La integración de las energías renovables en el sistema eléctrico

ALBERTO CARBAJO

El modelo energético español se ha venido caracterizando por un crecimiento continuado del consumo de energía muy por encima de la media europea por un empeoramiento de la eficiencia energética esto es que para la producción de una unidad de PIB se ha precisado elevadas cantidades de energía. La intensidad energética ha presentado una tendencia creciente hasta el año 2005, año en el que se produce un punto de inflexión con reducciones significativas en los primeros años siguientes y posteriores estabilizaciones que nos llevan a fecha de hoy todavía a una mayor intensidad energética de nuestra economía respecto a Europa, lo que hace necesario que uno de los puntales de la política energética deba ser el ahorro y las medidas de eficiencia energéticas.

Las tasas de aumento del consumo energético, dado que éste está basado fundamentalmente en productos petrolíferos, que representan el 59% del total del consumo en gran medida por el elevado peso del transporte, ha contribuido decisivamente al crecimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero hasta el año 2008 en que se inicia el descenso por el fuerte ajuste derivado, especialmente en 2009, de la crisis económica que se puso de manifiesto con un descenso en todos los agregados de la oferta del PIB en ese año.

Otro rasgo característico del sector energético en España es su elevada dependencia energética del exterior, de forma que el 80% de la energía consumida en España procede de las importaciones. Este porcentaje, además, crecerá en el futuro acercándose al 92% y situándose muy por encima del promedio europeo, hoy cerca del 55% y con tendencia también creciente hasta el 65% en el año 2030. Ello no solo supone riesgos en términos de seguridad energética, sino también en términos de competitividad, ya que hace a España más vulnerable ante shocks de los precios energéticos internacionales en relación al conjunto de la U.E.

Teniendo en cuenta todos estos factores, el desarrollo de las energías renovables se ha convertido en una de las opciones estratégicas que ha priorizado la política energética española. El desarrollo renovable registrado en España ha traído consigo importantes ventajas económicas, ambientales y de seguridad energética. Este desarrollo ha contribuido a reducir el elevado peso del petróleo y sus derivados en la cesta energética española. Por el lado ambiental al tratarse de energías sin emisión de C02, la mayor producción de energía con fuentes renovables ha conseguido reducir las emisiones de C02 del sector eléctrico, manifestándose como un elemento básico para el cumplimiento de los objetivos comprometidos con Europa de alcanzar reducciones de estas emisiones del 20%, utilizando entre otras medidas instrumentales la presencia de las energías renovables hasta un 20% del consumo final de energía en el año 2020.

El contexto actual y futuro se caracteriza por una entrada masiva de energía renovable y de carácter estocástico (no gestionable) que tendrá un efecto directo significativo sobre el funcionamiento del sistema eléctrico.

La volatilidad y dificultad de previsión de la producción no gestionable implica que el Operador del Sistema debe disponer en todo momento de la capacidad de generación gestionable, suficiente para hacer frente a una variación importante de la previsión de dicha generación. Esta necesidad es importante en el horizonte entre las 4-5 horas, tiempo de arranque (y por tanto, sin margen de maniobra para el Operador del Sistema) de los ciclos combinados desacoplados de la red. Los elevados errores de previsión de producción renovable, si bien con el tiempo se van moderando, y de demanda en este horizonte temporal requieren de la misma disponibilidad de potencia garantizada.

Una de las características de la energía eléctrica es que no puede almacenarse como tal a gran escala a día de hoy. Esto supone que para el correcto funcionamiento del sistema eléctrico debe existir un equilibrio dinámico permanente entre producción y consumo. Cualquier desequilibrio entre demanda y generación se traduce en un desvío de frecuencia respecto a su valor nominal, -50 Hz. Este desvío es tanto mayor cuanto mayor sea el desequilibrio generación-demanda y menor sea la inercia del sistema.

La integración de energías renovables en un sistema eléctrico de potencia supone nuevos desafíos en su operación.

Algunos de estos están relacionados con las características inherentes del propio sistema. En este sentido, cabe destacar para el caso del sistema eléctrico español el alto grado de aislamiento, que lo convierte prácticamente en una isla energética desde el punto de vista eléctrico.

La segunda característica propia del sistema eléctrico español que supone un desafío para la integración de energías renovables es la morfología de la curva de carga. Dicha curva varía en función de la época del año, día de la semana, temperatura, etc. Sin embargo, su característica más destacable es la diferencia en el consumo en las horas punta y valle, lo cual se traduce en un elevado valor del cociente entre el máximo y el mínimo consumo (del orden de 1,7, mientras que en otros sistemas eléctricos europeos está en torno a 1,3). Esta característica se explica en gran medida por el relativo bajo peso de la industria española, con consumos que pueden ser mantenidos durante todo el día, dentro del consumo energético español, ya que la demanda doméstica y comercial se concentra en unas determinadas horas
del día, mientras que en otras es mucho más baja.

Por último la tercera dificultad que las energías renovables presentan para su óptima integración en el sistema eléctrico de potencia se analiza destacando, en primer lugar, la alta incertidumbre asociada a la predicción del recurso primario, para describir a continuación los problemas introducidos por las principales tecnologías de generación.

Dificultades debidas a la variabilidad y difícil predictibilidad del recurso primario. Dificultades debidas a las características de las tecnologías de generación con fuentes renovables.

La introducción masiva de generación renovable, en horas de baja demanda, puede suponer una necesidad de reducir la energía a producir por las centrales de producción con fuentes de energía renovable no gestionable (son los denominados vertidos de energía renovable), para mantener el equilibrio generación-demanda para garantizar la seguridad del sistema en todo momento. Los servicios de ajuste gestionados por el operador del sistema tienen por finalidad adaptar los programas de producción resultantes de la contratación de energía para garantizar el cumplimiento de las condiciones de calidad y seguridad requeridas para el suministro de energía eléctrica.

Por tanto, se prevé un mayor uso de los mecanismos de ajuste del sistema (corrección de desvíos y reserva terciaria) debido a las desviaciones con respecto al programa de generación de la procedente de fuentes renovables por errores de su previsión.

Cultura privatizada, cultura precaria y política regresiva

FERNANDO RUEDA

La semana pasada se celebraron las jornadas de debate sobre el plan estratégico de cultura de la ciudad de Madrid, con la participación de un gran número de agentes culturales, tanto de la ciudad como del resto de España. Las jornadas cerraron con una mesa sobre política cultural y ciudad, y las aportaciones trataron de poner blanco sobre negro algunas de las consideraciones de la política púbica cultural, tratando de salir de lugares comunes sobre el “buenismo” de la cultura o sobre su uso como instrumento para el crecimiento económico.

La realidad es que desde la democracia, las administraciones en España, con gobiernos de uno u otro signo, a escala nacional, autonómica o local, han tenido generalmente una visión paternalista de la cultura, basando las actuaciones en políticas de oferta, de desarrollo de infraestructuras y de apoyo en forma de subvenciones a los creadores, sin criterios de evaluación suficientes, con posturas
acríticas y con acciones de corto plazo.

La realidad es que las políticas culturales no son suficientemente eficaces, y son regresivas desde el punto de vista redistributivo. Si nos fijamos en la encuesta de hábitos y consumos culturales, en los últimos diez años apenas se han incrementado el número de usuarios en las distintas manifestaciones artísticas: los que van a la ópera son los mismos ahora que los que iban hace diez años. Los que acuden a museos, o los usuarios de bibliotecas públicas apenas se han incrementado, y las nuevas formas de acceso a servicios culturales a través de la red, todavía no son utilizadas por la mayoría de los ciudadanos.

Además, si tomamos en cuenta los perfiles socioeducativos de los usuarios de servicios culturales, observamos que pagado con el dinero de todos, los que más se benefician y disfrutan de la oferta pública de servicios y manifestaciones culturales son las clases medias y medias altas, con formación universitaria, generalmente masculina y con edades comprendidas entre los 25 y los 40 años.

En estos momentos convulsos, una nueva formulación y regeneración de las políticas culturales se ve afectada por dos circunstancias excepcionales. La grave crisis financiera se utiliza para recortar de manera salvaje los presupuestos públicos en cultura, en mucha mayor proporción que otras áreas, con argumentos sobre todo ideológicos, del tipo: son más importantes otros servicios (que también se recortan) o: la cultura es mero entretenimiento, que cada cual se la pague. Se ha instalado una lógica de precariedad, apelando a otras necesidades urgentes, confundiendo participación ciudadana por voluntariado (trabajo gratis para la administración). O la búsqueda de nuevos recursos económicos a través de oferta de otros servicios: Los centros públicos ofertan alquiler de salas para eventos de cualquier tipo (bodas, bautizos y comuniones), compitiendo con un sector privado que se dedica directamente a esto.

La segunda circunstancia excepcional es el “cambio de paradigma” que también anunciaba el delegado de las Artes, refiriéndose al mundo digital. Los nuevos modelos de creación, distribución, acceso y consumo cultural han generado no pocas resistencias por parte de productores y distribuidores que ven cómo su mercado se está fragmentando. Éstos, con el apoyo de creadores y muchos otros agentes, reclaman una mayor y más eficaz defensa de los derechos de autor que poseen y que no siempre reparten en condiciones de equilibrio, muchas veces criminalizando a usuarios por sus “descargas gratuitas”, como la gran solución a su crisis.

La realidad es que también existe un desafecto entre el ciudadano y las administraciones en este ámbito, porque muchas de las decisiones que afectan a la cultura no se toman desde las políticas culturales. Sería interesante proteger un sistema cultural que no puede tomar sus propias decisiones y alcanzar un acuerdo de Estado para regular de manera eficaz las obligaciones de las administraciones y ofrecer un catálogo de servicios culturales básicos.

El futuro de Sudáfrica pasa por Marikana

JESÚS GARCÍA-LUENGOS

La presentación ante el Parlamento de Sudáfrica del Plan de Desarrollo Nacional para 2030 precedió, en solo un día, a la masacre de Marikana. La mayor represión con víctimas mortales (34 mineros) desde los tiempos del apartheid convulsionó de raíz al país y reveló de forma explícita los déficit socio-económicos y políticos de la nación del “arco iris”.

Referencia internacional sobre reconciliación nacional y democracia durante la década de los 90 bajo el liderazgo de Nelson Mandela, Sudáfrica tiene en su haber determinados avances en derechos y libertades fundamentales, desarrollo económico (con un tercio del PIB del conjunto de países de la región subsahariana; siendo el sector minero su espina dorsal: 1 millón de trabajadores, 18% del PIB y 50% de los ingresos por divisas) y política exterior (con un papel clave en la Unión Africana y en labores de construcción y mantenimiento de la paz a nivel regional, además de su pertenencia al bloque denominado BRICS junto con las principales potencias emergentes). En el otro lado de la balanza, existen grandes retos en materia de empleo, educación, seguridad ciudadana y salud (con una esperanza de vida de apenas 53 años, y en torno a un 10% de sus 50 millones de habitantes infectado por el VIH-SIDA).

Detrás de la reclamación salarial de los trabajadores de las minas de platino propiedad de la empresa británica Lonmin subyacen las precarias condiciones de vida de las comunidades de mineros y, como gran telón de fondo, las ingentes disparidades en el reparto de la riqueza nacional (con la mayor tasa de desigualdad del planeta) y la precariedad en servicios sociales básicos. La conflictividad social en Sudáfrica ha ido en aumento durante los años de la presidencia de Jacob Zuma (incrementándose en un 45% entre 2009 y 2012 respecto al período 2004-2008), a la par que la represión violenta por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad y la ausencia de rendición de cuentas. A resultas de la citada masacre no se ha producido ningún cese ni dimisión a nivel político o policial. La comisión de investigación creada para dirimir lo sucedido plantea, tal y como ha señalado Amnistía Internacional, serios interrogantes sobre las facultades, capacidades y recursos asignados para cumplir su objetivo.

Lo sucedido en Marikana ha marcado un punto de inflexión en el devenir político, social y económico del país, y ha contribuido a subrayar la profunda desafección de amplias capas de la población hacia una buena parte de la clase política, sindical y empresarial. En el punto de mira está tanto la alianza tripartita en el poder (el Congreso Nacional Africano -CNA- junto con la federación sindical COSATU y el Partido Comunista de Sudáfrica) como determinados dirigentes que forman parte de la actual elite negra sudafricana.

Marikana ha supuesto también la radicalización de las luchas internas en el seno de dicho tripartito, y la reaparición en escena de Julius Malema (ex dirigente de las juventudes del CNA), alentando a los mineros (cabe recordar que todavía persisten diversas huelgas en minas de platino, oro, carbón, diamante hierro y cromo) a una protesta de ámbito nacional vinculada además a otros sectores (el país vive también una importante protesta en el sector del transporte, entre otros) y criticando abiertamente la hegemonía sindical del COSATU (el cual comparte con el CNA la mitad del 1.200.000 de afiliados de este último). Se ha abierto además un frente anti-Zuma en el CNA liderado por dos figuras de peso, de cara al congreso del partido que tendrá lugar en diciembre y del que saldrá elegido su presidente, quien será además el candidato en las legislativas de 2014.

En el plano económico, las pérdidas a raíz de la huelga de Marikana y de otras minas, y los diversos frentes de conflictividad social, están haciendo mella en un país cuyo crecimiento en los dos últimos años (en torno al 3%) fue inferior al de otros países subsaharianos (con una calificación a la baja de diversas agencias a partir de 2011 por “problemas estructurales), y que, por otra parte, es una referencia para las inversiones extranjeras directas. Se ha abierto también un debate sobre la responsabilidad de las empresas mineras y sobre la necesidad de reformar la actual normativa para destinar una parte significativa de los beneficios al desarrollo sostenible de las comunidades locales. Sudáfrica es el quinto país del mundo con mayores reservas de minerales.

La masacre de Marikana parece por tanto destinada a crear un espacio histórico de reflexión en el país sobre lo sucedido durante los últimos veinte años y sobre las reformas necesarias en pro de una mayor igualdad social y justicia redistributiva en beneficio de las capas de población más desfavorecidas. De ello depende el futuro del país, tanto en clave interna como externa. 

Coordinador de RESET (Centro de Investigación sobre Seguridad y Gobernanza Transnacional) y miembro del Grupo de Estudios Africanos (Universidad Autónoma de Madrid).

La crisis de la socialdemocracia: ¿qué crisis?

IGNACIO URQUIZU

En los últimos tiempos, la izquierda se ha movido entre la melancolía y la confusión. En la primera de las reacciones, encontramos a aquellos que argumentan que “tenemos que recuperar las esencias y volver a lo que fuimos”. Mirar al eterno pasado y ver en él la respuesta a los problemas de la socialdemocracia contemporánea no es algo nuevo. Lo vienen practicando los partidos socialistas desde sus orígenes. Marx renegó del Congreso de Gotha y de la creación del Partido Obrero Socialista de Alemania (actual SPD), de la misma forma que a finales de los 70 los laboristas británicos y los socialdemócratas alemanes respiraron con alivio una vez perdieron el poder. En ambos casos pensaban que la recuperación del pasado era la solución a sus males. 

Por confusión, en cambio, me refiero a la mezcla de todo tipo de propuestas. En ocasiones, una parte de la izquierda confunde los objetivos con los instrumentos. Es decir, no sabe disociar los fines que se persiguen de los medios que permiten alcanzarlos. Por ello, aparecen toda una batería de propuestas que no necesariamente permiten lograr las metas de la socialdemocracia.

Casi siempre estas dos reacciones surge por la ausencia de un diagnóstico certero de la realidad. Muchos de los análisis políticos se centran demasiado en estudiar el pasado (historia) o en decirnos cómo debería ser el mundo (filosofía) y, en cambio, muy pocos nos cuentan cómo es la realidad y por qué ha cambiado. Pero cuando las sociedades se enfrentan a momentos de crisis, tanto la melancolía como la confusión se agudizan en gran parte de la izquierda. De repente, los que añoran las esencias “perdidas” y los que viven confundidos por la realidad aumentan.

El objetivo del libro “La crisis de la socialdemocracia: ¿Qué crisis?”  es arrojar luz sobre todas estas cuestiones. El texto tiene dos partes. Por un lado, repaso los programas electorales de 30 partidos socialistas en los últimos 70 años y analizo por qué la izquierda ha modificado su agenda programática. Se observa como la socialdemocracia ha sabido adaptarse a las circunstancias en cada momento y, gracias a ello, ha conseguido ser un proyecto político exitoso. Por otro, partiendo de la realidad actual, presento una hoja de ruta para los partidos socialistas. Así, por ejemplo, veremos que mejorar la democracia, crear una economía más competitiva, garantizar el futuro del estado del bienestar e incrementar la capacidad redistributiva de las políticas sociales son algunos de los principales objetivos de la izquierda para los próximos años.  

La crisis de la socialdemocracia: ¿Qué crisis?, se presenta en Madrid este próximo viernes 26 de octubre a las 12:30 en el Centro Cultural Blanquerna (C/ Alcalá 44), y en Barcelona el día 31 a las 18:30 horas en la Casa del Llibre (Rambla de Catalunya, 37).

Imagen de Europa

MIGUEL SÁNCHEZ

La profunda crisis financiera en la Unión Europea ha dado lugar a una crisis cultural de gran envergadura. Las consecuencias se han hecho visibles, entre otras, en una pérdida de credibilidad y confianza en la imagen de Europa, tanto al interior, como hacia el exterior. Las valoraciones de los ciudadanos sobre las instituciones europeas se ha reducido a los mínimos niveles. A a la pérdida de valores y confianza en las políticas implantadas desde las instituciones comunitarias, junto con el desconocimiento y a la incertidumbre sobre el futuro inmediato, la situación actual han dado lugar a tendencias de reclusión y vuelta a nichos nacionalistas, que contrastan con la apuesta original de solidaridad y  diversidad social y cultural que conforma el proyecto de la Unión.

Desde diversas instancias oficiales y desde algunas organizaciones  de la sociedad civil más europeísta se viene recordando la idoneidad de utilizar nuestra cultura como una de las mejores formas de realzar la imagen del continente, para facilitar una mejor comprensión entre los ciudadanos europeos, y hacia el exterior.

 
Debemos ser conscientes de que nuestra imagen es fundamental para fortalecer nuestra posición en un mundo globalizado. Así lo entienden los países de economías emergentes, que han mostrado una especial dedicación tanto en recursos económicos como en el desarrollo de políticas de acción exterior,  en diseñar y proyectar  una imagen  internacional, en la que la cultura y la creatividad se convierten en elementos primordiales.

Debemos reflexionar sobre qué valores nos identifican y ayudar a reforzar la imagen de Europa y su proyecto tanto dentro de sus fronteras como en el exterior. ¿Cómo puede contribuir la cultura al proyecto europeo y cómo las instituciones puede ayudar a desarrollar un sistema cultural como elemento vertebrador que añada una identidad compartida a partir de los valores del proyecto Europeo? ¿Cuál es la imagen de Europa en el exterior? ¿Qué valores lleva implícitos  la marca Europa?, ¿seguimos siendo vistos como una vieja guardia que custodia viejos valores,  o somos una comunidad en la que se prestigia y se proyecta la creación cultural y la innovación?

Recordemos que según cifras del Eurostat,  el 77% de los ciudadanos creen que la cultura y los intercambios culturales tienen una gran importancia en Europa, y debemos buscar estrategias para el desarrollo de nuestro propio sistema cultural para impulsar y difundir los valores explícitos de solidaridad, democracia y diversidad que, han quedado solapados por intereses nacionales y económicos. Tal y como afirmaba Jean Monnet, uno de los padres de la Unión Europea,  "si tuviera que volver a empezar lo haría por la cultura".

México: La hora de la verdad para Enrique Peña Nieto empieza el 1 de diciembre

MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ VIAL

El 31 de agosto el Tribunal Electoral del poder Judicial de la Federación (TEPJF) de
México rechazó por unanimidad la impugnación del resultado electoral que el Movimiento
Progresista (PRD, PT, CM), encabezado por el izquierdista Andrés Manuel López
Obrador, había reclamado formalmente el 12 de julio. De este modo el próximo 1 de
diciembre se trasladará a Los Pinos, residencia presidencial, Enrique Peña Nieto,
candidato de la coalición Compromiso por México (alianza del Partido Revolucionario
Institucional y los ecologistas del PVEM) que ganó con un 38,2% de los votos las
elecciones a la presidencia del pasado 1 de julio, dejando en segundo lugar a Andrés
Manuel López Obrador, con un 31,6% de los sufragios y en tercer y cuarto lugar,
respectivamente, al oficialista Partido Acción Nacional (PAN) que obtuvo el 25,4% y
Nueva Alianza, con un magro 2,3%. Peña Nieto gobernará hasta el 30 de noviembre de
2018.

Primera minoría tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, el partido de
Enrique Peña Nieto se verá en la necesidad de negociar la aprobación de cada una
de las reformas que quiere llevar a cabo (laboral, fiscal y energética). En la Cámara de
diputados la coalición PRI-PVEM cuenta con 241 escaños (208 y 33 respectivamente), el
PAN con 10 y el PRD con 100. Entre los analistas existe consenso, por cierto, en que las
reformas que no se realicen durante el primer año de gobierno de Peña Nieto, quedarán
pendientes para el próximo sexenio.

A finales de septiembre la Cámara de Diputados aprobaba la reforma laboral propuesta
el 1 de septiembre por el aún presidente de México, Felipe Calderón (PAN), no sin
modificaciones. Enrique Peña Nieto había declarado que impulsaría la medida, y eso
a pesar de que en la legislatura pasada diputados de su propia formación, el PRI,
rechazaron una propuesta de reforma laboral planteada por el PAN. La iniciativa
de Calderón, autodenominado “presidente del empleo”, tenía carácter de “iniciativa
preferente”– una prerrogativa presidencial que obliga al Congreso a aprobar o rechazar
el texto en un plazo no superior a treinta días naturales– de ahí su rápida tramitación.

Reformar la Ley Federal del Trabajo de México, que no ha sido modificada
sustancialmente en cuatro décadas, es tarea espinosa. Además de medidas
encaminadas a flexibilizar la contratación con mecanismos como los contratos de
capacitación inicial (formación) o para el trabajo de temporada; el proyecto de ley aborda
la subcontratación (outsourcing) para evitar que el empresario evada beneficios para los
trabajadores. Pero el meollo de la cuestión, que afecta directamente a la formación de
Enrique Peña Nieto, tiene que ver con los intereses de los sindicatos, aliados históricos
del PRI. Y parece haber quedado claro, antes aun de que el presidente electo asuma su
cargo, que el ala dura del próximo partido gobernante tiene poder suficiente para decidir
sobre proyectos clave.

En México los trabajadores realizan aportes obligatorios a sus sindicatos, que no tienen
la obligación de informarles del destino de sus contribuciones, algo que el proyecto
de reforma laboral pretendía revertir. Por las manos de los sindicatos más poderosos,
como el de maestros o el de trabajadores petroleros –dirigido, por cierto, por el senador
priísta Carlos Romero– pasan cada años verdaderas fortunas, sin que sus dirigentes
tengan que informar del destino de los fondos. Los duros debates en la Cámara de
Diputados parecen indicar, según algunos analistas, que el PRI no respaldará ninguna
iniciativa contraria a sus intereses corporativos. Así, la reforma aprobada ignora la parte
de la iniciativa original para que los sindicatos estén sujetos a auditorías y ventilen sus
finanzas, además de que los jefes sindicales, que pueden instalarse en sus cargos
durante décadas, sean elegidos mediante voto secreto.

Propuestas del Consejo de Asuntos Europeos de la Fundación Alternativas* ante la cumbre del 18 y 19 de Octubre

Ante la próxima y decisiva reunión del Consejo Europeo de 18 y 19 de 0ctubre, el Consejo de Asuntos Europeos de la Fundación Alternativas ha acordado una resolución sobre los principales temas que se van a tratar en la cumbre europea, recomendando al Gobierno que adopte, en nombre de España, una determinada posición ante el Consejo.

Dicha posición se resume en cuatro puntos: i) reducir fuertemente el diferencial de la deuda y para ello activar la potencia de fuego del BCE, acudiendo al MEDE en condiciones favorables; ii) relajar los plazos de cumplimiento del déficit; (iii) poner en marcha el plan de crecimiento para Europa; (iv) acelerar una unión bancaria que pueda emitir ayudas directas a los bancos sin aumentar la deuda pública de los países receptores

1. El Consejo Europeo de 28 y 29 de junio pasado supuso la apertura de una vía adecuada para la salida de la crisis europea, con un paquete de propuestas comprehensivo. Por un lado, se afirmó una apuesta por el crecimiento (pacto por el Crecimiento y el Empleo PCyE). Por otro lado, puso el énfasis y la urgencia en un elemento central: el saneamiento financiero europeo, mediante un proceso de unión bancaria.

Hasta ahora el Gobierno español se ha conducido con una lentitud excesiva en su manejo de la crisis. Un elemento que lo explica es el hecho de que el Gobierno juega simultáneamente en el tablero interno (elecciones autonómicas en Galicia, País Vasco y Cataluña), en el tablero interno alemán (elecciones en 2013), y en el tablero europeo (dividido o receloso ante un “rescate” a España). Así, la petición de “rescate” se ha retrasado por varios motivos: principalmente, las reticencias alemanas; las duras condiciones sugeridas por Alemania, Holanda y Finlandia, (contraviniendo lo pactado en el mes de junio); y por el lado del gobierno español, primero el desgaste adicional derivado de pedir un “rescate” completo de su economía “a la griega”, y segundo, los costos sociales inasumibles que supondría tocar de nuevo el gasto social u otras partidas (pensiones..)

España no puede seguir soportando el pago de los actuales intereses de la deuda que nos está hundiendo al penúltimo lugar mundial en crecimiento, en este caso decrecimiento, solo por encima de Grecia. Llegados a este punto, el gobierno español debe aprovechar el momento para hacer valer su peso político y económico en el conjunto de la UE, y poner sobre la mesa contrapartidas a sus esfuerzos presupuestarios, fiscales y financieros.

En este punto, hay que subrayar que los mercados no están esperando simplemente un “rescate” a España, pues ello no supondría tampoco la “solución final” a la crisis de la deuda soberana en Europa. Los mercados también están esperando unas garantías de fortaleza europea e instancias que soporten el edificio entero y eviten una caída de naipes que podría llegar hasta los países del Norte de Europa.

2. La Posición española ante la cumbre europea puede resumirse en los siguientes puntos:

(i) España no necesita ser rescatada en los mismos términos en que lo han sido otros países europeos, es decir, que su deuda sea asumida por Europa y su economía intervenida. España tiene capacidad de financiarse en los mercados. Lo que necesita la economía española con urgencia es poder financiarse a tipos de interés razonables – alrededor de la mitad de los que paga actualmente – por medio de una línea de crédito del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) y la subsiguiente compra de bonos por parte del Banco Central Europeo (BCE) en el mercado secundario, de acuerdo con el plan Draghi.

En cuanto a las condiciones del MoU que se apruebe para España, no pueden ser de tal naturaleza que impidan la recuperación económica o que desnaturalicen el Estado de bienestar.

(ii) Siguiendo la reciente propuesta del FMI, España debe solicitar una relajación en los plazos del cumplimiento del déficit y, como afirma el PCyE, el “saneamiento presupuestario” ha de “tener en cuenta las circunstancias específicas de cada país”.

(iii) El Presidente del Gobierno tiene que apoyar en el Consejo europeo la propuesta de la Comisión de avanzar, con el mayor ritmo posible, a partir de enero, en la creación de una auténtica unión bancaria europea, con un mecanismo de liquidación y un fondo común de garantía de depósitos, todo ello bajo la supervisión del BCE, que incluya a todas las entidades financieras de la eurozona, así como que la recapitalización bancaria directa por parte del MEDE se aplique una vez que el mecanismo entre en vigor, a todas las realizadas a partir de la cumbre de junio, que tomó la decisión de ponerlo en marcha.

(iv) La postura española ha de orientarse a insistir en el objetivo central que se persigue: del pacto por el crecimiento y el empleo, reflotando el plan Hollande, incorporado al PCyE, de 120.000 millones de euros, requiriendo un reparto solidario de esa cantidad.

3. Por último, y en cuanto a la estrategia a seguir de cara a la cita europea, nuestro país debería seguir dos líneas de actuación:

(i) Hay que recuperar una estrecha interlocución con los grandes del sur (Italia), incluyendo a Francia, para llevar una postura común por la solidaridad y el crecimiento, no para crear un “frente” ante Alemania, sino con el objeto de hacer “masa crítica” en la negociación con Merkel. 

Una vía a explorar es que España reconvierta a Italia de rival o free rider en socio. A pesar de que hasta ahora Italia se ha escudado tras España en la crisis, el diálogo con Italia es sumamente importante, pues en un futuro no muy lejano Italia podría necesitar una ayuda similar a la española, por lo que los términos de la condicionalidad de la ayuda podrían acordarse con el socio italiano.

(ii) Finalmente, España debe vincular la petición de ayuda a un horizonte más amplio que es una apuesta por el futuro del euro en base a la solidaridad europea. Se trata, en suma, de imponer en el Consejo el mensaje de que la solución no es España o Grecia, sino Europa: es Europa la que necesita ser “rescatada” de su impasse. Y los 27 tienen que hacerlo juntos. La ayuda o aval o la fórmula que se quiera emplear, es no sólo a España, sino a la postre, a Europa misma, ya que las dimensiones de la economía española lo establecen así.

* El Consejo de Asuntos Europeos de la Fundación Alternativas está presidido por Diego López Garrido, ex Secretario de Estado y actual diputado en el Congreso, y compuesto por Juan Moscoso, Nicolás Sartorius, Carlos Carnero, José Luis Escario, Vicente Palacio, Manuel de la Rocha Vázquez, José Candela, Jesús Ruiz-Huerta, Enrique Ayala, Carlos Closa, José Manuel Albares, María Muñiz, Emilio Ontiveros, María Joao Rodrigues, Francisco Aldecoa, Soledad Gallego, Irune Aguirrezabal.

 

La Economía Social y la atención a la dependencia

ANTONIO JIMÉNEZ LARA

La atención a las personas en situación de dependencia no es sólo una necesidad social de primer orden, sino que también supone una importante oportunidad para crear actividad económica sostenible y generar empleo, pues se concreta, fundamentalmente, en actividades de cuidados personales, que son muy intensivas en trabajo. Sin embargo, el ingente potencial de creación de empleo asociado al desarrollo de la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía personal y Atención a las personas en situación de Dependencia (LAPAD), que la Fundación Alternativas ha estimado en más de 635.000 puestos de trabajo a jornada completa en el horizonte de 2015, no está siendo plenamente aprovechado, debido entre otros factores a la irrupción de la crisis económica y a las respuestas que, ante la crisis, han adoptado los distintos agentes.

La implantación de la LAPAD se ha visto primero frenada y después parada en seco por las políticas de ajuste. Por otra parte, debido a la crisis y a sus efectos sobre el mercado laboral, una gran proporción de personas y familias han optado por atender directamente a sus familiares dependientes en lugar de utilizar los servicios profesionalizados de atención previstos en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, haciendo que la prestación económica por cuidados en el medio familiar, a pesar de su carácter excepcional, se haya convertido, con diferencia, en la prestación con más peso del Sistema.

A pesar de ello, el efecto de la LAPAD en el empleo se ha dejado sentir nítidamente en los últimos años, hasta el punto de que la rama de actividad de servicios sociales ha sido una de las pocas que ha conseguido mantener un crecimiento positivo del empleo. Ello confirma que, en un momento en el que el empleo debe convertirse en la gran prioridad, dedicar recursos al desarrollo e implantación de la LAPAD es una de las mejores formas de avanzar hacia un modelo de crecimiento más equilibrado, más sostenible y más intensivo en creación de empleo estable y cualificado.

El papel que, en ese empeño, juega la Economía Social, ha sido analizado en el informe "La Economía Social y la atención a la dependencia", publicado recientemente por la Fundación Alternativas. Las empresas de la Economía Social han estado siempre a la vanguardia a la hora de afrontar los retos sociales, y lo han hecho también en el ámbito de la atención a la dependencia, donde han desarrollado iniciativas que han permitido suplir las carencias de cobertura de las necesidades sociales. Además de participar en la provisión de servicios de bienestar, las empresas de la Economía Social han venido demostrando una notable capacidad para impulsar y sostener actividades generadoras de empleo estable y de calidad, contribuir a una distribución más igualitaria de la renta y la riqueza, amortiguar los desequilibrios del mercado laboral, tanto en etapas expansivas como de crisis, favorecer un desarrollo equilibrado y sostenible de la economía y contribuir a la autonomía territorial y al desarrollo local. La Economía Social es un modelo empresarial versátil y viable, que puede prosperar incluso en épocas difíciles, y que ha contribuido a impedir que muchas familias y comunidades caigan en la pobreza.

La implantación de la LAPAD debe crear condiciones que hagan posible el desarrollo de nuevas iniciativas económicas en el campo de la Economía Social, y que permitan que las oportunidades de empleo que se generen en el sector de la atención a la dependencia favorezcan también a las personas desempleadas con mayores dificultades de inserción. Para ello, frente a las actuaciones de mero recorte que priman en la actualidad, deben adoptarse medidas dirigidas a permitir que la LAPAD haga efectivo su potencial de creación de empleo y de generación de actividad económica. Es necesario que se refuerce la inversión en infraestructuras y servicios, coordinada entre el Sistema Nacional de Salud y el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia; que se desarrolle un modelo organizativo y de gestión más eficiente; que se promueva el afloramiento a la economía regulada de los muchos empleos sumergidos que aún hay en el sector, y que los poderes públicos establezcan una auténtica colaboración con las entidades de iniciativa social, que debe estar dirigida a hacer efectivo el principio de participación del tercer sector y la Economía Social en la gestión de los servicios y prestaciones de promoción de la autonomía personal y atención a la situación de dependencia.

Cultura y pobreza: ¿Inversión emocional?

JORGE FERNÁNDEZ LEÓN

Estudios y acuerdos institucionales en todo el mundo, desde la UNESCO hasta la Organización Mundial del Comercio reconocen que no hay cambios que beneficien a la mayoría de la ciudadanía sin garantías y profundización de los derechos culturales. Ni sostenibilidad global y local posible sin una carta de garantías para que cualquier miembro de la comunidad disponga del derecho efectivo de acceso a los programas y servicios culturales básicos. Por eso, en un país como el nuestro en el que el número de españoles por debajo del umbral de la pobreza aumenta cada día, parece urgente que las instituciones culturales públicas afronten sus responsabilidades también frente a quienes menos tienen.

Hay quien cree que la pobreza extrema impide el interés por la creatividad o las artes. O que las artes acabarán convirtiéndose en un refugio para la inversión emocional de los más ricos, como sugiere el Informe sobre la Riqueza en el Mundo 2012, de las consultoras Capgemini y RBC Wealth Management. A mayor riqueza, mayor interés. Esa simplificación maslowiana hace mucho que ha sido pulverizada por la complejidad de los tejidos urbanos y las formas contradictorias de convivencia generadas en sus ejes y márgenes. La pobreza es la más brutal forma de exclusión, pero la obligación de las políticas públicas es la de impedir el crecimiento de esa brecha. Y la cultura puede ofrecer caminos para colaborar en la tarea. Algunas prácticas aquí y allí exploran esa relación posible.

La Asociación de Museos británica es una institución creada en 1930, que agrupa a más de 6.000 profesionales del sector, y que procura encontrar caminos nuevos para las prácticas de los servicios culturales básicos en su campo. Un artículo publicado en verano, como avance del número monográfico de su revista dedicado a los sin techo, y  a la relación que algunos Museos van desarrollando con las personas y colectivos sin techo de su comunidad, describe distintos programas de vinculación y colaboración, que incluso pueden significar vías de ingresos y de recuperación de la dignidad profesional y personal para sus participantes. Sostenibilidad, construcción de relaciones duraderas con ese nuevo tipo de usuarios, creación de confianza mutua, argumentos todos muy poderosos para constituir una estrategia con sentido de una organización de servicio público para la cultura.

En España también se ha explorado este diálogo de iguales desde distintas experiencias locales e incluso, con una mayor ambición, en el caso del Museo Nacional de Artes Decorativas, que hace dos años presentaba una iniciativa, ‘Diseño contra la pobreza. Una historia de superación’, de cuyo desarrollo presente, por desgracia, nada se sabe.  Ahora que, más que nunca, las instituciones buscan legitimidad, prestigio y recursos, no está de más pensar también en la urgencia de mirar afuera, hablar con quienes lo necesitan y establecer con ellos vínculos de largo alcance. La cultura, para los pobres también es un derecho, y una verdadera inversión emocional.

El Nobel de la paz a la UE nos recuerda lo que somos. Diego López Garrido y Carlos Carnero

Así somos y así nos ven: paz, reconciliación, democracia y derechos humanos en el Viejo Continente y en el Mundo. En el fondo y en la superficie, eso es en realidad la Unión Europea, y no la madrastra mala ni la crisis permanente con que las modas mediáticas han tratado de presentarla a travé de un relato machacón que ha ansiado transformarse en discurso único.

Hasta tal punto ha sido así, que defender las virtudes de la construcción europea- sin olvidar sus defectos, por supuesto - ha llegado en estos tiempos a ser calificado como ingenuo, edulcorado, propio de Mary Poppins, en fin, inaceptable para la nueva modernidad euroescéptica y marcadamente anglosajona, aunque se expresara en castellano.

Lo ha recordado con claridad y contundencia el Comité noruego que otorga el Premio Nobel de la Paz al concedérselo este año a la UE. Hay que agradecerle profundamente que lo haya hecho, porque sin duda servirá para que los europeos recuperen el orgullo de haber construido una Unión que es la primera democracia supranacional existente en la historia y el espacio de mayor libertad y progreso del Planeta, en consonancia con la política, la economía, la sociedad y la cultura europeas, decantadas a través de siglos de enfrentamientos pero también de logros individuales y colectivos que son el mejor acervo de la humanidad.

Una UE que tiene problemas y presenta debilidades, por supuesto. Pero sin la que sería imposible afrontar el presente e imaginar el futuro. Una UE que es una unión aduanera, un mercado único y una unión monetaria, desde luego, pero que sobre todo es cada vez más una unión política de orientación federal, como soñaron sus padres fundadores y muchos seguimos trabajando cada día por completar. Es más, en medio de la actual crisis económica –por cierto, originada en los Estados Unidos- la UE ha demostrado ser un instrumento imprescindible de solidaridad sin el que muchos países (incluida España) no hubieran podido hacer frente a dificultades que, nacionalmente consideradas, se habrían convertido en insuperables. Aunque con nombres a veces indescifrables, la Europa unida ha puesto en marcha canales de solidaridad impensables en otros lugares del Planeta.

Las sociedades del mañana no podrán definirse sin la UE. Da igual que otros crezcan mucho o que los europeos sean cada vez menos demográficamente. Europa es el origen de la democracia y de los derechos humanos y sin su fuerza económica, social, tecnológica y cultural es imposible conformar un mundo justo, equilibrado o, al menos, viable. Millones y millones de seres humanos saben que en su anhelo de libertad y desarrollo tienen su mejor –y, a veces, su único- aliado en la Unión.

El Nobel de la Paz otorgado a la UE va para los padres fundadores, para la ciudadanía europea, para los estados miembros –incluyendo a esta España que tanto ha dado desde 1986 a la construcción europea y que tanto ha recibido, no lo olvidemos-, para las instituciones comunitarias (el Parlamento, la Comisión, el Consejo, el Tribunal) y para lo que representa este esfuerzo colectivo: una unión de valores para garantizar derechos.

DIEGO LOPÉZ GARRIDO Y CARLOS CARNERO