El futuro público del Jefe Diego

El destino quiso que la liberación de Diego Fernández de Cevallos se diera cinco días después de que Isabel Miranda de Wallace recibiera el Premio Nacional de los Derechos Humanos, reconocimiento a su inacabada lucha para obtener justicia para su hijo, secuestrado y asesinado en 2005. La referencia es obligada porque los casos de Fernández de Cevallos y de Miranda de Wallace no pueden ser más contrastantes.

Doña Isabel es una de esas personas a quienes un crimen les cambió la vida (Eduardo Gallo o María Elena Morera, por mencionar algunos más, también se encuentran en esa condición de individuos que la tragedia transformó de ciudadanos comunes a infatigables activistas anticrimen). A diferencia del ex candidato presidencial del PAN, esta señora de clase media no conocía las tripas del sistema, incluso estaba muy lejos de ello. En medio de su dolor sufrió el desdén del poder y el crimen de su hijo habría quedado impune de no ser por su doble empecinamiento: dar con los responsables del asesinato de Hugo Wallace Miranda (cuyos restos aún no son localizados), y obligar a los gobiernos a actuar en contra de los criminales, el último de los cuales fue aprehendido este mismo mes.

Hoy México le debe mucho a esta señora. Además de su ejemplo de tenacidad e indeclinable demanda de justicia, ella ha sido fundamental para que este país haya aprobado este año una nueva ley en contra del secuestro.

Han sido tan claros los méritos de personas como Miranda de Wallace, Gallo o Morera que algunos observadores advierten, con razón, sobre la tentación de que la sociedad llegue a la conclusión de que los grandes problemas de la procuración de justicia podrían resolverse con participaciones individuales “en las tareas de exclusiva responsabilidad del Estado”. 

Pero El Jefe Diego no es un ciudadano. O no es solamente un ciudadano. De hecho, él mismo ha hecho público que su secuestro ha tenido un tinte político además de motivación económica. Y, abundando en ello, el panista ha expresado que “en el futuro, y uno de los temas que para mí será capital, y lo hablé con mis plagiarios, y está el compromiso con ellos de pensar y de luchar por grandes causas que reclama México, como son su pobreza, su injusticia y su impunidad”.         

Aquí es preciso para este autor señalar que si Fernández de Cevallos decide a partir de cualquier momento retirarse a la vida privada, o incluso olvidar este tema y volver a sus actividades como abogado de grandes intereses, litigando incluso en contra del Estado, nada reprochable tendría. Es, ante todo, un ser libre y su tragedia no le obliga, faltaba más, a ningún tipo de comportamiento predeterminado.

Empero, ya que él mismo ha formulado en estas horas de libertad recobrada que cree “que tenemos que hacer de México un país de leyes, de instituciones, no de secuestradores, no de asesinos, no de abusivos”, el llamado Jefe Diego sería, sin duda, una palanca de notable fuerza para impulsar la agenda anticrimen y de justicia en general.

Fernández de Cevallos no tendría que pagar eso que llaman “curva de aprendizaje”, no tendría que implorar ayuda como la señora Miranda de Wallace y similares. Conocedor de los pasillos de poderes formales e informales, inigualable experto en legislaciones, vehemente orador, gestor astuto y valiente, sería un elemento de innegable liderazgo para que la política se moviera a favor de los ciudadanos. La cuestión, sin embargo, radica en saber qué hará el ex senador. Y esa decisión es personalísima. Veremos.

 

La madre tres veces asesinada

País que ha visto más de 30 mil muertes violentas en 4 años, México todo fue sacudido por tres balazos, tiros que le quitaron la vida frente al palacio de gobierno de Chihuahua la noche del jueves a Marisela Escobedo, una madre que sólo pedía justicia por el asesinato de su hija Rubí, de 16 años de edad, asesinada en 2008 en Ciudad Juárez.

La frase "tragedia sobre tragedia sobre tragedia" se queda corta al intentar describir lo que padeció durante 27 meses la señora Escobedo, una abuela, enfermera pensionista. Cada cabo de este caso apesta, desespera. La hija de Marisela desapareció el 29 de agosto de 2008 en la ciudad más famosa en el mundo por su violencia. La mató Rafael Barraza Bocanegra, de 22 años de edad, su compañero. El asesino ocultó los restos destazados de la joven en un tiradero de restos porcinos. La madre movió al sistema. Logró que las autoridades no sepultaran, a su vez, un caso más de una joven asesinada en Juárez, como ha pasado decenas y decenas de ocasiones. Y logró que detuvieran al homicida. Y éste confesó su crimen.

Pero Chihuahua estrena sistema penal con ropas viejas, con añejas carencias: nadie investiga, nadie prueba. Ahora los juicios son orales, y en ellos la confesión no basta. Tres jueces se pusieron rigoristas, se creyeron en otro mundo, uno ideal, según ellos faltaron pruebas, en realidad les faltó sentido común (por no hablar de humanidad) y dejaron libre al carnicero matón. ¿Qué querían, que los invitaran al asesinato?, clamó la madre, desde el dolor, al saber libre a su ex yerno.

Pero si ya una vez había podido mover a la indolente burocracia mexicana de la procuración de justicia, Marisela Escobedo lo intentaría de nuevo. Hizo marchas y peticiones a los gobernantes; detective improvisada recorrió Zacatecas buscando pistas del asesino. Y, como presión final, desde el 8 de diciembre se plantó frente al palacio de Gobierno de Chihuahua, donde despacha el novel gobernador César Duarte, priista que quiere, así lo dijo hace dos meses al asumir el cargo, pasar a la historia como el hombre que puso a su estado en orden. 

Amenazada de muerte, doña Marisela declaró su epitafio: "Si me va a venir este hombre a asesinar, que me venga a matar aquí enfrente (del palacio de Chihuahua) para vergüenza del gobierno".

En los viejos tiempos del PRI, los caciques sabían que no se podían dar el lujo de que les mataran a un enemigo, y para ello, dice la leyenda popular, llegaban al punto de poner guardaespaldas a sus adversarios. Este priista de hoy, el gobernador Duarte, culpa de la tragedia de Marisela Escobedo a los jueces, que ya fueron suspendidos para ser investigados, pero nada dice de las pruebas que los fiscales estatales no aportaron, nada dice de que no debieron dejar a esta abuela a merced de los chacales, incluso si es verdad, como dicen los gobernantes de Chihuahua, que ella había rechazado una oferta de protección policial.

Un gobernante que quiere fama y no infamia no permite un crimen a las puertas de palacio, no se sacude la indignación apuntando a otro lado; no fui yo, fueron los jueces, se la ha pasado diciendo el gobernador sin que nadie le atienda demasiado, porque lo que hoy todos en México ven es el video de la madre que cae muerta a las puertas del edificio más importante de la capital chihuahuense, y eso en nada se parece al "orden" prometido por Duarte.

Foto: Diario El mañana

PS El hijo de doña Marisela Escobedo desmiente al gobernador Duarte: a su madre nunca le ofrecieron protección policial.

El país en donde desaparece gente

Nueve empresarios del calzado se encuentran desaparecidos. En la guanajuatense ciudad de León, capital de la industria zapatera mexicana, no saben nada de ellos desde el miércoles. Hay que adelantar de inmediato que es pronto para sacar una conclusión sobre lo que les pudo haber pasado a estas personas que en principio fueron de cacería a una sierra del estado de Zacatecas. Pero en la era de la comunicación instantánea, y sobre todo en los tiempos de la multiplicación de los casos de mexicanos de los que nunca más se sabe de ellos, quizá debemos unirnos a aquellos que estarán implorando al cielo que todo se trate de un secuestro y que ojalá pronto los criminales hagan contacto con las familias de los cazadores. Terrible pero cierto.

Que la gente desaparezca se ha vuelto “normal” en México. El caso más famoso de este año es el de 20 michoacanos que fueron “levantados” en Acapulco el 30 de septiembre. Los cuerpos de 18 de ellos se encontraron un mes después en una fosa clandestina. De los otros dos nada se sabe aún. Pero cuando se conoció esa desaparición masiva también se informó que otros 7 michoacanos habían desaparecido en Colima. De ellos, nadie se acuerda. Y apenas hace dos semanas, los familiares de otros 7 (sí, la misma cifra) michoacanos se atrevieron a denunciar que desde el 18 de octubre habían perdido contacto con sus seres queridos, vendedores de muebles que alcanzaron a reportar que estaban por el rumbo de Monclova, Coahuila (norte del país) en manos de “gente mala”. Cuando le pregunté este mismo mes a un familiar, que aceptó dar entrevista a condición de mantener el anonimato, por qué no habían ido a buscar a sus familiares, por qué no habían dado a conocer antes el caso, su respuesta no pudo ser más sincera: porque “no es razonable”, porque tenían “temor”.

Un periódico de Veracruz registra otro caso de la semana pasada que ayuda a entender varias cosas de este drama. El campesino Amado Cano Carmona regresaba a ver a su madre luego de siete años de vivir en Estados Unidos. Su hermano Mauro pensó que era buena idea recibir al migrante apenas pisara suelo mexicano, así que fue a encontrarlo a Nuevo Laredo, Tamaulipas. Se vieron el 28 de septiembre. Ese día le hablaron a otro hermano, Juan, a quien le dijeron que el día siguiente saldrían rumbo a Veracruz. Nunca llegaron y Juan ahora pide ayuda para encontrarles, porque en Tamaulipas las autoridades ni siquiera aceptaron iniciar una averiguación previa.

¿Cuántos casos similares hay hoy en México? Nadie sabe, algunos reportes hablan de 500. Hay zonas especialmente peligrosas: Tamaulipas y parte de Nuevo León, Coahuila, Durango. También Chihuahua y, con casos más antiguos, Baja California. Acaba de nacer una red que quiere procurar atención a las familias víctimas de desapariciones, porque a la indolencia de las autoridades hay que sumar vacíos legales. Ya habíamos dicho que por desgracia en la situación actual de México no sólo hay que sumar muertos, también debemos hacer un recuento de los desaparecidos. Ojalá, de veras, que los nueve empresarios del calzado que fueron de cacería aparezcan sanos y salvos. Ojalá.

La educación podrida

 

El niño reprobado tiene un profesor narco, o uno que nunca ha visto pero que cobra sin ir al aula durante años. El adolescente mexicano posee conocimientos que en otro país dominan niños dos años menores que él. El jovencito mexicano de hoy es igualito al del inicio del milenio; mientras otras naciones han aprovechado la década, México sigue con las mismas taras que en el año 2000. El infante mexicano al que los políticos ahora quieren obligar a terminar la educación media tiene computadoras que están conectadas a la nada, y un ministro de Educación que no sabe cuántos profesores hay y que pide ver el vaso medio lleno luego de que la Prueba PISA de la OCDE nos entregó el reporte del fin de cursos: somos país nivel 2 de 5 posibles.

Vistas por separado, distintas noticias dadas a conocer esta semana en México son cada una por sí mismas postales del desastre educativo mexicano. La más estridente: Servando Gómez Martínez, mejor conocido como La Tuta, es profesor de primaria. Cobra pues un salario del Estado por su labor de educador. A ese mismo señor, el Gobierno Federal lo busca y ofrece millonaria recompensa para quien aporte datos sobre su paradero. Porque La Tuta es gran jefe de La Familia Michoacana, sanguinario cártel. No muy distinta es la realidad, por lo menos si de irregularidad hablamos, en Hidalgo: políticos opositores acusan que la nómina de maestros en ese pobrísimo estado siempre gobernado por el PRI está repleta de aviadores, de gente que cobra pero que nunca enseña, que nunca aparece. Estas dos informaciones estaban hoy en las primeras planas de El Universal y Reforma, respectivamente.Y son explicaciones no pedidas a la información que todo México supo el martes: la más reciente evaluación de la OCDE nos pone con 425 puntos en Lectura (en el año 2000, sacamos 422), con 419 en Matemáticas (en 2000, 422) y con 416 en Ciencias (bajamos de 422 que obtuvimos en 2000). El promedio de los miembros de la OCDE fue de 496 puntos de 700 posibles.

Para rematar, esta misma semana supimos que luego de gastar casi 3 mil millones de Euros (45 mil millones de pesos), el Estado Mexicano ha desechado Enciclomedia (un sistema de terminales computacionales que fue regalado al gobierno federal, y mediante el cual se integran los contenidos de los libros de texto obligatorios con herramientas multimedia, al tiempo que permite enlazar a todas las aulas en zonas remotas, rurales e indígenas incluidas). Lo desecha y fracasa un programa piloto del nuevo sistema, que quién sabe cuándo estará listo: por ende, menos herramientas = a más atraso.

Alonso Lujambio cumplió esta misma semana 20 meses como Ministro de Educación. Ha reconocido en público que no tiene idea precisa de cuántos maestros hay en México, de esos que en realidad tienen en su mano un gis, a su espalda un pizarrón y frente a sí, alumnos. Dice que los resultados de PISA indican que vamos en el camino correcto y que no le toca a él resolver si La Tuta cobra o no como profesor. O sea, que él, cool, como se dice ahora. Quizá tenga razón. Pudiera ser verdad que él está haciendo lo que puede, el tiempo dirá si fue suficiente, incluso para un ex académico de prestigio como Lujambio.

El 25 de octubre pasado estuve en la moderación de una mesa sobre educación del coloquio Clase 2010. Había casi cuarenta mexicanos --desde empresarios hasta legisladores-- involucrados en la educación. Al final del ejercicio les pregunté a quién consideraban responsable del desastroso nivel de aprendizaje de los niños mexicanos: al gobierno, al sindicato y su dueña, o a la sociedad. Ellos, que eran abrumadoramente ajenos al gobierno, reconocieron que quien menos ha hecho para que esto cambie es la sociedad. La sociedad que tolera profesores falsos, e incluso narcos.

Torturas, lobotomías y esclavitud en el México del siglo XXI

México 2010. A doscientos años de la Independencia. A diez de la naciente democracia. Este es un retrato de algo que no vemos, o no queremos ver, de nuestra realidad actual:

Casa Hogar número 2 para niños de Oaxaca: "Observamos a una niña que dejaron atada de los brazos usando sus mangas. El personal no tenía un programa para el tratamiento de su comportamiento autodestructivo, más que atarle las manos o sostenerla. En cuanto el personal la liberaba, la observamos golpeando su cabeza contra la loseta. El sonido era tan estruendoso que podíamos escucharlo desde el pasillo". Esto es parte de lo que reporta un investigador de Disability Rights International, organización con sede en Washington y dedicada a la promoción de los derechos de las personas con discapacidad. Este organismo internacional, junto con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, publicó este 30 de noviembre el reporte "Abandonados y desaparecidos: Segregación y Abuso de niños y adultos con discapacidad en México". El informe retrata situaciones atroces de las que nadie hace eco: lobotomías, torturas, situaciones de esclavitud... panorama sin esperanza en el que sobreviven miles de mexicanos que, en palabras de la directora de un centro de atención de estos (Fraternidad sin Fronteras): "Llegan aquí. Crecen aquí. Y luego mueren aquí".

Algunos botones de muestra de lo que el grupo de investigadores reporta tras visitar 20 instituciones durante el periodo que va de agosto de 2009 a septiembre de 2010:

* Los niños con discapacidad pueden tener familias amorosas; pero sin apoyo, muchos padres de niños con discapacidad no tienen más remedio que poner a sus hijos en instituciones. Esos infantes vivirán una tragedia más, nadie querrá adoptarlos.

* Los niños en estas instituciones han, literalmente, “desaparecido”, sin algún registro de su nombre, edad o la ubicación del lugar donde fueron colocados y sin manera de que los padres los encuentren.

* Hay mujeres que están siendo forzadas al equivalente moderno de la esclavitud, debido a la falta de opciones disponibles que les permitirían salir y llevar una vida normal en la comunidad.

* Muchas de las instituciones mexicanas son inmundas, dejan a la gente caminar en harapos sobre los pisos cubiertos de orina y heces.

* El Hospital de Salud Mental Dr. Víctor M. Concha Vázquez (“Concha Vázquez”) es una cárcel convertida en hospital psiquiátrico, en la que los pacientes permanecen tras las rejas en pequeñas celdas.

* En Guadalajara, "encontramos a un hombre envuelto en tiras de gasa atado de los pies a la cabeza, con sujeciones de cuerpo completo. El personal dice que ha sido sujetado así por años. Lo vimos atado a una silla de ruedas cuando visitamos diez años atrás el mismo cuarto de esas mismas instalaciones. En
Sáyago, encontramos a una mujer que habíamos conocido en Ocaranza en 1999. Su fotografía apareció en un reportaje en el New York Times sobre nuestros hallazgos; mostrando toda la parte superior de su cuerpo atada por sujeciones. Más de diez años después, la hallamos atada a una silla de ruedas".

"El principal hallazgo de esta investigación --dice el propio reporte al contrastar las realidades observadas con diez años de diferencia-- es que casi ningún cambio ha tenido lugar en el sistema de salud mental mexicano y que las promesas de reforma del gobierno no han sido cumplidas". Porque estas dos organizaciones hace una decenio habían denunciado esta deuda social, vinieron discursos políticos y "compromisos" pero nada mejoró. Cómo será de triste la situación que los investigadores incluso se toparon con individuos en los que pudieron constatar que su miseria sólo se hizo más profunda en esta década, una más que merece el tristemente nombre de década perdida.