La desaladora como emblema

Son buenas para suministrar agua a los ciudadanos de Baleares y de Canarias, a poblaciones del litoral valenciano como Xàbia y a macrourbanizaciones como Marina d'Or, pero resultan completamente contraproducentes si han de reemplazar los aportes que preveía el trasvase del Ebro. El discurso del Gobierno de Francisco Camps en materia de política hídrica ha sido así de incoherente toda la legislatura. Y el PP valenciano le ha extraído todo el jugo a un planteamiento tan demagógico en defensa de la política que en su día trató de sacar adelante el Ejecutivo de José María Aznar, con España dividida en dos mitades.

Por eso tenía ayer un contenido simbólico la visita de Adrián Baltanás, director general de la empresa pública Acuamed, a las obras de la planta desalinizadora de Torrevieja, que ha de suministrar, a partir de 2008, entre 80 y 120 hectómetros cúbicos anuales para dos millones y medio de ciudadanos y unos 65.000 agricultores. El Gobierno de Rodríguez Zapatero y singularmente la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, han tenido que recurrir al Tribunal Constitucional para superar las trabas (barrera quitamiedos incluida, en la carretera, para impedir el acceso de camiones a la construcción) que ha puesto el Consell a ese proyecto del programa Agua. Esta semana, la Unión Europea ha rechazado el recurso que pretendía paralizar la obra por sus efectos ambientales presentado por el Gobierno de Camps y ha ratificado que la desaladora recibirá fondos comunitarios (cosa que no logró, por cierto, el derogado proyecto del trasvase del Ebro).

A un paso de las elecciones, pues, la encarnizada batalla planteada por los populares a propósito de la política hidrológica (¿se acuerdan de aquella macroconcentración en Valencia, con paella gratuita y abundantes fondos públicos, bajo el lema "Agua para todos"?) se dehincha. Como escribe hoy Sara Velert en El País, La guerra del Ebro hace aguas.

Hay muchos argumentos para oponerse a esas grandes obras de ingeniería que son los trasvases. La nueva cultura del agua hace tiempo que camina en sentido contrario (también en Europa), apoyada en las nuevas tecnologías de reutilización, depuración, desalación y, sobre todo, racionalización y ahorro. El patriotismo hídrico ha sido siempre una lacra de peligrosa utilización política. Curiosamente, a los nacionalistas de Convergència i Unió el apoyo inicial al trasvase del Ebro les acabó costando, en buena medida, el poder en Cataluña. El PP valenciano no ha dudado, en cambio, en radicalizar hasta lo absurdo su manejo porque eso le permitía reforzar su poder autonómico, con una altanera sacralización de todo (hasta del trasvase interno valenciano entre el Júcar y el Vinalopó, cuya modificación en el trazado ha anatemizado sin piedad el partido de Camps). Desde luego, la moderación y el sentido común encuentran poco oxígeno en políticas tan enfáticas.