Carlos Carnero
El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, junto al jefe del Gobierno español, Mariano Rajoy / FRANCOIS LENOIR (REUTERS)
El desarrollo de la crisis comenzaba a evidenciar hace tiempo lo que el Informe sobre la Democracia en España 2012 de la Fundación Alternativas ha elevado a conclusión a partir de la encuesta cualitativa a 200 expertos consultados: nuestro mayor déficit democrático es que la UE adopta acuerdos que afectan de lleno a nuestra vida como país sin que se apliquen procesos de toma de decisiones asimilables al Estado de derecho.
Frente a lo que se afirma habitualmente, los países que la componen no ceden a la UE soberanía, sino competencias. La explicación es sencilla: a partir del Tratado de Lisboa (herencia de la Constitución Europea), cualquier socio comunitario mantiene siempre la capacidad de abandonar la Unión si así lo desea, ejerciendo plenamente su soberanía, y mientras permanezca en su seno, lo hace junto con el resto de las instituciones comunitarias, que se limitan a aplicar las competencias que les han atribuido los Estados miembros; es más, tales competencias se aplican a través de mecanismos en los que los socios son siempre decisivos.
Es evidente que España, como cualquier otro socio europeo, es más soberana por estar en la UE. Pero también es verdad que muchos gobiernos tratan de evadirse del control y el proceso de toma de decisiones democráticas propias de los Estados nación a través de la Unión. Así, se dice "los ajustes se deciden en Bruselas y desde allí nos los imponen; de forma que: uno, olviden que yo los he votado a muchos kilómetros de nuestra capital; dos, me limito a aplicarlos o como muchos a trasponerlos, como si de un reglamento o una directiva se tratara; tres, no me impongan antes lo que he de decir o después lo que debo hacer desde el parlamento nacional porque sus poderes para lo primero no existen (me limito a informarles) y para lo segundo los límites son estrechos".
Por esta vía vamos muy mal y sólo conseguiremos dos cosas: deslegitimar a la UE hasta en los países más europeístas y degradar la democracia en el nivel nacional. Y, ante ello, la alternativa es clara: el juego democrático no puede ser de suma cero, sino todo lo contrario: sin rebajar la democracia nacional hay que aumentar la europea, que forman el mismo ordenamiento jurídico. Eso significa mejorar la democracia en su conjunto, sin que se debilite en el viaje de ida y vuelta a Bruselas.
¿Cómo? Por ejemplo: el traspaso de competencias a la UE no puede hacerse quitando el poder de decidir en los terrenos que abarcan al legislativo nacional sin aumentar al tiempo el del Parlamento Europeo; además, los gobiernos, antes de acudir a reuniones del Consejo Europeo o del Consejo sobre temas especialmente relevantes deben informar al Parlamento nacional y recabar del mismo un mandato explícito, aunque sea flexible para mantener su capacidad de negociación; los electos nacionales, en fin, deberían poder analizar políticamente lo acordado en Bruselas para sancionar o no lo hecho por su gobierno.
Una verdadera Constitución Europea y una ley específica que regule en España la actuación de nuestro país en Bruselas para hacerla más controlable y transparente se hacen cada vez más necesarias. Por el bien de la democracia y de la unidad europea.
Nicolás Sartorius. Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Alternativas (FA), abogado y periodista, ha sido diputado al Congreso.
Carlos Carnero. Director Gerente de FA, ha sido Embajador de España en Misión Especial para Proyectos en el Marco de la Integración Europea y eurodiputado.
Vicente Palacio. Director del Observatorio de Política Exterior de la Fundación Alternativas, Doctor en Filosofía, Visiting Fellow y Visiting Researcher en Harvard.
Sandra León. Profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de York (Reino Unido) y responsable de la colección Zoom Político de la Fundación Alternativas.
Carlos Maravall. Doctor en Macroeconomía y Finanzas Internacionales por la Universidad de Nueva York. Ha trabajado como asesor en Presidencia del Gobierno en temas financieros.
Erika Rodriguez Pinzón. Doctora en relaciones internacionales por la Universidad Autónoma de Madrid y coordinadora de América Latina en la Fundación Alternativas.
Ana Belén Sánchez, coordinadora de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Fundación Alternativas.
Jose Luis Escario. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y Master de Derecho Internacional y Comunitario por la Universidad de Lovaina. Coordinador del Área Unión Europea de FA.
Kattya Cascante coordina el área de Cooperación al Desarrollo del Observatorio de Política Exterior de la Fundación.
Enrique Bustamante. Catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la UCM. Es un experto de la economía y sociología de la televisión y de las industrias culturales en España.
Alfons Martinell. Director de la Cátedra Unesco en la Universidad de Girona y profesor titular en esa misma institución. Codirige el Laboratorio Iberoamericano de Investigación e Innovación en Cultura y Desarrollo.
Carles Manera. Catedrático de Historia e Instituciones Económicas en la Universitat de les Illes Balears. Es Premio Catalunya de Economía (Societat Catalana d’Economia, 2003).
Stuart Medina Miltimore. Economista y MBA por la Darden School de la Universidad de Virginia. Es presidente de la Red MMT y fundador de la consultora MetasBio.
Luis Fernando Medina. Profesor de ciencia política en la Universidad Carlos III de Madrid. Es autor de 'A Unified Theory of Collective Action and Social Change' (University of Michigan Press) y de "El Fénix Rojo" (Editorial Catarata).
José María Pérez Medina. Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología y en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Funcionario del Estado. Ha sido Asesor en el Gabinete del Presidente del Gobierno entre 2008 y 2011.
José Antonio Noguera. Profesor Titular de Sociología en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y director del grupo de investigación GSADI (Grupo de Sociología Analítica y Diseño Institucional).
Antonio Quero. Experto en instrumentos financieros de la Comisión Europea y coordinador de Factoría Democrática. Es autor de "La reforma progresista del sistema financiero" (Ed. Catarata).
Paloma Román Marugán. Profesora de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid. Autora y coordinadora de distintos libros, artículos en revistas especializadas, artículos divulgativos y artículos de prensa.
Jesús Prieto de Pedro. Doctor en Derecho, Catedrático de Derecho Administrativo en la UNED y titular de la Cátedra Andrés Bello de Derechos Culturales.
Santiago Díaz de Sarralde Miguez. Profesor de la URJC y coordinador de Economía en OPEX de la Fundación Alternativas.
Javier Rey. Doctor en Medicina y Cirugía, especialista en Cardiología. Secretario de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida.
Hay 2 Comentarios
Hola,
Soy un prestamista privado de préstamos y dar a conocer cualquier tipo de préstamo que usted desea con una baja tasa de interés del 2% y el nuestro es 40,000,000.00 euros máximo y el mínimo es de 10.000 euros a cualquier persona interesada debe ponerse en contacto con por favor con nosotros vía email: churchfinancialloanfirm@yahoo.com
Publicado por: Rev Faith Mark | 20/04/2012 14:35:16
La única institución comunitaria elegida por los ciudadanos europeos es el Parlamento. Precisamente por ello no actúa como un verdadero poder legislativo, sus atribuciones son minúsculas comparados con las del Consejo o la Comisión y la ciudadanía no participa ni de lejos en la toma de decisiones de la Unión. Esta distancia es la que ha provocado que no se haya podido construir una consciencia federal, un proyecto conjunto.
http://casaquerida.com/2012/04/13/los-chorizos-inauguran-una-panaderia/
Publicado por: Tinejo | 15/04/2012 14:38:46