Sobre recortes, reformas y copagos

Por: | 25 de abril de 2012

JAVIER REY

Gasto sanitario

    Si hay una parte del gasto sanitario en España que se diferencia del patrón de gasto de otros países desarrollados, ésa es la destinada al pago de los productos farmacéuticos. Como de manera reiterada viene recogiendo anualmente los datos comparados elaborados por la OCDE para los países de su ámbito (OECD Health Data), el gasto español en productos farmacéuticos supera alrededor de diez puntos porcentuales sobre el gasto sanitario total el promedio de lo que supone esa parte del gasto en otros países de ese entorno, hasta alcanzar del 30% del mismo.

    Esa situación deriva de los patrones españoles de gasto y consumo farmacéutico, que es parte esencial de la atención sanitaria en cualquier país, no se explica por una utilización diferente de esa clase de productos. Ésta sigue pautas científicas establecidas de manera común por encima de las barreras nacionales. Tampoco se explica los patrones muy distintos de aportación directa a los usuarios (copagos) a esos consumos: los copagos en la prestación farmaéutica existen en todos los países en niveles semejantes, aunque quepan en esto pautas de aportación y formas de hacerla diferente. La diferencias en precios en proporción al nivel de riqueza de los distintos países en términos de PIB per cápita tampoco aportan una explicación significativa a esa desviación española del promedio del patrón proporcional de gasto farmaceutico más común.

    A falta de una explicación de ese patrón de gasto diferente por las razones indicadas, todo apunta a razones estructurales de la constitución de nuestro mercado farmacéutico para explicar esa situación. Se trata, en todo caso, como en otros países, de un mercado en el que el paciente consumidor final de los productos carece de información y criterio para ordenar su consumo, que le viene impuesto por la actuación de otros agentes, a cuyas condiciones se debe someter sin posibilidad de otra elección. Del mercado farmacéutico español, desde la producción al consumo, cabe, sin embargo, destacar dos condiciones específicas que lo distinguen de muchos otros países de nuestro entorno:

    - la primera, el peculiar régimen de propiedad de las oficinas de farmacia, que está restringido desde siempre a los farmacéuticos titulados; una condición que éstos consiguieron mantener en la Ley General de Sanidad de 1986 ( en los pactos de la Moncloa se propugnaba la dispensación de los productos en los centros sanitarios) sin haberse modificado hasta ahora, que se acompaña del establecimiento de un sistema de márgenes de beneficio para la oficina de farmacia fijados mediante norma. Para la mayoría de los productos, ese margen está ahora situado en el 27,9% del precio de venta de muchas de las especialidades registradas, con limitaciones para las de precio más alto. Ese sistema de monopolio compartido por un número limitado de profesionales, sólo los propietarios de las oficinas de farmacia, se complementa con la constitución por los propios farmacéuticos de sociedades cooperativas dedicadas al almacenamiento y distribución, sistema que dispone también a su vez de un régimen de márgenes fijado por norma, establecido ahora para buena parte de los productos en el 7,6%.

    El sistema se viene justificando por las ventajas en términos de proximidad a todos los pacientes-consumidores que supone la difusión del establecimiento de las oficinas de farmacia. Sin embargo, en paralelo a las medidas de reducción del precio de los productos farmacéuticos que se están tomando en los últimos años, ese sistema de márgenes garantizados está haciendo aguas por el lado de las oficinas de farmacia de las localidades más pequeñas, cuya viabilidad económica resulta más puesta en cuestión a medida que se adoptan más medidas de reducción de los precios. Por el contrario, el sistema permite mantener unos márgenes de beneficio significativos por las oficinas de farmacia urbanas de mayor tamaño, cuya aportación real a facilitar la igualdad de acceso a la dispensación resulta mucho más cuestionable, pero cuya situación e intereses no se han puesto ni se ponen en cuestión.

    - la segunda, es el sistema de compras que se han configurado en el sistema sanitario, que, más alla de las descentralización autónomica de los servicios llevada a cabo, ha superado ese nivel, permitiendo en muchos casos, o incluso fomentando, la fragmentación de los sistemas de compras de toda clase de productos sanitarios, también los farmacéuticos, hasta el nivel de los centros. Esa situación coincide ahora con la desviación del consumo de los productos farmacéuticos más innovadores y más costosos desde el nivel ambulatorio a los centros hospitalarios, que está haciendo desviarse el coste creciente de esos productos hacia esos centros, en los que no existe aportación de los pacientes, pero tampoco control homogéneo de la extensión de las indicaciones de nuevos productos.

    Esa fragmentación de los sistemas de compras supone la ruptura de las economías de escala que podrían lograse mediante un sistema común. Pero para la organización de éste, difícil de lograr a partir de la situación actual, que se ha generado sobre la base de una interpretación peculiar de las competencias sanitarias autonómicas con la descentralización, no sirve tampoco el modelo que se viene proponiendo, el de la adquisición de vacunas, que con éxito limitado se lleva utilizando desde hace tiempo, y no sólo, como parece sugerirse, en el caso de algunas situaciones epidémicas recientes: las vacunas son productos de utilización puntual y fácil de calcular sobre bases problacionales, cuyo consumo no tiene nada que ver con el de la multiplicidad de productos sanitarios sometidos a la decisión de cada prescriptor.

    Viene todo esto a cuento en relación con la medida en forma de aumento de los copagos farmaceuticos de algunos grupos de población que para la reducción del gasto sanitario parecen haberse adoptado por el Gobierno (cuando escribo estas líneas todavía no se ha publicado en el BOE el Decreto-Ley correspondiente). Dejando aparte los razonamientos en torno a la inequidad de las mismas, y a los costes no definidos de su implantación, ya resaltados en otros muchos comentarios, lo que se quiere subrayar aquí, es que, si bien la reducción del gasto farmacéutico español en términos tanto absolutos como proporcionales constituye un objetivo de eficiencia ineludible de nuestro sistema sanitario, la forma razonable de alcanzar ese objetivo es mediante medidas estructurales que modifiquen algunas de las situaciones que justifica un patrón de gasto excesivo en este ámbito conforme a las evidencias comparadas. Y que, por el contrario, adoptar medidas de aumentos de copagos como las que se han anunciado, además de su inequidad y de sus costes de implantación, por no aportar nada a la solución de las situaciones que subyancen esos patrones de gasto excesivo las mismas constituyen la mejor evidencia de que, en contra de lo que sostiene el Gobierno, se trata de medidas "de recorte" social sin paliativos aplicados por razones de política económica inmediata, y de ninguna forma de reformas "obligadas" para hacer sostenible nuestro sistema de portección sanitaria.

    Las medidas adoptadas y las referencias que se están haciendo a las mismas dejan además abierto un flanco de inquietud: el que en un futuro más o menos próximo pudiera considerarse la implantación de otros copagos por el acceso o la prestación de ciertos servicios. La implantación de esa clase de copagos tendría consecuencias aún más perjudiciales sobre el acceso igualitario a la atención sanitaria establecido en nuestra norma constitucional y las sanitarias.

    Un último aspecto a considerar es que la ausencia de alternativas a las medidas adoptadas para mejorar la eficiencia de nuestro gasto farmacéutico, más allá de la crítica a las mismas, por parte de los partidos de izquierda, constituye una debilidad añadida para afrontar su adopción por el Gobierno con alguna posibilidad de modificación.

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El repago farmacéutico no tiene fines recaudatorios para hacer sostenible el sistema sanitario público, es una medida ideológica de quienes están contra el estado del bienestar. El repago será en términos de ahorro mucho menos eficaz que medidas de aproximación en la gestión del consumo farmacéutico a nuestro entorno europeo. Pero, como en lo fiscal, es más fácil quitarle el dinero al pensionista o subir el IRPF, que hacer una verdadera política que arregle los males de raíz. Y además el PP no quiere hacerla.

nos envenenaremos menos con medicamentos innecesarios...

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