Alternativas

Sobre el blog

Crisis de la política, la economía, la sociedad y la cultura. Hacen falta alternativas de progreso para superarla. Desde el encuentro y la reflexión en España y en Europa. Para interpretar la realidad y transformarla. Ese es el objetivo de la Fundación Alternativas, desde su independencia, y de este blog que nace en su XV Aniversario.

Sobre los autores

Nicolás SartoriusNicolás Sartorius. Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Alternativas (FA), abogado y periodista, ha sido diputado al Congreso.

Carlos CarneroCarlos Carnero. Director Gerente de FA, ha sido Embajador de España en Misión Especial para Proyectos en el Marco de la Integración Europea y eurodiputado.

Vicente PalacioVicente Palacio. Director del Observatorio de Política Exterior de la Fundación Alternativas, Doctor en Filosofía, Visiting Fellow y Visiting Researcher en Harvard.

Sandra LeónSandra León. Profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de York (Reino Unido) y responsable de la colección Zoom Político de la Fundación Alternativas.

Carlos MaravallCarlos Maravall. Doctor en Macroeconomía y Finanzas Internacionales por la Universidad de Nueva York. Ha trabajado como asesor en Presidencia del Gobierno en temas financieros.

Erika RodriguezErika Rodriguez Pinzón. Doctora en relaciones internacionales por la Universidad Autónoma de Madrid y coordinadora de América Latina en la Fundación Alternativas.

Ana Belén SánchezAna Belén Sánchez, coordinadora de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Fundación Alternativas.

Jose Luis EscarioJose Luis Escario. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y Master de Derecho Internacional y Comunitario por la Universidad de Lovaina. Coordinador del Área Unión Europea de FA.

Kattya CascanteKattya Cascante coordina el área de Cooperación al Desarrollo del Observatorio de Política Exterior de la Fundación.

Enrique BustamanteEnrique Bustamante. Catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la UCM. Es un experto de la economía y sociología de la televisión y de las industrias culturales en España.

Alfons MartinellAlfons Martinell. Director de la Cátedra Unesco en la Universidad de Girona y profesor titular en esa misma institución. Codirige el Laboratorio Iberoamericano de Investigación e Innovación en Cultura y Desarrollo.

Carles ManeraCarles Manera. Catedrático de Historia e Instituciones Económicas en la Universitat de les Illes Balears. Es Premio Catalunya de Economía (Societat Catalana d’Economia, 2003).

Stuart MedinaStuart Medina Miltimore. Economista y MBA por la Darden School de la Universidad de Virginia. Es presidente de la Red MMT y fundador de la consultora MetasBio.

Luis Fernando MedinaLuis Fernando Medina. Profesor de ciencia política en la Universidad Carlos III de Madrid. Es autor de 'A Unified Theory of Collective Action and Social Change' (University of Michigan Press) y de "El Fénix Rojo" (Editorial Catarata).

José María Pérez MedinaJosé María Pérez Medina. Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología y en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Funcionario del Estado. Ha sido Asesor en el Gabinete del Presidente del Gobierno entre 2008 y 2011.

José Antonio NogueraJosé Antonio Noguera. Profesor Titular de Sociología en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y director del grupo de investigación GSADI (Grupo de Sociología Analítica y Diseño Institucional).

Antonio QueroAntonio Quero. Experto en instrumentos financieros de la Comisión Europea y coordinador de Factoría Democrática. Es autor de "La reforma progresista del sistema financiero" (Ed. Catarata).

Paloma Román MarugánPaloma Román Marugán. Profesora de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid. Autora y coordinadora de distintos libros, artículos en revistas especializadas, artículos divulgativos y artículos de prensa.

Jesús Prieto de PedroJesús Prieto de Pedro. Doctor en Derecho, Catedrático de Derecho Administrativo en la UNED y titular de la Cátedra Andrés Bello de Derechos Culturales.

Santiago Díaz de Sarralde MiguezSantiago Díaz de Sarralde Miguez. Profesor de la URJC y coordinador de Economía en OPEX de la Fundación Alternativas.

Javier ReyJavier Rey. Doctor en Medicina y Cirugía, especialista en Cardiología. Secretario de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida.

O vamos más rápido o el barco se hunde

Por: | 07 de julio de 2012

J. ENRIQUE DE AYALA

POST BARCO

Poco dura la alegría en casa del pobre. Hace apenas una semana, los resultados de la enésima cumbre decisiva del Consejo Europeo parecían marcar un nuevo rumbo en la política financiera de la eurozona, que, en un primer momento y a falta de detalles, relajaba la presión de los mercados financieros sobre los dos países con mayores dificultades: España e Italia. Siete días después, la prima de riesgo española ha cerrado en 563 puntos (30 más que el día previo a la cumbre), la italiana en 470 (seis más), mientras las bolsas de Madrid y Milán perdían el tres y el dos y medio por ciento respectivamente.

Ahora es más fácil observar que los resultados de la cumbre no eran tan excelentes como fueron valorados en un primer momento. Se aprobó el pacto por el crecimiento, propuesta prioritaria del presidente francés François Hollande, que incluirá inversiones por valor de 120.000 millones de euros (un 1% del PIB comunitario). Esta es una cantidad que, de repartirse equitativamente entre los socios europeos, sería poco más que una gota de agua en el desierto. Las conclusiones mencionan a “los países más vulnerables”, pero los detalles están por desarrollar. Por otra parte, se pone en marcha un mecanismo único europeo de supervisión bancaria, bajo la autoridad del Banco Central Europeo (BCE), que pretende ser el primer paso de una futura unión bancaria, para lo que las primeras propuestas se presentarán en diciembre. Cuando este supervisor se establezca efectivamente, el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) podrá tener la posibilidad de recapitalizar los bancos directamente, con lo que se logrará la deseada separación entre crisis bancaria y crisis de la deuda soberana. Pero esto, por ahora, no tiene fecha. Finalmente, se dan los primeros pasos para diseñar una unión económica y un calendario para su implementación, que tardará años en completarse.

Lo que sigue sin resolverse es el problema principal, y sobre todo más urgente: la desconfianza de los inversores en la capacidad de España e Italia para pagar su deuda pública (más importante en el caso de Italia) y privada (más importante en el caso de España), así como para cumplir los objetivos de déficit comprometidos, en un entorno de recesión económica. En el caso español, esta desconfianza se ve agravada por la vinculación del rescate bancario ya acordado (deuda privada) con la deuda pública, pues ésta se verá incrementada en la cantidad que la banca necesite, en tanto no exista la autoridad única de supervisión bancaria europea. La renuncia a que el MEDE sea acreedor prioritario (como lo es siempre el FMI), es desde luego una buena noticia para los inversores en deuda española o italiana, pero insuficiente a la vista de los resultados.

Madrid y Roma están pagando intereses de cerca del siete y del seis por ciento, respectivamente, por sus bonos a 10 años, lo que es insoportable en un plazo medio (meses), que cada vez se hace más corto. El coste de la financiación estrangula la actividad económica, reduciendo los ingresos del estado e incrementando los gastos sociales y el servicio de la deuda, con lo que ni el déficit - ni por consiguiente la deuda- pueden reducirse, a pesar de los duros recortes, que deprimen también el consumo interno y alimentan el problema. Ante esta situación, la desconfianza aumenta y la financiación se encarece aun más, en un círculo vicioso que puede conducir a un default, o a un rescate completo por parte de la UE, similar al de Grecia, Irlanda o Portugal, incluso en estados que en condiciones normales (pagando intereses similares a Alemania, por ejemplo) podrían hacer frente a sus obligaciones con cierta tranquilidad.

En este escenario, los fondos europeos apenas llegarían para financiar a España, si no pudiera financiarse en los mercados, pero serían absolutamente insuficientes para rescatar a España e Italia, y, si se diese este caso, la moneda única podría desaparecer en su forma actual.

La solución la conoce todo el mundo: mancomunar la deuda de los países de la eurozona. A pesar de estar incrementándose, la deuda pública de los países de la moneda única es todavía menor (en términos porcentuales sobre el PIB) que la de EUU y menos de la mitad que la de Japón. Pero estos dos países están pagando tasas de interés similares a las de Alemania ¿Por qué la Unión Europea, con una enorme fortaleza económica en su conjunto, pagaría más que ellos si solo existiera un tesoro europeo? Los eurobonos, en cualquiera de sus modalidades, acabarían con el problema de raíz. Pero como es sabido, se enfrentan con la oposición, no solo de la canciller alemana Ángela Merkel, sino desgraciadamente, de buena parte de la clase política y de la opinión pública alemana, y de otros países del norte de Europa, cuyo débil sentimiento solidario no llega tan lejos como para corresponsabilizarse de países que consideran poco fiables, al menos mientras no puedan controlarlos efectivamente.

Sin embargo, no se trata de que los alemanes, holandeses o finlandeses paguen la deuda española o italiana. Se trata de que la avalen, si es que confían en estos países y en el proyecto común, pues probablemente la mera existencia del aval mejoraría la situación hasta hacer su ejecución absolutamente innecesaria. Si no confían, ni tienen ningún interés en ayudar a salir juntos de la situación, el proyecto común está en serio peligro. Conjugar 28 intereses estrictamente nacionales es prácticamente imposible.

Otra posibilidad, que también se trató en la cumbre, sería la compra de deuda de los estados miembros por los fondos europeos de rescate, es decir el transitorio Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF), o el permanente MEDE cuando sea ratificado y entre en vigor. En la reunión de Jefes de Estado y de Gobierno de la Eurozona, de julio de 2011, se abrió ya esa posibilidad. Pero este uso tiene que ser aprobado por todos los miembros del fondo, caso por caso, en algunos países, como en Alemania, por los parlamentos nacionales. Y, por supuesto, está sujeto a condicionalidad, macroeconómica en este caso, que puede ser muy rigurosa dependiendo de la voluntad de los socios, cuyo objetivo sería siempre el cumplimiento estricto de los calendarios de reducción del déficit. En realidad, se trataría de un rescate parcial y continuado, a pequeñas dosis. Un rescate a cámara lenta. Implica la intervención de la troika en el país de que se trate, y requiere una petición formal, que ni Madrid ni Roma están dispuestas a plantear por ahora.

Una alternativa podría ser que el BCE, con un mandato claro del Consejo, estableciera un tipo máximo de intervención para los intereses de la deuda pública de los estados de la eurozona, de forma que cuando se llegara a ese tipo, el BCE comprara deuda en el mercado secundario sin límite, impidiendo que se rebasara. Aunque estuviera sujeto a una condicionalidad razonable, esto daría un marco estable a los estados en dificultades para su programación macroeconómica y les permitiría afrontar la situación con posibilidades de éxito.

A corto plazo, la medida más eficaz sería sin duda una reactivación de los programas de compra de deuda por el BCE en el mercado secundario, que están paralizados hace cuatro meses, lo que aliviaría rápidamente las primas de riesgo, y/o una nueva inyección de liquidez a los bancos como las que se produjeron en diciembre y febrero (más complicado ahora en España, dada la situación bancaria), que en parte revirtieron en compra de deuda, aunque en buena parte regresaron en depósito al BCE. Estos depósitos no serán retribuidos a partir de ahora, en un intento de que el dinero se desvíe hacia el crédito a empresas.

En su reunión del jueves, el BCE rebajó en un cuarto de punto el tipo de interés de referencia, hasta un nunca visto 0,75 por ciento (aún superior al de EEUU y Japón), en un intento de combatir el estancamiento que se abate de nuevo sobre muchos países de la moneda única, y promover una cierta reactivación. Tímida medida, que no fue acompañada por las que los inversores esperaban ansiosamente: la intervención en los mercados secundarios de deuda, o la inyección de liquidez al sistema bancario. El resultado, está a la vista: el problema está donde estaba.

Puede que el BCE haya considerado, tras un análisis técnico, que tomar este tipo de medidas no es conveniente en este momento para la estabilidad de la moneda única. Pero el perfecto parecido de su política con la de Berlín (tal vez deberíamos empezar a llamarlo Eurobundesbank), permite pensar que esta decisión de no hacer nada, no es ajena a la presión sobre los países implicados para que cumplan sus objetivos de déficit a costa de lo que sea. Por su parte, los mercados financieros parecen insensibles a las dolorosas medidas de recorte y reformas estructurales que se suceden desesperadamente. Si no hay aval europeo, en una u otra forma, simplemente no quieren esos títulos de deuda. España e Italia no pueden aguantar por mucho tiempo el elevadísimo coste de sus finanzas públicas, sin recibir algún tipo de ayuda, o respaldo, real y visible.

Una cosa es la independencia del BCE, que nadie discute y es un dogma para los alemanes, y otra su discrecionalidad, porque sus acciones u omisiones influyen en la vida de millones de personas, y no es una institución democrática. El Consejo Europeo, que sí lo es, aunque sea en circunscripciones nacionales, puede y debe decidir las líneas de acción más convenientes, en una situación excepcional como ésta. No sea que tanta prudencia nos vaya a estallar en las manos, y el guardián del euro, el BCE, termine siendo su destructor.

29 de junio de 2012, por fin una Cumbre para la historia

Por: | 04 de julio de 2012

CARLOS MARAVALL

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A riesgo de parecer un megáfono institucional, la decisión adoptada el pasado viernes para establecer un mecanismo único y efectivo de supervisión bancaria en el área euro es la más relevante de las realizadas desde el establecimiento del euro en 1998. Constituye una pieza definitiva para cerrar el puzle en el que nos hemos metido desde entonces. Su importancia es doble.

En primer lugar, implica abordar el principal problema surgido con la crisis de la deuda soberana, huyendo de entrar en nuevas discusiones existenciales sobre si el euro sí o no que aportan poco o nada para avanzar en la integración europea (con perdón de algunos académicos). Para ello es preciso reconocer los matices que existen con respecto a la crisis de deuda soberana por país.

Las crisis acontecidas en Grecia e Italia no suponen reto alguno para el proyecto del euro. Ambos son Estados caracterizados por bajos niveles de gobernanza, con dinámicas de deuda pública insostenibles (ver el último Zoom Económico -Crisis del Área euro y de gobernanza en sus Estados miembros- de la Fundación Alternativas), que antes de formar parte del euro recurrían a deflactar el valor de su deuda con devaluaciones competitivas y elevados niveles de inflación. Tales políticas son la antítesis del proyecto del euro (estabilidad de precios). Por ello, la lección a aprender con la crisis es que han cambiado poco su comportamiento.

Por el contrario, las crisis de deuda privada de España e Irlanda sí suponen un reto para la estructura institucional del área euro. Al constituirse ésta se afirmó, claramente, que la integración europea pasaba a un nuevo estadio. Así, las decisiones de financiación entre agentes privados residentes en distintos Estados pasaban a ser equivalentes a aquellas entre agentes privados dentro de un mismo Estado. Es decir, si una caja alemana prestaba dinero a una caja española la decisión equivalía a prestarle fondos a otra caja alemana. Como es conocido, tal afirmación no se ha tenido en pie al desencadenarse la crisis.

En segundo lugar, y estrechamente relacionado, la decisión implica dar respuesta a un problema técnico que surge una y otra vez en prácticamente todas las crisis financieras internacionales.

La integración financiera mundial es muy bonita, pero si tiene lugar a través de flujos de deuda y, en particular, a través de flujos de deuda a corto plazo, los países receptores de financiación extranjera construyen un castillo de naipes con su estabilidad financiera. La financiación a corto plazo expone a un país a cambios en la percepción de los inversores que puede huir en estampida de zonas previamente consideradas "lo mejor de lo mejor". Los ejemplos son conocidos: el Este asiático a finales de los noventa, algunos países BRIC desde entonces (Rusia), Irlanda, España, etc.

La crisis del euro no ha sido una excepción al respecto: se ha producido una huida de capitales, por país, haciendo manifiestamente absurda la afirmación realizada por Trichet al comparar el área euro con Estados Unidos. Allí no hay huidas de capitales sobre la base de su localización geográfica. Si tienen lugar, ocurren frente al país en su conjunto o por sectores (como la que destruyó el sector de los bancos estrictamente de inversión en 2008), no por Estados. De lo contrario, la integración financiera entre Estados dentro de EEUU o del área euro no deja de ser la misa cosa que entre Estados a nivel internacional.

Para hacer frente a este problema, el establecimiento de un mecanismo de supervisión bancaria único debiera en principio servir para avanzar y evitar posibles huidas de capital intra-Estados. ¿Por qué? Principalmente porque ante la pregunta "¿deben los ciudadanosde una Estado miembro rescatar una entidad financiera nacional para salvaguardar los intereses privados de otro Estado miembro?" la respuesta ya no es un sí rotundo. Ahora será "la rescataremos entre los ciudadanos de ambos Estados, con aportaciones realizadas en el seno de la Unión". De lo contrario, no se entiende qué significa tener un único mecanismo de supervisión. Es pues, desde luego, un paso adelante, independientemente de la evolución que tenga lugar en los mercados las próximas semanas.

Por tanto, aunque no se diga todavía, desde el viernes Europa ha reconocido que hay dos problemas muy distintos que definen esta crisis: un reto para la integración en la Unión (España, Irlanda) y los retos, o "fallos de Estado", que siguen caracterizando a algunos de sus Estados miembros (Grecia, Italia). Tal reconocimiento permite que, al menos en el ámbito bancario, avancemos hacia una mutualización de deudas: pasaremos de inyectar dinero en los bancos juntos, de esos mismo bancos que compran nuestra deuda en los mercados.

Por ello, y dentro de las dificultades actuales, demos la bienvenida al reconocimiento de tales diferencias, para que podamos recuperar lentamente cierta dosis de normalidad en nuestro país.

El modelo "Co" ( de cooperar)

Por: | 02 de julio de 2012

FERNANDO RUEDA

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El modelo de producción y distribución de contenidos culturales y de comunicación ha cambiado definitivamente. Dos causas principales han motivado esta transformación. En primer lugar, como en el conjunto de los sectores productivos ( y el de cultura lo es), el modelo económico y de relaciones laborales que conocemos hasta ahora está dejando de servir. La machacona insistencia para poner fin a esto desde la esfera política y empresarial así lo atestigua. Es el fin del modelo social y de derechos laborales que tan poquito tiempo nos ha durado en este país y que tardará en regresar, o no regresará ya. Es también el fin del modelo clásico de distribución de productos. Al margen de las experiencias en vivo,  ya no se comprarán soportes físicos, si no que se descargarán de la red contenidos codificados en formas de ceros y unos.

En segundo lugar, el vertiginoso avance de la tecnología y el entorno digital, que afecta enormemente al sector de la creación cultural y que ofrece por ejemplo, nuevas oportunidades para la creación colectiva, para la eliminación de intermediarios, o para la aparición de la figura del "proconsumidor" (productor y consumidor de contenidos al mismo tiempo).

Se abren ahora caminos para nuevos modelos de producción de contenidos y transmisión de información. Aparece un interesante nueva forma de relación laboral y de negocio, que se refleja por ejemplo en el Huffington Post, de colaboraciones a crédito y de remuneraciones intangibles en forma de prestigio, liderazgo o recomendación. El trabajo aportaría valor comercial y de intercambio económico en la medida que el "trabajador" sea capaz de alcanzar un prestigio cualitativo ( y cuantitativo, en número de lectores). El empresario otorga una plataforma de éxito que a su vez se alimenta de colaboraciones atractivas. El modelo funcionará en la medida que exista, además de calidad, cierto equilibrio en las compensaciones entre empresario y trabajador.

En el ámbito cultural, ha surgido con gran ímpetu un nuevo modelo de producción basado en la cooperación, la co-creación y el procomún que ejercitan con energía y creatividad cientos y miles de jóvenes y del que podemos conocer algo más gracias a la reciente investigación "Jóvenes, culturas urbanas y redes digitales", coordinada por Néstor García Canclini y Francisco Cruces sobre jóvenes creadores, emprendedores y consumidores en la ciudades de México y Madrid.

Las experiencias de trabajo en redes colaborativas por parte de los emprendedores han sido el germen de esta transformación. En España, como en otros muchos países estas experiencias han adquirido un gran potencial a partir de establecimientos de espacios físicos como los Hub, el Medialab Prado o Utopic-us. Este modelo colaborativo produce innovación social y cultural: Se aprovechan nuevas formas de aprendizaje, se establecen nuevas redes y conexiones sociales, se amplían y a su vez, se segmentan en públicos y consumidores. Desde la perspectiva del trabajador, desaparece el concepto de carrera profesional y trabajo estable por el del empleo por proyecto, multifacético y multisectorial. Se abre camino el co-working y el procomún como modelo "in-estable" y permanente de producción.

En este escenario queda conocer cómo se pueden diseñar e implementar políticas públicas que respondan a este cambio y cómo se van a configurar los marcos legales (relaciones laborales, derechos de autor y  acceso).

 

El País

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