8.000 Millones de euros

KATTYA CASCANTE

La Fundación Alternativas publica Las recomendaciones para la política multilateral de cooperación internacional y desarrollo: mantener una visión estratégica. Un trabajo que recoge las conclusiones y recomendaciones principales de seis documentos elaborados en la Fundación Alternativas durante 2012 sobre la política española multilateral en materia de cooperación internacional y desarrollo. Documentos cuya autoría ha recaído sobre expertos que desde sus distintos ámbitos de trabajo (AECID, universidades, centros de investigación, DGPOLDE, consultores independientes, etc.) han compartido el objetivo último de construir, mediante procesos, una política pública con vocación exterior duradera.

A lo largo de la pasada legislatura la política española de cooperación internacional y desarrollo ha tenido una clara vocación multilateral para afrontar los desafíos que plantea la globalización. Una intención de que la política multilateral sirviera de instrumento para mejorar la gobernanza democrática del sistema internacional.

Si bien al principio su mayor impulso vino a razón de los recursos disponibles (ver tabla adjunta), en seguida fue imperativo madurar en la gestión, promover reformas institucionales, aumentar la capacidad de influencia en el diálogo sobre políticas globales y mejorar la rendición de cuentas sobre los resultados de desarrollo hacia la opinión pública española. En definitiva, desarrollar una ayuda multilateral eficaz.

El Gobierno anterior elaboró por primera vez, una Estrategia Multilateral dirigida, no sólo a las Administraciones públicas competentes en materia de cooperación y multilateral para el desarrollo, sino también a todos aquellos actores políticos y sociales interesados en el debate sobre la mejora de la eficacia de la cooperación multilateral española. Le siguió IIIPD (2009-12) y en 2011 los acuerdos de asociación estratégica con organismos internacionales del sistema de NNUU.

En 2010, la Fundación Alternativas publicó un primer documento La cooperación multilateral española: de la retórica a una práctica de calidad centrado en analizar el alcance de las reformas emprendidas en el marco de la cooperación multilateral al desarrollo española, e identificando las acciones necesarias para profundizar el proceso de cambio hacia un mayor posicionamiento estratégico y una gestión de calidad. De entre las principales conclusiones destacaba la necesidad de pasar del liderazgo cuantitativo a un sistema de capacidades y de gestión que permitiera asegurar resultados cualitativos. Para ello España debía superar su actual modelo de cooperación al desarrollo caracterizado en fricciones institucionales, problemas de capital humano y las deficiencias organizativas y competenciales de los órganos responsables de ejecutar esta modalidad de ayuda, así como la oportunidad para promover cambios y mejoras en ella.

Al mismo tiempo, la tensión por ejecutar el aumento presupuestario llevó a destinar elevados montos a iniciativas no estrictamente evaluadas en función de resultados esperados. Se hacía pues prioritario, reconducir esta práctica hacia una lógica más estratégica y con una mayor definición y seguimiento de las políticas para mejorar el impacto de la cooperación al desarrollo en el ámbito multilateral. Algo que puede verse relegado a un segundo plano debido al cambio de ciclo económico y político actual. La falta de consolidación de todos estos procesos en marcha dejó sin institucionalizar las reformas emprendidas. Supone perder la oportunidad de que la cooperación multilateral se integre en el sistema de la cooperación española y de ese modo, fortalecer nuestra política multilateral ante la agenda de la eficacia de la ayuda y el marco europeo de cooperación al desarrollo. Algo que sin duda, afecta en legitimidad y participación en los foros internacionales determinantes.

Desde la Fundación Alternativas, estamos convencidos de que la política española de cooperación internacional y desarrollo debe tener un espacio multilateral claramente definido. Es por ello que hemos analizado, con 7 autores diferentes, aquellos sectores considerados más representativos, bien por el nivel de recursos destinados o bien por el liderazgo adquirido. En cualquier caso, ámbitos que sin duda determinan el espacio estratégico suficiente para tener una presencia e impacto internacional requerido por la política exterior española y europea.

Aprovechar el camino andado depende de la visión estratégica del actual Gobierno y su voluntad real para rentabilizar los recursos invertidos de la ciudadanía española.

Con la soga al cuello, ¿por mucho tiempo?

CARLOS MARAVALL

Hoy se hace pública la (enésima) relación definitiva de necesidades de capital que precisa el sistema financiero español para estar saneado. Definitiva porque no queda más dinero de dónde rascar: si gastamos los fondos de Europa... ¿acudiremos al G20? Enésima, porque ya hemos estado antes aquí: han pasado más de cinco años desde que el Eurosistema identificase el comienzo de la crisis (la primera inyección extraordinaria de liquidez del BCE tuvo lugar el 9 de agosto de 2007) y, sin embargo, sus funcionarios todavía no han encontrado la manera "apropiada" para hacer frente a la situación. Así, hemos asistido a varias etapas de test de estrés, ejercicios de transparencia y exigencias de recapitalización todas ellas aprobadas con el concurso del Banco de España, el Banco Central Europeo y la Autoridad Bancaria Europea, y, por ello, todavía no estamos seguros sí lo que anuncie la Comisión será definitivo o no. Esperemos.

Por todo ello quizás hoy es un buen momento para recordar el ejemplo que nos brinda Islandia. En primer lugar porque nos exige hacer un inciso y recordar por qué esta crisis es distinta y probablemente peor a otras sufridas antes en España, les guste o no a nuestros abuelos. La acumulación de deuda es de tal magnitud que las actuaciones sobre la actividad real (gasto fiscal, liberalización de la economía, impuslo de las exportaciones, etc.) no son suficientes para reactivar la economía. Ni el casposo Plan de Estabilización del 59 o los polvorientos Pactos de la Moncloa son un punto de referencia que sirva.

En segundo lugar, y como es bien sabido, a diferencia del tiempo pretérito (que, en este caso, no fue mejor) ahora contamos con un elemento vertebrador de nuestra sociedad que, probablemente, justifica la menor conflictividad social presente, teniendo en cuenta el brutal deterioro de nuestro nivel de vida. Ahora nuestra sociedad se articula en torno a un sistema político que permite dialogar abiertamente sobre qué hacer. Como bien conoce el 15M, el centro de la actividad política en España se sitúa en el Congreso.

Por ello, en tercer lugar, sólo cabe señalar que esperemos que el sistema democrático se emplee con buen tino y sirva también como instrumento de reflexión para no incurrir en barbaries como las sufridas en otros países. La financiación del Tesoro es una cosa muy seria: la Revolución Gloriosa en Inglaterra de 1688, la Americana de 1776, la caída de la República de Weimar en 1933, o el declive de los regímenes comunistas en los 80 han estado definidos en parte por aspectos fiscales y de endeudamiento público. Por ello, no minusvaloremos el deterioro que puede tener en nuestra sociedad asumir el pago al 100% de nuestra deuda. Asumamos las mejores prácticas del mundo.

Así lo sugiere, al menos, el Fondo Monetario Internacional, una institución a la que pocas lecciones se le pueden dar en relación a su ortodoxia económica. Sobre la base de datos, y no de ideología, el FMI ha dedicado un capítulo en cada uno de sus dos últimos informes de coyuntura global (World Economic Outlook) para analizar la situación de Hogares -capítulo 3- y AA PP -capítulo 3- después de un episodio de excesiva acumulación de deuda. Sus conclusiones son un soplo de aire fresco. Así, en relación a los hogares concluye que:

1. "Los estímulos macroeconómicos a través de la política monetaria y fiscal tienen un recorrido limitado".

2. "Políticas bien diseñadas de reestructuración de la deuda de los hogares pueden tener notables beneficios. Programas audaces como los implementados en Estados Unidos en los años 30 o en Islandia en el presente pueden reducir notablemente el número de hogares en bancarrota y en desahucio y reducir sustancialmente la carga de la deuda, a un coste fiscal reducido".

Evolución del consumo privado (años) después del estallido de burbujas inmobiliarias.

Rojo: con elevado endeudamiento. Azul: con limitado endeudamiento.

Fuente: FMI

La línea continua presenta el promedio, las discontinuas los márgenes en torno al 65% de los casos.

Por concluir, las medidas que hoy presenta la Comisión para aliviar parte de la carga de la deuda de las entidades financieras suponen un alivio frente a las políticas diseñadas previamente para hacer frente a la crisis. Como sugiere el FMI, reestructurar la deuda no es de "progres" trasnochados. Tengamos, por favor, un poquito de altura de miras e implementémoslas a nivel de entidades financieras, como ha hecho la Comisión, y de hogares y empresas, como debiera hacer el Congreso.

El talento se va

FERNANDO RUEDA

Una de las principales apuestas para regresar al crecimiento en España pasa por recuperar uno de sus activos más importantes, en el que se ha invertido de forma exponencial desde la década de los ochenta con el esfuerzo realizado en inversión en educación e investigación, y que en apenas cinco años va camino de esfumarse con la escasa oferta y calidad del empleo para las nuevas generaciones. Se trata del capital humano.

Desde 2011 , el saldo migratorio de España es negativo, y las proyecciones a futuro que realiza el INE, hablan de una reducción muy importante de la población. Más de 300.000 jóvenes españoles se han ido desde que comenzó la crisis, de los que un alto porcentaje son titulados universitarios.

En el caso de las profesiones creativas relacionadas con la ciencia, la ingeniería y la tecnología, los especialistas de la  la cultura, las artes y la música o las profesiones de la salud, la economía y el derecho, esta emigración es altamente significativa.

Diversos estudios, especialmente en Estados Unidos, demuestran desde hace algún tiempo que la relación entre talento,  tecnología y diversidad es fundamental para el desarrollo y crecimiento de los territorios.  Un determinado territorio que es capaz de atraer el talento de los profesionales con un alto índice de diversidad cultural, tiene una sociedad más cohesionada y un mayor peso el PIB, como  ya hemos anotado en otras entradas de este  blog.

Para ello, se pueden aplicar una serie de políticas y alternativas que permitan recuperar el potencial de nuestro capital humano. Particularmente interesante es el caso británico y su política en relación con la este asunto, ya que obliga a sus universidades a realizar un seguimiento de las ocupaciones y empleos de sus egresados en  carreras artísticas y creativas.  Se logran dos objetivos importantes: se obtienen datos cruciales para dibujar el rastro de la creatividad en Europa y en el mundo, y se estrechan los vínculos entre la universidad y el mundo laboral, de manera que se puedan adaptar los procesos formativos a las demandas del mercado de trabajo y desarrollar estrategias para recuperar  ese capital.

Ahora estamos más preocupados por hacer caja vendiendo stocks inmobiliarios a un capital humano venido de otros lugares con la sola condición de traer algunos billetes. Qué interesante sería otorgar la residencia a aquellos que son capaces de hacer crecer nuestros país, con su capital más importante. Tan importante como evitar que el talento que existe en España no emigre.

 

 

Palestina en la ONU: España debe votar sí

CARLOS CARNERO

Cuando las bombas y los cohetes estallan de nuevo en Israel y Gaza, dejando su terrible reguero de muerte y miedo, es más oportuno que nunca recordar el voto previsto dentro de unos días en la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el estatuto de Palestina.

Alguien pensará (imposible negarle parte de razón) que no es hora de venir con diplomacia cuando lo más urgente es parar la guerra. Pero la verdad es la contraria, porque sólo con política puede alcanzarse algún día un arreglo que acabe definitivamente con el enfrentamiento armado en el Próximo Oriente.

Si la Asamblea General de la ONU aprueba por una amplia y sólida mayoría reconocer a Palestina como observador no miembro se conseguirán varios efectos positivos: el primero, respaldar el espíritu de los Acuerdos de Oslo, enterrados entre tantos féretros y cascotes; el segundo, fortalecer la posición de quienes entre los palestinos apuestan por la vía del diálogo y la moderación para conseguir sus objetivos nacionales y evitar más sufrimiento a la población civil, empezando por el presidente Abbas; el tercero, transmitir a la ciudadanía palestina que la Comunidad Internacional, aunque sea a trompicones, no olvida que el origen del conflicto reside en una ocupación ilegal: no en vano el 29 de noviembre se conmemora el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino; el cuarto, manifestar ante la opinión israelí que la política de Netanyahu es un callejón sin salida, como piensan decenas de miles de ciudadanos en el país.

Subrayo que es precisa una mayoría amplia y sólida. Amplia lo será, qué duda cabe. Pero sólida significa que cuente entre los países que la conformen con una fuerte presencia de Occidente, de aquellos estados que, guste o no, siguen pesando más en el orden-desorden internacional.

Los Estados Unidos de Obama no van a estar en ella, está claro. Por eso es necesario que su ausencia sea equilibrada por una buena presencia de Europa entre los síes. Ya sabemos, sin embargo, que el Consejo de Asuntos Exteriores de la UE no ha sido capaz de definir una posición común en ese sentido, lo que, por defecto, significa haberla definido en el contrario: que cada uno haga lo que desee, sea el no, la abstención o el sí. De forma que cobra especial relevancia que la mayor parte de los miembros de la Unión emita un voto positivo.

En este contexto, a España le corresponde un papel relevante, que debería haber sido triple: haber intentado una posición común de la UE a favor; ante la ausencia de la misma, conseguir que otros socios voten sí; y, ante todo y sobre todo, que nuestro país apoye el estatuto de observador en la ONU para Palestina, como hizo recientemente en la UNESCO.

Pero el Gobierno del Sr. Rajoy todavía no se ha definido. Parece improbable que lo haga para votar en contra, pero puede que esté sopesando la abstención. Sería una mala idea porque no serviría para salvar la división europea, perjudicaría nuestra presencia política en el Mediterráneo y frustraría la confianza palestina en una posición de principios de nuestro país, sin granjearnos ningún rédito (no creo que Israel se enfade en exceso conociendo como conoce el sentir mayoritario de la ciudadanía española).

A veces una película vale por mil libros. Hace poco pude ver en Madrid la titulada Una botella en el mar de Gaza. Si algo quedaba claro en ella es que ni los halcones israelíes ni la irresponsabilidad y el extremismo de Hamás deberían seguir haciendo pagar sus acciones a quienes reciben las bombas y los cohetes, o sea, la gente de a pié. Enviemos un mensaje a ambos en tal sentido votando a favor del reconocimiento de Palestina por la Asamblea General de la ONU.

 

La financiación sanitaria y el control del gasto público autonómico: Comentarios a raíz de la propuesta del "pacto fiscal" catalán

JAVIER REY

Dos de los ámbitos del Estado que están más afectados por la crisis económica actual son los servicios públicos sanitarios y la organización autonómica. Hay, además, razones suficientes para justificar que existe una relación entre las crisis respectivas en uno y otro campo Lo que, por otra parte, permite sugerir que los problemas que se dan ambos terrenos podrían tener algunas vías comunes de solución. Algunos datos hablan por sí mismos:

1) El gasto sanitario de algunas CCAA, en especial de aquéllas que están afectadas por niveles más elevados de deuda y de déficit en su gestión, es en el momento actual un factor desequilibrante manifiesto del gasto público en España, por lo que la adopción de medidas dirigidas a su control deberían formar parte de cualquier programa de reducción y control del gasto público español.

2) Los determinantes de esa situación tienen que ver ante todo con factores estructurales relacionados con la organización descentralizada y descoordinada del sistema  sanitario, que permiten una gestión de sus servicios por parte de las CCAA no sometida a ningún control. Esa organización, además de provocar los efectos económicos mencionados, pone también en cuestión el mantenimiento de las condiciones universales e igualitarias con las que se creó el sistema sanitario español.

3) Por su parte, la organización autonómica del Estado está puesta en cuestión por razones principalmente económicas, que, aparte de cuestionar la sostenibilidad general de la organización estatal adoptada por la Constitución de 1978, es motivo también de demandas desde determinadas CCAA, de manera especial Cataluña, por los déficits supuestamente excesivos en que incurren sus balanzas fiscales en relación con el conjunto del Estado.

4) Como solución a este último problema se está proponiendo la modificación del sistema de financiación autonómica, de manera que, a supuesta semejanza con lo que existe en otros países federales, se pudieran establecer determinados límites globales a la contribución solidaria de cada CA, en particular de Cataluña, a la financiación de los servicios comunes del Estado y la de los servicios prestados por otras CCAA, como son los sanitarios, concebidos por la propia Constitución como universales e igualitarios para todos los ciudadanos españoles.

5) La aplicación de medidas en el sentido indicado sin ninguna matización tendría como consecuencia inevitable la ruptura de las condiciones universales e igualitarias de la protección sanitaria en España, dadas las diferencias en capacidad fiscal de las distintas CCAA, que impedirían mantener las mismas prestaciones y servicios en los territorios de menor capacidad fiscal que en los que la tienen mayor.

6) El número de países federales que pretenden mantener a la vez sistemas sanitarios universales gestionados de manera descentralizada que ofrecen protección sanitaria igualitaria y universal es muy escaso. De entre ellos, Canadá es, tanto por su organización federal, como por las características de su sistema sanitario, el más semejante al nuestro. En todo caso, en todos los países federales con sistemas sanitarios que reúnen esas dos condiciones, el objetivo de su mantenimiento tiene como consecuencias más claras disponer de sistemas de financiación sanitaria específicos y excluir éstos de las limitaciones a las transferencias financieras entre entidades de nivel regional que se aplican como consecuencia de las balanzas fiscales de las regiones correspondientes, sea cual sea el método de cálculo de las mismas.

7) En consecuencia con esa observación, cualquier modificación del sistema de financiación autonómica que se pudiera plantear en España que no pretendiera poner en cuestión el mantenimiento  de las condiciones universales e igualitarias de la protección sanitaria debería tener como elemento central la recuperación de un sistema de financiación sanitaria finalista específico, que recuperase esa especificidad perdida en 2001, cuando la financiación sanitaria se incluyó en el sistema de financiación autonómica general.

8) Un sistema de financiación sanitaria finalista podría ser además, a juzgar por las experiencias comparadas de otros países, en especial Canadá, el mejor instrumento de control del gasto sanitario de las CCAA, siempre que su implantación se acompañara de instrumentos de financiación condicionada, al menos parcialmente, al mantenimiento de determinadas condiciones generales de la prestación de los servicios sanitarios por parte de las CCAA, cuyo mantenimiento se sometiese al control de la Administración General del Estado (AGE). Entre las condiciones generales mencionadas, además de algunas semejantes  a las que están en vigor en Canadá (universalidad, “portabilidad”; ausencia de copagos para acceder a esos servicios; prestación pública y amplitud de la cobertura material ofrecida), en España sería esencial introducir como condición añadida la contribución a un sistema de información económica sanitaria que permita seguir de manera permanente el gasto en servicios sanitarios que llevan a cabo las CCAA. La creación de una verdadera central de compras del sistema sanitario en su conjunto, así como la participación de todas las CCAA en la misma, podría ser otra condición específica añadida en el caso español.

9) La modificación del sistema de financiación autonómica en el sentido indicado no exigiría ninguna “recentralización” de los traspasos en materia de asistencia sanitaria realizados a las CCAA, aunque es claro que significaría un cambio en la interpretación de las condiciones de ejercicio “exclusivo y excluyente” de las competencias sanitarias por las CCAA. que se han aplicado hasta ahora. Puesto que esa interpretación carece de base formal alguna, y encierra además contradicciones legales manifiestas, la situación de crisis económica actual supone una clara oportunidad para poner en cuestión esa interpretación, así como las consecuencias que la misma ha tenido sobre la desviación y el incremento del gasto sanitario, en especial el de determinadas CCAA, cuyo control es un objetivo principal, tanto desde el punto económico como del sanitario, por las razones señaladas

Las industrias culturales a debate

FERNANDO RUEDA

Este martes de celebra el IV Foro de industrias culturales organizado por la Fundación Santillana y por la Fundación Alternativas. Una treintena de profesionales del sector, académicos, representantes públicos y empresarios participan en esta cita anual, con el objetivo de buscar opciones y alternativas para encontrar modelos eficaces de financiación de la actividad de una industria que genera entre el 3% y el 4% del PIB en España y que ocupa a más de 600.000 trabajadores. A la cita acuden centenares de agentes y empresarios culturales.

Cuatro temas nos han interesado particularmente este año: i) las cuestiones fiscales, ii) los recursos económicos como el mecenazgo, el patrocinio y las subvenciones, iii) los derechos de autor como fuente de ingresos y iv) la exportación de productos y servicios culturales.

i) Fiscalidad: España es el país de la Eurozona con el IVA cultural más alto. Frente a una media del 8%, nuestros productos soportan un IVA del 21%. Los recortes en los presupuestos del Estado y de las administraciones autonómicas y locales han sufrido drásticos ajustes en los últimos años, en algunos casos hasta el 80% y muchas partidas se han quedado reducidas a la nada, como por ejemplo la destinada a compras de libros en las bibliotecas públicas. La cultura se ha quedado sin especial protección. Ante esta situación, el sector cultural se plantea varias cuestiones relacionadas con la excepción cultural, como la economía de los intangibles o la necesidad de regular un marco específico que tenga en cuenta la especial cadena de valor de la cultura.

ii) Mecenazgo, patrocinio y subvención: Estamos viviendo en un cambio de modelo de financiación de la cultura. El sistema de subvenciones toca a su fin, y no ha sido sustituido por un modelo alternativo. La prometida ley de mecenazgo no termina de superar el filtro del Ministerio de Hacienda. Los sistemas de mecenazgo de referencia en el mundo están sufriendo graves reveses: en Francia, las contribuciones se han reducido drásticamente, la ley Rouent de Brasil también tiene síntomas de agotamiento y el mecenazgo en Estados Unidos se ha visto afectado. Hace falta un nuevo marco jurídico que ofrezca el debido reconocimiento social a entidades y particulares. Para ello se analizan las relaciones entre el patrocinio de las grandes empresas y los medios de comunicación, el cambio de cultura organizativa de las instituciones culturales públicas para una más eficaz búsqueda de financiación privada o el control, la transparencia y la responsabilidad de las entidades involucradas en el mecenazgo.

iii) Los derechos de autor como tercera fuente de ingresos de la cultura. La propiedad intelectual y el derecho de autor son motor de desarrollo sostenible económico, cultural y social. A causa de la irrupción de lo digital, éstos han sufrido una gran transformación y no se cuenta todavía con marcos legales e institucionales adecuados. Aparecen nuevos modelos, como la gestión colectiva de derechos de autor que pretende encontrar equilibrios entre el derecho de autor y la necesidad de la sociedad de acceder a la información, el conocimiento y la cultura. Cuestiones como el papel de los productores de contenidos y los proveedores de telecomunicaciones en el entorno digital o la distribución de ingresos por propiedad intelectual entre el creador, el productor, el consumidor y el distribuidor. En este contexto, el sector analiza propuestas para la adecuación y actualización de políticas y leyes de modo que nuestras industrias sean más competitivas y el capital humano en cultura sea una inversión fundamental.

iv) La competitividad de la cultura española en el mercado global. Nos encontramos ante un cambio profundo en las relaciones sociales, económicas y culturales en el mundo, motivado por el peso y el crecimiento exponencial del entorno digital. Los nuevos mercados que se mueven por este nuevo entorno digital, se ven afectados por diversos factores entre los que destacan las condiciones de acceso y la persistente brecha digital, la concentración de las redes de distribución de contenidos culturales, los desequilibrios regionales internos y la ausencia de políticas públicas claras. Desde la lógica de la comunicación, la gran mayoría de los conceptos que manejamos hoy en día son generados por el mundo anglosajón. Algo parecido ocurre con el imaginario cultural global, en el que la mayoría de relatos, valores y estéticas proceden de las fábricas de contenidos anglosajones. En el mercado mundial de las industrias culturales, la Unión Europea figura como primer exportador y primer importador de contenidos culturales. Sin embargo, el peso de España es muy inferior al de su potencial económico o de su población. El español, lengua materna de un de cada 15 habitantes del planeta (500 millones) y los crecientes niveles de formación y educación de su población, sobre todo en América Latina y en el mundo hispano de Estados Unidos, abren una gran oportunidad para el sector cultural de España. Se analizan en le foro cuestiones como la presencia y acción cultural exterior de España, los intercambios culturales con otros países en el entorno global, las perspectivas de desarrollo para el sector cultural en el marco de la Unión Europea y las necesarias políticas para incrementar nuestra posición en el comercio internacional.

Las industrias culturales españolas deben formar parte de un grupo de sectores clave, que junto con la ciencia, la tecnología y el I+D necesitan políticas de crecimiento y especial protección. Es una apuesta segura.

¿Se mueve Europa?

NICOLÁS SARTORIUS

No me refiero, con esta pregunta, a si las autoridades europeas están cambiando de política sino a las huelgas que el 14 de noviembre se produjeron en una serie de naciones de la UE como España, Portugal, Italia, Bélgica, Grecia, Francia y a las manifestaciones en otros 18 países -Alemania, Austria, Polonia, Dinamarca, Rumanía, Suecia, Chequia y Eslovenia... Diversas movilizaciones que tuvieron su origen en un llamamiento de la Confederación Europea de Sindicatos y que, por primera vez en la historia, tuvieron lugar el mismo día y por parecidos motivos. Y lo primero que conviene aclarar es si hay motivos para convocar huelgas generales, parciales o manifestaciones por toda Europa. En este caso, en mi opinión, los hay y muy importantes. Porque no se trata sólo de recortes en sueldos, salarios o pensiones, a que la actual política está conduciendo a la recesión y a mayor desempleo, a más pobreza sino que la mayoría de los gobiernos, con honrosas excepciones, están desmantelando el modelo social que tanto nos costó construir y que es la esencia de la democracia europea y española. No se trata de recortes coyunturales sino de implantar otro modelo social mucho más injusto, basado en la privatización de servicios básicos -sanidad, educación- como ocurre en el caso de España. E intentar descalificar estas acciones aduciendo que son políticas, sólo se le puede ocurrir a un memo o ignorante por cuanto los asuntos a los que afectan las movilizaciones son de orden político ¿o es que el salario, la pensión, la educación o la sanidad no son cuestiones políticas de primera magnitud?.

Pero lo más relevante de estas huelgas, lo realmente novedoso es que se ha tratado de una movilización europea que en el caso de España y Portugal ha consistido en la primera huelga general Ibérica de la historia. Es verdad que no se ha parado Europa ni era la pretensión de los convocantes, pero harían mal las autoridades nacionales y europeas de no tomar buena nota del significado de estas acciones de protesta y de profundo malestar social que se vive a lo largo y ancho de la UE. No es casualidad que sea ahora cuando surgen este tipo de movilizaciones europeas. Los ciudadanos empiezan a comprender que la solución a sus graves problemas no sólo se pueden resolver en cada país sino que una parte esencial de esa solución radica en conseguir que la política económica de la Unión, encabezada por la Alemania de la canciller Merkel, se modifique y así poder salir del desastre actual. Y eso se conseguirá el día que los sindicatos europeos sean capaces de ejercer tal presión que sienten a negociar, a los gobiernos y autoridades europeas, otra política de crecimiento y creación de empleo.

Hay quien sostiene que las huelgas generales ya no son el instrumento adecuado y que, en este caso, se ha demostrado que la gente está más por las manifestaciones que por la huelga. En el supuesto de España, es normal que con millones de desempleados, contratos precarios y las actuales leyes laborales, la huelga se haga difícil. Por eso tiene tanto mérito que haya habido millones de trabajadores que la hayan secundado. En mi opinión, si las manifestaciones han sido tan masivas es porque, previamente, se ha hecho huelga y esto último aparte de crear condiciones generales de movilización y despertar a la población, empuja a que gran cantidad de personas que, por diferentes motivos, no pueden o no desean hacer huelga -entre otros los parados, los más de 2 millones asignados a servicios mínimos, etc.- se animen a ir a la calle. La huelga general no es un instrumento anticuado. Depende de cómo se enfoque, con qué objetivos y qué circunstancias. En este caso, los sindicatos europeos, con buen criterio, no han planteado la clásica "huelga obrera" sino una movilización social en la que participan múltiples sectores ciudadanos. Otro elemento de novedad que convendría tener en cuenta. Lo que no empece para que, cara al futuro, los sindicatos y otros colectivos, tengan que reflexionar sobre otras formas de presión, acorde con los tiempos y las circunstancias actuales.

Por último, hay quien se interroga sobre si estas movilizaciones sirven para algo. La experiencia europea de muchos años indica que no suelen producir resultados inmediatos porque al "poder" no le gusta que parezca que cede a la presión "de la calle". Pero si la presión se mantiene, se amplía y los objetivos están claros, al final se abren vías de negociación o se toman decisiones que cambian la situación. Un buen ejemplo, lo tenemos en los desahucios. Grupos de personas se empezaron a oponer a que dejaran a familias en la calle, el movimiento fue creciendo, los jueces intervinieron, los tribunales europeos también; hubo dramas terribles en forma de suicidios. Ahora tenemos al gobierno y partidos negociando y aunque no se haya llegado a acuerdos y las medidas del Ejecutivo sean un parche, habrá que seguir presionando para que en la tramitación parlamentaria se alcance una solución. Pero si no hay movilización no hay solución, aquí y en toda Europa.

Democracia y Crisis de Deuda

SEBASTIÁN SAIEGH*

En varios de los países de la OCDE, incluyendo España, asistimos a una crisis económica sin precedentes, cuyo corolario es una crisis social que tiende a fomentar el cuestionamiento de las instituciones políticas. En el último Zoom Económico de la Fundación Alternativas -Crisis de la deuda y calidad de las instituciones políticas: ¿qué relación hay?- analizo los determinantes políticos e institucionales del coste de financiar deuda pública y, en concreto, de cesar pagos.

Toda decisión respecto de la deuda pública es, inevitablemente, una decisión política. Sin embargo, los gobiernos no suelen actuar a la ligera cuando se trata de establecer una moratoria en los pagos. De hecho, las ocasiones en que los países han cesado pagos son reducidas en relación al número de ocasiones en que, efectivamente, han seguido manteniendo pagos. Desde este punto de vista, es concebible sopesar cómo diferentes instituciones pueden coadyuvar a honrar la deuda pública.

En este artículo analizo, en primer lugar, el impacto que tienen limitar el poder discrecional como tiene lugar al establecer gobiernos regidos por un sistema de leyes e instituciones ordenadas en torno a una constitución (Estado de Derecho). En segundo lugar, estudio el impacto adicional que pueda tener el mecanismo electoral, al fomentar en mayor medida la rendición de cuentas por parte de los gobernantes, para coadyuvar a que los regímenes representativos sean más propensos a honrar sus deudas que los países autocráticos. Por último, analizo la oportunidad de contar con gobiernos democráticos en que los acreedores se encuentran representados en el seno del poder ejecutivo, como ocurre en gobiernos de coalición.

El artículo pone de manifiesto cómo una de las dificultades que implica realizar tales tipos de análisis es medir el impacto de las restricciones institucionales sobre las primas de riesgo. Así, como ejemplo, para contestar si existe una "ventaja democrática", es necesario examinar no solo las tasas de interés a las que se enfrentan distintos países, sino también la capacidad de cada régimen para acceder al crédito en los mercados mayoristas. Es decir, la "ventaja democrática" debe de estar caracterizada por dos componentes: (1) un mejor acceso a los mercados internacionales de crédito y (2) mejores condiciones de financiación. En el artículo muestro cómo cuando la propensión a acceder al mercado financiero internacional es tenida en cuenta adecuadamente, los regímenes democráticos obtienen calificaciones crediticias más favorables en comparación con los países autoritarios.

Establecer tales mediciones permite incidir en aspectos adicionales. Así, por ejemplo (y termino), también destaco en el artículo cómo la existencia de una ventaja no hace que las democracias sean inmunes a las crisis de deuda. En momentos de crisis las autoridades deben enfrentarse a la disyuntiva entre realizar un ajuste para satisfacer el pago de la deuda o repudiar sus compromisos, ya sea el régimen democrático o autocrático. Teniendo en cuenta que, en general, los defensores del pago de la deuda constituyen una pequeña fracción de la sociedad, la deuda pública tiene mayores probabilidades de ser honrada en aquellos países en donde éstos forman parte de la coalición de gobierno. Independientemente de su tamaño electoral, los socios de la coalición son usualmente políticamente poderosos y pueden "hacer o deshacer" gobiernos". En cambio, en un sistema en donde el gobierno está compuesto por un solo partido, y por lo tanto tiene incentivos para tratar de congraciarse únicamente con la mayoría de la población, la probabilidad de que los compromisos con los acreedores sean repudiados son mayores.

En conjunto, pues, el artículo contribuye al debate actual sobre cómo hacer frente a la crisis de la deuda. Así, entre otros aspectos, pone de manifiesto cómo establecer gobiernos al margen de los cauces ordinarios o alterar el orden democrático-constitucional en periodos de crisis no es necesariamente la receta a seguir para reducir el coste de emitir deuda soberana en los mercados mayoristas de crédito.

* Doctor en Ciencia Política por la New York University

Obama, 2009 - 2017

DIEGO BEAS*

El triunfo fue claro; la ventaja —sobre todo en el Colegio Electoral— significativa; y el veredicto de los electores, contundente. Este último se podría resumir así: no estamos satisfechos del todo con los primeros cuatro años pero, con diferencia, preferimos ampliar el mandato de Obama que entregarle las llaves del Despacho Oval a Mitt Romney y el extremo derecho de la extrema derecha. A una conclusión similar llegaba The Economist la semana pasada con su espaldarazo a Obama y su célebre preferimos “al diablo que conocemos” que experimentar con un candidato poco fiable que no nos convence ni en lo económico.

Así, con el resultado del martes, se evitaron escenarios que pudieron haber ido desde un triunfo de Romney en el voto popular y uno de Obama en el Colegio Electoral (legal, pero tremendamente debilitante para su legitimidad política) hasta una batalla legal estado por estado que se extendiera durante semanas y dañara gravemente la credibilidad institucional del país. Considerando los escenarios posibles con los que amanecimos el martes, los resultados han sido muy, muy  positivos para Obama. No solo porque ha conseguido la reelección, sino porque lo ha hecho en unas condiciones que lo reabastecen de capital y legitimidad política; que lo dotan de muy necesitadas municiones para combatir a la oposición; y, sobre todo, le abren una ventana de entre dos y dos años y medio para completar y profundizar las reformas del programa original de 2008. Ayer mismo en un editorial, The New York Times animaba a Obama a moverse con rapidez y comenzar por “ampliar su agenda y aislar a sus rivales”. Es decir, desplazarse con más soltura a la izquierda y hacerlo con menos escrúpulos políticos.

El ciclo electoral que termina deja tres lecciones fundamentales que perfilo brevemente a continuación.

1) La hondura de la división política

La profunda división política en Estados Unidos está más viva que nunca. Aunque, recién lo descubrimos, tiene límites claros. Es decir, líneas bien demarcadas que una parte importante del electorado (sobre todo los llamados “independientes”) no está dispuesto a cruzar. El radicalismo de la plataforma Republicana (en lo social y, sobre todo, en lo económico) quedó en evidencia a lo largo del proceso y el veredicto electoral fue contundente: aunque se desplaza a la derecha de donde estaba en 2008, no lo hace con la fuerza que lo ha hecho el Partido Republicano. A pesar de la mala situación económica prefiere continuar por la senda de la recuperación cautelosa de Obama que experimentar con una agenda diseñada entorno a las necesidades económicas del 1% más rico (una perversa combinación de la Reaganomics de los ochenta con la certitud moral de un movimiento radical anti impuestos).

Ganada la reelección, lo fundamental para Obama ahora es descubrir el límite preciso del mandato que le ha otorgado el electorado estadounidense y utilizar ese capital para neutralizar la agenda Republicana.

2) El divorcio (¿definitivo?) de los mass media

Los mass media sufren la peor crisis de legitimidad del último medio siglo. Eso es de sobra conocido. Sin embargo, la elección de 2012 se podría convertir en el punto sin retorno. Prensa escrita, radio y, sobre todo, televisión, se enfrentan confundidos y a la defensiva a un cambio de paradigma en la distribución de la información en el que cada vez queda más claro que serán pocos los medios del antiguo paradigma los que sobrevivirán. En 2012 (y ya en 2008 también), un experto en estadística con un blog licenciado por el New York Times informó con más precisión y detalle que la gran mayoría de los medios tradicionales. Más aún: dejó en evidencia a toda una generación de reporteros que sigue concibiendo la información como un monopolio de los informadores profesionales para ser utilizado y explotado en base a sus agendas ideológicas. La elección de 2012 apunta, al menos en Estados Unidos, a grandes cambios en este campo.

3) Obama y los límites institucionales de Estados Unidos

Digeridos los resultados del martes y mirando dos o tres años adelante, la elección de 2012 será la que puso la prueba más dura al funcionamiento institucional del país. La idea del “gobierno dividido” nunca ha tenido más vigencia: Ejecutivo Demócrata, Cámara de Representantes Republicana y Senado Demócrata en un ambiente político profundamente polarizado. Una división de poderes que demostrará si las instituciones del país son capaces de funcionar a pesar de la fricción y resistencia que ejercen la mayor parte de los componentes del sistema. Aunque fue la intención de los Founding Fathers diseñar un sistema divido en donde alcanzar acuerdos y realizar grandes cambios fuera complicado, los extremos alcanzados en los últimos cuatro años son inusitados y están poniendo en entredicho el funcionamiento general del sistema político. La etapa que comienza ahora será o la constatación definitiva de la disfunción (con todas las consecuencias que eso implica) o un periodo de nuevos e inesperados liderazgos. Obama se enfrenta de inmediato al reto de evitar el llamado fiscal cliff, una combinación de recortes en el gasto y aumento de impuestos a finales de año que de no renegociarse con el Congreso podría impactar directamente en torno al 5% del producto nacional bruto.

Obama tendrá que elegir: o sigue apostando por el bipartidismo que enarboló su campaña de 2008 (y que tan pobres resultados le dio a lo largo de los primeros cuatro años) o decide romper definitivamente y perseguir sus objetivos políticos por nuevas vías. Desde el punto de vista táctico esa es la decisión más importante a la que se enfrenta el presidente recién reelegido.

En el fondo, para Obama se trata de un dilema moral. De una decisión filosófica sobre cómo establecer el delicado balance entre pacto e imposición. Pronto, muy pronto, descubriremos cómo se enfrenta a este dilema un líder que aspira a ser transformador pero que no siempre está dispuesto a hacer todo lo necesario para conseguirlo

*Diego Beas es investigador invitado del Internet Institute de la Universidad de Oxford. Su página personal es: http://www.diegobeas.com.

 

Percepción de la desigualdad social

MARTA ROMERO

Frente al espejismo de que el crecimiento económico conllevaría una (re)distribución de la riqueza, la intensidad y persistencia de la crisis económica ha hecho aflorar el problema de la desigualdad social en los países desarrollados (y, en particular, en los países europeos). Incluso, desde los sectores económicos más ortodoxos, se observa con preocupación el desigual reparto de la riqueza, en tanto que éste puede crear ineficiencias y afectar al desarrollo económico.

En los países de la OCDE, la renta media del 10% de la población más rica es casi nueve veces superior a la del 10% más pobre. Esta diferencia de ingresos es la mayor de los últimos treinta años. Pero el incremento de la desigualdad social es anterior a la crisis y se habría ido gestando en las dos últimas décadas. Paradójicamente, mientras -a nivel global- los países más pobres han reducido la brecha con los países más ricos, en muchos países -a nivel interno- las desigualdades sociales han aumentado.

En el caso español, los estragos causados por la destrucción masiva de empleo, la reducción de salarios y la supresión de prestaciones sociales -que se están produciendo al calor de la crisis y de la aplicación de las políticas de austeridad-, han conducido a un considerable incremento de la desigualdad social. De acuerdo con el ratio 80/20 de Eurostat (que establece la relación entre el 20% de la población que más gana y el 20% que menos gana), España es el país de la Unión Europea con el nivel más alto (7,5: 2011) de desigualdad entre rentas altas y rentas bajas.

No es de extrañar así que, tras más de cuatro años de intensa crisis, al elevado pesimismo de los ciudadanos sobre la situación económica, se una la preocupación por el futuro y el malestar ante la percepción de que la salida de la crisis no está siendo justa desde el punto de vista social. Como se reconoce desde varios organismos internacionales, el contrato social está empezando a desmoronarse en muchos países y por primera vez en muchas generaciones, la gente no cree que sus hijos vayan a disfrutar de un nivel de vida superior al que tuvieron ellos.

En este contexto, cabe plantearse cuál es la percepción que tienen los ciudadanos de la desigualdad social y en qué medida el modelo de sociedad percibido es el deseado, con las consiguientes consecuencias políticas que ello tiene para la legitimidad del sistema democrático.

En el último número de Zoom Político (Sociedad percibida frente a sociedad deseada) de la Fundación Alternativas, abordamos estas cuestiones a partir de los datos de opinión pública que proporciona el Centro de Investigaciones Sociológicas. Del análisis de esos datos se obtienen cinco conclusiones principales:

1)    En España, la ciudadanía percibe grandes desigualdades de oportunidades y derechos entre los diferentes grupos sociales. Especialmente, entre las clases altas y las clases medias.
 
2)    Los ciudadanos creen que el salario de las personas que más ganan es hasta diez veces superior al que reciben las personas que menos ganan. Con la crisis se ha acentuado la opinión de que el reparto de la riqueza es injusto.

3)    En España, la desigualdad social cuenta con un elevado grado de deslegitimación. La opinión mayoritaria es que una gran diferencia de ingresos es negativa (porque no contribuye a que la gente se esfuerce más, ni a la prosperidad del país). Si bien se asume como un problema inevitable.

4)    El modelo de sociedad percibido está muy alejado del modelo de sociedad deseado. La mayoría aboga por una sociedad en la que brecha salarial sea mucho más reducida y el esfuerzo personal, frente a los contactos, sea el principal factor para triunfar socialmente.

5)    Pese a que los votantes de izquierda muestran una mayor sensibilidad hacia el problema de la desigualdad social, en todos los segmentos del electorado es mayoritaria la preferencia por un modelo social equitativo, en el que el Estado juegue un papel activo en la provisión del bienestar de todos los ciudadanos.

La percepción de que la brecha entre ricos y pobres es cada vez más amplia, podría afectar a la legitimidad del sistema democrático, pues en España la democracia no sólo es considerada en términos procedimentales (un sistema de elección de representantes), sino también en términos de resultados (generación y reparto de la riqueza). Y, en ese sentido, la movilidad social es una piedra angular. Pero, ahora mismo, el ascensor social no sólo parece estar bloqueado, sino que parece estar activado en un una única dirección descendente. De acuerdo con una reciente encuesta realizada por la empresa MyWord, la mayoría (51,3%) de los ciudadanos considera que “la crisis económica le ha hecho descender posiciones en la escala social”.