El pasado 17 de diciembre, la Unión Africana (UA) daba un paso histórico: su Consejo de Paz y Seguridad (CPS) adoptaba un comunicado en el que amenazaba con enviar 5.000 efectivos, entre militares, policías y civiles, a Burundi para proteger a la población civil. El Consejo daba al gobierno de Bujumbura 96 horas para aceptar la operación o enfrentarse al despliegue de la fuerza aun sin su consentimiento. La resolución se basa en las conclusiones de la misión de investigación enviada por la UA a Burundi ente el 7 y el 13 de diciembre y que observó graves violaciones de derechos humanos y avisó del peligro de que un nuevo genocidio se desatas en el país.
Curiosamente, durante el mes de diciembre, Burundi ocupaba la presidencia del CPS, pero se le pidió que su delegación abandonase la sala durante las negociaciones.
La resolución del Consejo de Paz y Seguridad de la AU solo contempla el despliegue de esa fuerza a la que ha llamado Misión Africana de Prevención y Protección en Burundi (MAPROBU), pero no establece medidas para estabilizar el país y ayudar a facilitar una resolución de la crisis política que se vive allí y que se calcula que le ha costado la vida a cientos de personas en los últimos meses.
La crisis burundesa comenzó el 25 abril de 2015 cuando el presidente Pierre Nkurunziza anunció que se presentaría para un tercer mandato. Medida considerada de dudosa legalidad e inconstitucional por la oposición política del país. Los ciudadanos contrarios a esta decisión salieron a la calle y sus protestas fueron subiendo de intensidad, llegando a ser violentas. La respuesta de la policía lo fue mucho más disparando directamente a los manifestantes. El 13 mayo, un grupo de oficiales del ejército dio un golpe de estado. La población reaccionó asaltando algunos cuarteles. Al día siguiente se anunciaba que el golpe había fracasado.
El 20 de agosto Nkurunziza juraba su tercer periodo de cinco años como presidente del país, tras ganar una elecciones celebradas el 24 de julio, a pesar del boicot de la oposición, con un 69 % de los votos. La violencia en el país ha seguido escalando y se ha llevado por delante la vida de muchas personas. La policía y el ejército ha sido acusados de ejecuciones sumarias. También han surgido grupos paramilitares que actúan de igual modo.
Desde un inicio la Unión Africana habló de “consecuencias catastróficas” para Burundi y la región si las diferencias políticas no se resolvían e hizo numerosas llamadas al dialogo. El miedo a que el pequeño país de la región de los grandes lagos pueda volver a caer en la violencia que lo arrasó entre 1993 y 2006 enfrentando a hutus y tutsis está siempre presente; sobre todo desde que en agosto el coronel Jean Bikomagu, figura clave del antiguo ejército de mayoría tutsi que luchó en la guerra, fue asesinado a tiros a la puerta de su casa en la capital. Los fantasmas de posibles revanchas están muy vivos. El presidente Nkurunziza fue uno de los rebeldes hutus que luchó contra la minoría tutsi que controlaba el país.
El 21 de diciembre, el parlamento de Burundi, en una sesión que por primera vez en su historia reunía a las dos cámaras, rechazaba por unanimidad la propuesta del envió de tropas por parte de la Unión Africana, alegando que eso supondría una violación de su constitución y de su soberanía. Dos días más tarde, el ministro de asuntos exteriores burundés, escribía una carta a la presidenta de la Comisión de la UA acusando a Ruanda de fomentar la rebelión en Burundi y calificando a MAPROBU de fuerza invasora.
A la espera de los próximos pasos que la UA decida tomar, es importante resaltar que la decisión adptada por el CPS resulta ser un paso histórico ya que es la primera vez que a UA tomaría una medida de este tipo.
La resolución del Consejo se basa en el artículo 4(h) del Acta Constitutiva que permite la intervención de la Unión Africana en cualquier país miembro cuando se den graves circunstancias como crímenes de guerra, genocidio y crímenes contra la humanidad. El invocar este artículo explica por qué todavía la Unión Africana no ha desplegado la fuerza prometida a pesar de haber avisado a Burundi de que lo haría aunque esta se negase a colaborar. El mismo exige que la intervención armada sea aprobada por la Asamblea de la Unión Africana, máximo órgano de la unión que está compuesto por los jefes de estado y de gobierno de todos los países miembros.
La próxima reunión de la Asamblea está programada para finales de enero y en ella se tendrá que decidir si se envían las tropas a Burundi y si pide la aprobación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, además de buscar donantes internacionales que financien la operación.
Si finalmente la Unión Africana decidiese desplegar MAPROBU sin el consentimiento del gobierno de Burundi nos encontraríamos ante lo que los expertos definen como una “intervención militar humanitaria”, esto es una “acción emprendida por la comunidad internacional en el territorio de un determinado estado con el fin de proteger y defender a la población de violaciones graves y masivas de los derechos humanos fundamentales, y de garantizar la asistencia humanitaria a las víctimas de conflictos armados cuando el gobierno soberano impide su paso”.
Los expertos concluyen que bajo el derecho internacional vigente este tipo de intervención solo estaría permitida bajo dos circunstancias: por motivos de autodefensa o porque lo autorice explícitamente el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Por lo cual, podemos concluir que la resolución de la Unión Africana tendría que ser refrendada por la ONU.
Cuando, en estas mismas páginas, analizábamos la Fuerza de reserva africana, ya indicábamos que la Unión Africana no es libre de decidir dónde, cómo o cuándo intervenir, siempre va a necesitar el beneplácito de la Unión Europea o de las Naciones Unidas. Así lo reconoce la propia UA en el documento titulado Roadmap for the operationalization of the African Standby Force, aprobado en 2005 cuando afirma que “la UA buscará la autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para sus acciones militares”.
Sin embargo, la primera gran novedad del comunicado del CPS es que amenaza a Burundi con usar la fuerza sin tener todavía el consentimiento del Consejo de Seguridad de la ONU.
La segunda es que nos encontramos ante la primera vez que en el seno de la Unión Africana se invoca el artículo 4(h) del Acta Constitutiva para justificar una intervención militar. De ahí que estemos hablando de un momento histórico en la historia del organismo.
Una gran incógnita es saber cómo se comportarán las fuerzas de seguridad burundesas si finalmente se produce el despliegue de MAPROBT sin el consentimiento del gobierno de Bujumbura, ¿se cruzarán de brazos o serán hostiles a esas tropas?. En el segundo supuesto nos encontramos ante un serio problema porque por número el ejército burundés es superior a los 5.000 individuos contemplados por el CPS. En ese escenario, ¿habría algún país africano dispuesto a enviar efectivos para la misión?
¿No habría entonces que favorecer primero conversaciones de paz entre el gobierno burundés y la oposición para evitar un nuevo baño de sangre? Ha habido intentos en este sentido en la ciudad tanzana de Arusha bajo los auspicios de la Comunidad de estados de África del este. No parecen ir por buen camino al haber sufrido retrasos y desacuerdos entre las partes. El 13 de enero tenían que haberse reanudado estos encuentros pero fueron aplazados sin fecha. El gobierno insiste en que no participará en ellos por estar presentes los partidarios de la violencia. Por su parte, algunos de los grupos de la oposición se quejan de no haber sido invitados.
Así las cosas, la solución queda en manos de la Unión Africana. El Consejo de Paz y Seguridad de la misma tomado una decisión histórica que habrá que ver si la Asamblea refrenda; además, habrá que estar pendientes de si finalmente se busca la aprobación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y sí este la concede. En tal caso, será importante conocer los financiados de la misión y los países africanos que estén dispuestos a aportar efectivos a la misma.
Hasta el momento, lo único claro es que esta decisión histórica, a pesar de su un paso decisivo en el desarrollo de la doctrina establecida por la propia Unión Africana de buscar soluciones africanas a los problemas africanos, está creando esta creando más incertidumbres que aportando soluciones. Habrá que estar atentos a las próxima cumbre de la Unión Africana para ver como se desenvuelve este problema.
Chema Caballero. Llegó a África en 1992 y desde entonces su vida giró en torno a sus gentes, su color y olor, sus alegrías y angustias, sus esperanzas y ganas de vivir. Fue misionero javeriano y llevó a cabo programas de educación y recuperación de niñ@s soldado en Sierra Leona durante dos décadas, que fueron modelo. 
José Naranjo. Freelance residente en Dakar desde 2011. Viajó al continente para profundizar en el fenómeno de las migraciones, del que ha escrito dos libros, 'Cayucos' (2006) y 'Los Invisibles de Kolda' (2009), que le llevaron a Marruecos, Malí, Mauritania, Argelia, Gambia, Cabo Verde y Senegal, donde aterrizó finalmente. Le apasiona la energía que desprende África.
Ángeles Jurado. 
Chido Onumah. Reputado escritor y periodista nigeriano. Trabaja como tal en su país y en Ghana, Canadá e India. Está involucrado desde hace una década en formar a periodistas en África. Es coordinador del centro panafricano
Akua Djanie. Así se hace llamar como escritora. Pero en televisión o en radio es Blakofe. Con más de tres lustros de carrera profesional, Akua es uno de los nombres sonados en los medios de su país. Residente en Reino Unido, fue en 1995, en uno de sus viajes a Ghana, cuando llegó su triunfo televisivo. Hoy vive y trabaja entre ambos países. La puedes encontrar 
Beatriz Leal Riesco. Investigadora, docente, crítica y comisaria independiente. Nómada convencida de sus virtudes terapéuticas, desde 2011 es programadora del African Film Festival de NYC. Sissako, Mbembe, Baldwin y Simone la cautivaron, lanzándose a descubrir el arte africano y afroamericano. Su pasión aumenta con los años.
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