Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda.
La crisis y las exigencias de los mercados y de la troika obligaron a España a reducir sus gastos y a aumentar sus impuestos, lo cual empobreció el país.
Los gastos se redujeron a granel, sin distinguir entre gasto productivo e improductivo o entre inversión y gasto corriente. El resultado, nefasto: la falta de actividad no contribuyó a elevar los ingresos del Estado, de modo que, pese a los recortes, no se corrigió el déficit y aumentó la deuda pública.
Los ingresos no aumentaron porque la brutal caída del impuesto de sociedades jamás fue compensada, ni siquiera subiendo el IRPF, el IVA y los impuestos especiales.
En ese contexto, si en algo coincidía todo el mundo, desde la troika, los mercados, la izquierda y la derecha, es en que España no es un país viable fiscalmente. Por eso mismo incluso el Gobierno de Mariano Rajoy se sumó a una reforma fiscal para la que, visto lo visto, se ha perdido mucho tiempo.
Tras un encargo de un modelo de reforma a un llamado grupo de sabios a los que Rajoy terminó por no hacerles caso, el Gobierno sigue presentando por capítulos su descafeinada reforma fiscal, poco ambiciosa y muy del estilo de Rajoy: remiendos para intentar quedar bien con algunos, que no es lo mismo que quedar bien con el país. Da la impresión de que, lejos de hacer una reforma fiscal útil para modernizar España, se busca engañar a la gente electoralmente. Tampoco se le ha hecho suficiente caso a Bruselas, que le pide a Madrid una rebaja de los impuestos directos (IRPF y sociedades) y un aumento del IVA, que perdería su carácter subvencionador.
Son muchas las claves de esta reforma, pero si nos limitamos a su esencia quizá la principal preocupación que desata es que no asegura los ingresos del Estado ni garantiza el consumo privado, por la vía de la rebaja de impuestos.
Los profesionales y directivos que ganan más en España van a pagar menos en su IRPF, del mismo modo que los trabajadores que ganan muy poco, mientras que las clases medias aprovecharán menos la rebaja. Las deducciones se reducirán para las empresas, a cambio de bajar al 25% el impuesto de sociedades, y se incrementarán para las familias y personas con discapacidad –sin duda un elemento a valorar-, mientras que las rentas de capital respiran tranquilas con el nuevo gravamen sobre el beneficio de las empresas y de las plusvalías del ahorro.
El Gobierno no explica cómo va a cuadrar el déficit público con esta reforma fiscal, que parece más bien una rebaja electoral de impuestos que una nueva política fiscal a medio plazo, capaz de cambiar el país. Sea como sea, Mariano Rajoy tendrá que compensar los 9.000 millones menos que recaudarán el IRPF y el impuesto de sociedades. Una salida que le queda es reformar a fondo las Administraciones públicas para reducir el gasto, pero en esa materia Rajoy nunca ha querido hacer nada. Y es difícil que lo haga ahora, a un año de las elecciones municipales y autonómicas, con las generales a la vuelta de la esquina.
Desde 2008, la crisis se ha llevado por delante a miles de empresas y, lo que es peor, a millones de personas, ahora sin empleo, pero mantiene prácticamente intacto el andamiaje institucional de España, con las diputaciones conviviendo con las comunidades autónomas, mastodónticos ministerios con estructuras de un Estado centralizado, un Senado inútil y el mismo número de ayuntamientos. @J_L_Gomez
Las medidas compensatorias
Las rebajas fiscales tendrán medidas compensatorias, según ha explicado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
> La medida socialmente más llamativa es que el grueso de los trabajadores con despidos improcedentes comenzarán a pagar a Hacienda por una parte de su indemnización.
> Asimismo, Hacienda rebaja las ayudas al alquiler y reduce las deducciones por las aportaciones a los planes de pensiones.
> Hacienda también amplía las deducciones al cine y las ayudas al mecenazgo y suprime el castigo fiscal para la dación en pago.
> La rebaja de retenciones para autónomos entrará en vigor en julio.
El Ministerio de Hacienda negociará con las comunidades autónomas la rebaja del IRPF, que unida a la de sociedades limitará los ingresos del Estado en unos 9.000 millones de euros.
Tributación de las indemnizaciones.- La tributación de las indemnizaciones afecta a los desempleados a partir del pasado viernes, 20 de junio, si bien no resultará de aplicación a los despidos que se produzcan a partir de esa fecha pero deriven de un expediente de regulación de empleo (ERE) aprobado o un despido colectivo comunicado a la autoridad laboral, con anterioridad al viernes. En consecuencia, los ERE que se aprueben a partir de ahora ya vendrán con la retención fiscal correspondiente. Ante los despidos improcedentes se incorpora un mínimo exento equivalente a 2.000 euros por año trabajado, que aproximadamente equivale a un mes de salario aplicable a todas las indemnizaciones. Todo lo que supere este nivel tendrá que tributar como renta irregular. Si hay cambios serán fruto de la negociación con los agentes sociales.
Acciones gratuitas sin exenciones.- Hacienda suprime la exención por la entrega de acciones gratuitas a los empleados de la propia sociedad en la que trabajan, una fórmula que, según el diario El País, se utilizaba fundamentalmente para retribuir a los trabajadores de mayor renta. También se minora del 40% al 30% el porcentaje de reducción aplicable a los rendimientos con período de generación superior a dos años u obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo.
Alquileres menos atractivos fiscalmente.- En cuanto al alquiler, Hacienda considera que el mercado del arrendamiento de vivienda ha mejorado con respecto a cuando se pusieron en marcha las deducciones, que para los propietarios alcanza el 60% con carácter general y del 100% en el caso de los menores de 35 años. Ante el incremento del parque del alquiler y "en la medida en que las deducciones eran un tratamiento no neutral", el importe deducible se reduce al 50% para los dueños de la vivienda. Estas medidas entrarán en vigor el 1 de enero de 2015. Para el inquilino, "se suprime la deducción por alquiler, homogenizando el tratamiento fiscal de la vivienda habitual entre alquiler y propiedad". No obstante, se matiza que "al igual que cuando se suprimió la deducción por inversión en vivienda, se articula un régimen transitorio para los alquileres de vivienda efectuados con anterioridad a 2015, de manera que la supresión sólo afectará a nuevos alquileres". El alquiler de vivienda habitual tiene una deducción en el tramo estatal del IRPF del 10,05% de las cantidades satisfechas en el período impositivo, siempre que su base imponible sea inferior a 24.107,20 euros anuales, hasta un máximo de 9.040 euros anuales.
Planes de pensiones.- Para los planes de pensiones, la reforma reduce a los 8.000 euros el umbral que queda exento de tributar. Actualmente, los contribuyentes tienen derecho a rebajar su base imponible en el IRPF hasta 10.000 euros anuales por el dinero destinado a la jubilación. El umbral aumenta hasta los 12.500 euros para los que tienen más de 50 años. La aportación media se sitúa en 1.375 euros anuales.
El ahorro.- Para el ahorro hay una nueva figura tributaria. Los primeros 5.000 euros aportados a las cuentas de ahorro o seguros que tengan un sentido similar a los planes de pensiones —acumular ahorro con vistas a la jubilación— también estarán exentos de IRPF. También se suprime la penalización que hasta ahora se aplicaba a las plusvalías obtenidas en el plazo inferior a un año. Hasta ahora, estas ganancias tributaban al tipo marginal del IRPF. Cuando entre en vigor la reforma en 2015, estarán gravadas con el tipo de entre el 20% y el 24%. Y en 2016, del 19% al 23%.
Sociedades al 30% para la banca.- El impuesto de sociedades se mantendrá en el 30% para la banca con vistas a mantener otras ventajas fiscales. El sentido de esta decisión es "devolver a la sociedad el esfuerzo realizado en ayuda" del sistema financiero. Teoría. En realidad, Sociedades, el impuesto que más cayó durante la crisis, bajará desde el 30% al 28% en 2015, para quedar en el 25% en 2016. En el mejor de los casos estará todavía a 17 puntos del tipo efectivo que pagan las grandes multinacionales, cuyos privilegios fiscales son evidentes. Deducciones y desgravaciones irán, pues, a menos, a medida que baje el tipo del impuesto, pero esas normas serán para las empresas ‘normales’, cuyo tipo medio es del 21%; no para la casta de privilegiados que pagan el 8%.
Lista de morosos.- La Administración Tributaria publicará una lista de morosos que incluirá a los defraudadores que tengan deudas con Hacienda o sanciones tributarias superiores al millón de euros. Se dará publicidad de forma periódica a las situaciones de incumplimiento "relevante" de las obligaciones tributarias a través de una lista en la que se identificará a los deudores con nombres, apellidos y NIF o bien la razón o denominación social en el caso de ser empresas. En dichos listados se incluirá el importe de las deudas y sanciones pendientes de pago y se referirá a los tributos de titularidad estatal, ya que no se ha delegado esa competencia a las comunidades autónomas ni a los Ayuntamientos.