La financiación sanitaria y la crisis del sistema

Por: | 20 de junio de 2012

JAVIER REY

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A estas alturas de la crisis económica es importante destacar dos ideas sobre la relación entre aquélla y el Estado de Bienestar: la primera, que el desarrollo de éste en los países europeos que la están sufriendo de manera más intensa no fue la razón de la crisis, pese a lo que se ha sugerido desde sectores neoliberales desde su inicio; la segunda, que, pese a ello, las medidas que se están adoptando para afrontarla suponen en todos esos países el recorte de los distintos componentes que conforman su Estado de Bienestar, poniendo en cuestión el desarrollo alcanzado en cada uno y, con ello, su cohesión social.

Ambas observaciones generales son aplicables de manera específica a los servicios sanitarios de nuestro país. El gasto sanitario per capita en España se adecua desde hace años de manera rigurosa al patrón de gasto de todos los países desarrollados (a excepción de los Estados Unidos): cada país gasta en sanidad en proporción a su nivel riqueza, medida en términos de PIB per cápita, como puede verse en el siguiente gráfico tomado de la OCDE con datos de 2002. Esta tendencia ha sido estable en el tiempo hasta la actualidad para todos los países citados, incluído el nuestro, que en el gráfico está representado con el número 23.

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Por otra parte, y a falta de consideraciones más amplias, con ese nivel de gasto ajustado a nuestro nivel de renta nuestro país ha venido consiguiendo resultados en salud comparables, si no mejores, a los de otros países más ricos con mayores niveles de gasto, y ha venido ofreciendo prestaciones y servicios también comparables en términos de amplitud y calidad a los de cualquiera de esos países.

Frente a esa valoración, que sirve para justificar globalmente la eficiencia de nuestro sistema sanitario, e incluso su sostenibilidad financiera en tanto el país no sufra una quiebra global, se alza, sin embargo, otra realidad contradictoria: el gasto sanitario real de algunas CCAA ha sido un responsable parcial importante del déficit y la deuda en los que ha incurrido una parte de aquéllas (lo que no es de extrañar: los presupuestos sanitarios suponen en promedio el 40% del presupuesto de cada CA).

Con ello, es innegable que ese gasto ha contribuído de manera significativa al problema global de desequilibrio en las cuentas públicas en el que, al margen del origen de la crisis vinculado a los sectores financieros e inmobiliario, estamos sumidos.

Tratar de comprender las razones de esa doble realidad contradictoria tiene importancia teórica, pero también para valorar qué medidas se deben adoptar con el fin de evitar que el déficit y las deudas autonómicas de ese origen sigan hipotecando en el  futuro nuestra capacidad de desarrollo y crecimiento económico global.

Hay que subrayar aquí que la causa de esa situación no está en los excesos en términos de servicios prestados o prestaciones cubiertas en los que haya incurrido nuestro sistema sanitario, esa hipótesis no se sostiene a la luz de la comparación con los patrones de gasto que se han seguido en España en comparación con otros países. Por ello el recorte de los servicios prestados, como el que efectúa el reciente Decreto-Ley 16/2012, al margen de su injusticia social, no es la solución adecuada.

La única causa que permite justificar las desviaciones en el gasto sanitario en las que han incurrido algunas CCAA tiene raíces financieras, no en términos de financiación insuficiente, como reclaman algunos aludiendo a los promedios europeos, sino en razón de las propias características del sistema de financiación sanitaria. Y ello, tanto durante el período, hasta 2001, en el que ésta tuvo carácter independiente y finalista ( y restringido a las 7 CCAA que habían recibido hasta entonces el traspaso del INSALUD), como cuando, a partir de esa fecha, la financiación sanitaria de 15 de las 17 CCAA (menos Navarra y País Vasco) se incluyó en la financiación autónomica general.

Durante ambos períodos el sistema de financiación de la sanidad gestionada por las CCAA ha incluído dos características peculiares: 1) la Administración General del Estado (AGE) ha permanecido siempre ignorante y al margen de la gestión económico-sanitaria de las CCAA; una situación generada no sólo por la resistencia de las CCAA a proporcionar esa información por razones competenciales, sino también por el desinterés y la dejación en la obtención de esa información por parte de la AGE, preocupada sobre todo, con gobiernos socialistas y populares, por liberarse de las responsabilidades sanitarias, un área de gasto creciente y difícil de controlar; 2) la financiación sanitaria de las CCAA recibida en función de la distribución presupuestaria ordinaria ha sido suplida por la aportación de cantidades adicionales fuera de presupuesto, por procedimientos diferentes en cada período ( las "operaciones de saneamiento" del INSALUD en el primero de esos períodos; las cantidades adicionales obtenidas cada vez que se aprueba un nuevo sistema de financiación autonómica en el segundo). Esto las ha permitido incurrir en desviaciones del gasto no controladas, que la AGE fingía desconocer, pero que eran de conocimiento general a través de las reclamaciones de los proveedores, que venían sufriendo demoras progresivas en los pagos, solucionadas ocasionalmente con motivo de algunas de las operaciones citadas.

Por eso, y ante la evidencia de que la participación del Mº de Sanidad en las medidas originales de recorte sanitario fue escasa aunque ahora se tenga que encargar de aplicarlas, conceder a los sectores económicos del Gobierno, responsables de todos los modelos de financiación autonómica y sanitaria que se han venido aplicando, la iniciativa del desarrollo de las medidas para solucionar  los problemas  de los déficit y deudas autónomicas de origen (financiero) sanitario supone algo así como encomendar a la zorra la vigilancia del gallinero. Esos sectores han derivado lógicamente la supuesta solución del problema a los recortes en servicios y prestaciones, obviando cualquier modificación del sistema de financiación sanitaria, que es su causa principal.

El diseño de la financiación de nuestro sistema sanitario, cuyas características lo aproximan a los modelos federales, dista mucho además del que disponen los países con esa forma de Estado. En éstos, singularmente en Canadá, existen mecanismos de financiación condicionada que convierten a la financiación en un instrumento esencial de funcionamiento coordinado del conjunto del sistema y de mantenimiento de las condiciones universales de la cobertura sanitaria. Acercar nuestra finaciación sanitaria a la de esos países podría ser, por eso, el mejor instrumento para resolver los problemas organizativos y financieros de que adolece nuestra sanidad.

 

 

 

 

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las "operaciones de saneamiento" del INSALUD en el primero de esos períodos; las cantidades adicionales obtenidas cada vez que se aprueba un nuevo sistema de financiación autonómica en el segundo). Esto las ha permitido incurrir en desviaciones del gasto no controladas, que la AGE fingía desconocer, pero que eran de conocimiento general a través de las reclamaciones de los proveedores, que venían sufriendo demoras progresivas en los pagos, solucionadas ocasionalmente con motivo de algunas de las operaciones citadas.

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