José Couso, en el hospital en Bagdad. / JEROME DELAY (ASSOSIATED PRESS).
Actualizado el 1 de diciembre a las 06.30 / Una vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, dos ministros, Juan Fernando López Aguilar, de Justicia y Miguel Ángel Moratinos, de Exteriores, todos ex, varios altos cargos de diversos ministerios, y los dos máximos jefes de la carrera fiscal, al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, se han coordinado (¿complotado?) con una potencia extranjera (EEUU) en contra de los intereses de una familia española para evitar que se procese a los autores de la muerte del camarógrafo José Couso ocurrida en Bagdad el 8 de abril de 2003.
Las revelaciones que publica hoy mi compañera Mónica Ceberio Belaza, deberían provocar una reacción política, una cascada de explicaciones y unas cuantas dimisiones.
Si los intereses generales estuvieran por encima de los particulares, el Gobierno debería ser claro y dejar de enarbolar una bandera moral que no tiene. Un país serio, como Estados Unidos, defiende a sus nacionales. Un país menos serio, no. Los papeles de Wikileaks sobre España publicados por este periódico dejan en un pésimo lugar al PSOE.
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Ya no podemos culpar al Gobierno del PP, el de José María Aznar, de todos los males en Irak. El de José Luis Rodríguez Zapatero siguió la misma línea en el caso Couso (y otros, como los vuelos secretos de la CIA). Donde hay patrón nunca manda marinero. Donde hay patrón la defensa de valores es con sordina.
Cuando hablamos del caso Couso nos referimos al proceso judicial abierto tras la muerte del camarógrafo español José Couso. Le mató el disparo de un carro de combate Abrams del Ejército estadounidense en la mañana del 8 de abril de 2003. Couso se encontraba en la planta 14 del Hotel Palestina grabando la entrada de las tropas de EEUU en Bagdad. Un tanquista le encontró sospechoso. Murió horas después a causa de las heridas recibidas. También murió el camarógrafo de la agencia Reuters Taras Protsyuk, quien se encontraba en la planta superior.
Ese mismo día, las tropas norteamericanas dispararon contra la casa de Abu Dhabi TV y bombardearon la de Al Yazeera en la capital iraquí. Murió Tareq Ayyoub. La cadena catarí había informado de las coordenadas de su sede. No sirvió de nada. La muerte de Ayyoub fue un asesinato.
En los casos de Couso y Protsyuk hay más dudas sobre la calificación de los hechos. Para la familia del camarógrafo español y numerosas organizaciones periodísticas, el Ejército actuó deliberadamente contra el hotel donde se concentraba la mayoría de la prensa. Su objetivo era lograr su salida de Bagdad.
Otros piensan que se trató de un fallo de apreciación producto del miedo, el estrés de combate (no pasaba nada en ese momento) y de la falta de información. Estoy más con los segundos aunque disparar contra un hotel lleno de civiles es un crimen de guerra que exige una investigación y un castigo. Es inconcebible que el Ejercito de EEUU no supiera dónde estaban sus periodistas. En democracia, los errores se pagan.
Miembros de la judicatura y del Gobierno del PSOE han trabajado para impedir esa investigación y para descarrilar el proceso judicial emprendido en España por el juez Santiago Pedraz, quien ha dictado una orden de detención contra tres militares estadounidenses.
"Lo terrible es que un Gobierno que hizo bandera de caso Couso, el del PSOE, haya conspirado con una potencia extranjera para impedir que se haga justicia", dijo Javier Couso a Aguas Internacionales. "No es una sorpresa lo revelado, pero sí el grado. Sabíamos de la existencia de reuniones secretas con la embajada. El asunto ya está en manos de nuestro abogado. Seguimos confiando en la justicia, en el Tribunal Supremo y en los jueces de instrucción", añadió. El abogado de la familia Couso estudia si los colaboradores españoles en el boicoteo del caso pueden ser procesados por encubrimiento. En Estados Unidos se consideraría traición.
Los procesados: teniente coronel Philip de Camp; capitán Philip Wolford y sargento Thomas Gibson.