España, un país de discretas noticias escandalosas

Soraya Sáenz de Santamaría y Luis de Guindos. / La Moncloa

 

En España hay noticias relativas a la corrupción y la economía de un calado extraordinario que pasan inadvertidas a los ojos de la Oposición, lo cual resulta cuando menos sospechoso de que es cómplice del Gobierno y de la banca. El problema no es exclusivo de España. Como suele denunciar el premio Nobel de economía Paul Krugman, la banca mantiene su influencia no solo sobre los políticos neoliberales, sino también sobre los considerados de izquierdas, entre los que menciona al francés François Hollande.

 

Un ejemplo de noticia escandalosa sin mayor relieve público es el reconocimiento en sentencia judicial de que el PP maneja dinero negro y defrauda, por tanto, a Hacienda, cuando resulta que es el partido que sustenta al Gobierno encargado de recaudar los impuestos de los ciudadanos.

 

Otra noticia no menos escandalosa pero más difícil de transmitir a la opinión pública por su complejidad financiera es el decreto del Gobierno que, según el periodista Miguel Jiménez, de El País, puede ‘salvarle’ a la banca 40.000 millones de euros en capital. Los activos fiscales avalados por el Estado desbordarían incluso las previsiones y la cifra final podría superar la inyección del reciente rescate bancario.

 

Para acometer esta nueva operación de ingeniería financiera, tan propia del servilismo del ministro Luis de Guindos con respecto a la banca –a fin de cuentas es uno de ellos-, su departamento convirtió en monetizables, es decir, en títulos con garantía del Estado, parte de los créditos fiscales que permitirían a los bancos ahorrarse impuestos en el futuro.

 

¿Quiere eso decir que el Estado le ha regalado a la banca otros 40.000 millones de euros de los ciudadanos? No necesariamente, pero ese riesgo existe. Por ejemplo, en el caso de que un banco no pueda aprovechar sus créditos fiscales para ahorrarse impuestos en un plazo de 18 años, o si llega a liquidarse, a incurrir en situación de insolvencia, o a presentar pérdidas contables. En tales situaciones, los activos fiscales diferidos se convertirían en un crédito directo contra Hacienda. Es decir, contra todos los contribuyentes. 

 

Por si acaso, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no estampó su firma en el decreto que ampara todo este montaje financiero a favor de la banca y en contra de los intereses del Estado. Lo firma, en funciones de presidenta, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. @J_L_Gomez

 

Un foro innovador desde Galicia

Santiago Lago. / Mundiario

La economía gallega ha corrido en paralelo con la del conjunto de España en la salida de la recesión, de modo que si bien cerró 2013 en negativo, logró al menos tener un pequeño crecimiento en la recta final del año, tras once trimestres con el Producto Interior Bruto (PIB) en negativo. Las claves de esta leve recuperación también son comunes, bajo la influencia positiva de las exportaciones. La devaluación interna de la economía española, con salarios más bajos y una inflación contenida, ayuda a que sea más competitiva en el exterior.

Todo ello no resuelve, sin embargo, el gran problema de fondo de la economía, tanto en Galicia como en España: el desempleo. La falta de crecimiento suficiente no reduce el paro, que se mantiene en porcentajes inasumibles, y tampoco genera suficientes ingresos públicos, con lo cual el Estado mantiene sus restricciones en materia de cobertura del desempleo. Las noticias positivas al respecto son, lógicamente, bienvenidas, pero distan mucho de ser las adecuadas para recuperar los mínimos necesarios. Falta mucho para poder cantar victoria en materia de empleo, tal vez demasiados años en los que muchas personas -empezando por las más jóvenes- lo van a pasar mal. Un solo dato: en más de 90.000 hogares gallegos están en paro todos sus miembros.

Pero también es cierto que Galicia tiene algunas ventanas de oportunidad abiertas. Sus cuentas públicas no son las peores y en su economía productiva se observan algunas señales que invitan al optimismo. No solo porque aquí está Inditex, la gran multinacional del mundo de la moda, sino porque hay sectores donde la iniciativa privada funciona. Empresas de alta y media tecnología y de servicios avanzados, junto con el sector agroindustrial, podrían protagonizar buenas noticias en los próximos años, como observan los expertos reunidos por el profesor Fernando González Laxe en el Foro Económico de Galicia.

El consenso entre el sector público y privado, ampliado a los sindicatos, sería un buen método de trabajo en clave gallega. En ese sentido, los papeles que elabora el Foro Económico de Galicia no solo van ganando peso, sino que contribuyen a vertebrar un nuevo discurso integrador, de la mano del profesor Santiago Lago y del empresario Emilio Pérez Nieto, entre otros.

No es frecuente que la sociedad civil gallega dé muestras de estar viva, por lo que iniciativas como el Foro, aunque modestas, tienen especial valor en un país como Galicia. Lo que en Estados Unidos no sería más que una anécdota aquí se convierte en algo ciertamente relevante, a proteger. De alguna manera, el Foro Económico de Galicia es “una plataforma de transferencia de conocimiento en materia económica” desde las universidades y las empresas gallegas a la sociedad y a los espacios de decisión pública; léase no solo la Xunta, sino también el Parlamento, si quiere estar atento.

Desde sus comienzos, el Foro Económico de Galicia integra a empresarios y directivos representativos de los diferentes sectores y áreas de Galicia, profesores e investigadores, y periodistas de referencia. Por todo ello, es también, según sus promotores, una herramienta de la sociedad civil que pretende contribuir a conocer mejor “los desafíos, oportunidades y amenazas sobre la estructura productiva gallega, sus empresas y su sector público”. Tal vez cabe que su pluralismo se amplíe y que su reconocimiento aumente.  @J_L_Gomez

 

Importa más el ministro de Economía que el candidato del PP

La inminente designación del candidato – o candidata- del Partido Popular a las elecciones europeas de mayo mantiene abiertas las especulaciones sobre la dimensión que tendrá la primera crisis de gobierno de Mariano Rajoy, nada amigo de los cambios. A esa incertidumbre se suma la posible salida del Ejecutivo del ministro de Economía, Luis de Guindos, quien se perfila como futuro presidente del Eurogrupo, en 2015. No solo le apoyaría Rajoy en ese cometido; también, el alemán Wolfgang Schäuble y el francés Pierre Moscovici.

Especulaciones sobre la candidatura europea hay muchas, empezando por la del ministro Arias Cañete, cuyos conocimientos en materia europea le darían solidez al PP, y terminando por la de Ana Pastor, amiga personal de Rajoy, y una mujer con perfil centrista, de buen talante y capaz de conectar con la gente de la calle. Pero conociendo a Rajoy no habría que extrañarse de que las especulaciones y las hipótesis –incluso las de su gente- no lleguen muy lejos.

Siendo importante la candidatura europea, al menos en términos electorales, puede serlo aún más el relevo de Economía. Digamos que el PP se juega más en las elecciones que sustituyendo a De Guindos, pero que para el conjunto de los españoles es más importante quien gobierne su economía que un cabeza de cartel, que en última instancia tampoco irá más allá de ser un eurodiputado.

Las quinielas para el relevo de Luis de Guindos incluyen más nombres: desde Álvaro Nadal, el jefe de la oficina económica de Rajoy –sin duda un economista cualificado- hasta el presidente del ICO, Román Escolano, pasando por el jefe del Tesoro, Iñigo Fernández de Mesa, o el portavoz del PP en el Senado, José Manuel Barreiro. Claro que en el Gobierno también hay candidatos al puesto de Luis de Guindos, empezando por Cristóbal Montoro, que sueña con volver a unir Economía y Hacienda, lo que le daría rango de vicepresidente. Se le olvida el pequeño detalle de que a Rajoy parece gustarle más que los ministros enreden y pueda mandar él, lejos de soportar la figura de un vicepresidente económico poderoso. No con tantas ambiciones como para aspirar a una vicepresidencia pero sí a la cartera de Economía estarían también Margallo –cada día más ministro de asuntos catalanes que de Asuntos Exteriores- o Soria, a quien le quema la tarifa eléctrica.

De todos ellos, el perfil más afín a Rajoy, por talante, ideología, trayectoria –de abajo arriba- y apego al PP, es José Manuel Barreiro, presidente del PP de Lugo y a quien le van mejor las cosas en Madrid que en la Galicia de Feijóo, de quien fue adversario interno para relevar a Manuel Fraga. Sería complementario con Montoro, pondría coto a las veleidades neoliberales de Luis de Guindos –Barreiro es más bien un democristiano conservador- y elevaría el discreto nivel del Gobierno, dada su condición de catedrático, sin cacarear demasiado. Línea Rajoy, al más puro estilo del jefe.

Nombre o no ministro -de lo que sea- a Barreiro, el mero hecho de que su nombre aflore en Madrid constituye un mensaje interno al hombre fuerte del PP de Galicia, Alfonso Rueda, que no es precisamente el presidente del club de fans de Barreiro.

¿Conclusión? Que Mariano Rajoy tiene mucho donde elegir, sobre todo en el área económica, y que suele ser difícil adelantar sus decisiones, máxime cuando ni él mismo las ha tomado y solo se las está pensando. @J_L_Gomez

 

¿Garantiza la reforma fiscal la progresividad?

Sede de la Agencia Tributaria en Madrid. / Uly Martín en El País

En España suele costar hacer las cosas con orden y talento, a diferencia de lo que es norma en países sólidos como Alemania. La reforma fiscal del llamado grupo de sabios designados por el Gobierno es un ejemplo más. Se supone que una reforma fiscal a fondo debería partir de cuánto es menester ingresar para garantizar la viabilidad del Estado con una estructura fiscal sólida. De ese modo, y una vez aplicado el porcentaje autorizado de déficit –se supone que el 3% de objetivo que marca la eurozona-, sería posible diseccionar quiénes y cómo deberían garantizar esos ingresos públicos.

Pero en España no se hacen las cosas así. De hecho, a día de hoy, no hay un consenso político sobre qué dimensión debe tener el Estado de bienestar y, en consecuencia, qué nivel de gasto debe aplicarse al conjunto de las administraciones públicas. Tampoco se sabe en España, porque no se quiere saber, cuánta ‘grasa’ fiscal se podría ahorrar racionalizando la arquitectura institucional del país. Es decir, entrando a fondo en la supresión de diputaciones o autonomías, según los casos, ya que alguna de las dos cosas sobran, la concentración de municipios, o la eliminación o reconversión del Senado, por citar solo los casos más evidentes.

La crisis no se ha aprovechado para modernizar y actualizar el Estado, que sigue igual que estaba. Igual de mal, claro. Por tanto, se parte de la base de mantener lo que hay, sin distinguir entre gasto productivo e improductivo y arrastrando el cáncer de la economía sumergida y el fraude fiscal, equivalente a una cuarta parte de la producción del país. Una auténtica barbaridad en un país democrático occidental.

Nada de esto se plantea en la reforma fiscal, que de ese modo se convierte en un nuevo maquillaje, con ciertos criterios inspirados por organismos internacionales al servicio del neoliberalismo y unas cuantas normas que simplifican un ordenamiento fiscal repleto de medidas obsoletas. En resumidas cuentas, no se actúa –de verdad- contra el fraude fiscal ni se observa progresividad fiscal. Los ricos pueden seguir durmiendo tranquilos.

Lo que se plantea es una devaluación fiscal que comprende bajar el IRPF y las cotizaciones sociales en tres puntos, para incentivar el consumo y la creación de empleo, respectivamente, y subir a cambio el IVA y los impuestos indirectos. A ello se añade una simplificación de la fiscalidad que pesa sobre los planes de pensiones al objeto de no castigar más el ahorro. Sociedades –el impuesto clave en la caída de los ingresos del Estado durante la crisis- baja desde el 30% actual al 25% primero y después al 20%.

Desde el punto de vista ideológico de la reforma, es evidente la influencia de organismos como el Fondo Monetario Internacional o la Comisión Europea, siempre partidarios de subir impuestos como el IVA, entre otras cosas porque son más fáciles de recaudar, pero que tienen el hándicap de que gravan igual a ricos y a pobres.

En el impuesto sobre la renta es tan tibia la rebaja de tipos que parece insuficiente para reactivar el consumo. Tal vez lo más positivo está en la supresión de la maraña de deducciones y desgravaciones fiscales en el IRPF y en el impuesto sobre sociedades.

No todo prosperará y, de entrada, el Gobierno ya ha rechazado gravar patrimonialmente la vivienda, pero sí es probable que prospere la filosofía que inspira esta reforma fiscal conservadora. Como advierte Joaquín Estefanía desde El País, el nuevo sistema fiscal deberá atender al principio de progresividad, dados los insoportables niveles de desigualdad que se han alcanzado en España. ¿Pero es esa la prioridad del Gobierno de Rajoy? Lo veremos. @J_L_Gomez

 

La corrupción le sale cara al contribuyente

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

En la España de Rajoy -y en la de Zapatero, y en la de Aznar y en la de Felipe...- se sabía que había corrupción por arriba, de la que se beneficiaban no solo los grandes partidos políticos, sino también algunos de sus dirigentes, y ahora se sabe y se constata por la vía judicial lo que ya se intuía: también hay corrupción por abajo, de la que se benefician muchos alcaldes y concejales, así como sus partidos a nivel local, ya que con ese tipo de prácticas también financian sus campañas electorales locales y colocan a amigos y familiares en compañías proveedoras de las instituciones y de los propios partidos.

Pagan siempre los mismos: los contribuyentes. En el primer caso, con sus impuestos, de los que salen los dineros de tantos ‘modificados’ que han servido en bandeja la corrupción que conecta al poder con los grandes constructores. Y en el segundo, no solo con impuestos locales, sino también con tasas como las del agua o incluso los tickets del aparcamiento, la tristemente famosa ORA. De este modo, las concesionarias privadas de servicios públicos sirven de tapadera para entregar dinero o regalos a políticos locales corruptos y también para ‘ayudar’ a los líderes locales a financiar sus campañas y emplear a sus protegidos.

¿Son todos los políticos corruptos? No. Muchos de ellos no lo son, pero muchos otros sí. Y en tierra de nadie están los que no lo son sobre el papel, porque ese tipo de misiones se las encomiendan a sus asesores: hombres de paja que nombran al frente de sus gabinetes para imponerse a los funcionarios públicos y cerrar los chanchullos, saltándose los controles internos de la Administración. Ya decía el poeta y narrador estadounidense Bukowski que la diferencia entre una democracia y una dictadura consiste en que en la democracia puedes votar antes de obedecer las órdenes.

¿Hay remedio para este estado de cosas que ponen en peligro la democracia? Por supuesto. La Justicia, que al fin está empezando a actuar, puede ser un buen remedio, no solo porque penaliza a los infractores, sino porque disuade a potenciales delincuentes agazapados en el poder. Pero hay más remedios: legislar sobre la oscura financiación de los partidos, suprimir los asesores para potenciar la figura de los funcionarios de carrera y obligar al uso de tarjetas controladas para eliminar los billetes de 500 euros. Otros dicen que estas cosas también tienen que ver con la educación. Puede ser. @J_L_Gomez

 

El Estado funciona mal y la banca, también

Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda.

La decisión política del Gobierno de Mariano Rajoy de aventurar que las cosas ya van mejor puede ser un error económico. Para el propio Ejecutivo y el partido que lo sustenta y también para el conjunto del país, que sería lo peor. España necesita más medidas de ajuste del gasto improductivo, a riesgo de no poder hacer frente a la deuda, que sigue disparándose, del  mismo modo que el déficit público.

¿Entonces no se está reduciendo el déficit? Por desgracia, no. A pesar de tantos esfuerzos y de tantos sufrimientos de millones de españoles, el déficit público ha aumentado. José Carlos Díez, profesor de economía de Icade y autor del libro ‘Hay vida después de la crisis’, ha echado sus cuentas, que son muy distintas de las del Gobierno.

Resulta que entre enero y noviembre de 2013, el déficit ha sido de 40.600 millones de euros, mientras que en el mismo periodo de 2012 el déficit había sido de 37.400 millones. Según los cálculos de este economista, el déficit ha aumentado un 10%. “Pero el Gobierno debe usar otras reglas aritméticas ya que dice que el déficit va bien”, ironiza Díez.

¿Qué es lo que está pasando? En realidad, lo mismo de siempre, como tantas veces se ha advertido desde esta sección de El País y también desde el libro ‘Cómo salir de esta’. España produce poco, genera mucho desempleo y obtiene pocos ingresos fiscales. Y por eso mismo, la recaudación ha caído un 0,5% en 2013, lo que supone una desviación presupuestaria de otros 7.000 millones de euros. Y las cosas no cambiarán este año, si el Gobierno no cambia antes de política.

¿Y qué se puede hacer? Desde el sector público hay que gastar menos en todo aquello que es prescindible y hay que invertir más en la economía productiva. El Gobierno de Rajoy se ha equivocado al recortar a granel, sin distinguir entre gasto productivo e improductivo, y a pesar de que la política del Banco Central Europeo ha contribuido a rebajar la prima de riesgo –léase en este caso los tipos de interés que paga el Estado por su deuda-, ese ahorro no compensa otras ineficiencias. De hecho, la deuda pública sigue aumentando y, si no se le pone coto, puede llegar el momento en que España no pueda pagarla.

Pero no solo se aprecia que las cosas van mal viendo cómo aumenta el déficit y se desborda la deuda pública. También puede comprobarse echándole un vistazo al recorte del crédito. La banca sigue sin prestar dinero y las empresas no levantan cabeza. Es fácil de explicar: los coches no funcionan sin gasolina.

Aquí a los únicos a los que les va bien es a los ejecutivos de la banca, que siguen forrándose, con sueldos multimillonarios, inversamente proporcionales a su eficacia.

Veamos algunos datos. La banca española recibió 60.000 millones de euros de ayudas directas, a los que hay que sumar cientos de miles de millones en avales y préstamos. El Gobierno hizo un banco malo a su medida y el Banco Central Europeo le sirve en bandeja tipos de interés al 0,25%. Y ni con esas vuelve el crédito al mercado, lo que nos puede dar idea de cómo están por dentro. Es más, la banca está prestando a empresas y particulares con tipos cada vez más altos.

Resumiendo: los bancos españoles no ganan dinero haciendo su trabajo con particulares y empresas, sino especulando con la deuda pública. Y encima reciben ayudas que pagan los contribuyentes, ya que su rescate fue con cargo al déficit público. Una vergüenza. @J_L_Gomez

 

Muy pendientes de la reforma fiscal

Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda.

Este es el año de la reforma fiscal en España. Objetivo: recuperar la recaudación, ya que el Estado a día de hoy se financia con muchas dificultades, de ahí su déficit público y el constante aumento de la deuda acumulada, que sube como la espuma. De esa reforma también dependerá el reparto de la futura financiación autonómica, por ahora aparcada.

¿Qué es lo que ha cambiado de fondo entre los buenos tiempos y la actualidad? Básicamente, el Impuesto de Sociedades, que es donde está el verdadero problema fiscal español, aunque pocas veces se dice.

Si la reforma fiscal se hace bien, es de suponer que –al fin- se le meta mano a la economía sumergida, que en España está en niveles impropios de un país desarrollado: un 22,8% del PIB en el periodo 1999- 2010. En consecuencia, el fraude fiscal es una de las cosas que más alteran la progresividad real del sistema tributario español, ya que provoca una redistribución peculiar desde quienes contribuyen honradamente hacia los que defraudan a Hacienda.

Pero no soñemos. Si se acabase con la economía sumergida y el dinero b, poca reforma fiscal habría que hacer en España, pero como a lo sumo solo se va a reducir unas décimas, hay que ir pensando en las reformas de los grandes impuestos: IRPF, IVA, Especiales y Sociedades. Es decir, que habrá personas y empresas que van a pagar más.

A sabiendas de que la economía española necesita una profunda reforma fiscal, lo que está en juego es el reparto de las nuevas cargas, para lo que sería de desear un gran pacto entre la izquierda y la derecha, de modo que se alcanzara una reforma equilibrada. Sin embargo, parece improbable que haya acuerdo. Con quien sí tendrá que pactar Rajoy la reforma encomendada a Montoro es con Bruselas, obsesionada con que no baje la recaudación. No vaya a ser que los españoles no devuelvan lo que se les prestó.

De momento, los últimos ajustes fiscales recayeron en los más débiles, que están en el paro y no siempre con cobertura, y en la clase media, asomada a una caída generalizada de ingresos, tanto por la subida del IVA y del impuesto de la renta como por las rebajas salariales que van llegando con la reforma laboral. Las rentas de capital ya tienen menos motivo de queja.

Una cosa importante a propósito del aumento del IVA: al subir este impuesto aumentan los precios de forma igual para todos, con lo que los beneficiarios de pensiones y rentas bajas ven reducida su capacidad adquisitiva. Italia, que decidió subir el IVA pero bajar el IRPF a las rentas más bajas, podría ser un ejemplo a seguir, según Antoni Espasa y Santiago Sánchez Guiu, de la Universidad Carlos III. De momento, en España lo único que se sabe es que el Gobierno incumplirá la promesa de retirar el alza del IRPF en 2014.

Por lo que respecta al impuesto de Sociedades, centro de las sucesivas caídas de la recaudación durante estos años de crisis, todo parece indicar que sería útil bajar el tipo al 25% y eliminar los beneficios fiscales. En los impuestos Especiales (gasolina, tabaco, alcoholes…) también se pueden hacer retoques pero no aportarán grandes manantiales de dinero. Por tanto, habrá que estar atentos a lo que pase con el IRPF y con el IVA y, ya en menor medida, con el impuesto de Sociedades. Son muchos los riesgos, especialmente para los más desfavorecidos, de ahí la importancia de que cuando menos haya transparencia. @J_L_Gomez

 

España sin Cataluña y Cataluña sin España

La vía catalana por la independencia en Barcelona, el 11 de septiembre de 2013.

Pocas coincidencias hay a día de hoy entre quienes analizan y pronostican el futuro de Cataluña, desde el resto de España y desde la propia Cataluña. Si alguna hay pudiera ser que nada seguirá igual.

Una tendencia dominante fuera de Cataluña suele destacar los inconvenientes de su independencia, al menos a corto plazo, mientras que desde dentro se ven sobrados para afrontarla, incluso quedando fuera de la Unión Europea durante un tiempo. Curiosamente, desde fuera de Cataluña se habla más de cómo sería una Cataluña independiente que de cómo sería España sin Cataluña; tal vez porque es un tema tabú. 

Vayamos por partes, ya que el asunto es complejo y admite matices. La corriente españolista se centra mucho en destacar la gran importancia comercial que tiene para las empresas catalanas el resto de España, siendo con diferencia su principal cliente. Da así por hecho que si Cataluña fuese independiente lo perdería, lo cual equivale a pensar que los niños del resto de España van a dejar de consumir yogures de Danone o Cola-Cao y que sus padres renunciarán a comprar coches de la alemana Seat, lo cual no parece probable, haya o no independencia.

Pero el unionismo se aferra a que de los 15 principales mercados donde venden las empresas catalanas, 10 son comunidades autónomas españolas, y cita ejemplos llamativos: Cataluña vende más a Murcia que a Estados Unidos de la misma manera que vende más a Aragón que a Alemania. Se concluye, pues, que Cataluña disfruta de un superávit comercial con el resto de España de cerca de 22.000 millones de euros anuales, es decir, un 10,5% del PIB catalán, y que eso representa un incremento de la renta per cápita de cada catalán en 2.900 euros al año. Algunos estudios, como el de Convivencia Cívica, van más lejos y advierten de que la independencia supondría una disminución del PIB catalán de un 20%, así como graves consecuencias fiscales.

Paradójicamente, estos datos ya nos acercan a la otra mirada: la de una España sin Cataluña, que pasaría a ser un país muy por debajo de los 40 millones de habitantes, con mucha menos industria y una caída del PIB del 20% que aporta ahora Cataluña, lo que equivale a pensar en una drástica reducción de los ingresos del Estado y en un empobrecimiento que acercaría la España resultante más a Portugal que a Francia. Y mucho más aún si, en ese escenario de descomposición del Estado, imaginamos una previsible independencia del País Vasco, aunque su caso tendría menos consecuencias fiscales.

Tal vez porque estamos hablando de consecuencias económicas y sociales gravísimas –no solo políticas-, ni siquiera los mercados financieros prevén semejante hipótesis, como suele destacar por cierto el ministro español de Economía, Luis de Guindos. De ello podríamos concluir que algo deben de saber los mercados de deuda y de acciones para no descontar ya la independencia de Cataluña. Porque si la independencia de Cataluña llega a producirse, la Bolsa española, al menos de entrada, caerá en picado. Y está subiendo.

Si algo parece aconsejar el sentido común es que el Gobierno de Mariano Rajoy tome nota de todo a tiempo –empezando por considerar que está en juego la quinta parte de su economía- y explore el camino de reformas inmediatas que traigan estabilidad territorial duradera en la línea de un posible Estado federal o algo similar, bien pensado y que finalmente satisfaga a todos. @J_L_Gomez

 

Hay más confianza y ciertas expectativas

Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda.

El balance de la política económica española se resume en la caída de los ingresos familiares -el salario mínimo interprofesional de España es la mitad del vigente en Francia-, el aumento del paro, aunque ahora atenuado, y una inflación contenida, salvo en los precios energéticos, de modo que ya sabemos lo que hay que corregir. Y no hablamos de un año, sino de varios, porque a España le costará varios ejercicios compensar los efectos de la crisis. En palabras del presidente del BCE, Mario Draghi, “aún no se ha superado la crisis, pero hay señales alentadoras”.

Producir más y mejor sería la solución tanto para el desempleo como para los bajos ingresos públicos, ya que una mayor actividad económica redundaría en beneficio de todos. Pero a falta de esa recuperación se hace imprescindible una reforma fiscal, ya anunciada por el Gobierno. A pesar de los recortes y de la caída de la prima de riesgo, el país sigue teniendo déficit fiscal primario, es decir, entra en déficit ya antes de pagar los intereses de la deuda, lo que implica que el Gobierno de Mariano Rajoy, del PP, también gasta más de lo que ingresa.

Los recortes se han hecho de manera deficiente. A granel. Sin reparar en la diferencia que existe entre el gasto productivo y el improductivo. En parte eso explica que la estructura de la Administración siga igual; es decir, se mantienen todos sus niveles, cuando la crisis era una oportunidad para suprimir, por ejemplo, las diputaciones y el Senado, y concentrar los ayuntamientos.

No se trata de que España tenga un Estado muy grande, una gran economía pública como la francesa en términos de PIB, que no la tiene, sino de que sea eficiente. Dicho de otro modo, si el conjunto de las administraciones públicas fuese eficiente, el Estado podría ser más grande y mejor para todos. Pero Mariano Rajoy ha optado por la poda de todas las ramas, derechas y torcidas, sin cortar –que no podar- las que se ve claramente que estorban. Como dice Carmen Alcaide, la economía puede seguir su tendencia al alza, pero los problemas de fondo no dan margen al optimismo.

A nivel más general, tan importante como la austeridad fiscal, que puede ser necesaria, es aplicar incentivos al crecimiento. La reforma fiscal es, en ese sentido, un gran reto, ojalá que compartido con la Oposición, de modo que se acabe con que los más débiles contribuyan a que salgan de la crisis los más poderosos, algo que viene sucediendo con el trasvase de rentas del trabajo en beneficio de las rentas de capital.

¿Bastará con los deberes que hay que hacer en casa? Tal vez no. Según explicó el economista Vicente Martín en Mundiario, la capacidad de realizar  esfuerzos hacia una mayor integración del Viejo Mundo se convertirá en un elemento clave para responder a esa pregunta. No solo en España, sino en toda Europa, el ritmo de generación de riqueza será inferior al de Estados Unidos, donde una menor carga de la deuda doméstica y el aumento de la riqueza sustentarán el consumo.

El contexto es de recuperación débil y baja inflación, por lo que no hay que descartar bajadas de los tipos oficiales o cuando menos el mantenimiento de los niveles actuales, en línea de convergencia con los de Estados Unidos. Otra cosa es que eso se traduzca de inmediato en la financiación a las pequeñas y medianas empresas, todavía agobiadas por dos problemas: la falta de liquidez y los tipos fuera de mercado. La tendencia, con  todo, será a mejor. Del mismo modo que el Estado ya se financia ahora a tipos más bajos, las empresas irán mejorando su financiación.  Hay más confianza y la expectativa es de recuperación. Incluso la deuda externa cae a su nivel nivel más bajo de la crisis. @J_L_Gomez

 

Si la economía es lo que va mejor...

 

De la gravedad de la situación de España puede dar idea que su presidente se aferre a la economía, estando como está, para lanzar un mensaje triunfalista. Pero está todo tan mal –la corrupción, las tensiones territoriales, la pérdida de derechos conquistados en la democracia…- que hasta es posible que Mariano Rajoy tenga algo de razón; máxime si se contenta con que las cosas no vayan a peor en materia de empleo y/o de crecimiento.

En números redondos, España produce lo mismo que cinco años antes pero ha destruido tres millones de empleos y tiene que sostener a dos millones más de personas. A diferencia de España, otros países ya recuperaron lo perdido en la recesión. ¿Qué le impide a España seguir el ritmo de recuperación de países como Alemania o EE UU? Entre otras cosas, la caída de los ingresos públicos, la falta de competitividad y su elevada deuda, sobre todo la privada, que se multiplicó por tres en la década del 2000.

Lógicamente, detrás de esos indicadores macroeconómicos hay miles de historias trágicas de personas atrapadas por el estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis financiera. Ha aumentado la desigualdad y nada hace prever una recuperación inmediata, si por salir de la crisis se entiende reducir el paro y acotar la pobreza al mínimo posible.

¿Entonces Rajoy se equivoca o vuelve a mentir? Más bien, exagera. El presidente parte de que el año 2012 fue el de los ajustes, el 2013 el de las reformas y el 2014 será el de la recuperación gracias, precisamente, a esos ajustes y esas reformas que hizo su gobierno. No es un cronista objetivo, sino una parte del problema.

¿Quiere eso decir que va todo mal? Tampoco. La recesión, al menos de momento, ha quedado atrás, el rescate bancario se puede dar por terminado -¡ojalá!- y las exportaciones están en aumento, en parte como consecuencia de la devaluación salarial. Pero siendo todo ello positivo, es insuficiente, por lo que Rajoy tira por elevación, en busca de grandes titulares en sus medios afines.

El presidente del Gobierno no solo trata de ponerse en valor y de lanzar un mensaje optimista. Lo que hace es preparar más bien un discurso electoral, consciente de que se le vienen encima las elecciones europeas y municipales. Precisa no perder demasiados votos.

¿Lo conseguirá con una gestión tan pobre? Las encuestas, de momento, colocan al PP por delante, señal de que no es un objetivo imposible. Parece evidente que el PSOE de Rubalcaba no arranca y eso es fundamental para Rajoy, atrapado en la herencia recibida, en sus errores y en los líos en los que se ha metido él mismo. A veces, como en el caso del aborto, sin necesidad.

Rajoy puede defenderse con el escudo de la inversión extranjera que empieza a acompañarle, viendo que España se ha puesto barata, o jugar incluso con la famosa prima de riesgo –cada vez en niveles más razonables para lo que es la economía española-, pero hace falta más. Sin crecimiento no se creará empleo, ni aumentarán los ingresos públicos. Y el ahorro en el pago de intereses se difumina con el aumento desbocado de la deuda. No perdamos de vista que España, que no gana para intereses, emitirá en 2014 más deuda pública que Alemania, lo que nos puede dar idea de las cifras en las que se mueve, impropias de su dimensión. Cómo salir de esta requiere, por tanto, nuevas políticas económicas y sociales, capaces de poner al país a trabajar más y mejor. @J_L_Gomez