La financiación sanitaria y el control del gasto público autonómico: Comentarios a raíz de la propuesta del "pacto fiscal" catalán

JAVIER REY

Dos de los ámbitos del Estado que están más afectados por la crisis económica actual son los servicios públicos sanitarios y la organización autonómica. Hay, además, razones suficientes para justificar que existe una relación entre las crisis respectivas en uno y otro campo Lo que, por otra parte, permite sugerir que los problemas que se dan ambos terrenos podrían tener algunas vías comunes de solución. Algunos datos hablan por sí mismos:

1) El gasto sanitario de algunas CCAA, en especial de aquéllas que están afectadas por niveles más elevados de deuda y de déficit en su gestión, es en el momento actual un factor desequilibrante manifiesto del gasto público en España, por lo que la adopción de medidas dirigidas a su control deberían formar parte de cualquier programa de reducción y control del gasto público español.

2) Los determinantes de esa situación tienen que ver ante todo con factores estructurales relacionados con la organización descentralizada y descoordinada del sistema  sanitario, que permiten una gestión de sus servicios por parte de las CCAA no sometida a ningún control. Esa organización, además de provocar los efectos económicos mencionados, pone también en cuestión el mantenimiento de las condiciones universales e igualitarias con las que se creó el sistema sanitario español.

3) Por su parte, la organización autonómica del Estado está puesta en cuestión por razones principalmente económicas, que, aparte de cuestionar la sostenibilidad general de la organización estatal adoptada por la Constitución de 1978, es motivo también de demandas desde determinadas CCAA, de manera especial Cataluña, por los déficits supuestamente excesivos en que incurren sus balanzas fiscales en relación con el conjunto del Estado.

4) Como solución a este último problema se está proponiendo la modificación del sistema de financiación autonómica, de manera que, a supuesta semejanza con lo que existe en otros países federales, se pudieran establecer determinados límites globales a la contribución solidaria de cada CA, en particular de Cataluña, a la financiación de los servicios comunes del Estado y la de los servicios prestados por otras CCAA, como son los sanitarios, concebidos por la propia Constitución como universales e igualitarios para todos los ciudadanos españoles.

5) La aplicación de medidas en el sentido indicado sin ninguna matización tendría como consecuencia inevitable la ruptura de las condiciones universales e igualitarias de la protección sanitaria en España, dadas las diferencias en capacidad fiscal de las distintas CCAA, que impedirían mantener las mismas prestaciones y servicios en los territorios de menor capacidad fiscal que en los que la tienen mayor.

6) El número de países federales que pretenden mantener a la vez sistemas sanitarios universales gestionados de manera descentralizada que ofrecen protección sanitaria igualitaria y universal es muy escaso. De entre ellos, Canadá es, tanto por su organización federal, como por las características de su sistema sanitario, el más semejante al nuestro. En todo caso, en todos los países federales con sistemas sanitarios que reúnen esas dos condiciones, el objetivo de su mantenimiento tiene como consecuencias más claras disponer de sistemas de financiación sanitaria específicos y excluir éstos de las limitaciones a las transferencias financieras entre entidades de nivel regional que se aplican como consecuencia de las balanzas fiscales de las regiones correspondientes, sea cual sea el método de cálculo de las mismas.

7) En consecuencia con esa observación, cualquier modificación del sistema de financiación autonómica que se pudiera plantear en España que no pretendiera poner en cuestión el mantenimiento  de las condiciones universales e igualitarias de la protección sanitaria debería tener como elemento central la recuperación de un sistema de financiación sanitaria finalista específico, que recuperase esa especificidad perdida en 2001, cuando la financiación sanitaria se incluyó en el sistema de financiación autonómica general.

8) Un sistema de financiación sanitaria finalista podría ser además, a juzgar por las experiencias comparadas de otros países, en especial Canadá, el mejor instrumento de control del gasto sanitario de las CCAA, siempre que su implantación se acompañara de instrumentos de financiación condicionada, al menos parcialmente, al mantenimiento de determinadas condiciones generales de la prestación de los servicios sanitarios por parte de las CCAA, cuyo mantenimiento se sometiese al control de la Administración General del Estado (AGE). Entre las condiciones generales mencionadas, además de algunas semejantes  a las que están en vigor en Canadá (universalidad, “portabilidad”; ausencia de copagos para acceder a esos servicios; prestación pública y amplitud de la cobertura material ofrecida), en España sería esencial introducir como condición añadida la contribución a un sistema de información económica sanitaria que permita seguir de manera permanente el gasto en servicios sanitarios que llevan a cabo las CCAA. La creación de una verdadera central de compras del sistema sanitario en su conjunto, así como la participación de todas las CCAA en la misma, podría ser otra condición específica añadida en el caso español.

9) La modificación del sistema de financiación autonómica en el sentido indicado no exigiría ninguna “recentralización” de los traspasos en materia de asistencia sanitaria realizados a las CCAA, aunque es claro que significaría un cambio en la interpretación de las condiciones de ejercicio “exclusivo y excluyente” de las competencias sanitarias por las CCAA. que se han aplicado hasta ahora. Puesto que esa interpretación carece de base formal alguna, y encierra además contradicciones legales manifiestas, la situación de crisis económica actual supone una clara oportunidad para poner en cuestión esa interpretación, así como las consecuencias que la misma ha tenido sobre la desviación y el incremento del gasto sanitario, en especial el de determinadas CCAA, cuyo control es un objetivo principal, tanto desde el punto económico como del sanitario, por las razones señaladas

Comments

[Publicado por: RAMÓN]

Si cada Región hace lo que le conviene a sus camarillas de poder, entonces ¡Adiós Lola¡ Una cosa es admitir la variedad cultural y lingüística y otra muy distinta es convertir a las regiones, las provincias, los municipios y las aldeas en meros papagayos.

[Publicado por: escuchar conversaciones]

no tiene sentido todas estas chorradas de las comunidades autonomas y la duplicidad de las competencias, la verdad es que somos en todos los sentidos ineficientes y normal que sea tan dificil ajustar el deficiti