Un modelo de investigación pública sobre la crisis

JAVIER GÓMEZ DE AGÜERO, Profesor asociado de Ciencia Política de la UCM. Pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.

"Todos, en todo el mundo sabían que la burbuja hipotecaria estaba ahí. Quiero decir que no se ocultaba... No puedes mirar lo que ha pasado y decir que el regulador hizo su trabajo. Esto no era un problema oculto. No pasaba en Marte o Plutón o en cualquier sitio. Pasaba exactamente aquí ... No puedes ganar trillones de dólares con hipotecas y que la gente no se dé cuenta".

Estas palabras las pronunció Richard Breeden, anterior Presidente de la SEC (la CNMV de los EEUU), en la Comisión que se estableció en aquel país para investigar la crisis económica más grave desde 1929.

La Comisión Nacional sobre las causas de la crisis económica y financiera en los Estados Unidos, este es su nombre oficial, se creó a raíz de la Ley para la persecución del fraude y la recuperación económica aprobada en mayo de 2009.

La Comisión no se creó como un órgano propio del Congreso o del Senado. Las diez personas que formaban la Comisión eran ciudadanos privados con experiencia en materias como la vivienda, la economía, las finanzas, la regulación de mercados, la banca o la protección del consumidor. Seis miembros de la Comisión fueron propuestos por el partido demócrata y cuatro lo fueron por el republicano.

Esta Comisión, llamésmola cívica, tenía el mandato de examinar las causas de la crisis económica y financiera en los Estados Unidos, aunque no se le encomendó proponer nuevas regulaciones. Además, se le dió la potestad de citar a declarar con la misma fuerza que una comisión parlamentaria y la capacidad de denunciar ante el Fiscal General a cualquier persona o entidad que creyese que había violado la Ley.

En el trascurso de la investigación, la Comisión cívica entrevistó a más de 700 testigos en 19 días de audiencias públicas en Washington, en Nueva York, y en varias ciudades que habían sido especialmente golpeadas por la crisis.

Ante la Comisión declararon todos los principales cargos públicos relacionados con la crisis de la Administración Bush y de la de Obama: los secretarios del Tesoro, los responsables de la SEC, los presidentes de la Reserva Federal, el Fiscal General y las autoridades de los estados más afectados por la burbuja inmobiliaria, como California, Nevada o Florida. También fueron citados a declarar los más altos directivos de las principales empresas financieras y de las agencias de calificación, y se organizaron jornadas con expertos académicos y economistas de prestigio internacional.

A lo largo de las 663 páginas que ocupa el informe con el resultado de las investigaciones, la Comisión cívica explica de forma "clara y en términos comprensibles, cómo funciona el sistema financiero y cómo se produjo la crisis".

El sistema político estadounidense no es perfecto, como no lo es ninguno, pero es evidentemente que en cuanto a exigencia de responsabilidades - públicas y privadas - están muy por delante de nosotros. Allí saben, desde que se fundó la república, que la democracia sólo funciona y es legítima si el pueblo controla el poder. Y no hay control si la ciudadanía no tiene información.

El precio del poder

JORGE FERNÁNDEZ LEÓN

La crudeza de unas declaraciones expone los límites de los derechos de un país. Y en el caso de Turquía, que se balancea entre ambas orillas para pedir por un lado su adhesión al bienestar, y por otro reclamar su derecho a la diversidad en sus prácticas culturales y singularidades dudosamente democráticas, nos sirve muy bien para imaginar un futuro en el que la cultura y la libertad de expresión, como hoy las entendemos muchas personas, puedan resultar del todo prescindible para las autoridades (es decir, para los representantes de las mayorías que se arrogan los principios de auctoritas, y los imponen como los regímenes autoritarios son capaces de imponerlos). Un futuro que, para quienes vemos cómo nuestros sistemas están siendo socavados hasta el límite de su resistencia por ese tipo de prácticas autoritarias y por las imposiciones de los más tenebrosos poderes financieros, puede parecerse en algún momento al nuestro.

El Primer Ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, amenaza con acabar con toda ayuda pública al teatro como recoge "The Guardian", tras una denuncia de su hija por haber sido insultada en una velada de teatro improvisado, al parecer por llevar cubierta la cabeza y mascar chicle en la primera fila del patio de butacas. El resumen, brutal e inexacto, ilumina en blanco y negro una realidad más compleja. Esto ocurre ahora mismo en Turquía, un país culturalmente dividido entre su territorio rural y la gran metrópoli Estambul y su entorno, en tensión religiosa y civil permanente y ocupando una posición geoestratégica por la que los poderes globales consienten comportamientos extremos al gobierno.

Por eso, en la distancia y la proximidad presentes, estas declaraciones, o su eco merecen atención. "Si hacen falta ayudas entonces nosotros, el Gobierno, apoyaremos los espectáculos que queramos. (...) Voy a privatizar el teatro. El Estado no gestiona teatros en casi ningún país desarrollado. Aquí hay libertad. Cuando privaticemos los teatros podréis representar lo que queráis. Lo siento pero no podéis cobrar del municipio y a la vez criticar la gestión. No puede haber tal absurdo. Vuestro tiempo se acabó". Y sigue una diatriba contra la "arrogancia despótica" de los intelectuales y su monopolio de las artes. Más allá de la falsedad banal de los argumentos, la intención es meridiana y la acción no se ha hecho esperar. Tanto el Alcalde de Estambul como otras autoridades locales del partido de Erdogan están en el camino del control y la censura o la retirada de las ayudas públicas al sector.

No podemos imaginar aquí tal cosa, por el momento. Pero, además de sumarnos a la crítica y de colaborar en la defensa de una cultura demócratica para Turquía, pensemos en lo que pasa cuando un político cree ser poseedor de sus votantes, en cuerpo y mente, y de su derecho a la palabra y a la discrepancia. Y aquí ya hemos visto caer cabezas, simplemente por querer mirar alrededor. No desdeñemos sin más la posibilidad de escenarios semejantes, en medio de las mareas populistas que, desesperadas ante la complejidad, vuelven a entregar su confianza a nuevos viejos caudillos

 

Prohibir el hambre: entre Rio y Doha puede nacer un Tratado Alimentario internacional

JOSÉ LUIS VIVERO POL, Colaborador asiduo del área de Cooperación y Desarollo y autor del memorando "A binding Food Treaty: a post - MDG proposal worth exploring"

El sistema alimentario mundial, altamente dependiente del petróleo y cada vez más controlado por una decena de mega-compañías, no está cumpliendo su función principal  que es alimentar a los seres humanos. Aunque producimos suficientes alimentos para todos, hay mil millones que no pueden comprar los alimentos indispensables para subsistir, y mil trescientos millones que comen en exceso y mal. Tal día como hoy, tres cuartas partes de los productores de alimentos están pasando hambre, un fenómeno que es la mayor causa de mortalidad infantil. Y todo ello a un elevado precio, ya que el hambre y la obesidad enferman a la gente, les quitan años de vida y les resta productividad laboral. Convivir con el hambre y la obesidad es infinitamente más caro que prevenirlas y curarlas, pues sólo se necesitan 24 mil millones de euros anuales para acabar con el hambre, que viene a ser un poco más de lo que costará salvar un banco pequeño de España.

¿Cómo podemos aceptar seguir con este sistema disfuncional? Un sistema alimentario que además experimenta dos grandes tensiones externas: por un lado el encarecimiento del petróleo, del que depende casi totalmente para producción, procesamiento y transporte; y por otro lado los negativos efectos del cambio climático sobre la agricultura. Cada vez será más caro y más difícil producir alimentos, especialmente cuando el petróleo se agote comercialmente, y por eso vemos ahora esta carrera desesperada por comprar tierras en países pobres y acuíferos subterráneos sin explotar.

Ninguno de los cuatro Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la nutrición se va a cumplir en el 2015, y de los 17 mil millones de euros prometidos por el G-20 en el 2009 para la seguridad alimentaria global, apenas se ha cubierto un 22 %. Seguro que no se llegará al objetivo que marcaron sus presidentes en L´Aquila. No hay rendición de cuentas, ni participación en las decisiones, porque ninguna de las decisiones presidenciales es vinculante en el sentido legal de la palabra.

Para ofrecer una solución a estos incumplimientos de promesas, a la falta de transpariencia y a los escasos avances hasta la fecha, la Fundación Alternativas acaba de presentar la propuesta de un Tratado Alimentario vinculante, cuyo objetivo sea erradicar el hambre y la obesidad antes del 2025. Luchar contra el hambre ayuda a reducir la emigración de Africa, alivia las tensiones étnicas y religiosas que nutren el terrorismo internacional, es rentable económicamente, incuestionable éticamente y ayuda a globalizar el bienestar, y no sólo las perdidas bancarias o la información. Este tratado traduciría los compromisos políticos volátiles en acuerdos formales entre países, dotando a la lucha contra el hambre de un armazón legal y contractual transparente, exigible y predecible.

El Tratado Alimentario empezaría bajo el impulso de los países que quieran comprometerse a este objetivo, y podrían participar otras entidades que no sean estados soberanos, como sucede con la FIFA, la Internet Society que coordina la Web o la UICN. Los países donantes y receptores se comprometerían a realizar desembolsos financieros para programas y objetivos concretos, bien en forma de ayuda al desarrollo bien en forma de presupuestos públicos. Si incumpliesen los términos del tratado, podrían ser llevados ante un órgano de resolución de conflictos, cuyas decisiones serían vinculantes, como sucede con el Tribunal de Arbitraje del Deporte, el Tribunal Europeo de Luxemburgo o el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC. El tratado tendría una secretaría permanente, que podría se el Comité Mundial de Seguridad Alimentaria de Roma, y unas reuniones anuales denominadas Conferencias de las Partes. Además, podría tener un sistema de rendición de cuentas nacionales e internacional, siendo el nivel nacional supervisado por una institución como el Defensor del Pueblo o de los Derechos Humanos y el internacional supervisado por un sistema de pares u otros miembros del tratado.

España ha jugado en la última década un papel importante en la lucha contra el hambre a nivel mundial, siendo además un donante destacado y un firme defensor de la legalidad internacional y los derechos humanos. Sería deseable que el Gobierno de España analice y presente esta propuesta a la comunidad internacional durante el 2012, bien en la Cumbre Rio +20 sobre Sostenibilidad, que tendrá lugar el mes que viene; bien en la Cumbre de Doha sobre Cambio Climático de diciembre. Ya se ha lanzado una propuesta similar para combatir el cambio climático, por lo que creo que este tipo de tratados pueden formar parte del nuevo " Consenso Post-OMD". Cientos de millones de personas se van a morir de hambre antes de que el cambio climático llegue a hacerles daño. Pero en nuestras manos está en evitarlo. Es cuestión de voluntad política y de la fuerza de la ley.

Cumbre Europea: una foto que ha salido cara

CARLOS CARNERO

El Consejo Europeo informal (sic) del 23 de mayo nos ha salido caro. Por un ojo de la cara, que diría un castizo. Quizás Van Rompuy ha obtenido lo que quería (una foto de bienvenida a Hollande), pero a un precio inasumible a estas alturas de la crisis. Un precio que más que medirse por el batacazo de las bolsas y la subida de la prima de riesgo de países como España el mismo día de la reunión e inmediatamente después, debería calcularse por la imagen de división acrecentada que ha vuelto a dar la Unión. Por supuesto, a mayor gloria de los especuladores de todo tipo que están haciendo una fortuna a costa de esta y otros errores de juicio de los "líderes" europeos.

¿Para qué convocar un encuentro de tanta visibilidad si previamente no se había trabajado un mínimo consenso sobre qué hacer a partir de ahora? ¿Por qué motivo reunir a quienes no han acercado posturas sobre qué significa austeridad y crecimiento? ¿Con qué fin organizar una Cumbre Europea en la que no ya los eurobonos, sino incluso un llamamiento a la responsabilidad del Banco Central Europeo para comprar deuda nacional de los Estados Miembros con mayores apuros, han sido motivo de discrepancia absoluta, más allá de las buenas intenciones para abrir debates a largo plazo ("todos calvos", que diría Keynes)?. Un auténtico despropósito.

Es imprescindible tomar decisiones de una vez por todas, pero hacerlo de forma inteligente, sin dar cuartos al pregonero, teniendo en cuenta que los especuladores están a la escucha. No se trata de acallar las diferencias políticas, sino de debatirlas sobre la base del método comunitario: propuesta de la Comisión Europea, con la implicación correspondiente de la Eurocámara, para llegar a una decisión del Consejo Europeo.

Es así como se debe actuar de cara a la próxima Cumbre formal (sic), que tendrá lugar a finales de junio. Se adelanta que entonces se debatirá un programa para estimular el crecimiento y se establecerá un calendario para un calendario para estudiar los eurobonos. Veremos en qué quedan tales anuncios, que de por sí son positivos. Siempre y cuando que de aquí a entonces el Banco Central Europeo actúe en el mercado de deuda para evitar que algún país siga al borde del abismo y, sobre todo, para adelantar lo que estaría dispuesto a hacer si el 17 de junio (antes del Consejo Europeo) Atenas da un paso definitivo para precipitarse al mismo y, de paso, arrastrar a toda la eurozona.

Por cierto: el Tratado de la UE no contempla la expulsión de un socio del euro si éste no quiere irse, ni tampoco que se vaya si desea marcharse, porque la pertenencia a la moneda única es irrevocable. Así que bien harían los "líderes europeos" en pensar que si hay un gobierno griego que decida no respetar el programa firmado con Bruselas y el FMI, no hay tarjeta roja que sacarle, con lo que la situación sería de explosión descontrolada. A no ser que, previamente, el BCE haya anunciado el único antídoto posible: que en caso de turbulencia de vacío, comprará toda la deuda pública de los Estados Miembros de la eurozona que lo demanden. O sea, que por fin actuará como la Reserva Federal de los Estados Unidos.

España no ha salido bien parada de la cita de Bruselas, lamentablemente. Ni la nítida unidad de mensaje entre el gobierno y la oposición ha servido para evitarlo. A pesar de que Rajoy utilizó en su rueda de prensa en El Elíseo términos algo más que preocupantes, excepto Hollande nadie hizo el menor caso a su llamamiento para que el BCE adquiera deuda española. Esperemos que eso cambie y que nuestros bancos no necesiten financiación europea, que el presidente excluyó "a día de hoy".

La UE está construyendo su presente y su futuro a golpe de errores y de aciertos (muchas de las medidas adoptadas frente a la crisis lo son). Pero el problema sigue estando en la carencia de una línea que nos lleve a salir del torbellino con una medicina distinta a la austeridad y que se llama unión económica para el crecimiento y el empleo. A España le va la vida en conseguirlo.

Años de cambio, años de crisis

IGNACIO URQUIZU

Desde hace un año, la Fundación Alternativas y la editorial Catarata han comenzado una colección donde se publican algunos de los trabajos más relevantes que se producen en este centro de pensamiento. El último libro de la colección es "Años de cambio, años de crisis", de Ignacio Sánchez-Cuenca.

Como muy acertadamente señala el autor en su introducción, en España faltan libros de análisis político riguroso. En las librerías es muy frecuente encontrarse con textos de actualidad política, en su mayoría escritos por periodistas y políticos, donde la narración es una concatenación de cotilleos, chismorreos, anécdotas y confidencias. En cambio, los datos suelen escasear.

El libro de Ignacio Sánchez-Cuenca es todo lo contrario. Desde la primera a la última página trata de trazar un relato de lo que han sido los siete años y medio del Gobierno de Rodríguez Zapatero. El autor refleja dos legislaturas claramente diferenciadas. En la primera, el proyecto original de Nueva Vía se materializa en el "socialismo de los ciudadanos". Entre 2004 y 2008 se extendieron los derechos civiles y sociales de muchos grupos como los homosexuales, las mujeres o los dependientes. Era la materialización práctica de los principios republicanos que habían inspirado a una nueva generación de socialistas.

En la segunda legislatura, en cambio, la crisis fue la protagonista. Sánchez-Cuenca traza una narración excelente de la actual crisis económica, así como muchas de las medidas que se adoptaron desde el Gobierno de Rodríguez Zapatero.

Junto al relato de los hechos, el autor desmonta algunos de los lugares comunes que se han extendido en los últimos años. En primer lugar, no es cierto que la generación de socialistas de los años 80 y 90 se viera apartada del nuevo proyecto político. De hecho, fueron pieza fundamental de gran parte de los gobiernos de Rodríguez Zapatero.

En segundo lugar, tampoco es cierto que el Gobierno socialista no hiciera nada por atajar la crisis económica. Todo lo contrario: fue muy activo y tomó numerosas medidas. El autor analiza de forma crítica algunas de ellas, generando debates que no se dieron en su momento, cuando se aprobaron.

En definitiva, este libro es una demostración de algo que algunos hemos defendido en el pasado: no es cierto que no existiese un proyecto, sino que se carecía de un relato. Pero, como pasa siempre, los relatos son construcciones a posteriori. El libro de Sánchez-Cuenca es un primer paso para construir una narración de los últimos siete años y medio de gobierno del PSOE.

Cambio cultural revolucionario

FERNANDO RUEDA

Los movimientos Occupy, 15-M o la primavera árabe están significando un cambio cultural de primera magnitud en nuestras sociedades. La transformación en la naturaleza del discurso político y en particular en los entornos en los que éste se produce, principalmente a través de los medios de comunicación de masas, y  muy especialmente en las redes sociales, es el logro inmediato más significativo.

En la agenda y en el debate públicos se introduce una voz múltiple, poco uniforme, que genera simpatías, - cuenta cada vez con mayores apoyos ciudadanos - y rechazos. - necesita ser controlado por las instituciones, y denostado por los opinólogos radicalizados.

Estos movimientos se empeñan en ofrecer una visión regenerada de la democracia participativa, con elementos de debate en espacio público, consenso y acción pacífica y búsqueda de alternativas en políticas -al respecto, la Fundación Alternativas lleva tiempo elaborando propuestas de cambio y respuesta a la indignación ciudadana, abiertamente manifiesta tras el 15M-, en contraposición con la democracia técnica afectada por la falta de transparencia, por su proceso de toma de decisiones de arriba abajo y por la influencia de los poderosos, las corporaciones y los mercados. Por su carácter descentralizado los movimientos generan espacios en los que cualquier persona que tenga una crítica, un deseo o una meta encuentra un lugar para ser escuchado.

Un aporte particular a estos movimientos es el que están realizando creadores y artistas: asistimos a una explosión de creatividad que canaliza con ingenio sus mensajes, se produce un boom editorial sobre 15-M, los músicos apuestan por crear su propia banda sonora, las instituciones culturales se apresuran a organizar debates, comisariar exposiciones y exhibir películas y documentales relacionados con estos movimientos.

La virtud de este experimento, que se convierte ahora en un gran laboratorio de investigación sociológica, no es que vaya a cambiar el sistema, pero si puede lograr peso e influencia para la toma de decisiones políticas.

Se abre ahora un camino para el análisis y acopio sistemático de datos respecto de este cambio cultural. La Fundación Alternativas ha comenzado a indagar, comenzando por los protagonistas, quiénes son y  qué quieren. Desconocemos su profundidad, pero parece razonable argumentar que cualquiera que sea el futuro que nos espera en términos de cambio político o institucional, los movimientos sociales ya están cambiando la naturaleza de discurso político. Y esto ya es algo.

 

¿Dónde vas, Israel?

VICENTE PALACIO

En otro golpe de mano maestro, el primer ministro Netanyahu ha salvado su gobierno pactando con Shaul Mofaz, el dirigente del centrista Kadima, aplazando así la convocatoria de elecciones. ¿Significará más de lo mismo? Eso sería algo que Isreal no puede permitirse.

Este país tiene ante todo un serio problema de política exterior. Cuando está ocurriendo la gran oleada democrática en Norte de África y Oriente Medio, justo en medio de la mayor transformación del entorno internacional desde la caída del muro, su capacidad para influir en Oriente Medio es casi igual a cero. Temido y odiado: quizá no hay en el mundo otro país de esa envergadura militar, de esa proyección económica y tecnológica, con un poder blando tan endeble. Tras décadas de enfrentamientos con sus vecinos, después de sobreactuar frente a amenazas vitales, la legitimidad de la democracia israelí para hablar alto y pronunciarse sobre asuntos como el derrocamiento de tiranos, las matanzas de civiles, o el respaldo económico a las transiciones, ha quedado muy mermada. Las manos de la diplomacia israelí están atadas: "su mano será contra todos, y la mano de todos contra él" (Génesis, 16:12). Y la razón última de ello no es otra que la cuestión palestina.

Donde los europeos, frente al televisor o en las cátedras de las universidades, ven un fenómeno de tipo político envuelto en cierta aura romántica de libertad, los israelíes, equipados de poderosos prismáticos, ven un asunto de tipo básicamente geopolítico y estratégico. Ciertamente, la primavera árabe trae nuevas incertidumbres y riesgos asociados a las guerras democráticas: ¿quién se hará con el poder?. Pero lo peor es cuando no puedes hacer nada sino esperar y ver, sean las elecciones en Túnez y Egipto, las tensiones entre Irán y las monarquías del Golfo, las revueltas y matanzas en Siria, o el ascenso de Turquía como mediador regional. Debilitada la diplomacia y la capacidad de interlocución directa, sólo quedaría el recurso de las bombas, por ejemplo, con Irán. Pero eso no ocurrirá, al menos de momento.

Una clave está en Egipto, con próximas elecciones para nuevo Presidente y una nueva Constitución (en este orden). La pregunta es cuál será la actitud del nuevo régimen que surja de las urnas hacia el problema palestino, y el futuro del tratado de paz vigente desde 1979. La respuesta más plausible es que no habrá ruptura, por varias razones: por la prudencia que se le supone a todo gobierno; por la prioridad en la construcción del país; por las presiones de EE.UU. o Europa o también porque la superioridad militar israelí es muy disuasoria. Aunque el discurso de la desconfianza se retroalimenta desde los sectores más extremistas, y la retórica encendida es consustancial a Oriente Medio, esta vez la realidad puede ser mucho más sensata, gane quien gane. Si finalmente un civil se hace con la presidencia egipcia, se podría pivotar lentamente hacia una relación más equilibrada.

Otra clave para salir del aislamiento es retomar deprisa un diálogo fluido con la Turquía de Erdogan, distanciada desde el incidente de la flotilla a Gaza. Aunque aún está muy lejos de constituirse en el modelo a seguir para todos, Turquía gana influencia y capacidad de mediación sobre los acontecimientos vecinos. A Israel le hace falta un socio en quien confiar, y se va acercando ese día de la próxima década en que podría articularse una dinámica virtuosa de rivalidad-cooperación entre egipcios, iraníes y turcos, y ahí la potencia israelí podría jugar un papel muy constructivo, económico y político. No existe en la región un liderazgo único para determinar el curso de las cosas, y las esferas de influencia seguirán muy repartidas.

La relativa calma que se respira en Israel estos días -en contraste con momentos de bombardeos o de Intifada- de alguna manera refleja aún más la peculiar soledad de la sociedad israelí. ¿Cuándo dejará Israel de ser una anomalía entre las democracias de corte occidental, una economía pujante del high tech que vive en una guerra permanente de intensidad discontinua, de lucha interna y fronteriza; con un gasto militar por encima del 6% de su riqueza nacional; que se enfrenta al derecho internacional, y que concita tantas críticas y tanta controversia irracional?

A pesar del desánimo en ambos bandos, una gran mayoría tiene muy claro cuál es el futuro: dos Estados, Israel y Palestina. Las dos partes están condenadas a entenderse, a negociar durante muchos años sobre fronteras, a derribar muros, a dar marcha atrás a los asentamientos en Cisjordania; a construir un futuro y dotar de dignidad a Gaza (y recuperar con ello para Israel la dignidad perdida). Los pueblos no son tan tontos: lo hemos visto en las calles de Tel Aviv, El Cairo, Damasco, y también en Teherán. Ahora falta que los políticos acompañen. Ninguna solución será la más justa: nunca se hará justicia a los muertos, nunca habrá un acuerdo sobre las culpas y los errores de siglos. Pero puede vivirse en paz aún con heridas.

Paradójicamente, hasta el momento, las revueltas árabes han seguido un derrotero desconectado del problema palestino (en una región donde tiranuelos de toda laya siempre han utilizado la cuestión como pretexto para perpetuarse y continuar oprimiendo a su gente). Incluso, la oleada democrática ha distraído la atención del conflicto. Tampoco en los territorios ocupados esos cambios se han traducido hasta ahora en un movimiento significativo, ni anti-israelí ni pro-democrático, ni en la gente de Hamás ni en la de Al Fatah. En Tel Aviv, el pasado julio los jóvenes se echaron a la calle emulando el 15-M español, para exigir transparencia y más oportunidades, pero sin mención alguna al conflicto. Habrá segunda parte este verano, y entonces veremos si se produce alguna conexión entre el hartazgo socio-económico, y el hartazgo político respecto a Palestina.

Sin embargo, el gobierno de Israel debería mirar adelante con valentía y encontrar algún modo de subirse a la ola de los procesos democráticos árabes. El requisito para ello es la paz y un Estado palestino: no le queda otra alternativa. Y aunque ahora no pueda tomar partido, sí puede animar a europeos y norteamericanos a apoyar las transiciones con recursos e impulso político. Si alguna vez se produce una feliz constelación de liderazgos en ambos bandos (y un Presidente de EE.UU comprometido), la nación en el tiempo alguna vez podrá hallar la normalidad y convertirse en una democracia aburrida, rodeada de otras democracias similares. Sólo entonces podría permitirse un cierto ensimismamiento para reconstruir su propia sociedad, un fascinante mosaico de judíos y árabes, de laicos y ultra-religiosos, de emigrantes de medio mundo. Tal final feliz es difícil; pero como suele decirse, todo es posible en Oriente Medio.

¿El fin del Sistema Sanitario Universal?

JAVIER REY

Muchos de los comentarios realizados hasta ahora tras la publicación del Real Decreto-Ley 16/2012, "de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones" se han referido a la reducción de la protección sanitaria que en el futuro se pretende proporcionar a los inmigrantes que se encuentren en situación irregular en nuestro país. Por el contrario, en la mayoría de los casos se han dejado de lado las profundas modificaciones que la norma establece en los derechos a la protección sanitaria de la propia población española, cuyas aportaciones a la financiación del Sistema y su participación en el mismo constituyen la base necesaria de cualquier mecanismo complementario de protección de base solidaria de otros grupos de población.

En el Artículo 3 de la Ley de cohesión y calidad del SNS, de 2003, promulgada por el PP, coherente con lo establecido en 1986 en la Ley General de Sanidad, del PSOE, se establecía que "son titulares de los derechos a la protección de la salud y la atención sanitaria todos los ciudadanos españoles", remitiendo la protección de distintos grupos de ciudadanos extranjeros a las leyes y tratados correspondientes, incluido el Artículo 12 de la Ley Orgánica 4/2000, de extranjería, para los inmigrantes ilegales. Esta definición se complementaba con una llamada a que las Administraciones Públicas se orientasen de manera activa a impedir la discriminación "de cualquier colectivo de población que por razones culturales, lingüísticas, religiosas o sociales tenga especial dificultad para el acceso efectivo a las prestaciones del SNS".

En la nueva redacción dada a ese artículo por el Decreto-Ley la condición de ciudadano con derecho a la protección del SNS se sustituye por la de "asegurado", vinculando ésta a alguna relación (incluyendo entre ellas la demanda de empleo para quienes lo hayan agotado) con nuestro propio sistema de Seguridad Social. En el caso de los extranjeros "no registrados ni autorizados como residentes en España", con la excepción de los menores de dieciocho años, la nueva norma limita su derecho a la atención a la de urgencia y a la asistencia "al embarazo, parto y postparto". Es sobre este aspecto sobre el que más se ha llamado la atención. Pero lo que subyace a las disposiciones adoptadas es una modificación completa de la protección sanitaria ofrecida en nuestro país, eliminando cualquier aspiración a impedir la discriminación en el acceso a los servicios sanitarios de cualquier grupo de población diferenciado, español o extranjero, sin aportar para ello ninguna razón que pudiera justificar un cambio tan radical.

Como han puesto de manifiesto numerosos informes, el volumen de unos y otros colectivos que quedan así excluídos del Sistema no justifica que sea su atención la que provoca su ineficiencia. Su acceso al mismo a través de los servicios de urgencias, a los que deberán recurrir para tener alguna atención, tendrá diferentes efectos sanitarios y económicos negativos, ya ampliamente comentados. Por el contrario, vincular el derecho a la protección sanitaria a un sistema de seguro abre la veda a la posibilidad de que quienes disponen de uno privado puedan optar por recibir la atención sanitaria a través de esa vía, a cambio de la desgravación fiscal de sus cotizaciones al seguro correspondiente. Por eso vienen presionando, con el Gobierno catalán, en cuyo territorio están más extendidas, las compañías de seguro y las cadenas de hospitales privados, que han constituido un "lobby" para ello (el Instituto para el Desarrollo y la Integración de la Sanidad, IDIS), muy activo últimamente.

Del carácter regresivo de la definición de población "asegurada" adoptada pueda dar buena idea que sus términos recogen la manera casi literal lo que el Artículo 100 del texto refundido de la Ley General de Seguridad Social de 1974, utilizaba para delimitar la población con derecho a la asistencia sanitaria de ese sistema. Fue esa definición la que la Ley General de Sanidad vino a sustituir por un sistema "universal", modificando en coherencia con ello de manera progresiva sus mecanismos de financiación contributiva por el sistema de financión actual. En éste, desde 1999 son sólo impuestos generales los que financian la atención sanitaria. La contradicción derivada de esos desarrollos discordantes entre las normas financieras y la definición adoptada de la población con derecho a recibir la atención de nuestro sistema sanitaria "universal" puede ser una de las razones para la impugnación legal de la nueva norma. Pero el rechazo a las medidas adoptadas no puede ocultar que su desarrollo por el Gobierno actual se ha visto facilitado por la incoherencia de los Gobiernos anteriores, también los del Partido Socialista, en el desarrollo de muchas de las medidas universalizadoras previstas en la Ley General de Sanidad:

    -Pese a numerosas llamadas hechas en sentido contrario a lo largo del tiempo (Informe nº 86/2006 del Laboratorio: La universalización de la atención sanitaria. Sistema Nacional de Salud y Seguridad Social), veintiséis años después de la promulgación de esa norma persisten sistemas de protección sanitaria diferenciada para determinados grupos de población. Los más característicos, las Mutualidades de funcionarios, que agrupan a más de dos millones de personas; a los que hay que añadir diferentes sistemas específicos para determinados grupos profesionales (abogados, periodistas, algunas de las empresas más importantes, cargos públicos). Todos ellos reúnen a colectivos con mayor capacidad de influencia pública que el promedio de la población general, que se utiliza para mantener esa diferenciación, en detrimento de la mejora del sistema universal; también por facilitar a esos grupos el acceso a la atención a través de medios privados, y con ello el acceso más directo a la atención sanitaria especializada y más costosa. Todo lo que supone una contribución objetiva a la ineficiencia del sistema en su conjunto. Pese a lo cual esa situación recibió su refrendo legal, del que hasta entonces carecía, en la Ley 33/2011, General de Salud Pública, del último Gobierno socialista, en la que se estableció que esas formas de protección diferenciad "son" Sistema Nacional de Salud y no deben ser sometidas a ninguna medida que homologue e integre sus condiciones al resto del sistema. Una disposición igual está incluida en el Artículo 1 del Real Decreto-Ley.

    -Otro desarrollo incoherente con los principios de universalidad e igualdad en el acceso al sistema sanitario es de carácter instrumental: el Real Decreto 183 de 2004, reguló las condiciones de emisión de la tarjeta sanitaria individual, el documento acreditativo del derecho a la asistencia sanitaria del SNS, cuyos titulares deberían figurar en una base de datos constituída en el Mº de Sanidad. Pese a tratarse de un derecho desvinculado por entonces de la relación con la Seguridad Social, el principal mecanismo para obtener la tarjeta se dejó formalmente al INSS, que ha debido ir acreditando la existencia de una relación con la Seguridad Social por parte de cada ciudadano que quisiera disponer del documento. Que las tarjetas sanitarias fueran emitidas por cada CA y algunas (País Vasco y Cataluña entre ellas) hubieran regulado los mecanismos de emisión de las suyas de manera previa a la regulación general, ha provocado que se hayan emitido tarjetas autonómicas a grupos de población que ahora carecerán de derecho a la obtención de la tarjeta sanitaria "universal", generando con ello los conflictos de competencia correspondientes. Por otra parte, el INSS nunca ha facilitado la comprobación y corrección de las situaciones de doble cobertura (del sistema general y los sistemas especiales descritos, que tienen mecanismos propios de reconocimiento del derecho), cuya extensión cabe sospechar por diferentes indicios que es significativa, y que mina también la eficiencia de la protección sanitaria general. Que el Real Decreto-Ley establezca ahora con ese rango que el reconocimiento de la nueva condición de "asegurado" corresponde al INSS se ve facilitado por la regulación y la práctica previa descritas.

Estas situaciones arrastradas desde antes del Real Decreto-Ley sirven también para llamar la atención sobre el hecho de que para la solución de los problemas para garantizar la universalidad de la cobertura sanitaria que se puedan derivar de la aplicación de esta norma no bastará, como indicaba hace unos días el Secretario General del Partido Socialista que haría si volvía al poder, con su derogación. Serán necesarios cambios en positivo que resuelvan las contradicciones en este aspecto que ha mantenido el SNS desde que se creó, mediante una nueva Ley de Sanidad que marque unas condiciones universales e igualitarias reales de acceso al mismo (Trabajo 173/2011 del Laboratorio: Una nueva Ley General de Sanidad para sostener el Sistema Nacional de Salud). Una tarea nada fácil en el contexto de una sociedad con marcadas tendencias y soporte de distintos grupos de población a las situaciones de desigualdad como las que se daban ya antes del Decreto-Ley, que se acrecentarán con su aplicación.

 

El 15-M ¿Quiénes son?

KERMAN CALVO, Universidad de Salamanca

En este primer año de vida del movimiento 15-M han visto la luz, o están en visos de hacerlo, tres estudios diferentes sobre participantes en este movimiento social en tres ciudades españolas: el trabajo en el que he participado sobre el 15-M en Salamanca, con datos recogidos en mayo 2011 ( y publicado por la Fundación Alternativas en su colección de Zoom Político), el trabajo de Tiina Likki en Madrid (datos de noviembre 2011; recién publicado en la misma colección y, por último, la investigación de Javier Arellano y sus colaboradores en Bilbao (datos de mayo a diciembre 2011).

Las tres investigaciones dibujan un perfil de participación bastante similar. Nos encontramos con personas jóvenes, que no adolescentes, con un alto nivel educativo; en torno a un 70 % de las personas que participan en el movimiento 15-M tiene educación universitaria. En Madrid la composición en términos de edad es un poco más heterogénea, con una mayor representación de personas mayores de 40 años. Los "indignados" son personas desvinculadas de las organizaciones políticas tradicionales, pero que, sin embargo, demuestran una alta implicación con la política y, sobre todo, con la mejora de esta. Son personas ideológicamente de izquierdas, pero que rechazan la participación en, y el apoyo a, los grandes partidos de ámbito estatal. Hombres y mujeres participan de igual manera y con idénticos objetivos: una renovación profunda de las reglas del juego democrático, y un reforzamiento de los mecanismos de atribución de responsabilidades en situaciones de crisis política y/o económica. El estudio en Madrid, desarrollado una vez que el movimiento 15-M llevaba ya tres meses de andadura, identifica un aumento de la preocupación por la calidad de la enseñanza pública, en consonancia con las demandas de la "marea verde".

Sin restar ninguna importancia a lo anterior, hay una aportación adicional de estos trabajos sociológicos que debería llamar particularmente la atención. En su mayor parte, los "indignados" son personas con una clara conciencia sobre las injusticias asociadas a nuestro actual sistema político y económico; no obstante, reconocen no estar sufriendo la peor parte de la actual crisis económica. El estudio en Madrid demuestra particularmente que, a pesar de las débiles perspectivas laborales, los participantes en el movimiento 15-M  consideran que su situación económica es igual o mejor que la de la mayoría de la población: únicamente el 10 % de los entrevistados afirma estar peor que la mayoría de la gente. Así pues, y en contra de lo afirmado estos días desde la derecha mediática, y el propio Gobierno, poco hay de anti-sistémico en un tipo de participación llevada a cabo por personas con alto nivel educativo que, sin estar sufriendo los peores estragos de la crisis económica, demuestran capacidad, voluntad y recursos para contribuir a una mejora necesaria en el sistema con consecuencias universales.

Convertir la ira en poder ¿es necesario?

JORGE FERNÁNDEZ LEÓN

El corresponsal en Roma de este diario hablaba el pasado lunes del temor de los partidos tradicionales a que los electores pudieran convertir su ira en poder en manos de nuevos actores políticos, en este caso el artista Beppe Grillo y su movimiento. Las elecciones griegas son otro ejemplo de los comportamientos resultantes de las combinaciones propiciadas por el desquiciado dominio que los intereses de los beneficiarios de los mercados ejercen sobre los países y sobre la UE entera, al menos hasta ahora.Y los resultados de las presidenciales francesas, y de las elecciones del territorio de Schleswig - Holstein ratifican tendencias que analistas de todo color político examinan hoy con sumo cuidado, para que sus argumentos duren más de una semana sin ser corregidos por la realidad cambiante.

El pequeño land alemán nos ha permitido ver en carne ajena al menos un par de fenómenos que nuestra vida cultural deberá afrontar pronto o tarde, pero que sin duda están ya en la agenda de la política real del país: el del crecimiento de otras formas de entender la acción cívica, que precisamente durante el pásado fin de semana, tienen en medio mundo una presencia insoslayable, y los efectos que estas nuevas maneras de reclamar los derechos tienen sobre la vida cultural, tal y como se venía entendiendo hace no mucho. Un partido con poco más de un lustro de vida, el Partido Pirata ha vuelto a demostrar su creciente capacidad de influencia en la política alemana. Y también la poco amable acogida que genera entre autores de la izquierda de prestigio en Alemania, como Hans Magnus Enzensberger.

No le gusta a Enzensberger que los Piratas, a los que califica en tono airado como sorprendentemente burgueses y nada revolucionarios, quieran tener determinadas cosas gratis y hayan elegido precisamente los derechos de autor como uno de los palacios a tomar "Me pregunto por qué no van a la panadería y dicen que allí no van a pagar. ¿Por qué tiene que ir la cosa contra nosotros, los autores?" Sin duda el argumento del brillante pensador lo acompañan razones, y también el peso del respeto de su trabajo. Pero, con todo y con eso, sigue sobre la mesa la necesidad perentoria de una revisión reflexiva de las enormes diferencias que mantienen los partidarios de una y otra solución respecto a esos derechos. Y, o lo hace la política de forma más o menos responsable, o lo seguirán haciendo los oligopolios dominantes del mercado de la comunicación, como lo han hecho hasta ahora en España y en buena parte del mundo. Con las consecuencias poco deseables para el interés general que esa discrepancia entre defensores y otra postura genera.