El Estado puede (y debe) actuar

Por: | 20 de febrero de 2013

LUIS L. BUSTILLO TEJEDOR (Notario)

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De aquellos polvos, estos lodos. Del  sobreendeudamiento incentivado por los poderes públicos y por el conglomerado financiero-inmobiliario, en glorioso festival, al drama del desahucio y la carga financiera perpetua.

La lógica del sistema conduce a esta situación: quién contrae una deuda debe pagarla y responde de ello con todo su patrimonio, presente y futuro, hasta que el acreedor quede totalmente satisfecho. Es el llamado principio de responsabilidad patrimonial universal.

Proliferan hoy iniciativas legislativas que claman por la revisión y modificación de las reglas, no sólo a futuro, sino también en relación con los contratos ya formalizados. Frente a estas reclamaciones, los que oponen que las reglas del juego no pueden cambiarse “en mitad del partido”, que quién se endeudó sabía a lo que se exponía.

En definitiva, se registra una tensión entre dos principios jurídicos básicos y constitucionalmente consagrados. El de seguridad jurídica, estereotipado en la regla latina pacta sunt servanda (los pactos se honran, se cumplen) y la justicia, entendida como equidad. La seguridad jurídica impone el mantenimiento inalterado de los vínculos contractuales. La equidad exige que éstos puedan ser revisados cuando las circunstancias tomadas en cuenta como existentes y como posibles al celebrar el contrato han variado por causas no previstas y no previsibles en ese momento, de modo tal que hacen que su cumplimiento sea excesivamente oneroso para una de las partes, que es la que soporta en exclusiva el riesgo de lo imprevisible.

Sobre la base de estos principios, los Tribunales están facultados para fallar contra la fuerza obligatoria del contrato, decretando su resolución o modificándolos para adaptarlos a las nuevas circunstancias de suerte que se reequilibre la situación.

Pero por lo que claman hoy los ciudadanos es por la adopción de medidas legislativas generales, que impongan el poder de la Ley, la soberanía del Estado, sobre los acuerdos particulares. Que se realice la justicia en este ámbito. Que se restituya el equilibrio. Que el coste de la crisis sea repartido entre todos los actores del mercado crediticio-hipotecario.

El legislador puede y debe hacerlo. No con códigos de conducta de voluntaria observancia ni con lacrimosas medidas cercanas a la caridad. Sino con una intervención  decidida del Estado en realización efectiva de los principios de justicia y solidaridad. La crisis económica es una circunstancia sobrevenida que si alguien no pudo prever es el prestatario, el ciudadano, el consumidor. Y si alguien tenía los medios y las capacidades para preverla, eran las entidades de crédito. Parece lógico y justo que quién no supo gestionar su negocio diligentemente, y que además cuenta con la red de seguridad que le proporcionan todos los ciudadanos, que ha impedido su quiebra y su ruina, cargue también con su parte de las consecuencias.

Nada de lo anterior prejuzga qué concretas medidas han de tomarse. No una amnistía general de deudas, pues el resultado sería peor que el mal que se trata de reparar. Seguramente, las medidas habrán de ser variadas y adaptadas a las distintas circunstancias particulares que se dan ( no es igual la situación de un trabajador de la construcción en paro de sesenta años, que la de un joven licenciado de treinta y cinco, pues las perspectivas de futuro de uno y otro son distintas). Pero han de ser. Y han de mostrar que la fuerza del Estado, que es la fuerza de todos y sobre todo, la de los que no tienen fuerza alguna,  se pone efectivamente al servicio de la justicia y de la igualdad.

Hay 6 Comentarios

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Es cierto que hay que cumplir lo pactado y devolver las deudas. Pero en este caso, el Estado no cumplió sus obligaciones: no intervino la burbuja inmobiliaria, no reguló el mercado inmobiliario, lo que provocó la primera oleada de parados. Después, el Estado produjo una serie de reformas que destruyeron más empleo. En cuanto a los bancos, también hicieron dejación de sus responsabilidades, generando una burbuja de créditos irresponsable, a sabiendas. Después, recibieron dinero público para su rescate. Por lo tanto, Estado y Banca ahora deben asumir sus responsabilidades y cubrir con protecciones a las víctimas de su desidia.

Según lo tienen montado es imposible que actúen dado que para actuar deberían autocondenarse. Y nada más lejos de modificar su alto status de vida.
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Alternativas

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