Los recortes no mejoran la calidad de la ayuda, la debilitan

KATTYA CASCANTE

España que había duplicado su AOD en los últimos años, llegando a destinar en 2009, 4.728 millones de Euros (el 0,46% de la RNB española), redujo a principios de año sus estimaciones de gasto a un 50% (2.404,66%, un 0,23%), confirma las peores sospechas, volver al vagón de cola de las 30 economías de mercados que integran el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD). Por tanto, el compromiso marcado por el CAD de elevar la AOD hasta el 0,7% de la RNB española en 2015, convertido en objetivo político por la Administración de Zapatero, ya ha dejado de serlo.

Sin embargo, ¿qué criterios están primando en los recortes? Si bien la AOD ha sido siempre el instrumento híbrido por excelencia en cuanto a la presencia de los intereses que la informan y dirigen, ¿hay realmente una intención de reformar la política española de cooperación internacional y desarrollo? ¿Representan las decisiones recientes una oportunidad para adaptar la arquitectura institucional a las necesidades del sistema de cooperación, adecuar las capacidades y los recursos humanos, concentrar la ayuda en menos actores, sectores, países e instrumentos, al mismo tiempo que se mejora el sistema de rendición de cuentas y medición de impacto?

Si acudimos al sistema de planificación, el Plan anual de Cooperación Internacional de 2012, parece responder más y mejor I Plan Director (2001-04) que el actualmente en vigor. Durante la anterior legislatura, la carga ideológica impidió el consenso necesario para cumplir con el objetivo común de convertir la AOD en una política de Estado, con lo que ante el primer pulso de superposición de intereses económicos, y con un Pacto de Estado contra la Pobreza promovido desde la Coordinadora Nacional de ONGD difunto, el retroceso ha sido del todo inevitable.  Confrontar principios (de corte progresista) con intereses (de corte conservador) en vez de alinearlos hacia un mismo objetivo, ha sido una gran equivocación y suficiente motivo para que el nuevo gobierno se viera legitimado a cambiar sin complejos.

De entre las decisiones más representativas, destaca la de otorgar al Ministerio de Economía y Hacienda (MEH) más peso en cooperación que el propio Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC). En 2012, el MEH vigilará que en términos absolutos y relativos, la cooperación no incremente la carga fiscal del país, más allá de que los créditos ganen terreno a las donaciones, o de si se produce un mayor endeudamiento en los países más empobrecidos con los que se coopera.

De igual modo, modificar la estructura del MAEC, fusionando como hace ocho años la Secretaría de Cooperación internacional con la de Iberoamérica, supone regresar a la fuerte vocación latinoamericana el gobierno frente a las necesidades de desarrollo del contexto internacional. Desestimar la elaboración del III Plan África e impulsar la iniciativa de "marca España" confirma la concentración de la ayuda en aquellos países con los que España mantiene especiales vínculos de carácter histórico o cultural. Criterio que, lejos de suponer un avance en la eficacia de la ayuda, refuerza la inercia de unir la capacidad del sistema español de cooperación a un modelo de acción exterior poscolonial. Si en la legislatura pasada, el discurso de la agenda de desarrollo de los países de Nordic Plus, se adelantó a nuestra práctica, el actual gobierno nos propone volver a la casilla de salida.

En cuanto a la modalidad de la ayuda también encontramos que la apuesta del anterior Gobierno por el multilateralismo activo, retorna a las proporciones del I Plan Director (2001-04). Las contribuciones a la UE se incrementan en 17 millones de Euros mientras el resto sufren una reducción de más de un 64% en el caso de los organismos financieros multilaterales de desarrollo y hasta del 78% en los no financieros respecto al 2010. Una lógica que sin embargo no debería permitir renunciar a la experiencia, el conocimiento adquirido y el capital para consolidar nuestra posición de liderazgo dentro de los foros internacionales. ¿Se quiere renunciar a rentabilizar los esfuerzos realizados justo ahora que se gesta una nueva agenda de desarrollo post-2015 y de la gobernanza mundial?

La carencia de una visión identitaria y estratégica para conseguir mejores niveles de calidad de la ayuda y para maximizar su impacto en el desarrollo sigue ahí, en el sistema. Sin posicionamientos claros en los distitnos debates y foros de la comunidad internacional no se puede fortalecer una presencia con perfil propio. Nuestro papel será cada vez más irrelevante gracias a los bandazos políticos que los distintos cambios de gobierno provocan. Sin una política pública de continuidad y sostenible, se hacen menos relevantes los argumentos de racionalización del gasto o cualquier otro criterio urgente que pueda aplicarse en estos tiempos de crisis.

La renuncia a la exigencia del Impuesto sobre el Patrimonio. César Martínez

CÉSAR MARTÍNEZ SÁNCHEZ. Investigador del Área de Derecho Financiero y Tributario de la UAM.

A fin de reducir el déficit público, últimamente se están sucediendo notables subidas de impuestos (de forma señalada el IVA), así como importantes recortes en las partidas presupuestarias de gasto.  Esta crisis fiscal se está manifestando con especial virulencia en las comunidades autónomas, alguna de las cuales tendrá que recurrir a la ayuda estatal para afrontar los pagos más inmediatos. En este contexto, llama poderosamente la atención el hecho de que las Islas Baleares, Madrid y la Comunidad Valenciana mantengan una bonificación del 100% sobre la cuota del Impuesto del Patrimonio (en adelante, IP). Esto es, dichas comunidades han renunciado completamente a los ingresos que podrían obtener por dicho tributo. Este "regalo fiscal" es especialmente controvertido -a nuestro juicio, rayando en lo obsceno- si se tiene en cuenta que, tanto la Comunidad Valenciana como las Islas Baleares, son dos de las comunidades autónomas más endeudadas de toda España (en términos relativos, la segunda y cuarta respectivamente).

Sería muy deseable que los responsables políticos de las comunidades autónomas que han renunciado al IP explicaran por qué dejan de exigir este tributo, que grava a los ciudadanos más acaudalados, al tiempo que realizan recortes de gasto en materias importantes como la sanidad o la educación.

En su momento se utilizaron dos argumentos para defender la obsolescencia de este tributo: la supuesta incompatibilidad entre la globalización y el IP y, por otro lado, la inadecuación del IP respecto de los objetivos que perseguía. Como ya sostuvimos en un trabajo anterior acerca de este impuesto, no podemos admitir esta argumentación.

En cuanto a lo primero, quizá se estaba haciendo referencia a la posibilidad de que, dentro de la llamada competencia fiscal internacional, la existencia del IP podría favorecer la temida fuga de capitales o, en su caso, el desincentivo de las inversiones extranjeras. Sin embargo, esta afirmación no parece acertada puesto que el IP, en su modalidad de obligación personal, se refiere a todos los bienes, estén donde estén, poseídos por los residentes en España. Así, a pesar de que en los hechos puedan existir problemas con el intercambio de información, los residentes en España están tan obligados a contribuir por los bienes que estén en territorio nacional, como por los que se encuentren en el extranjero. Precisamente, no hace mucho que se ha anunciado la obligación de que todos los ciudadanos declaren cuantos bienes tengan en el extranjero. La cuestión es más clara todavía en lo que se refiere a la obligación real por los bienes inmuebles que radiquen en nuestro país. En este caso, no hay peligro de que estos bienes escapen del control de Hacienda ya que, por su propia definición, no son susceptibles de ser trasladados.

En cuanto a que el IP ya no cumple los motivos para los que se creó, hemos de recordar previamente que las finalidades del mismo son cuatro: conseguir una mayor equidad en la carga tributaria; fomentar una utilización más productiva del patrimonio; procurar una mejor distribución de la riqueza y, por último, servir de complemento al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y al Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

La afirmación de que el IP trata de conseguir mayor equidad se puede comprender mejor a través de un ejemplo: A y B perciben la misma renta a lo largo de un año, por lo que, a priori, habrán de satisfacer la misma cuota de IRPF. Sin embargo, A posee un patrimonio preexistente, mientras que B no lo posee. Pues bien, parece sensato sostener que la posesión de ese patrimonio hace que A tenga una mayor capacidad económica que B, a pesar de que perciban rentas idénticas. De ahí que se establezca un gravamen sobre el patrimonio que, en nuestro ejemplo, sólo debería ser satisfecho por A y no por B.

Por otro lado, a través de la exención del patrimonio afecto al ejercicio de actividades económicas, el IP trata de incentivar a los poseedores de un patrimonio a que hagan un uso productivo de él y no sólo meramente acumulativo. Esta pretensión se ve reforzada por el hecho de que actualmente las rentas provenientes de ahorro gozan de un tratamiento privilegiado frente al resto de rentas.

Asimismo, se ha de tener presente que los estudios empíricos realizados en España muestran que los impuestos directos, y entre ellos el IP, presentan un carácter progresivo que coadyuva a una mejor distribución de la riqueza en nuestro país.

Igualmente, parece acertado sostener que el IP ayuda a una mejor gestión administrativa del resto de impuestos puesto que sirve como instrumento para combatir la defraudación, ya que permite un control recíproco de rentas y patrimonios y, a su vez, establece los índices de valoración que serán tomados como referencia en otros impuestos.

De igual modo, la afirmación relativa a que el IP es un tributo que pagan exclusivamente las clases medias, que nunca fue completamente cierta como ya demostramos, se hace insostenible al haberse elevado el mínimo exento hasta un patrimonio neto individual de un millón de euros (700.000 más 300.000 de la vivienda habitual).

En definitiva, aunque se trate de un impuesto mejorable, no entendemos por qué se renuncia a exigir este tributo, ya que es un instrumento idóneo para que, tal y como ordena la Constitución, los sujetos con mayor capacidad económica colaboren al sostenimiento de los gastos públicos.

¿Capitales culturales?. Jorge Fernández León

JORGE FERNÁNDEZ LEÓN

En la era de las redes, las grandes ciudades aumentan sin cesar su papel como crisoles de los ciclos completos de la cultura en todo el mundo. Es en su entorno donde se dan las condiciones mejores para el desarrollo de proyectos profesionales y la consolidación de las iniciativas más innovadoras, apoyadas en infraestructuras y servicios públicos para la cultura que combinan la atención de proximidad con los grandes equipamientos de aglomeración. Allí están también las grandes ofertas de la difusión y el entretenimiento cultural (teatros, cines, museos...). Las capitales del mundo son además termómetros de la competencia puesto que generan los indicadores más visibles de la vida cultural de un país.

Valorar y medir, en este contexto, las estrategias de la competitividad de las capitales culturales españolas resulta pues relevante, a la hora de percibir la función que, en práctica, los gobiernos conservadores españoles reservan para la cultura. En este año de catástrofes es pertinente elucidar cuál  es ese papel. Y mirarnos en el espejo de alguno de nuestros vecinos, con gobiernos de perfil similar a los nuestros, añade elementos de juicio interesantes.

Aprovechando los proyectos de capital cultural paralela generados por Londres con motivo de sus recientes Juegos Olímpicos, el histriónico alcalde de la ciudad, el tory Boris Johnson encargó un estudio presentado a principios de agosto en el que, bajo el título de World Cities Culture Report, se repasan numerosos datos culturales de las que sus autores consideran como las ciudades globales: Además de la capital británica están París, Berlín, Estambul, Nueva York, Sao Paulo, Tokio, Sydney, Shanghai, Johannesburgo, Mumbai/Bombay y Singapur. Una docena de metrópolis que apuestan por la cultura como motor de crecimiento, competitividad y prestigio, dotadas de la capacidad de "dirigir el poder de la cultura para contribuir a un más amplio conjunto de objetivos sociales y económicos", en palabras del Alcalde en la presentación. Los números lo ratifican. A través de 60 indicadores se relacionan equipamientos culturales de las ciudades (desde los 420 teatros neoyorkinos hasta las 423 salas de conciertos de París o sus 1003 pantallas de cine, sus 830 bibliotecas públicas, las 1675 librerías de Tokyo o los 173 museos londinenses). Datos numerosos para concluir la importancia crucial de la política cultural en la construcción de las ciudades globales o que lo pretenden ser un poco.

Nuestras dos principales ciudades, con pretensiones de capitalidad, gobernadas también como Londres por políticos conservadores, han presentado recientemente dos documentos con intención de diagnóstico y estrategia en materia de cultural. Barcelona los ha hecho con su "Barcelona Innovación", un documento aprobado el mes pasado por el Gobierno local, en el que se pretenden establecer las bases de esa nada ambigua conexión actual que identifica cultura con innovación y creatividad (es decir, cultura con negocio). Madrid tiene en marcha un debate para la discusión del denominado "Plan Estratégico de Cultura de Madrid". La primera lectura de ambos, (con la curiosa coletilla común de abordar únicamente el bienio 2012 - 2015) conduce a la sorpresa si no a la melancolía. En una segunda mirada tras asimilar conceptos y diferencias (52 teatros y otros tantos cines en Madrid, por ejemplo), las distancias entre nuestra realidad y la contemplada en el estudio británico se hacen oceánicas. Y las ideas tras esas distancias hacen patente la diferencia entre una y otras visiones, aún en la perspectiva del universo conservador, poco dado en apariencia a la inclusión de la cultura entre los derechos públicos universales. En nuestros documentos, madrileño y barcelonés, está el secreto de las convicciones del actual Gobierno de España y de sus colaboradores nacionalistas. La cultura no es capital, y el capital cultural resulta prescindible.

Romney perderá las elecciones. Vicente Palacio

VICENTE PALACIO

Me apostaría una cena a que Barack Obama gana las próximas elecciones presidenciales de EEUU el martes 6 de noviembre. O dicho de manera más correcta: apostaría a que Mitt Romney pierde. A muchos puede parecerle una afirmación excesiva dos meses y medio antes de las elecciones, más aún cuando las encuestas muestran al republicano estrechando el margen que lo separa de su oponente, y a un Presidente acorralado por el fantasma del pasado reciente de la Gran Recesión. Pero no es una cuestión de ver lejos; es más bien una cuestión de olfato.

Primero, Obama mantiene testarudamente su ventaja en las encuestas: entre uno y seis puntos por arriba. Éstas dependen por lo menos de tres factores: primero, quién las hace (Washington Post, NBC, CBS, Pew Research, Ipsos); segundo, de cuándo (aún es muy pronto); y tercero, del humor que tenga la gente ese día (y en esto, todavía prevalece el descontento por la Obama-economía sobre el miedo a los recortes en políticas sociales del Tea Party). Aunque el margen se ha estrechado, en muchos estados clave no se ha producido un movimiento significativo: haciendo la media de las diferentes encuestas (RealClearpolitics.com), en Pennsilvania Obama le saca casi ocho puntos a su rival; en Ohio, dos; en Iowa, uno; en Nevada, más de cuatro. Es habitual que el contrincante que aspira al poder empiece ganando ventaja y repartiendo los primeros golpes; pero quedan once asaltos, y Romney carece de la capacidad de tumbar a Obama por K.O.

Segundo, los fondos: aunque Romney está recaudando más en esta recta final de campaña -más de 3 millones de dólares tras nombrar al congresista ultracatólico por Wisconsin, Paul Ryan como Vicepresidente-, es muy pronto para cantar victoria. En cuanto empiece a abrir la boca, espoleado por la Convención Nacional Republicana que comienza el lunes 27 de agosto, Ryan se puede convertir en un problema para los no convencidos, o sea, los que hacen ganar o perder las elecciones.

Pero la fe en la victoria de Obama se debe más a cuestiones de fondo que moverá a una mayoría de electores.

Respecto a la confianza de los norteamericanos en quién gestionaría mejor la economía, las encuestas dan ventaja a Romney. Pero al mismo tiempo es vox populi que los republicanos no sólo carecen de un programa serio para crear empleo de manera efectiva, sino que el recorte del déficit se quiere hacer a costa de los programas sociales y no vía impuestos a los más ricos; o que las cifras que se aportan no se las cree ningún think-tank de prestigio en Washington DC.

Hay otro aspecto importante: la carrera presidencial paralela, la de las declaraciones de acólitos, expertos, y Congresistas de uno y otro lado. Aquí cabe esperar múltiples meteduras de pata de los republicanos a la Newt Gingrich. Y ya se sabe que no se pueden ganar elecciones enajenándose a ancianos, mujeres, jóvenes, negros y latinos, como es manifiestamente (y preocupante, diríamos) el caso a día de hoy.

Por último, quedan los debates cara a cara de Obama con Romney. Dejando aparte el superior carisma de Obama (y en las presidenciales en EEUU al menos el 50% es carisma), su oponente republicano ofrece demasiados flancos fáciles de atacar. En ningún asunto decisivo Romney y su equipo parecen tener razón. ¿Qué le va a reprochar -pues de eso se trata- el especulador de Bain Capital al Presidente de Main Street?. ¿Y sobre la reforma de la sanidad, cuando el Obamacare se parece tanto al programa aprobado precisamente por el antiguo gobernador de Massachussets?. ¿Y la inmigración, y las minorías?. La imagen de los republicanos se ha endurecido desde que el Tribunal Supremo de EEUU anulara en junio pasado tres de las cuatro claúsulas más controvertidas de la ley SB1070 de Arizona, pero dejara una que permite el arresto de sin papeles. ¿Y el equipo? El Tea Party le va a pesar como un lastre. Como se ha dicho, el antiabortista furibundo Paul Ryan es un blanco en todo -tan white como Romney-.

Así las cosas, quizá tan sólo un elemento podría desequilibrar el panorama: el temido repunte brusco del desempleo, que en parte podría deberse a turbulencias de una fractura del euro, por una salida precipitada de Grecia, o similar. Pero incluso aquí no parece quedar tiempo en dos meses para que Europa juegue un papel decisivo en la campaña electoral, o para que los datos de desempleo de septiembre u octubre decanten la balanza, en ausencia de una alternativa convincente y más poderosa que la que presentará Obama en los debates televisados.

Mi conclusión es que habrá mucho ruido electoral y al final pocas nueces. La paradoja es que hoy lo que EEUU necesita -y también Europa-, es que no haya un cambio en EEUU. Que un Obama más experimentado y más audaz enderece el rumbo tomado hace cuatro años. Pero Europa sí que tiene que cambiar.

Aunque si el pronóstico anterior resultara equivocado, y Romney no pierde, entonces: España, Europa, Mundo: apaga y vámonos.

Tendencias en el precio del petróleo y desigualdad. Jorge Alonso

JORGE ALONSO. Licenciado en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas y auditor interno.

Predecir el precio futuro del petróleo en el corto plazo es bastante complicado. Al tratarse de una materia prima esencial, diversos factores como las perspectivas económicas, las decisiones de los países productores, los conflictos internacionales o la mera especulación pueden generar fluctuaciones importantes en su cotización. Es por eso, que usar como referente el precio del crudo a la hora de tomar decisiones de política energética con implicaciones a medio y largo plazo puede no ser una buena idea.

Sin embargo, disponemos de una serie de indicadores que nos pueden ayudar a estimar el escenario energético en el medio y largo plazo y a actuar en consecuencia. El primero de ellos es el de consumo mundial del petróleo. Tal y como nos muestra el gráfico 1, elaborado a partir de la predicción de demanda  realizada por el organismo de estadística y de análisis del Departamento de Energía de Estados Unidos (EIA en inglés), el consumo mundial de petróleo pasará de los cerca de 67 millones de barriles diarios de 1993 a casi 90 millones en 2013, lo que supone un incremento cercano al 33%.

Gráfico 1: Consumo de barriles de petróleo (Millones de barriles por día), Fuente EIA.

Si observamos la línea negra que aparece en el gráfico, vemos que la tendencia en los últimos 20 años ha sido la de un aumento constante del consumo mundial. El origen de este fenómeno nace de un aspecto positivo, el importante crecimiento de los países en desarrollo y la mejora en el acceso a la energía experimentada por sus habitantes. Es destacable que pese a la gravedad de la crisis económica en la que nos encontramos, el consumo mundial ha seguido creciendo gracias al desarrollo económico de dichos países.

El segundo indicador disponible, aunque más volátil que el anterior, es el de los costes totales de exploración y producción. Este indicador nos permite conocer cuánto ha invertido la industria mundial en buscar nuevas reservas y ponerlas en producción cada año.

Gráfico 2: Costes de exploración y producción mundiales en millones de dólares. Fuente EIA.

Como muestra la tendencia del segundo gráfico, los costes de la industria, pese a las continuas fluctuaciones que tienen su explicación en el ciclo económico, han ido en aumento durante los últimos 30 años. Este fenómeno tiene su origen en varias causas, entre las que podemos destacar dos. Primero que un aumento del consumo global conlleva necesariamente un aumento en el volumen de producción y por tanto de los costes totales, y segundo y más significativo, el declive de las reservas de crudo en áreas convencionales que por definición son de fácil acceso y por tanto más baratas de explotar, y su incipiente sustitución por reservas situadas en áreas no convencionales, y por tanto más caras, como son los descubrimientos exploratorios en aguas profundas o el desarrollo de nuevas técnicas que permiten poner en producción reservas que antes eran inviables, como el petróleo almacenado en arenas bituminosas.

Pese a que a medida que avance la tecnología se producirán mejoras en el rendimiento de estas nuevas técnicas de extracción y producción, el progresivo agotamiento de las reservas de crudo convencional y su sustitución por otras no convencionales, unido al constante aumento de la demanda, generarán un constante aumento del precio del petróleo en el medio y largo plazo. Para unas economías tan dependientes de la energía fósil, un aumento del precio del crudo repercutirá de manera negativa sobre el crecimiento económico, e incidirá especialmente sobre los ciudadanos de menor renta, que verán cómo los costes de productos tan básicos como el transporte, la luz o la calefacción se encarecerán, lo cual mermará considerablemente sus posibilidades de acceso a mejores condiciones de vida.

Si queremos evitar una futura crisis energética, que empeore aún más la desigualdad que existe en nuestras sociedades, es necesario que los líderes políticos empiecen a tomar en serio los riesgos que se ciernen sobre nuestro futuro energético y busquen alternativas.

La cultura en la sala de urgencias. Fernando Rueda

FERNANDO RUEDA

El pasado mes de noviembre, la Fundación Santillana y la Fundación Alternativas celebraron el III Foro de Industrias Culturales, para debatir sobre los retos más importantes que enfrenta al sector de la cultura en su conjunto, en dos aspectos cruciales: la crisis económica y el cambio digital. La coincidencia temporal con la inminente celebración de las elecciones generales, nos permitió contar con la presencia de representantes de las fuerzas políticas, que concurrían a dichas elecciones, lo que supuso una gran oportunidad para que debatieran con los agentes culturales las medidas propuestas que llevaban en sus respectivos programas electorales.

Lo cierto es que si revisamos los programas electorales tanto del PP y del PSOE en el ámbito cultural, son más numerosas las coincidencias que las diferencias. Excepto quizá las menciones explícitas a la defensa del arte de la tauromaquia en el programa electoral de los conservadores o la mayor insistencia en la defensa del derecho de acceso y la promoción de la diversidad cultural  y lingüística de España en las propuestas de los progresistas. Ambos programas coinciden en un alto porcentaje hasta en la especifidad de medidas propuestas.

En apenas ocho meses constatamos ciertos avances en la aplicación de esos programas coincidentes, como la entrada en vigor de la Ley Sinde - Wert, la supresión del canon digital, la promoción del autoempleo cultural, en este caso sin intervención política a lo "búscate la vida" o la drástica reducción de las subvenciones culturales sin que se haya promovido, como estaba anunciado, la desaparición paulatina o sustitución del modelo de subvenciones por otro modelo alternativo.

Sin embargo, en estos meses, se constata que no es desde la Secretaría de Estado de Cultura, o desde la Comisión de cultura del Congreso donde se están desarrollando las políticas para la cultura. Las medidas principales adoptadas en este ámbito por el Gobierno del Partido Popular se manifiestan en algunos ejemplos sangrantes:

1. Las manifestaciones y expresiones culturales dejan de ser merecedoras de una protección especial. Con la entrada en vigor del IVA más alto de Europa para la cultura a partir del 1 de septiembre, el  derecho de acceso ciudadano a la cultura se equipara con el acceso al resto de los servicios de lujo. El ciudadano podrá seguir teniendo acceso preferente a bares y hoteles, con IVA reducido, pero no al cine, teatro, o conciertos. La coherencia con su programa electoral llega de la mano de los toros: el Ministerio de Hacienda ha permitido que los encierros taurinos conserven el IVA reducido, y así se sigue protegiendo el arte de la tauromaquia como máxima expresión de nuestro acervo cultural.

2. La transformación radical del modelo social y la sustitución de valores como el del pluralismo cultural o la solidaridad internacional, por un modelo en el que los derechos de acceso a servicios sociales  vienen condicionados según nacionalidad  y el  patriotismo como identidad cultural, cobran mayor protagonismo: la supresión de derechos de los inmigrantes irregulares a tener acceso al sistema sanitario, o la reducción del 70 % de los presupuestos destinados a cooperación internacional, son dos claros ejemplos. ¿El colectivo de inmigrantes irregulares tendrá también más dificultades para acceder  a bibliotecas públicas, museos y centros culturales, o incluso más grave,  a la educación?

3. La degradación del espacio público, con la intervención gubernamental sobre los medios de comunicación: La grotesta y descarada toma de poder en la televisión pública y la propuesta de desaparación del Consejo de  medios audiovisuales independiente, para domesticar a los medios privados, ejemplifican cómo el gobierno considera a la cultura y la comunicación como simple negocio y como elemento de control y poder, fuera de toda relación con el pluralismo democrático o la diversidad cultural e ideológica.

En definitiva, el proyecto cultural propuesto para España, con la excusa de que hay que tomar inevitables medidas económicas, se está transformando en profundidad y provoca miedo, mucho miedo. Ninguna de esas medidas que afectan al modelo cultural de nuestra sociedad tiene carácter transitorio y todo parece indicar que se convertirá en una enfermedad crónica.

 

¿Qué se puede hacer en Siria?. Nicolás Sartorius

NICOLÁS SARTORIUS

La situación en Siria se está agravando por momentos. Un reciente informe de NN.UU concluye que el régimen de Bachar al Asad está cometiendo crímenes de guerra y contra la humanidad, mientras sus oponentes del llamado ejército sirio libre hace lo propio, si bien en menor medida al disponer de armas menos mortíferas. Las matanzas, torturas, violaciones, fusilamientos se repiten sin cesar, al tiempo que la "comunidad internacional", a través del Consejo de Seguridad de NN.UU, no se pone de acuerdo en lo que haya de hacerse. Todos los ingredientes de la máxima complejidad se entrecruzan en el caso sirio: las contradicciones entre EE.UU/UE con Rusia y China, por diferentes motivos; de Israel y los palestinos; las pugnas en la región entre Irán, Arabia Saudita y Turquía; el delicado tema kurdo en la frontera de este último país; entre sunitas y chiitas. A lo que habría que añadir el propio avispero interior sirio, plagado de fracciones, tribus, minorías y regiones de compleja unificación.

No obstante, ante el sufrimiento insoportable de la población civil, incluyendo mujeres y niños, se alzan voces pidiendo una intervención urgente en el conflicto. Se establecen comparaciones con el caso libio y se saca a colación la responsabilidad de proteger. La primera pregunta que nos tenemos que hacer, ante una posible intervención, es: ¿cuál debería ser el objetivo político de la intervención?, ¿qué queremos conseguir con la misma?. Si lo que se pretende es evitar, al máximo, que se siga masacrando a la población civil con armas pesadas -aviación, tanques, etc.- creo que sería necesario establecer zonas de seguridad concretas para la población afectada, como se ha hecho en otros conflictos: exclusión aérea para determinadas áreas, etc. Ahora bien, si lo que se busca es la caída del régimen de Bachar al Asad mediante el apoyo al ejército libre de Siria, ya sea directa o indirectamente, mi opinión es que se trataría de un grave error por parte de la UE y, no digamos, de España de entrar por esa senda. Porque ¿después de Al-Asad qué y quién?. Porque a diferencia de Libia aquí no aparece un Consejo Nacional o gobierno provisional aceptado por los combatientes que luchan contra el gobierno de Damasco. Porque para apoyar a las fuerzas que combaten al régimen actual se deberían tener una serie de garantías que, en este momento, no se tienen: que el nuevo poder va a respetar todas las libertades y derechos humanos, incluyendo los de las mujeres; que se convocarán elecciones libres como en otros países árabes; que se respetarán a las minorías; que no se permitirán venganzas contra los partidarios de Al-Asad. Ya que, de lo contrario, ¿qué estaríamos apoyando?. El régimen de Al-Asad puede ser todo lo criminal que se quiera pero tenemos, acaso, claro y contamos con garantías aceptables de que el que venga, en este caso, el del ejército libre de Siria no hará lo mismo en otra dirección. Las informaciones, escasas, casi nunca sobre el terreno y en interés de parte, no son tranquilizadoras. Los servicios de inteligencia no saben bien quiénes son y qué pretenden los del ejército opositor; los partidos de la oposición sirios no están suficientemente unidos, ni aparece un programa claro de transición como en otros países árabes.

En conclusión, medidas de protección a la población, evitando masacres vengan de donde vengan, todas las que sean necesarias dentro de la legalidad de NN.UU, involucrando en esta tarea a las naciones árabes, a Turquía, a los países fronterizos, a Rusia y China. Intervenir a favor de uno de los bandos con el fin de terminar con el otro, rotunda negativa. Favorecer una transición en la que se respetase a las diferentes tendencias, sectores sociales y minorías sería la mejor solución, aunque reconozco que la tarea no es nada fácil viendo como van las cosas. En esta dirección, seguir apoyando los esfuerzos de las Naciones Unidas, mientras se trenzan alianzas suficientes para frenar esta locura y darle un futuro al pueblo sirio, en libertad y democracia... pero no en otra cosa.

Un paso más allá para afrontar la crisis del sistema sanitario

JAVIER REY

Las medidas adoptadas en el Real Decreto-Ley 16/2012 en el terreno sanitario, relativas a una nueva definición del derecho a la protección sanitaria prevista, así como la imposición y ampliación de los copagos aplicados por ahora sólo en la prestación farmaceútica, que han entrado en vigor el 1 de julio pasado, tienen en común con los recortes que se están aplicando en otras áreas por el Gobierno en estos días (pretender que se trata de "reformas" parece un sarcasmo inaceptable) que adolecen tanto de graves engaños en la justificación de las razones que han llevado a aplicarlas, como de defectos técnicos severos en su definición y forma de aplicación.

Entre los engaños, el mejor ejemplo es el cambio introducido en el procedimiento de reconocimiento del derecho a la protección sanitaria, reservado desde la norma citada a la población "asegurada", cuyo ejercicio se atribuye desde la misma al Instituto Nacional de la Seguridad Social. Desde el Mº de Sanidad se han tratado de explicar las ventajas derivadas de esa nueva situación con la difusión de que, mediante el cruce informático por el Instituto citado de distintos colectivos de población "beneficiaria" (que acceden al reconocimiento de su derecho a la protección sanitaria en función de su relación de parentesco con un "titular") con los de población activa o pensionista, se han conseguido detectar hasta 200.000 personas que venían recibiendo las prestaciones en condiciones indebidas (por ejemplo, accediendo a la medicación gratuita correspondiente a los pensionistas y sus "beneficiarios", estando ellos mismos en activo), lo que ha permitido corregir esas situaciones (incluso aunque en algunos casos podía ser legal).

La justificación es falsa en su raíz: las normas que regían la emisión de la tarjeta sanitaria, el documento acreditativo del derecho a la asistencia sanitaria emitido por las CCAA desde hace más de veinte años, preveían como primer procedimiento para comprobar el derecho de cada ciudadano a la protección sanitaria la consulta a las bases de datos de la misma Seguridad Social. Ésta, sin embargo, no ha efectuado en ese plazo ningún "cruce" informático de datos que ya estaban en su poder, que podían haber llevado a conclusiones similares desde hace mucho tiempo, y no como consecuencia de la "reforma" actual. Por el contrario, en lo que se refiere a la protección sanitaria, la nueva norma reitera la existencia de sistemas especiales de organización y protección, entre ellos de manera destacada el de las distintas mutualidades de funcionarios, cuya acreditación del derecho a la protección sanitaria, incluídos los "beneficiarios" no titulares de la misma, escapan a la responsabilidad de la Seguridad Social. Ésta, por su parte, no ha permitido nunca efectuar cruce alguno para averiguar las duplicidades entre los sistemas de protección de uno y otro ámbito, que cabría sospechar son mucho más amplias que las que se puedan producir en el ámbito único de la Seguridad Social.

Si lo que se pretendía era evitar esos problemas, en todo caso nunca cuantificados, la única solución razonable para hacerlo habría consistido en reconocer el derecho constitucional al a protección sanitaria de cada ciudadano y, para hacerlo efectivo, recurrir a su propia identificación personal.

Sin esas condiciones, la definición de la población con derecho a la protección sanitaria como "asegurada", y hacer ésta en términos limitados, parece tener como objetivo principal sentar las bases para permitir que aquéllos que puedan obtener la protección de forma voluntaria a través de medios privados consigan la desgravación fiscal de sus aportaciones. Es lo que están demandando de manera activa a través de una campaña promovida por un "lobby", el IDIS, que reúne a las aseguradoras y centros privados; una medida que descapitalizaría aún más el sistema de atención pública general.

La fuerza del "poder blando": la cultura en la proyección exterior

FERNANDO RUEDA

Con la resaca de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 clausurados el domingo pasado, empieza el momento de analizar y valorar las repercusiones y resultados que se han obtenido. También es el momento para que futuros y posible países organizadores comiencen a revisar y aplicar en cada caso las lecciones aprendidas. Deberemos por tanto tomar buena nota de cara a 2020 de lo sucedido en Londres, junto con, según los pronósticos, Japón y Turquía.

Los análisis post-olimpiadas se centran en aspectos como el impacto económico, que al margen de crecimientos puntuales del PIB en la ciudad anfitriona, o los sobrecostes de inversión en infraestructuras, incluye la medición de intangibles de medio y largo plazo, como pudimos comprobar con la transformación de Barcelona a partir de 1992.

También se revisarán las políticas del deporte en cada país, cuyo resultado de éxito o fracaso se miden por la posición en el medallero. Se seguirá hablando mucho del poder de fascinación de los eventos deportivos como parte fundamental de la cultura de masas, o de la admiración hacia los grandes protagonistas y héroes deportivos. Para el caso español, dos de cada tres signos de exclamación corresponde a las mujeres, y eso son muchos signos bien merecidos.

Uno de los elementos de impacto más importante en unos juegos olímpicos es el que se obtiene de la proyección exterior del país que los organiza. En la imagen que Gran Bretaña ha querido mostrar al mundo, la cultura ha sido la gran protagonista.

Con una muy cuidada narración de su historia reciente, o la muestra de determinados valores como la solidaridad o la diversidad cultural, y parafraseando a los Monty Phyton, mirando siempre el lado bueno de la vida, Gran Bretaña, a través de dos ceremonias que han acaparado la cobertura televisiva mundial ha dado una gran lección.

Cabe aclarar que la lección tiene que ver con la manera en que la sociedad británica se ha querido mostrar al mundo, obviando sus complejidades y conflictos, que  evidentemente ha ocultado como parte de esa realidad. Como por ejemplo la opinión contraria de muchos conservadores a esta visión, como el diputado Aidan Burley, que tuiteó, refieriendose a la gala inaugural como "una izquierdosa mierda multicultural",  una sociedad multiculturalmente rica pero  no tan vertebrada como lo que se muestra en las dos ceremonias, basta recordar los conflictos raciales acaecidos en los suburbios londinenses en 2011 o el evidente contraste entre la exaltación del servicio de seguridad social británico con los "sangrantes recortes" del Gobierno Cameron.

Los organizadores han sabido leer que a través de las expresiones culturales más populares, a través del cine y el audiovisual, las artes escénicas, internet, y sobre todo la música popular , se logra un formidable reconocimiento internacional. Se trata de la gran ventaja competitiva que tiene el "poder blando" para situarse en el escenario internacional. Así lo hizo China y sin duda lo hará Brasil.

De forma contundente, Gran Bretaña, se ha querido mostrar al mundo como un referente cultural puntero que ha servido como elemento vertebrador para, como dice su lema olímpico inspirar a una nueva generación. Hemos visto un recorrido por los grandes icónos de la música británica. También hemos visto menciones al teatro de Shakespeare, con actores como Kenneth Branagh, o referencias al humor inglés con Rowan Atkinson o al cine, como la escena de la Reina Isabel II con James Bond interpretado por Daniel Craig. La ceremonia de clausura, reflejó a modo de radio fórmula, música popular para todos los gustos, incluidas la reaparición de las "Spice Girls".

Si queremos organizar las olimpiadas en Madrid  en 2020, deberemos de esta atentos desde ya a esa capacidad del "poder blando" para mostrar lo mejor que tenemos y tener mayor presencia internacional. La marca de un país no  reside en sus empresas multinacionales, ni en las fotos de sus políticos en los foros internacionales.La mejor imagen que se puede proyectar hacia el exterior es la cultura. Por tanto ¿cuáles serán nuestras referencias culturales para el 2020?

 

 

 

Cinco años después. Diego López Garrido

DIEGO LÓPEZ GARRIDO

La crisis económica empezó siendo sólo financiera el 9 de agosto de 2007, cuando la explosión de las hipotecas-basura norteamericanas obligó a una intervención conjunta del Banco Central Europeo (BCE) y de la Reserva Federal de los EEUU (FED).

El 9 de agosto de 2012 no ha sido un cumpleaños feliz. Las autoridades del Atlántico Norte, ni se han mostrado capaces de gobernar la crisis, ni han podido impedir las sucesivas "reencarnaciones" en crisis económica (recesión) y crisis de deuda soberana. Y cuando vivimos el verano más caluroso del que se tiene noticia, la economía está más recalentada que nunca (hacia abajo), porque no se ha logrado acabar con ninguno de los tres componentes (financiero, económico-social y de deuda) de esta megacrisis. Lo notamos especialmente en España, en donde la política unidimensional de recortes y de despido masivo del Gobierno -centrada en los estratos sociales más vulnerables- ha agravado aún más la situación, ahora alentada por las insensatas recomendaciones depresivas del BCE.

En medio de una segunda gran recesión, y con el interés de la deuda en niveles insoportables, sólo nos queda imprimir un giro neto a la política económica. Un cambio profundo, que tiene, naturalmente, dos vertientes: interna y externa, y dos protagonistas: el Estado y la Unión Europea.

La vertiente interna de una nueva política económica española ha de afrontar la asignatura pendiente de la tributación de los verdaderamente ricos -algo casi inédito en España- y de las transacciones financieras. La carga de una crisis fuertemente empobrecedora no puede distribuirse sólo en forma de paro, de peor sanidad y educación y de descenso de los salarios de los trabajadores (que convive con retribuciones obscenamente elevadas de los directivos de las grandes compañías, financieras o no). Ha llegado el momento de que la crisis la noten los más ricos, en forma de tributación directa más alta -sigamos el camino de Hollande y de los socialdemócratas alemanes-, de tributación mucho mayor al patrinominio y a las grandes rentas del capital, y de tributación sencillamente equitativa a los beneficios de las sociedades que tan fácilmente se escapan por los intersticios de las deducciones fiscales. Y, como antes decía, ha llegado también el momento de la imposición sobre las transacciones financieras en España, sin esperar a que así se acuerde en el seno de la Unión Europea.

Precisamente la UE es donde se localiza el otro gran resorte para romper con la lógica recesiva de la actual política económica. No tenemos ya más que dos elementos eficaces: la intervención del BCE en los mercados de deuda y las diversas modalidades de mutualización de la deuda pública, entre ellas la utilización de los fondos europeos de rescate para bajar drásticamente el peso de los tipos de interés, eso sí, sin condiciones que ahonden en más restricciones presupuestarias.

Esta es la única política europea que puede rebajar radicalmente los inasumibles intereses que los españoles, italianos y otros estamos pagando, y de los que se están favoreciendo los alemanes, austríacos y otros. Un beneficio, por cierto, sólo cortoplacista, porque la economía integrada europea es una unidad y la recesión de los países periféricos se proyectará indefectiblemente a los países centrales.

A partir de ahí, podremos empezar a crecer y crear empleo si el dinero obtenido o ahorrado a través de los mecanismos apuntados lo dirigimos -Gobierno y Parlamento- a inversiones productivas y a evitar la destrucción, ya en marcha, de los principios constitucionales del Estado social, que es a lo que se está dedicando, desgraciadamente, el actual gobierno español.