2013, Año europeo de los ciudadanos: ¿espectadores o protagonistas?

CARLOS CARNERO

Comienza el Año de los Ciudadanos, tal y como ha declarado 2013 la Comisión Barroso, con una creciente desafección hacia la UE de importantes sectores de europeos (así lo señalan los sondeos de opinión, pero basta con escuchar en la calle para percibirlo).

El tema, sin duda, será abordado por el Informe sobre el estado de la Unión que, en su segunda entrega, dirigida por Diego López Garrido –ex Secretario de Estado para la UE-, será presentado este año por las Fundaciones que lo impulsan (Alternativas y Friedrich Ebert, en un esfuerzo hispano-alemán más oportuno que nunca).

La desconfianza ciudadana hacia la UE tiene causas claras y éstas entroncan directamente con la crisis económica. De hecho, antes de que estallara en 2008 todas las encuestas reflejaban un mantenimiento aceptable del consenso con el proyecto europeo de la mayoría de la población de los estados miembros (con la excepción del Reino Unido).

Pero la crisis ha destapado, a su vez, un desacuerdo latente, expresado en la creciente abstención en las elecciones europeas cada cinco años: lo que podríamos llamar el sentimiento de no posesión, es decir, la idea de que lo que se decide en Bruselas no deriva directamente de la decisión ciudadana.

Una cosa (consenso) y otra (desacuerdo latente) no habían sido contradictorias entre sí hasta 2008: “la UE adopta acuerdos positivos, así que, aunque no podamos participar de forma transparente en su proceso de adopción, bienvenidos sean”, parecía pensarse.

La crisis ha actuado de espoleta para la contradicción: Europa pone en marcha políticas de recortes que golpean mi calidad de vida sobre las que, encima, no puedo pronunciarme”, se opina ahora. Consecuencia: aumento de la distancia entre ciudadanía y UE.

Es verdad que las instituciones –en este caso la UE- no deben confundirse con las políticas de quienes las gobiernan. Pero no es menos cierto que para ello los ciudadanos, de quienes deriva toda legitimidad, deben poder sustituir a estos para cambiar aquellas, si así lo desean.

Está claro que, más allá de lo equivocado de la orientación económica de la UE frente a la crisis, el reto estriba hoy en profundizar la democracia europea en todos los terrenos, convirtiéndola de verdad en un cuerpo único con la existente en sus estados miembros. Solo así los ciudadanos se podrán sentir soberanos en todos los ámbitos.

Con seguridad, este asunto será motivo de análisis en el Informe anual sobre la Democracia Española que dirige Joaquín Estefanía y elabora la  Fundación Alternativas.

Sea como sea, la forma correcta de afrontar el Año Europeo de los Ciudadanos no es considerarles sujetos únicamente de información (espectadores), sino dueños de la UE en todos los sentidos (protagonistas). Y, por lo tanto, poseedores de la capacidad de crítica y el poder de cambio que ello conlleva.  

Posiblemente, en ese sentido irán iniciativas como la Alianza EYCA (de cuya coalición española forma parte Alternativas) o el proyecto Upgrading Europe, que dirige la doctora Susana del Río.

Miopía, ideología y desigualdad

SANDRA LEÓN

Neumococo es una palabra simpática. Podría referirse tanto a la versión actualizada de un viejo videojuego como a un exótico combinado de zumos tropicales. Su significado real, no obstante, poco tiene que ver con sus connotaciones. Es el virus que puede causar en los niños otitis aguda, sinusitis, neumonía, bacteriemia y sepsis (la presencia de bacterias en la sangre) o meningitis.

La vacuna frente a esta enfermedad formaba parte hasta el pasado mes de mayo del catálogo de vacunaciones cubiertas por el Servicio Madrileño de Salud. Ahora solo está disponible para los padres que puedan pagar los más de 300 euros que vale administrar las 4 dosis (cada una cuesta 76 euros aproximadamente). Conozco a enfermeras que ejercen la objeción de conciencia administrándolas gratuitamente y a escondidas.

La historia de esta vacuna de simpático nombre y fatales consecuencias ilustra bien dos problemas en la gestión de las políticas públicas del país. El primero tiene que ver con la cortedad de miras con la que el gobierno ha impulsado algunas reformas. Medidas como la eliminación de vacunas, la restricción en el acceso a la sanidad a los inmigrantes sin papeles o los recortes en la educación se han aprobado sin tener en cuenta que los costes sociales y económicos que se deriven de esas medidas pueden ser mayores que el ahorro presupuestario.

Si se eliminan vacunas o se excluye del sistema a una parte de los ciudadanos, se reduce de la inmunidad de la población y aumente la probabilidad de incidencia de ciertas enfermedades que el sistema inevitablemente habrá de tratar (y por tanto, costear). Para el caso de la educación y la investigación, si se recorta el presupuesto se reduce la capacidad de que el país pueda salir de la crisis apoyándose en un modelo económico que necesite de capital humano cualificado.

Si esta miopía en la gestión de la crisis no se explica por la ineptitud de los miembros del gobierno, entonces solo cabe interpretarla como su respuesta ideológica a la crisis. 

El segundo problema que pone en evidencia la vacuna del neumococo es de naturaleza estructural y tiene que ver con la imposibilidad de que la gestión descentralizada de la sanidad sea capaz de garantizar un catálogo mínimo de prestaciones equiparables en todo el territorio. Aunque la Asociación de Pediatría lleva años pidiendo al Ministerio de Sanidad que extienda la vacuna a todas las Comunidades Autónomas, la decisión depende de estas últimas. La población debería contar con una protección similar en todas las regiones y, aunque muchas veces ese es el objetivo con la que los consejeros autonómicos negocian en el Consejo Interterritorial de Salud, el resultado acaba siendo un acuerdo de mínimos que resulta insuficiente y permite desigualdades en la cobertura inmunitaria de la población.

En definitiva, algo tan específico como la política de vacunación en la Comunidad Autónoma de Madrid sirve para ilustrar muy bien dos problemas en la gestión y provisión de los servicios públicos del país: el de la miopía ideológica que el gobierno impone en sus medidas frente a la crisis; y el que surge cuando las diferencias en la gestión que la descentralización de las políticas permite genera desigualdad entre los ciudadanos.