El futuro de Sudáfrica pasa por Marikana

JESÚS GARCÍA-LUENGOS

La presentación ante el Parlamento de Sudáfrica del Plan de Desarrollo Nacional para 2030 precedió, en solo un día, a la masacre de Marikana. La mayor represión con víctimas mortales (34 mineros) desde los tiempos del apartheid convulsionó de raíz al país y reveló de forma explícita los déficit socio-económicos y políticos de la nación del “arco iris”.

Referencia internacional sobre reconciliación nacional y democracia durante la década de los 90 bajo el liderazgo de Nelson Mandela, Sudáfrica tiene en su haber determinados avances en derechos y libertades fundamentales, desarrollo económico (con un tercio del PIB del conjunto de países de la región subsahariana; siendo el sector minero su espina dorsal: 1 millón de trabajadores, 18% del PIB y 50% de los ingresos por divisas) y política exterior (con un papel clave en la Unión Africana y en labores de construcción y mantenimiento de la paz a nivel regional, además de su pertenencia al bloque denominado BRICS junto con las principales potencias emergentes). En el otro lado de la balanza, existen grandes retos en materia de empleo, educación, seguridad ciudadana y salud (con una esperanza de vida de apenas 53 años, y en torno a un 10% de sus 50 millones de habitantes infectado por el VIH-SIDA).

Detrás de la reclamación salarial de los trabajadores de las minas de platino propiedad de la empresa británica Lonmin subyacen las precarias condiciones de vida de las comunidades de mineros y, como gran telón de fondo, las ingentes disparidades en el reparto de la riqueza nacional (con la mayor tasa de desigualdad del planeta) y la precariedad en servicios sociales básicos. La conflictividad social en Sudáfrica ha ido en aumento durante los años de la presidencia de Jacob Zuma (incrementándose en un 45% entre 2009 y 2012 respecto al período 2004-2008), a la par que la represión violenta por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad y la ausencia de rendición de cuentas. A resultas de la citada masacre no se ha producido ningún cese ni dimisión a nivel político o policial. La comisión de investigación creada para dirimir lo sucedido plantea, tal y como ha señalado Amnistía Internacional, serios interrogantes sobre las facultades, capacidades y recursos asignados para cumplir su objetivo.

Lo sucedido en Marikana ha marcado un punto de inflexión en el devenir político, social y económico del país, y ha contribuido a subrayar la profunda desafección de amplias capas de la población hacia una buena parte de la clase política, sindical y empresarial. En el punto de mira está tanto la alianza tripartita en el poder (el Congreso Nacional Africano -CNA- junto con la federación sindical COSATU y el Partido Comunista de Sudáfrica) como determinados dirigentes que forman parte de la actual elite negra sudafricana.

Marikana ha supuesto también la radicalización de las luchas internas en el seno de dicho tripartito, y la reaparición en escena de Julius Malema (ex dirigente de las juventudes del CNA), alentando a los mineros (cabe recordar que todavía persisten diversas huelgas en minas de platino, oro, carbón, diamante hierro y cromo) a una protesta de ámbito nacional vinculada además a otros sectores (el país vive también una importante protesta en el sector del transporte, entre otros) y criticando abiertamente la hegemonía sindical del COSATU (el cual comparte con el CNA la mitad del 1.200.000 de afiliados de este último). Se ha abierto además un frente anti-Zuma en el CNA liderado por dos figuras de peso, de cara al congreso del partido que tendrá lugar en diciembre y del que saldrá elegido su presidente, quien será además el candidato en las legislativas de 2014.

En el plano económico, las pérdidas a raíz de la huelga de Marikana y de otras minas, y los diversos frentes de conflictividad social, están haciendo mella en un país cuyo crecimiento en los dos últimos años (en torno al 3%) fue inferior al de otros países subsaharianos (con una calificación a la baja de diversas agencias a partir de 2011 por “problemas estructurales), y que, por otra parte, es una referencia para las inversiones extranjeras directas. Se ha abierto también un debate sobre la responsabilidad de las empresas mineras y sobre la necesidad de reformar la actual normativa para destinar una parte significativa de los beneficios al desarrollo sostenible de las comunidades locales. Sudáfrica es el quinto país del mundo con mayores reservas de minerales.

La masacre de Marikana parece por tanto destinada a crear un espacio histórico de reflexión en el país sobre lo sucedido durante los últimos veinte años y sobre las reformas necesarias en pro de una mayor igualdad social y justicia redistributiva en beneficio de las capas de población más desfavorecidas. De ello depende el futuro del país, tanto en clave interna como externa. 

Coordinador de RESET (Centro de Investigación sobre Seguridad y Gobernanza Transnacional) y miembro del Grupo de Estudios Africanos (Universidad Autónoma de Madrid).