El pasado 8 de julio, el tribunal de la República de Guinea que investiga la masacre y las violaciones que tuvieron lugar en el estadio de la capital, Conakry, en septiembre de 2009 ha tomado una decisión inaudita en la historia del país al imputar al ex autoproclamado presidente, el capitán Moussa Dadis Camara, como responsable de aquellos crímenes.
Lo importante e insólito de esta noticia es que por primera vez un panel de jueces guineanos se atreve a aplicar la justicia contra altos mandos del ejército y ciudadanos que han gozado de una alta posición social y lo hacen a riesgo de sus propias vidas. Un paso más en la lucha contra la injusticia y la impunidad a la que en repetidas ocasiones se han comprometido los líderes africanos pero que en la mayoría de las veces encuentra innumerables obstáculos para concretarse.
Los hechos investigados acontecieron el 28 de septiembre de 2009 cuando varios cientos de miembros del ejército y la guardia presidencial irrumpieron en el estadio y abrieron fuego sobre miles de ciudadanos que se habían reunido pacíficamente allí para asistir a un mitin de la oposición. 157 personas murieron, más de 1.200 resultaron heridas y al menos 109 mujeres y niñas sufrieron violaciones u otras formas de violencia sexual.
Moussa Dadis Camara tras el golpe de estado de 2008 en Conakry. © 2008 Reuters
Desde un primer momento, una comisión internacional de investigación apoyada por las Naciones Unidas y distintas organizaciones de derechos humanos, concluyó que se debía investigar el papel jugado en la masacre por el entonces presidente del país, Dadis Camara.
Camara llegó al poder gracias a un incruento golpe de estado que tuvo lugar tras la muerte de Lansana Conté, que había gobernado el país durante 24 años, en diciembre de 2008.
El militar declaró en repetidas ocasiones que devolvería el poder a los civiles tras unas elecciones que preveía celebrar en 2010 y a las que quería presentarse, hecho que la oposición no aceptaba. De ahí las distintas manifestaciones pacíficas que convocó, principalmente en Conakry. Una de ellas terminó con la masacre del estadio.
Desde abril de 2009, cuando hubo un nuevo intento de golpe de estado, la situación en el país se había deteriorado mucho y en diciembre de ese mismo año, un ayudante disparó a Dadis Camara que tuvo que ser evacuado a Marruecos para su tratamiento médico, acto que puso fin a su presidencia. La herida recibida no resultó mortal y desde entonces, el golpista vive exiliado en Burkina Faso.
En 2011, el tribunal que investiga este caso pidió interrogar al ex presidente en el país de exilio solicitud que solo se cumplió a finales de junio de este año cuando dos magistrados guineanos pudieron viajar a Uagadugú, justo días después de una visita a Guinea de la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda. Este retraso no ha impedido que los jueces continuaran su trabajo interrogando a cientos de víctimas y testigos e imputando a más de una docena de personas, entre las que se encuentran oficiales de alto rango del ejército, algunos de los cuales ocuparon cargos de responsabilidad en el gobierno de Camara, como el coronel Moussa Tiégboro Camara, que fuera ministro de la lucha contra la droga y el crimen organizado, el teniente coronel Claude “Coplan” Pivi, ministro encargado de la seguridad del presidente, y el coronel Abdoulaye Chérif Diaby, ministro de sanidad.
La investigación no está concluida todavía y debe seguir adelante. Sin embargo, el hecho de que se haya imputado a personas de gran influencia en la sociedad guineana y sobre todo a altos miembros del ejército hace necesaria reforzar la seguridad tanto de los jueces que investigan el caso como de las víctimas.
Hasta el momento, la Corte Penal Internacional ha jugado un papel de supervisor y garante de estas investigaciones. En octubre de 2009 la fiscalía abrió diligencias previas y desde entonces ha estado siguiendo muy de cerca al tribunal guineano y sus investigaciones realizando continuas visitas al país, como la reciente de Bensouda.
Expertos de Naciones Unidas en derecho y en violencia sexual en conflicto también han estado asesorando a los jueces guineanos. Por eso, la Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la violencia sexual en conflictos, la sierraleonesa Zainab Bangura, tras congratularse por la imputación del ex golpista Dadis Camara, declaró que esta “representa un paso muy importante en la lucha de Guinea contra la impunidad por crímenes cometidos contra civiles desarmados”.
Por su parte, Corine Dufkan, directora de Human Rights Watch en África occidental, comentaba que “los jueces guineanos han dado un paso muy significativo a favor de la justicia”. “Las víctimas de esos horribles crímenes han buscado justicia por más de cinco años, y hoy están un paso más cerca de conocer la verdad de lo que pasó aquel día”.
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