Cultura privatizada, cultura precaria y política regresiva

FERNANDO RUEDA

La semana pasada se celebraron las jornadas de debate sobre el plan estratégico de cultura de la ciudad de Madrid, con la participación de un gran número de agentes culturales, tanto de la ciudad como del resto de España. Las jornadas cerraron con una mesa sobre política cultural y ciudad, y las aportaciones trataron de poner blanco sobre negro algunas de las consideraciones de la política púbica cultural, tratando de salir de lugares comunes sobre el “buenismo” de la cultura o sobre su uso como instrumento para el crecimiento económico.

La realidad es que desde la democracia, las administraciones en España, con gobiernos de uno u otro signo, a escala nacional, autonómica o local, han tenido generalmente una visión paternalista de la cultura, basando las actuaciones en políticas de oferta, de desarrollo de infraestructuras y de apoyo en forma de subvenciones a los creadores, sin criterios de evaluación suficientes, con posturas
acríticas y con acciones de corto plazo.

La realidad es que las políticas culturales no son suficientemente eficaces, y son regresivas desde el punto de vista redistributivo. Si nos fijamos en la encuesta de hábitos y consumos culturales, en los últimos diez años apenas se han incrementado el número de usuarios en las distintas manifestaciones artísticas: los que van a la ópera son los mismos ahora que los que iban hace diez años. Los que acuden a museos, o los usuarios de bibliotecas públicas apenas se han incrementado, y las nuevas formas de acceso a servicios culturales a través de la red, todavía no son utilizadas por la mayoría de los ciudadanos.

Además, si tomamos en cuenta los perfiles socioeducativos de los usuarios de servicios culturales, observamos que pagado con el dinero de todos, los que más se benefician y disfrutan de la oferta pública de servicios y manifestaciones culturales son las clases medias y medias altas, con formación universitaria, generalmente masculina y con edades comprendidas entre los 25 y los 40 años.

En estos momentos convulsos, una nueva formulación y regeneración de las políticas culturales se ve afectada por dos circunstancias excepcionales. La grave crisis financiera se utiliza para recortar de manera salvaje los presupuestos públicos en cultura, en mucha mayor proporción que otras áreas, con argumentos sobre todo ideológicos, del tipo: son más importantes otros servicios (que también se recortan) o: la cultura es mero entretenimiento, que cada cual se la pague. Se ha instalado una lógica de precariedad, apelando a otras necesidades urgentes, confundiendo participación ciudadana por voluntariado (trabajo gratis para la administración). O la búsqueda de nuevos recursos económicos a través de oferta de otros servicios: Los centros públicos ofertan alquiler de salas para eventos de cualquier tipo (bodas, bautizos y comuniones), compitiendo con un sector privado que se dedica directamente a esto.

La segunda circunstancia excepcional es el “cambio de paradigma” que también anunciaba el delegado de las Artes, refiriéndose al mundo digital. Los nuevos modelos de creación, distribución, acceso y consumo cultural han generado no pocas resistencias por parte de productores y distribuidores que ven cómo su mercado se está fragmentando. Éstos, con el apoyo de creadores y muchos otros agentes, reclaman una mayor y más eficaz defensa de los derechos de autor que poseen y que no siempre reparten en condiciones de equilibrio, muchas veces criminalizando a usuarios por sus “descargas gratuitas”, como la gran solución a su crisis.

La realidad es que también existe un desafecto entre el ciudadano y las administraciones en este ámbito, porque muchas de las decisiones que afectan a la cultura no se toman desde las políticas culturales. Sería interesante proteger un sistema cultural que no puede tomar sus propias decisiones y alcanzar un acuerdo de Estado para regular de manera eficaz las obligaciones de las administraciones y ofrecer un catálogo de servicios culturales básicos.