Por Ernest Cañada, coordinador de Alba Sud
Desde el año 2008 España vive sumida en una situación de crisis que tiene en el paro masivo uno de sus principales indicadores. Actualmente el número de personas desempleadas roza los 6 millones, la tasa de desempleo se sitúa sobre el 26% y por sexto año consecutivo se está destruyendo empleo. En este contexto, el sector turístico aparece como uno de los principales activos de la economía española. Según datos de la OCDE, el turismo en España equivale al 10,2% del PIB y al 11,5% del empleo (una diferencia significativa con respecto a la media de los 34 países que la conforman, que se sitúa en un 4,2% y un 5,4% respectivamente). Lejos de atenuarse, con el avance de la crisis el peso de la actividad turística, sobre todo en su formato de sol y playa, va en ascenso.
Sin embargo el optimismo por el crecimiento del turismo se empaña cuando, entre otros, se evidencia el deterioro en la calidad del empleo existente, a causa de la inestabilidad y estacionalidad laboral, bajos salarios, intensificación del trabajo, polivalencia en múltiples tareas e incremento de la externalización. El turismo es hoy una fuente importante de trabajo en España, pero en la actual coyuntura corre el riesgo de consolidar un modelo basado en la precariedad. Lo que está en juego es tanto el tipo de desarrollo turístico como la misma sociedad que se está construyendo.
Pasada la temporada de verano, a finales de septiembre de 2013, el sindicato UGT advertía que buena parte de los puestos de trabajo creados para cubrir las necesidades de la temporada alta habían sido eliminados, evidenciando así una gran rotación. Pero el problema va más allá: el aumento del número de turistas, según datos del Instituto de Estudios Turísticos, no se ha traducido en realidad en más ocupación. Esto puede explicarse por el recurso habitual al trabajo sumergido, como denunciaba Josep Maria Álvarez, secretario general de la UGT en Cataluña, a primeros de noviembre. Pero también por un acentuación de la carga laboral de los trabajadores contratados, con jornadas abusivas y más cantidad de tareas en el mismo tiempo, como detectaba un informe elaborado por CCOO, hecho público en septiembre de ese mismo año.