¿Crecimiento significa desigualdad?

Mariano Rajoy, presidente del Gobierno.

Puede comprenderse, que no aceptarse, que ciertos políticos del partido del Gobierno de Rajoy se dediquen a glosar la recuperación económica como una especie de mantra compuesto por palabras que tienen poderes psicológicos o espirituales. Pero no puede aceptarse, ni es comprensible, que dirigentes económicos serios y rigurosos se dejen llevar por la magia, lejos de la realidad española.

Si no hay crecimiento económico ligado a un nuevo modelo, alternativo al del ladrillo, que no lo hay, todo lo demás es vender humo. Y si no se reduce la deuda –no solo la pública, sino sobre todo la privada-, la economía financiera seguirá sin funcionar, porque no se trata de hacernos trampas al solitario mediante refinanciaciones de deudas y más deudas, sino de asumir la cruda realidad.

La banca española sigue sin hacer honor a su nombre porque no acaba de asumir las consecuencias del endeudamiento. Y, lejos de reestructurarse, se entretiene subiendo las comisiones a sus clientes para sanear su propia cuenta de resultados, porque el negocio ordinario no le da para llegar a fin de mes.

Más tarde o más temprano, la banca tendrá que afrontar capitalizaciones de deuda, al tiempo que admitir quitas y bajadas de costes financieros. Refinanciar y alargar los plazos no será suficiente, a riesgo de que el país siga paralizado ante la ausencia de crédito.

¿Pero no habían dicho que la banca ya estaba saneada por Europa y que encima eso lo habíamos pagado entre todos los contribuyentes? Más bien deberían haber dicho que la banca española ha evitado la insolvencia. ¿Y no habían dicho que la economía española vuelve a crecer? Sí, pero deberían haber añadido que crece poco, sin buenos pilares y despacio.

Sin posibilidad de devaluar y con los principales clientes de las exportaciones españoles estancados, el ajuste de deuda sigue siendo deflacionista. La devaluación interna continúa y, por eso mismo, las nuevas contrataciones son precarias y los salarios son más bajos. Entre otras razones, porque la productividad de la economía española continúa sin aumentar, los precios energéticos son exageradamente altos y las deudas de las familias y de las empresas –no solo la del Estado- siguen pesando como una losa.

Incluso las optimistas perspectivas del Fondo Monetario Internacional (FMI) no ocultan que, si nada cambia, bajar la tasa de paro del 26% actual al 19% exigirá cinco años.

¿Entonces por qué destacan tanto que la economía española crece más rápido de lo previsto? Quienes así lo creen se basan en los datos de afiliación durante el segundo trimestre del año, que ya veremos si se sostienen. Pero reparemos en las tasas de crecimiento de las que hablan, entre el 1,2 % y el 2 % del PIB, insuficientes para asegurar la creación de empleo neto.

El FMI prevé, por ejemplo, para este año un crecimiento económico del 1,2% del PIB, que sitúa en el 1,6 % para 2015, año para el que Banco de España ya ve posible alcanzar el 2%, que es el crecimiento que el FMI asigna al año 2016. Dicho en pocas palabras y sin tantas vueltas ni tantos porcentajes: quedan al menos cinco años difíciles para España. Mientras, lo que estamos viendo es que los salarios más bajos caen más que los más altos y que las caídas de los salarios, unidas a los ajustes de plantillas, se traducen en desigualdad y más pobreza. Por eso cuesta tanto admitir que se hable de flexibilizar todavía más el mercado laboral. @J_L_Gomez

 

Una rebaja fiscal no es una reforma fiscal

Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda.

La crisis y las exigencias de los mercados y de la troika obligaron a España a reducir sus gastos y a aumentar sus impuestos, lo cual empobreció el país.

Los gastos se redujeron a granel, sin distinguir entre gasto productivo e improductivo o entre inversión y gasto corriente. El resultado, nefasto: la falta de actividad no contribuyó a elevar los ingresos del Estado, de modo que, pese a los recortes, no se corrigió el déficit y aumentó la deuda pública.

Los ingresos no aumentaron porque la brutal caída del impuesto de sociedades jamás fue compensada, ni siquiera subiendo el IRPF, el IVA y los impuestos especiales.

En ese contexto, si en algo coincidía todo el mundo, desde la troika, los mercados, la izquierda y la derecha, es en que España no es un país viable fiscalmente. Por eso mismo incluso el Gobierno de Mariano Rajoy se sumó a una reforma fiscal para la que, visto lo visto, se ha perdido mucho tiempo.

Tras un encargo de un modelo de reforma a un llamado grupo de sabios a los que Rajoy terminó por no hacerles caso, el Gobierno sigue presentando por capítulos su descafeinada reforma fiscal, poco ambiciosa y muy del estilo de Rajoy: remiendos para intentar quedar bien con algunos, que no es lo mismo que quedar bien con el país. Da la impresión de que, lejos de hacer una reforma fiscal útil para modernizar España, se busca engañar a la gente electoralmente. Tampoco se le ha hecho suficiente caso a Bruselas, que le pide a Madrid una rebaja de los impuestos directos (IRPF y sociedades) y un aumento del IVA, que perdería su carácter subvencionador.

Son muchas las claves de esta reforma, pero si nos limitamos a su esencia quizá la principal preocupación que desata es que no asegura los ingresos del Estado ni garantiza el consumo privado, por la vía de la rebaja de impuestos.

Los profesionales y directivos que ganan más en España van a pagar menos en su IRPF, del mismo modo que los trabajadores que ganan muy poco, mientras que las clases medias aprovecharán menos la rebaja. Las deducciones se reducirán para las empresas, a cambio de bajar al 25% el impuesto de sociedades, y se incrementarán para las familias y personas con discapacidad –sin duda un elemento a valorar-, mientras que las rentas de capital respiran tranquilas con el nuevo gravamen sobre el beneficio de las empresas y de las plusvalías del ahorro.

El Gobierno no explica cómo va a cuadrar el déficit público con esta reforma fiscal, que parece más bien una rebaja electoral de impuestos que una nueva política fiscal a medio plazo, capaz de cambiar el país. Sea como sea, Mariano Rajoy tendrá que compensar los 9.000 millones menos que recaudarán el IRPF y el impuesto de sociedades. Una salida que le queda es reformar a fondo las Administraciones públicas para reducir el gasto, pero en esa materia Rajoy nunca ha querido hacer nada. Y es difícil que lo haga ahora, a un año de las elecciones municipales y autonómicas, con las generales a la vuelta de la esquina.
Desde 2008, la crisis se ha llevado por delante a miles de empresas y, lo que es peor, a millones de personas, ahora sin empleo, pero mantiene prácticamente intacto el andamiaje institucional de España, con las diputaciones conviviendo con las comunidades autónomas, mastodónticos ministerios con estructuras de un Estado centralizado, un Senado inútil y el mismo número de ayuntamientos. @J_L_Gomez

Las medidas compensatorias

Las rebajas fiscales tendrán medidas compensatorias, según ha explicado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

> La medida socialmente más llamativa es que el grueso de los trabajadores con despidos improcedentes comenzarán a pagar a Hacienda por una parte de su indemnización.

> Asimismo, Hacienda rebaja las ayudas al alquiler y reduce las deducciones por las aportaciones a los planes de pensiones.

> Hacienda también amplía las deducciones al cine y las ayudas al mecenazgo y suprime el castigo fiscal para la dación en pago.

> La rebaja de retenciones para autónomos entrará en vigor en julio.

El Ministerio de Hacienda negociará con las comunidades autónomas la rebaja del IRPF, que unida a la de sociedades limitará los ingresos del Estado en unos 9.000 millones de euros.

Tributación de las indemnizaciones.- La tributación de las indemnizaciones afecta a los desempleados a partir del pasado viernes, 20 de junio, si bien no resultará de aplicación a los despidos que se produzcan a partir de esa fecha pero deriven de un expediente de regulación de empleo (ERE) aprobado o un despido colectivo comunicado a la autoridad laboral, con anterioridad al viernes. En consecuencia, los ERE que se aprueben a partir de ahora ya vendrán con la retención fiscal correspondiente. Ante los despidos improcedentes se incorpora un mínimo exento equivalente a 2.000 euros por año trabajado, que aproximadamente equivale a un mes de salario aplicable a todas las indemnizaciones. Todo lo que supere este nivel tendrá que tributar como renta irregular. Si hay cambios serán fruto de la negociación con los agentes sociales.

Acciones gratuitas sin exenciones.- Hacienda suprime la exención por la entrega de acciones gratuitas a los empleados de la propia sociedad en la que trabajan, una fórmula que, según el diario El País, se utilizaba fundamentalmente para retribuir a los trabajadores de mayor renta. También se minora del 40% al 30% el porcentaje de reducción aplicable a los rendimientos con período de generación superior a dos años u obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo.

Alquileres menos atractivos fiscalmente.- En cuanto al alquiler, Hacienda considera que el mercado del arrendamiento de vivienda ha mejorado con respecto a cuando se pusieron en marcha las deducciones, que para los propietarios alcanza el 60% con carácter general y del 100% en el caso de los menores de 35 años. Ante el incremento del parque del alquiler y "en la medida en que las deducciones eran un tratamiento no neutral", el importe deducible se reduce al 50% para los dueños de la vivienda. Estas medidas entrarán en vigor el 1 de enero de 2015. Para el inquilino, "se suprime la deducción por alquiler, homogenizando el tratamiento fiscal de la vivienda habitual entre alquiler y propiedad". No obstante, se matiza que "al igual que cuando se suprimió la deducción por inversión en vivienda, se articula un régimen transitorio para los alquileres de vivienda efectuados con anterioridad a 2015, de manera que la supresión sólo afectará a nuevos alquileres". El alquiler de vivienda habitual tiene una deducción en el tramo estatal del IRPF del 10,05% de las cantidades satisfechas en el período impositivo, siempre que su base imponible sea inferior a 24.107,20 euros anuales, hasta un máximo de 9.040 euros anuales.

Planes de pensiones.- Para los planes de pensiones, la reforma reduce a los 8.000 euros el umbral que queda exento de tributar. Actualmente, los contribuyentes tienen derecho a rebajar su base imponible en el IRPF hasta 10.000 euros anuales por el dinero destinado a la jubilación. El umbral aumenta hasta los 12.500 euros para los que tienen más de 50 años. La aportación media se sitúa en 1.375 euros anuales.

El ahorro.- Para el ahorro hay una nueva figura tributaria. Los primeros 5.000 euros aportados a las cuentas de ahorro o seguros que tengan un sentido similar a los planes de pensiones —acumular ahorro con vistas a la jubilación— también estarán exentos de IRPF. También se suprime la penalización que hasta ahora se aplicaba a las plusvalías obtenidas en el plazo inferior a un año. Hasta ahora, estas ganancias tributaban al tipo marginal del IRPF. Cuando entre en vigor la reforma en 2015, estarán gravadas con el tipo de entre el 20% y el 24%. Y en 2016, del 19% al 23%.

Sociedades al 30% para la banca.- El impuesto de sociedades se mantendrá en el 30% para la banca con vistas a mantener otras ventajas fiscales. El sentido de esta decisión es "devolver a la sociedad el esfuerzo realizado en ayuda" del sistema financiero. Teoría. En realidad, Sociedades, el impuesto que más cayó durante la crisis, bajará desde el 30% al 28% en 2015, para quedar en el 25% en 2016. En el mejor de los casos estará todavía a 17 puntos del tipo efectivo que pagan las grandes multinacionales, cuyos privilegios fiscales son evidentes. Deducciones y desgravaciones irán, pues, a menos, a medida que baje el tipo del impuesto, pero esas normas serán para las empresas ‘normales’, cuyo tipo medio es del 21%; no para la casta de privilegiados que pagan el 8%.

Lista de morosos.- La Administración Tributaria publicará una lista de morosos que incluirá a los defraudadores que tengan deudas con Hacienda o sanciones tributarias superiores al millón de euros. Se dará publicidad de forma periódica a las situaciones de incumplimiento "relevante" de las obligaciones tributarias a través de una lista en la que se identificará a los deudores con nombres, apellidos y NIF o bien la razón o denominación social en el caso de ser empresas. En dichos listados se incluirá el importe de las deudas y sanciones pendientes de pago y se referirá a los tributos de titularidad estatal, ya que no se ha delegado esa competencia a las comunidades autónomas ni a los Ayuntamientos.

 

Los impuestos no son para los grandes

Sede de la Agencia Tributaria en Madrid. / Uly Martín en El País

El presidente Mariano Rajoy ya dio por hecho que el Gobierno rebajará el tipo nominal del impuesto de sociedades del 30% al 25%. En realidad, lo único nuevo es el momento elegido, ya que esa medida estaba descontada. En el informe de los sabios contratados por el ministro Montoro, sociedades –el impuesto clave en la caída de los ingresos del Estado durante la crisis- baja desde el 30% actual al 25% primero y después al 20%. Estamos, pues, en la primera fase de una gran operación de Hacienda en la que lo que se plantea es una devaluación fiscal que comprende bajar el IRPF y las cotizaciones sociales en tres puntos, para incentivar el consumo y la creación de empleo, respectivamente, y subir a cambio el IVA y los impuestos indirectos. En definitiva, una reforma hecha a medida de organismos como el Fondo Monetario Internacional o la Comisión Europea, siempre partidarios de subir impuestos como el IVA, entre otras cosas porque son más fáciles de recaudar, pero que tienen el hándicap de que gravan igual a pobres y ricos.

Pero no acaba ahí la cosa. En realidad, las grandes empresas a las que ahora les reducen los impuestos ya no pagan el 30%, porque se benefician de infinidad de incentivos y deducciones fiscales, a menudo meros trucos, pura ingeniería para eludir el pago de impuestos. Tanto es así que la mayoría de las firmas cotizadas del Ibex-35 –léase los grandes bancos y las grandes multinacionales- pagan un impuesto efectivo más próximo al 8% que al 30%.

La irregular tributación de las grandes empresas comprende incluso el recurso a los paraísos fiscales, donde tienen implantación nada menos que 33 de las 35 sociedades que forman el Ibex. El Banco Santander encabeza el ranking de firmas con mayor número de sociedades en paraísos fiscales: 72 en 2011, el doble que en 2009. Le siguen ACS (71), BBVA (43), Repsol YPF (43) y FCC (26).

¿Qué paraísos fiscales eligen? Algunos son comunes a todas las grandes firmas, otros parecen hechos a medida de cada cliente. Delaware, en Estados Unidos, es el principal paraíso fiscal de los empresarios y banqueros españoles, seguido de Holanda, Luxemburgo, Irlanda, Suiza y Hong Kong. Pero hay más.

¿Cómo hacen para no pagar impuestos, aunque ellos le llaman ‘maximizar fiscalmente’, de manera eufemística? Lo más habitual es la creación de filiales en países o ciudades-Estado con un régimen tributario extremadamente favorable. Ni siquiera se trata de firmas relacionadas con su producción industrial en el caso de las empresas o con sus servicios en el caso de los bancos: solo se utilizan para cruzar operaciones financieras de sociedades de cartera o sociedades holding. Estados como España miran para otro lado, mientras ordenan a sus inspectores fiscales que vigilen a autónomos y pymes, a sabiendas de que los trabajadores están casi todos bajo control, ya que el Estado controla informáticamente sus nóminas y sus cuentas bancarias.

¿Estamos hablando de un secreto de Estado? Para nada. Todo esto se hace a la luz del día. Para comprobarlo basta leer el estudio titulado La Responsabilidad Social Corporativa en las memorias anuales de las empresas del Ibex 35, que elabora el Observatorio de la RSC. Ni siquiera se trata de un fenómeno irregular en vías de extinción, sino todo lo contrario: año tras año aumentan las empresas españolas instaladas en paraísos fiscales. @J_L_Gomez

 

 

 

España, ni hace sus deberes ni seduce a Europa

Banderas de la UE ante la sede de la Comisión Europea en Bruselas. / Reuters

Haber pasado de la recesión a un crecimiento positivo, por pequeño que sea, es una noticia positiva para la economía española, pero no lo suficiente como para que se generalice la idea de que el país ha salido de la crisis. Y no ya por algo tan evidente como que un 25% de desempleo es incompatible con salir de la crisis, sino porque el crecimiento es tan bajo, que no disipa el riesgo de una vuelta atrás.

La ortodoxia del control del déficit público impuesta por Alemania en la UE ha sacrificado mucho empleo en España, donde el Gobierno carece de dinero y de máquina para fabricarlo, al estar esta competencia en manos del Banco Central Europeo (BCE), a su vez controlado por Alemania. Estados en apuros como España suplen esta limitación monetaria tirando de la deuda pública, que va camino de igualar el PIB y amenaza con volverse insostenible. Curiosamente, Alemania reduce su deuda.

España no tiene peso suficiente, del mismo modo que muchos otros países, para plantarle cara a Alemania, pero la crítica situación de Francia puede hacer cambiar las cosas. Al menos en el tipo de cambio del euro frente al dólar, de modo que sea más fácil exportar desde los países de la eurozona. ¿Problema? Que los tipos del BCE están prácticamente al 0% y apenas hay margen para actuar, de ahí que se busquen alternativas como la compra de bonos o de titulizaciones de deuda privada; es decir, lo que suele denominarse la compra de activos.

Lo que es cada vez más evidente es que las recetas válidas para Alemania no sirven para países como España, de modo que el escenario podría cambiar si se demuestra que tampoco sirven para Francia. Con todas sus peculiaridades, EE UU hubiera sido un modelo mejor para economías como la española, con estrategias más ligadas a cada ciclo económico. Dicho en palabras llanas: a un parado sin ingresos no se le puede exigir que pague sus deudas, pero si se le busca trabajo tal vez pueda ir pagando lo que debe. Pues bien, España sigue siendo un parado sin suficientes ingresos, cuya economía sigue devorada por un tremendo déficit público, solo aliviada por la rebaja de los intereses, ya que la prima de riesgo cayó influida por el BCE.

Parece evidente que sin grandes riesgos de inflación y con una mejora de la balanza por cuenta corriente hay margen para una política monetaria más flexible en toda la eurozona. Esto significa que puede devaluarse el euro y que el BCE debería hacerse mayor, si logra liberarse del yugo de Alemania, que no quiere secundar este tipo de medidas por sus temores a la inflación.

España no solo precisa reformas estructurales internas, que por cierto no completa, sino que depende mucho de las decisiones europeas; léase alemanas. En ese sentido, claro que Bruselas tiene razón al exigir más ajustes viendo como el déficit público y la deuda están fuera de control, pero si fueran justos empezarían por reconocer que es así en parte por sus corsés monetarios.

Lo que es evidente es que España precisa reconducir su déficit presupuestario, ya que los resultados del ajuste son insuficientes. Como ya resulta difícil hacerlo por la vía de reducir el gasto público, todo indica que los esfuerzos deben centrarse en aumentar los ingresos públicos mediante políticas que aseguren el crecimiento. EE UU le ha demostrado a Europa que las deudas se pagan creciendo. Claro que EE UU tiene máquina de hacer billetes y sabe que sus dólares atraen a los países que, como China, tienen gigantescas tasas de ahorro. @J_L_Gomez

 

Universidad y empresa en España

Una investigadora en la Universidad del País Vasco. / Txetxu Berruezo en El País

La Conferencia de Rectores de España, que representa a 50 campus universitarios públicos y 25 privados, considera que si el Gobierno de Mariano Rajoy ha decretado el fin de la crisis y confía en el inicio de la recuperación, Educación debería retirarles la soga. Puede ser razonable su reivindicación, si bien sería más justo que esa soga se le retire a todo el país, no solo a la Universidad. ¿O no?

Las reivindicaciones de los rectores tienen que ver con las plantillas docentes, la investigación, los precios de las matrículas y las becas. Parecen justificadas, pero les faltan al menos dos cosas: reducir, de paso, su gasto improductivo y asumir una clara apuesta por la búsqueda de financiación en las empresas, a cambio de proyectos rentables para ambas partes. Seguramente falta un poco de autocrítica en la Universidad y poner en valor las estrategias de rectores como los de la Pompeu Fabra, la Autónoma de Barcelona, la de Vigo o la del País Vasco.

Los rectores no entran a valorar si tienen muchos o pocos estudiantes pero la realidad indica que en Alemania, primera potencia económica de la UE, tiene un 30 % de los jóvenes que estudian en la Universidad y un 70 % en la formación profesional, mientras que en España es justo al revés. Claro que en Alemania sus empresas asumen como inversión rentable la financiación de las prácticas de los estudiantes de la formación profesional dual, mientras que el empresariado español, menos productivo, se pone de perfil. ¿Resultado? Mientras que en la UE un 23 % de los menores de 25 años activos están en paro, en España ese porcentaje sube al 54 %. Todo tiene una explicación: países como Alemania apuestan por la economía productiva, la banca ligada a la empresa y una enseñanza profesional teórica en un 30 % y práctica en un 70 %, porcentajes inversamente proporcionales a los españoles.

Tal vez a los rectores les iría bien revisar su modelo universitario y centrar su apuesta en la investigación. Ya Joseph Alois Schumpeter postuló que los ciclos de la economía comienzan y terminan con innovaciones tecnológicas, mientras que el filósofo, político y científico estadounidense Benjamin Franklin había expresado algo parecido en su día: “No hay inversión más rentable que la del conocimiento”. @J_L_Gomez

 

 

España, un país de discretas noticias escandalosas

Soraya Sáenz de Santamaría y Luis de Guindos. / La Moncloa

 

En España hay noticias relativas a la corrupción y la economía de un calado extraordinario que pasan inadvertidas a los ojos de la Oposición, lo cual resulta cuando menos sospechoso de que es cómplice del Gobierno y de la banca. El problema no es exclusivo de España. Como suele denunciar el premio Nobel de economía Paul Krugman, la banca mantiene su influencia no solo sobre los políticos neoliberales, sino también sobre los considerados de izquierdas, entre los que menciona al francés François Hollande.

 

Un ejemplo de noticia escandalosa sin mayor relieve público es el reconocimiento en sentencia judicial de que el PP maneja dinero negro y defrauda, por tanto, a Hacienda, cuando resulta que es el partido que sustenta al Gobierno encargado de recaudar los impuestos de los ciudadanos.

 

Otra noticia no menos escandalosa pero más difícil de transmitir a la opinión pública por su complejidad financiera es el decreto del Gobierno que, según el periodista Miguel Jiménez, de El País, puede ‘salvarle’ a la banca 40.000 millones de euros en capital. Los activos fiscales avalados por el Estado desbordarían incluso las previsiones y la cifra final podría superar la inyección del reciente rescate bancario.

 

Para acometer esta nueva operación de ingeniería financiera, tan propia del servilismo del ministro Luis de Guindos con respecto a la banca –a fin de cuentas es uno de ellos-, su departamento convirtió en monetizables, es decir, en títulos con garantía del Estado, parte de los créditos fiscales que permitirían a los bancos ahorrarse impuestos en el futuro.

 

¿Quiere eso decir que el Estado le ha regalado a la banca otros 40.000 millones de euros de los ciudadanos? No necesariamente, pero ese riesgo existe. Por ejemplo, en el caso de que un banco no pueda aprovechar sus créditos fiscales para ahorrarse impuestos en un plazo de 18 años, o si llega a liquidarse, a incurrir en situación de insolvencia, o a presentar pérdidas contables. En tales situaciones, los activos fiscales diferidos se convertirían en un crédito directo contra Hacienda. Es decir, contra todos los contribuyentes. 

 

Por si acaso, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no estampó su firma en el decreto que ampara todo este montaje financiero a favor de la banca y en contra de los intereses del Estado. Lo firma, en funciones de presidenta, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. @J_L_Gomez

 

Un foro innovador desde Galicia

Santiago Lago. / Mundiario

La economía gallega ha corrido en paralelo con la del conjunto de España en la salida de la recesión, de modo que si bien cerró 2013 en negativo, logró al menos tener un pequeño crecimiento en la recta final del año, tras once trimestres con el Producto Interior Bruto (PIB) en negativo. Las claves de esta leve recuperación también son comunes, bajo la influencia positiva de las exportaciones. La devaluación interna de la economía española, con salarios más bajos y una inflación contenida, ayuda a que sea más competitiva en el exterior.

Todo ello no resuelve, sin embargo, el gran problema de fondo de la economía, tanto en Galicia como en España: el desempleo. La falta de crecimiento suficiente no reduce el paro, que se mantiene en porcentajes inasumibles, y tampoco genera suficientes ingresos públicos, con lo cual el Estado mantiene sus restricciones en materia de cobertura del desempleo. Las noticias positivas al respecto son, lógicamente, bienvenidas, pero distan mucho de ser las adecuadas para recuperar los mínimos necesarios. Falta mucho para poder cantar victoria en materia de empleo, tal vez demasiados años en los que muchas personas -empezando por las más jóvenes- lo van a pasar mal. Un solo dato: en más de 90.000 hogares gallegos están en paro todos sus miembros.

Pero también es cierto que Galicia tiene algunas ventanas de oportunidad abiertas. Sus cuentas públicas no son las peores y en su economía productiva se observan algunas señales que invitan al optimismo. No solo porque aquí está Inditex, la gran multinacional del mundo de la moda, sino porque hay sectores donde la iniciativa privada funciona. Empresas de alta y media tecnología y de servicios avanzados, junto con el sector agroindustrial, podrían protagonizar buenas noticias en los próximos años, como observan los expertos reunidos por el profesor Fernando González Laxe en el Foro Económico de Galicia.

El consenso entre el sector público y privado, ampliado a los sindicatos, sería un buen método de trabajo en clave gallega. En ese sentido, los papeles que elabora el Foro Económico de Galicia no solo van ganando peso, sino que contribuyen a vertebrar un nuevo discurso integrador, de la mano del profesor Santiago Lago y del empresario Emilio Pérez Nieto, entre otros.

No es frecuente que la sociedad civil gallega dé muestras de estar viva, por lo que iniciativas como el Foro, aunque modestas, tienen especial valor en un país como Galicia. Lo que en Estados Unidos no sería más que una anécdota aquí se convierte en algo ciertamente relevante, a proteger. De alguna manera, el Foro Económico de Galicia es “una plataforma de transferencia de conocimiento en materia económica” desde las universidades y las empresas gallegas a la sociedad y a los espacios de decisión pública; léase no solo la Xunta, sino también el Parlamento, si quiere estar atento.

Desde sus comienzos, el Foro Económico de Galicia integra a empresarios y directivos representativos de los diferentes sectores y áreas de Galicia, profesores e investigadores, y periodistas de referencia. Por todo ello, es también, según sus promotores, una herramienta de la sociedad civil que pretende contribuir a conocer mejor “los desafíos, oportunidades y amenazas sobre la estructura productiva gallega, sus empresas y su sector público”. Tal vez cabe que su pluralismo se amplíe y que su reconocimiento aumente.  @J_L_Gomez

 

Importa más el ministro de Economía que el candidato del PP

La inminente designación del candidato – o candidata- del Partido Popular a las elecciones europeas de mayo mantiene abiertas las especulaciones sobre la dimensión que tendrá la primera crisis de gobierno de Mariano Rajoy, nada amigo de los cambios. A esa incertidumbre se suma la posible salida del Ejecutivo del ministro de Economía, Luis de Guindos, quien se perfila como futuro presidente del Eurogrupo, en 2015. No solo le apoyaría Rajoy en ese cometido; también, el alemán Wolfgang Schäuble y el francés Pierre Moscovici.

Especulaciones sobre la candidatura europea hay muchas, empezando por la del ministro Arias Cañete, cuyos conocimientos en materia europea le darían solidez al PP, y terminando por la de Ana Pastor, amiga personal de Rajoy, y una mujer con perfil centrista, de buen talante y capaz de conectar con la gente de la calle. Pero conociendo a Rajoy no habría que extrañarse de que las especulaciones y las hipótesis –incluso las de su gente- no lleguen muy lejos.

Siendo importante la candidatura europea, al menos en términos electorales, puede serlo aún más el relevo de Economía. Digamos que el PP se juega más en las elecciones que sustituyendo a De Guindos, pero que para el conjunto de los españoles es más importante quien gobierne su economía que un cabeza de cartel, que en última instancia tampoco irá más allá de ser un eurodiputado.

Las quinielas para el relevo de Luis de Guindos incluyen más nombres: desde Álvaro Nadal, el jefe de la oficina económica de Rajoy –sin duda un economista cualificado- hasta el presidente del ICO, Román Escolano, pasando por el jefe del Tesoro, Iñigo Fernández de Mesa, o el portavoz del PP en el Senado, José Manuel Barreiro. Claro que en el Gobierno también hay candidatos al puesto de Luis de Guindos, empezando por Cristóbal Montoro, que sueña con volver a unir Economía y Hacienda, lo que le daría rango de vicepresidente. Se le olvida el pequeño detalle de que a Rajoy parece gustarle más que los ministros enreden y pueda mandar él, lejos de soportar la figura de un vicepresidente económico poderoso. No con tantas ambiciones como para aspirar a una vicepresidencia pero sí a la cartera de Economía estarían también Margallo –cada día más ministro de asuntos catalanes que de Asuntos Exteriores- o Soria, a quien le quema la tarifa eléctrica.

De todos ellos, el perfil más afín a Rajoy, por talante, ideología, trayectoria –de abajo arriba- y apego al PP, es José Manuel Barreiro, presidente del PP de Lugo y a quien le van mejor las cosas en Madrid que en la Galicia de Feijóo, de quien fue adversario interno para relevar a Manuel Fraga. Sería complementario con Montoro, pondría coto a las veleidades neoliberales de Luis de Guindos –Barreiro es más bien un democristiano conservador- y elevaría el discreto nivel del Gobierno, dada su condición de catedrático, sin cacarear demasiado. Línea Rajoy, al más puro estilo del jefe.

Nombre o no ministro -de lo que sea- a Barreiro, el mero hecho de que su nombre aflore en Madrid constituye un mensaje interno al hombre fuerte del PP de Galicia, Alfonso Rueda, que no es precisamente el presidente del club de fans de Barreiro.

¿Conclusión? Que Mariano Rajoy tiene mucho donde elegir, sobre todo en el área económica, y que suele ser difícil adelantar sus decisiones, máxime cuando ni él mismo las ha tomado y solo se las está pensando. @J_L_Gomez

 

¿Garantiza la reforma fiscal la progresividad?

Sede de la Agencia Tributaria en Madrid. / Uly Martín en El País

En España suele costar hacer las cosas con orden y talento, a diferencia de lo que es norma en países sólidos como Alemania. La reforma fiscal del llamado grupo de sabios designados por el Gobierno es un ejemplo más. Se supone que una reforma fiscal a fondo debería partir de cuánto es menester ingresar para garantizar la viabilidad del Estado con una estructura fiscal sólida. De ese modo, y una vez aplicado el porcentaje autorizado de déficit –se supone que el 3% de objetivo que marca la eurozona-, sería posible diseccionar quiénes y cómo deberían garantizar esos ingresos públicos.

Pero en España no se hacen las cosas así. De hecho, a día de hoy, no hay un consenso político sobre qué dimensión debe tener el Estado de bienestar y, en consecuencia, qué nivel de gasto debe aplicarse al conjunto de las administraciones públicas. Tampoco se sabe en España, porque no se quiere saber, cuánta ‘grasa’ fiscal se podría ahorrar racionalizando la arquitectura institucional del país. Es decir, entrando a fondo en la supresión de diputaciones o autonomías, según los casos, ya que alguna de las dos cosas sobran, la concentración de municipios, o la eliminación o reconversión del Senado, por citar solo los casos más evidentes.

La crisis no se ha aprovechado para modernizar y actualizar el Estado, que sigue igual que estaba. Igual de mal, claro. Por tanto, se parte de la base de mantener lo que hay, sin distinguir entre gasto productivo e improductivo y arrastrando el cáncer de la economía sumergida y el fraude fiscal, equivalente a una cuarta parte de la producción del país. Una auténtica barbaridad en un país democrático occidental.

Nada de esto se plantea en la reforma fiscal, que de ese modo se convierte en un nuevo maquillaje, con ciertos criterios inspirados por organismos internacionales al servicio del neoliberalismo y unas cuantas normas que simplifican un ordenamiento fiscal repleto de medidas obsoletas. En resumidas cuentas, no se actúa –de verdad- contra el fraude fiscal ni se observa progresividad fiscal. Los ricos pueden seguir durmiendo tranquilos.

Lo que se plantea es una devaluación fiscal que comprende bajar el IRPF y las cotizaciones sociales en tres puntos, para incentivar el consumo y la creación de empleo, respectivamente, y subir a cambio el IVA y los impuestos indirectos. A ello se añade una simplificación de la fiscalidad que pesa sobre los planes de pensiones al objeto de no castigar más el ahorro. Sociedades –el impuesto clave en la caída de los ingresos del Estado durante la crisis- baja desde el 30% actual al 25% primero y después al 20%.

Desde el punto de vista ideológico de la reforma, es evidente la influencia de organismos como el Fondo Monetario Internacional o la Comisión Europea, siempre partidarios de subir impuestos como el IVA, entre otras cosas porque son más fáciles de recaudar, pero que tienen el hándicap de que gravan igual a ricos y a pobres.

En el impuesto sobre la renta es tan tibia la rebaja de tipos que parece insuficiente para reactivar el consumo. Tal vez lo más positivo está en la supresión de la maraña de deducciones y desgravaciones fiscales en el IRPF y en el impuesto sobre sociedades.

No todo prosperará y, de entrada, el Gobierno ya ha rechazado gravar patrimonialmente la vivienda, pero sí es probable que prospere la filosofía que inspira esta reforma fiscal conservadora. Como advierte Joaquín Estefanía desde El País, el nuevo sistema fiscal deberá atender al principio de progresividad, dados los insoportables niveles de desigualdad que se han alcanzado en España. ¿Pero es esa la prioridad del Gobierno de Rajoy? Lo veremos. @J_L_Gomez

 

La corrupción le sale cara al contribuyente

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

En la España de Rajoy -y en la de Zapatero, y en la de Aznar y en la de Felipe...- se sabía que había corrupción por arriba, de la que se beneficiaban no solo los grandes partidos políticos, sino también algunos de sus dirigentes, y ahora se sabe y se constata por la vía judicial lo que ya se intuía: también hay corrupción por abajo, de la que se benefician muchos alcaldes y concejales, así como sus partidos a nivel local, ya que con ese tipo de prácticas también financian sus campañas electorales locales y colocan a amigos y familiares en compañías proveedoras de las instituciones y de los propios partidos.

Pagan siempre los mismos: los contribuyentes. En el primer caso, con sus impuestos, de los que salen los dineros de tantos ‘modificados’ que han servido en bandeja la corrupción que conecta al poder con los grandes constructores. Y en el segundo, no solo con impuestos locales, sino también con tasas como las del agua o incluso los tickets del aparcamiento, la tristemente famosa ORA. De este modo, las concesionarias privadas de servicios públicos sirven de tapadera para entregar dinero o regalos a políticos locales corruptos y también para ‘ayudar’ a los líderes locales a financiar sus campañas y emplear a sus protegidos.

¿Son todos los políticos corruptos? No. Muchos de ellos no lo son, pero muchos otros sí. Y en tierra de nadie están los que no lo son sobre el papel, porque ese tipo de misiones se las encomiendan a sus asesores: hombres de paja que nombran al frente de sus gabinetes para imponerse a los funcionarios públicos y cerrar los chanchullos, saltándose los controles internos de la Administración. Ya decía el poeta y narrador estadounidense Bukowski que la diferencia entre una democracia y una dictadura consiste en que en la democracia puedes votar antes de obedecer las órdenes.

¿Hay remedio para este estado de cosas que ponen en peligro la democracia? Por supuesto. La Justicia, que al fin está empezando a actuar, puede ser un buen remedio, no solo porque penaliza a los infractores, sino porque disuade a potenciales delincuentes agazapados en el poder. Pero hay más remedios: legislar sobre la oscura financiación de los partidos, suprimir los asesores para potenciar la figura de los funcionarios de carrera y obligar al uso de tarjetas controladas para eliminar los billetes de 500 euros. Otros dicen que estas cosas también tienen que ver con la educación. Puede ser. @J_L_Gomez