hasta 2027, en vez de bajar la oreja y marcharse corriendo, resulta que quiere 200 millones de euros.

España no actuará como Argentina y no nacionalizará Repsol, pero viendo sus actuaciones aquí más vale no imaginar cómo actuará Repsol fuera de donde se supone que al menos debe guardar las formas y tener un poco de respeto a miles y miles de personas que sufren su contaminación y el peligro que representa su presencia. @J_L_Gomez

 

¿No estará empezando Montoro la casa por la ventana?

Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda.

Al Gobierno se le ha dado ahora por los expertos. Expertos para reformar las pensiones, expertos para reformar los impuestos, antes expertos para reformar la educación o las finanzas. No se consulta a la oposición, se ningunea a los propios expertos de la Administración, que los tiene y son funcionarios, y se tira de expertos externos, como si así se gobernase mejor. Sindicatos y empresarios son llamados para hacer la foto y poco más. Es una curiosa manera de gestionar la crisis, pero el Gobierno se siente en su derecho de hacer las cosas así. A su manera. Tal vez a la manera de Rajoy.

Ahora, el ministro de Hacienda anuncia la creación de un comité de expertos para reformar el sistema tributario, pensando en que esté listo a comienzos de 2014, lo cual encaja con el mandato de Bruselas, que ordenó un nuevo sistema fiscal antes de marzo de 2014. ¿No estará empezando Cristóbal Montoro la casa por la ventana?

La clave no está solo en cómo se reforman los impuestos, tarea para la que, por cierto, sobran funcionarios en Hacienda. Lo prioritario es saber cuánta ‘gasolina’ debe consumir el motor del Estado que los españoles quieren tener, para a continuación ver quiénes la pagan. Y a estas alturas, ni con expertos ni sin expertos sabemos qué Estado queremos.

Si lo supiéramos, o diésemos por válido el modelo actual, la reforma fiscal se haría imprescindible para determinar quiénes deben financiar el gasto, sin tanto déficit. Y ese debate debe ser político, no técnico. Un técnico puede calcular los coeficientes pero jamás va a determinar qué impuestos deben pagar los más ricos, los empresarios o los consumidores. Para eso está la política. Y, obviamente, no es lo mismo un gobierno que apueste por los impuestos directos que por los indirectos, y no es lo mismo un gobierno que luche contra el fraude fiscal que un gobierno que mire para otro lado, como pasa en España, que es un país con un 25% de economía sumergida: 250.000 millones de euros, mucho más de lo que recauda el Estado en impuestos, dicho sea de paso.

Montoro ha dicho que su comité de expertos será el encargado de definir qué impuestos debe subir o bajar el Gobierno en el futuro, para no tener que hacerlo como lo hizo en 2012 cuando subieron tributos como el IVA. Cuando menos, resulta sorprendente que un gobierno le encargue a unos expertos sin ninguna legitimidad que definan qué impuestos deben subir o bajar.

La política actual y los partidos de hoy en día están mal vistos; es evidente. Pero la democracia se construye con partidos políticos, no con expertos. Y la política se hace en el Parlamento, no en un reservado. Y si no se hace política, si no hay pacto social, pasa lo que pasa. Como observa el profesor Xaquín Álvarez Corbacho, catedrático de la Universidade da Coruña, el trasvase de dinero desde los asalariados hacia las oligarquías financieras, vía presupuesto público, es incesante, creciente y obsceno. Los costes de la deuda estatal suman unos 40.000 millones, a los que deben añadirse otros miles de millones que también registran las Administraciones autonómicas y locales. Corbacho lo explica de manera que se entiende bien: para concentrar tanto dinero en un solo concepto presupuestario (intereses y comisiones de la deuda) hay que subir impuestos, reducir gastos y utilizar múltiples eufemismos para confundir esa dolorosa sobreimposición que soportan los salarios. @J_L_Gomez

 

No hay 'new deal' a la vista

Mariano Rajoy, en el Congreso / Mundiario

Como la crisis se eterniza, llevamos ya años hablando de la devaluación interna de la economía española -en síntesis, subida de impuestos y reducción de salarios-, y no salimos de ahí. Al contrario, en ausencia de políticas expansivas, Bruselas y Madrid perseveran en esa receta. Por eso la Comisión Europea y el Banco de España dicen lo que dicen, a veces con alguna que otra exageración de por medio, tal vez con el propósito de que el resultado final no ‘duela’ tanto. Pero lo importante es que de ahí, de ese creciente círculo vicioso, no se sale. No hay new deal a la vista.

España debe mucho, le cobran muchos intereses y para poder pagar se aprieta el cinturón y recauda más, con lo cual la mayoría de la gente vive cada vez peor. Es un modelo hecho a medida de los que prestan el dinero, hasta ahora poco o nada negociado. Europa –léase Alemania- tampoco ayuda y el Banco Central Europeo aplica calmantes de vez en cuando. Y así seguimos, tirando a duras penas.

En el episodio más reciente de la agenda alemana para España, la Unión Europea acaba de decir que hay margen para la revisión impositiva sobre la base de que la ratio ingresos tributarios/PIB es más baja en España que en otros países europeos. Obviamente, como dice la profesora de la USC María Bastida, una subida del IVA mejora esta ratio por el numerador, al menos en teoría, pero si se sube la recaudación por IRPF (porque se cobra más, no porque se suben los tipos); la del Impuesto de Sociedades (porque las empresas tienen más beneficios), y la del IVA (porque se vende más, sin variar los tipos actuales) se mejoraría igualmente la ratio, con la particularidad de que progresaría también el denominador y habría un efecto multiplicador en la economía. Pero un modelo así exige políticas expansivas y de crecimiento, que es justo lo que no hay ni se ve en el horizonte más inmediato.

De vuelta a la realidad, lo que seguimos viendo es que, a pesar de los ajustes presupuestarios y de las subidas de impuestos, resulta difícil cumplir los objetivos de déficit, lo que explica que Bruselas y Madrid solo piensen en nuevos recortes en pensiones, educación, sanidad y desempleo.

Otra alternativa a nuevas subidas de impuestos sería perseguir el fraude y la evasión de capitales, ya que si se evitaran ambos fenómenos, la recaudación fiscal prácticamente se duplicaría, pero tampoco en este frente se observan resultados.

Para ingresar más, el Gobierno también podría elevar la fiscalidad a los ricos, subir los impuestos a las grandes compañías, gravar las transacciones financieras y, sobre todo, combatir la economía sumergida con determinación, hasta dejarla más o menos en la mitad de su actual dimensión, que es el doble de la media europea y afecta a un 25 % del PIB. GESTHA, asociación compuesta por técnicos del Ministerio de Hacienda, sostiene que es posible ingresar más de 63.300 millones adicionales cada año.

Parece evidente que España precisa una reforma fiscal en profundidad, lejos de seguir aplicando parches. Al menos si quiere mantener el Estado del bienestar con unos mínimos de calidad. Si definiera bien qué tipo de Estado eficiente es preciso, quedaría cuantificar su coste y repartirlo de la manera más equitativa posible, con visión de conjunto y transparencia, sin más apaños. Y en eso debería consistir un gran pacto político, económico y social en España. @J_L_Gomez