Alternativas

Sobre el blog

Crisis de la política, la economía, la sociedad y la cultura. Hacen falta alternativas de progreso para superarla. Desde el encuentro y la reflexión en España y en Europa. Para interpretar la realidad y transformarla. Ese es el objetivo de la Fundación Alternativas, desde su independencia, y de este blog que nace en su XV Aniversario.

Sobre los autores

Nicolás SartoriusNicolás Sartorius. Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Alternativas (FA), abogado y periodista, ha sido diputado al Congreso.

Carlos CarneroCarlos Carnero. Director Gerente de FA, ha sido Embajador de España en Misión Especial para Proyectos en el Marco de la Integración Europea y eurodiputado.

Vicente PalacioVicente Palacio. Director del Observatorio de Política Exterior de la Fundación Alternativas, Doctor en Filosofía, Visiting Fellow y Visiting Researcher en Harvard.

Sandra LeónSandra León. Profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de York (Reino Unido) y responsable de la colección Zoom Político de la Fundación Alternativas.

Carlos MaravallCarlos Maravall. Doctor en Macroeconomía y Finanzas Internacionales por la Universidad de Nueva York. Ha trabajado como asesor en Presidencia del Gobierno en temas financieros.

Erika RodriguezErika Rodriguez Pinzón. Doctora en relaciones internacionales por la Universidad Autónoma de Madrid y coordinadora de América Latina en la Fundación Alternativas.

Ana Belén SánchezAna Belén Sánchez, coordinadora de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Fundación Alternativas.

Jose Luis EscarioJose Luis Escario. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y Master de Derecho Internacional y Comunitario por la Universidad de Lovaina. Coordinador del Área Unión Europea de FA.

Kattya CascanteKattya Cascante coordina el área de Cooperación al Desarrollo del Observatorio de Política Exterior de la Fundación.

Enrique BustamanteEnrique Bustamante. Catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la UCM. Es un experto de la economía y sociología de la televisión y de las industrias culturales en España.

Alfons MartinellAlfons Martinell. Director de la Cátedra Unesco en la Universidad de Girona y profesor titular en esa misma institución. Codirige el Laboratorio Iberoamericano de Investigación e Innovación en Cultura y Desarrollo.

Carles ManeraCarles Manera. Catedrático de Historia e Instituciones Económicas en la Universitat de les Illes Balears. Es Premio Catalunya de Economía (Societat Catalana d’Economia, 2003).

Stuart MedinaStuart Medina Miltimore. Economista y MBA por la Darden School de la Universidad de Virginia. Es presidente de la Red MMT y fundador de la consultora MetasBio.

Luis Fernando MedinaLuis Fernando Medina. Profesor de ciencia política en la Universidad Carlos III de Madrid. Es autor de 'A Unified Theory of Collective Action and Social Change' (University of Michigan Press) y de "El Fénix Rojo" (Editorial Catarata).

José María Pérez MedinaJosé María Pérez Medina. Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología y en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Funcionario del Estado. Ha sido Asesor en el Gabinete del Presidente del Gobierno entre 2008 y 2011.

José Antonio NogueraJosé Antonio Noguera. Profesor Titular de Sociología en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y director del grupo de investigación GSADI (Grupo de Sociología Analítica y Diseño Institucional).

Antonio QueroAntonio Quero. Experto en instrumentos financieros de la Comisión Europea y coordinador de Factoría Democrática. Es autor de "La reforma progresista del sistema financiero" (Ed. Catarata).

Paloma Román MarugánPaloma Román Marugán. Profesora de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid. Autora y coordinadora de distintos libros, artículos en revistas especializadas, artículos divulgativos y artículos de prensa.

Jesús Prieto de PedroJesús Prieto de Pedro. Doctor en Derecho, Catedrático de Derecho Administrativo en la UNED y titular de la Cátedra Andrés Bello de Derechos Culturales.

Santiago Díaz de Sarralde MiguezSantiago Díaz de Sarralde Miguez. Profesor de la URJC y coordinador de Economía en OPEX de la Fundación Alternativas.

Javier ReyJavier Rey. Doctor en Medicina y Cirugía, especialista en Cardiología. Secretario de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida.

Por treinta piezas de plata

Por: | 27 de febrero de 2013

DAVID LIZOAIN

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Los escándalos de financiación política tienen una larga historia. Jugurta, el Rey de Numidia, describió a la Roma republicana como “una ciudad en venta destinada a una destrucción rápida, si encontrara comprador” debido a su inclinación por la corrupción. Rodrigo Borgia se convirtió en Papa gracias a sobornos copiosos y Carlos V (Carlos I de España) fue escogido Emperador con la ayuda de un gran avance de dinero de los banqueros de la familia Fugger.

En estos casos, los donantes privados contribuyeron no por motivos puros si no porque entendían que existiría un quid pro quo. El nexo entra el dinero privado y la política siempre ha sido una fuente potencial de corrupción.

En tiempos más recientes, en 2010, el Tribunal Supremo de los EEUU dictó una sentencia en Citizens United que decía: “este Tribunal ahora concluye que los gastos independientes, incluidos aquellos realizados por empresas privadas, no dan lugar a corrupción ni la apariencia de la corrupción.” Esta decisión ha significado que donantes multimillonarios (y aquí destaca en primer lugar Sheldon Adelson, impulsor de Eurovegas) podían canalizar millones de dólares hacía sus candidaturas preferidas.

La sentencia de Citizens United volcó décadas de jurisprudencia estadounidense y choca contra el sentido común. Sin limites sobre el gasto político privado, es difícil evitar que intereses adinerados capten el régimen democrático en su conjunto.

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Cultura y Gobierno 1.0

Por: | 26 de febrero de 2013

JORGE FERNÁNDEZ LEÓN

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Hace un par de años el analista cultural Pier Luigi Sacco publicaba, en nombre de la Red Europea de Expertos en Cultura (EENC) el documento titulado “Cultura 3.0: Una nueva perspectiva para el programa de fondos estructurales 2014-2020 de la Unión Europea”. Este texto fue encargado por el Grupo de Trabajo de Coordinación Abierta (OMC) de Industrias Culturales y Creativas de la U.E. como un material de análisis previo a la elaboración de la gran estrategia presupuestaria de la Unión para el próximo sexenio, y su eficacia ha sido por desgracia escasa o nula. La muy pobre presencia presupuestaria de la cultura en los presupuestos recientemente aprobados, deja bien claro que las políticas de la Unión siguen sin percibir ni apreciar los argumentos allí vertidos, y que, siguiendo la nomenclatura propuesta en el estudio, las políticas de la Comisión Europea van a continuar guiadas seis años más por la cultura 2.0, es decir, por los esfuerzos (escasos) de apoyo a la economía, las soluciones financieras y la defensa a ultranza del modelo de las industrias culturales y en las condiciones agresivas que establece la industria del entretenimiento. Eso sí, englobadas ahora bajo la capa protectora de la creatividad: La Europa cultural se convierte en Europa creativa.

El texto del trabajo resume brevemente lo que diversos investigadores y críticos han venido analizando en las últimas décadas en torno a las nuevas prácticas culturales propiciadas por la penetración de las redes digitales. Repasando las formas de comportamientos de Gobiernos y sociedades y citando numerosos trabajos académicos de referencia, reconoce tres grandes tendencias de las políticas culturales.

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Autor invitado: Luciano Vecchi

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El escenario de las elecciones legislativas que tiene lugar hoy y mañana, 24 y 25 febrero, es absolutamente diferente con respecto a las confrontaciones electorales de los últimos veinte años.

El futuro Parlamento italiano representará una absoluta anomalía respecto a la tradición política nacional y al panorama político y electoral de los países de Europa occidental. Las elecciones italianas determinarán, en todo caso, una etapa importante también para Europa. La alternativa será entre la opción  progresista, representada por la coalición reunida alrededor del Partido Democrático, y una de las distintas opciones populistas.

UN SISTEMA ELECTORAL PECULIAR
Los italianos votarán una vez más con un sistema electoral muy peculiar, que fue impuesto en 2005 por la entonces mayoría de centro-derecha, con el fin de hacer imposible (y el resultado se alcanzó) una victoria nítida de la alianza progresista. El sistema, conocido como “porcellum” (cochinada), prevé un premio en escaños (55%) en la Cámara a la coalición que gane (cualquiera que sea el porcentaje alcanzado).

Pero en el Senado – que en Italia tiene los mismos poderes de la Cámara, caso único en Europa de “bicameralismo perfecto” – el premio de mayoría se otorga en base regional, haciendo así determinante el voto de algunos grandes territorios (Lombardía, Véneto, Sicilia), tradicionalmente inclinadas a la derecha.

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¿El final de Berlusconi?

Por: | 22 de febrero de 2013

NICOLÁS SARTORIUS

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    Este fin de semana se celebran unas elecciones decisivas para Italia y Europa. Ha pasado más de una década desde que la corrupción, el clientelismo y la “lotización” acabaron con los partidos que habían sostenido la República nacida de la resistencia al fascismo. De un lado, el partido socialista, de otro la democracia cristiana se disolvieron carcomidos por la gangrena de la venalidad, combatida por los jueces del movimiento de “ manos limpias”. El otro gran partido, el PCI, acabó transformándose, en un proceso complejo, en el actual PDS, después de la caída del muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética. El vacío dejado por esta traumática experiencia fue cubierto por un personaje, Silvio Berlusconi, predicador de la anti política salvo la suya, empresario de fortuna oscura de medios de comunicación, inmerso en múltiples causas penales que ha conseguido, por medio de un discurso populista y el engaño permanente, permanecer más de diez años en el poder y conducir a Italia al borde del abismo. Tan al borde del precipicio que solo hace unos meses, ante el peligro de que Berlusconi, con su desastrosa política, arrastrase al euro al desastre, tuvo que intervenir la UE, en combinación con el presidente de la República, con el fin de apartarle del poder y colocar en su lugar a un “ técnico”, Mario Monti, que fuera capaz de estabilizar la situación y convocar elecciones generales.

 

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El Estado puede (y debe) actuar

Por: | 20 de febrero de 2013

LUIS L. BUSTILLO TEJEDOR (Notario)

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De aquellos polvos, estos lodos. Del  sobreendeudamiento incentivado por los poderes públicos y por el conglomerado financiero-inmobiliario, en glorioso festival, al drama del desahucio y la carga financiera perpetua.

La lógica del sistema conduce a esta situación: quién contrae una deuda debe pagarla y responde de ello con todo su patrimonio, presente y futuro, hasta que el acreedor quede totalmente satisfecho. Es el llamado principio de responsabilidad patrimonial universal.

Proliferan hoy iniciativas legislativas que claman por la revisión y modificación de las reglas, no sólo a futuro, sino también en relación con los contratos ya formalizados. Frente a estas reclamaciones, los que oponen que las reglas del juego no pueden cambiarse “en mitad del partido”, que quién se endeudó sabía a lo que se exponía.

En definitiva, se registra una tensión entre dos principios jurídicos básicos y constitucionalmente consagrados. El de seguridad jurídica, estereotipado en la regla latina pacta sunt servanda (los pactos se honran, se cumplen) y la justicia, entendida como equidad. La seguridad jurídica impone el mantenimiento inalterado de los vínculos contractuales. La equidad exige que éstos puedan ser revisados cuando las circunstancias tomadas en cuenta como existentes y como posibles al celebrar el contrato han variado por causas no previstas y no previsibles en ese momento, de modo tal que hacen que su cumplimiento sea excesivamente oneroso para una de las partes, que es la que soporta en exclusiva el riesgo de lo imprevisible.

Sobre la base de estos principios, los Tribunales están facultados para fallar contra la fuerza obligatoria del contrato, decretando su resolución o modificándolos para adaptarlos a las nuevas circunstancias de suerte que se reequilibre la situación.

Pero por lo que claman hoy los ciudadanos es por la adopción de medidas legislativas generales, que impongan el poder de la Ley, la soberanía del Estado, sobre los acuerdos particulares. Que se realice la justicia en este ámbito. Que se restituya el equilibrio. Que el coste de la crisis sea repartido entre todos los actores del mercado crediticio-hipotecario.

El legislador puede y debe hacerlo. No con códigos de conducta de voluntaria observancia ni con lacrimosas medidas cercanas a la caridad. Sino con una intervención  decidida del Estado en realización efectiva de los principios de justicia y solidaridad. La crisis económica es una circunstancia sobrevenida que si alguien no pudo prever es el prestatario, el ciudadano, el consumidor. Y si alguien tenía los medios y las capacidades para preverla, eran las entidades de crédito. Parece lógico y justo que quién no supo gestionar su negocio diligentemente, y que además cuenta con la red de seguridad que le proporcionan todos los ciudadanos, que ha impedido su quiebra y su ruina, cargue también con su parte de las consecuencias.

Nada de lo anterior prejuzga qué concretas medidas han de tomarse. No una amnistía general de deudas, pues el resultado sería peor que el mal que se trata de reparar. Seguramente, las medidas habrán de ser variadas y adaptadas a las distintas circunstancias particulares que se dan ( no es igual la situación de un trabajador de la construcción en paro de sesenta años, que la de un joven licenciado de treinta y cinco, pues las perspectivas de futuro de uno y otro son distintas). Pero han de ser. Y han de mostrar que la fuerza del Estado, que es la fuerza de todos y sobre todo, la de los que no tienen fuerza alguna,  se pone efectivamente al servicio de la justicia y de la igualdad.

106 Millones

Por: | 18 de febrero de 2013

FERNANDO RUEDA

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La gala de entrega de los Premios Goya, la gran fiesta del cine español, además de poner en valor nuestra cultura, se ha significado en los últimos años por servir de altavoz de las preocupaciones sociales con mensajes directos y claros de nuestros artistas y creados, comprometidos e identificados con los problemas que nos afectan de forma cotidiana.

Los mensajes de Candela Peña, Maribel Verdú, Eva Hache, Javier Bardem o José Corbacho han proyectado la preocupación del ciudadano por la sanidad pública, el empleo, la educación, la vivienda o la desafección hacia los políticos. No es sólo una reivindicación para defender exclusivamente el sector cinematográfico, es también una forma los problemas que tenemos los españoles según las encuestas de opinión del CIS. Bravo por ellos.

Pero la fiesta del cine también está produciendo resacas anticipadas: tres temas importantes para el cine español preocuparon al Presidente de la Academia, Enrique Gonzalez Macho: La piratería, la subida de impuestos y la falta de apoyo público, en especial el de RTVE, hacia el cine. Una pérdida estimada en 3.000 millones de euros por las descargas ilegales, ante una ley Sinde – Wert que ha demostrado su ineficiencia pues de las 361 solicitudes de inspección de contenidos ilícitos solo  25 eliminaron el contenido, un encarecimiento del acceso al cine con el 21% de IVA y una reducción a la mitad del apoyo público en solo un año, ha encendido muchas alarmas.

Si atendemos a las cifras de 2012,  el cine español batió el récord de recaudación: un 17% respecto del total recaudado, que en su conjunto se redujo un 6% respecto del año anterior. Una sola película, Lo imposible, ha recaudado el 40% del total, y más de un tercio de los espectadores. 40 millones de euros y 6 millones de espectadores.

Los últimos datos facilitados por el ICAA, -datos de 2011- en España se han exhibido 351 largometrajes españoles, con 15 millones de espectadores, de un total de 1500 largometrajes y cerca de 98 millones de espectadores. El presupuesto de ayudas a la cinematografía de la Secretaría de Estado en 2013 se ha reducido de 76 a 39 millones de euros.

Con 106 millones de euros recaudados en 2012, y 15 millones de entradas vendidas para películas españolas, -por cierto, el doble de espectadores que los que asisten a partidos de fútbol de la liga BBVA- , tenemos  una imagen de nuestra cultura de calidad excelente, una batería de artistas y creadores comprometidos con la cuestión social y un patrimonio cultural que nos hace más ricos. Una ratio de rentabilidad social fuera de toda duda.

Vamos a ver qué ocurre a fines de 2013. Por el momento tenemos una previsión de producción de 163 películas,  España vuelve a entrar en la lista 301 de piratería, y las ayudas públicas rozan en el límite del ridículo.

Los Goya del año que viene deberían anunciar la vuelta al IVA reducido para la cultura, un aumento de significativo de las producciones cinematográficas, y un mercado consolidado de distribución digital legal, además de la alegría por seguir teniendo un sistema sanitario público de calidad, el derecho consolidado a la vivienda, la confianza en nuestras instituciones…y más películas de Candela Peña!

¿Hasta dónde llegará Corea del Norte?

Por: | 17 de febrero de 2013

EUNSOOK YANG

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Cuando murió el dictador de Corea del Norte, Kim Jong-Il, “el querido lider”  el 17 de diciembre de 2011, despertó la incertidumbre en la comunidad internacional sobre el futuro del régimen.  Poco después, Corea del Norte sorprendió al mundo con la sucesión de Kim Jung-Un en la jefatura del estado, perpetuando la dinastía de clan Kim en el gobierno comunista.  En principio el joven Kim Jung-un, el nieto de Kim Il-sung, el hijo menor del Kim Jong-il, por su educación en el mundo occidental despertó una ligera expectación que presagiaba la apertura del país al mundo exterior y una democratización del gobierno.  Sin embargo, no paso mucho hasta que la ingenua esperanza de los expertos de Corea del Norte y los políticos internacionales fueron sorprendidos por el lanzamiento misiles el 12 de diciembre el año pasado y luego por el ensayo nuclear el 12 de febrero cuando aun no se habían recuperado del lanzamiento de los misiles.  Kim Jung-Un quien carece experiencia de gobierno se supone que tiene un equipo de consejeros afines y conservadores liderados por su tío político Chang Sung-tak quien continua la política del clan Kim lleno de controversias y opacidades.   De su ideología política “Ju-che” (autosuficiencia) con el énfasis en la defensa propia empuja al desarrollo de armas nucleares para conseguir ser una emergente potencia nuclear.  Mientras tanto sus ciudadanos sufren con pobre desarrollo económico y social, siendo uno de los países más aislados del mundo. 

    Cada ocurrencia tiene su origen y explicación.  Al finalizar la II Guerra Mundial,  la península de Corea quedo libre del dominio japonés.  Sin embargo, Corea empezó a ser objeto de la atención de las dos superpotencias, la Unión Soviética y los Estados Unidos  ideológicamente antagónicas, por su privilegiada situación geográfica y estratégica, la península de Corea era un lugar de máximo interés. No obstante, la respectiva influencia por parte de las dos superpotencias sobre la comunidad coreana dividió el país ideológicamente.  Esto hizo imposible que se llegara a un acuerdo para formar un gobierno único, motivo por el cual norte y sur se convirtieron en comunidades totalmente separadas, estableciendo cada una un estado independiente: la República de Corea lo hizo el 15 de agosto de 1948, y la República Popular Democrática de Corea el 5 de septiembre de 1948.  Ante la rivalidad entre los dos aliados de la II Guerra Mundial y el posterior inicio de la Guerra Fría, Corea se vio envuelta en una trágica Guerra Civil (1950-1953). La Guerra de Corea, que enfrentó al Norte comunista -apoyado por China y la URSS- y el Sur capitalista -asistido por EEUU y fuerzas de la ONU-, que finalizó con un "empate técnico", al quedar la frontera entre ambos, trazada prácticamente en el mismo lugar que al inicio de este proceso de disgregación nacional, en el conocido “paralelo 38”.  El ex presidente surcoreano Rhee Syng-man quien quería una Corea unificada se negó firma armisticio. Una vez concluida la parada técnica de la guerra, Corea del Norte comenzó un programa de desarrollo de tecnología nuclear de usos presuntamente pacíficos, pero con una manifiesta investigación en las aplicaciones militares.

    Por otro lado,  las superpotencias que tenían sus áreas de influencia en la península coreana preferían mantener su “status quo” y así evitaban conflictos.  Esa situación ha sido como si fuera que las dos superpotencias dividiera una tarta por la mitad y las dejan en un rincón sin prestar mayor atención mientras que una parte de las tarta se estaba pudriendo, que haría luego estropear a las demás

   Con el nuevo líder en el Norte, la comunidad internacional sólo había recibido sorpresas negativas.  Ahora bien, tanto corea del Sur como la comunidad internacional deben poner una resolución firme y una implementación tangible y eficaz.  Cuando se detiene a un delincuente peligroso en la sociedad la ley obliga a castigarle  por sus desmanes, porque sino dañaría a la gente inocente.  Del mismo modo la comunidad internacional debería castigar a Corea del Norte porque es un estado peligroso para el bienestar de la sociedad internacional.  La tecnología obtenida en secreto para producir las armas de destrucción masiva, podría llegar a manos de terroristas o a países inmersos en conflictos armados.  Hubo muchos intentos de dialogo para disuadir el desarrollo de armas nucleares dentro de las negociaciones de 6 bandas pero  las experiencias durante más de medio siglo nos señalan que solo se superarán el problema de Corea del Norte con una férrea voluntad de compromisos o un castigo eficaz.  Si la comunidad internacional falla otra vez sin una acción firmeza nos llegarán otras bofetadas cada vez más fuertes.

Sobre las bondades y peligros de la descentralización

Por: | 14 de febrero de 2013

SANDRA LEÓN

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A menudo la descentralización del poder ha sido defendida como una suerte de panacea para aliviar distintos tipos de males institucionales y políticos. Ha sido impulsada como una solución institucional para mejorar la eficiencia económica en la provisión de políticas públicas o para aumentar la estabilidad política en estados con divisiones étnicas, culturales o lingüísticas. También se le atribuye una mejora del control de los gobiernos porque multiplica los ámbitos de decisión y de participación política y acerca las administraciones a los ciudadanos.

La pregunta que surge entonces es ¿cumple la descentralización con los beneficios que se le atribuye? Como se analiza en el último número de Política Comparada, no hay respuestas mágicas a esta pregunta. Los efectos de la descentralización sobre la eficiencia económica y la estabilidad política dependen del tipo de descentralización de la que hablemos, de su diseño específico y de las condiciones socioeconómicas del país en el que se implementen (como la distribución de los grupos étnicos, las desigualdades económicas interterritoriales o con las características de la competición política).

En primer lugar, muchos de los supuestos sobre los que se han construido las teorías respecto a la eficiencia económica de la descentralización no se cumplen. En esos modelos se asume que existe una amplia descentralización fiscal, es decir, que los gobiernos subnacionales son las principales administraciones encargadas de recaudar y gestionar los impuestos. Sin embargo, la financiación de los gobiernos subnacionales suele depender fundamentalmente de transferencias del gobierno federal y en mucha menor medida de fuentes de ingreso propias. En esta situación los gobiernos regionales tienen pocos incentivos para comportarse de una manera fiscalmente responsable y la evidencia empírica muestra que este diseño puede desembocar en niveles excesivos de déficit y de deuda en el nivel subnacional.

En segundo lugar, los países con mayor grado de diversidad étnico-cultural suelen tener niveles de descentralización más elevados, pues ésta permite mantener la integridad territorial del Estado y al mismo tiempo reducir las tensiones secesionistas mediante la creación de órganos de autogobierno para las minorías étnicas. Sin embargo, la descentralización también puede desembocar en un aumento de los conflictos territoriales. El autogobierno puede disminuir el deseo de una determinada región de ser independiente, pero al mismo tiempo refuerza el poder de las élites regionales (legislaturas, medios de comunicación, financiación, medios de seguridad) que pueden disminuir el coste de movilizar a la población en torno a demandas de mayor autogobierno o secesión.

Por último, existen dos factores que pueden lastrar el control de los gobiernos en países descentralizados. Uno es que las elecciones subnacionales dependan habitualmente de las dinámicas de la política nacional. Si el futuro de los líderes territoriales depende más de las dinámicas de la política nacional que de lo bien o mal que lo hagan mientras están en el gobierno, existen pocos incentivos para seguir las preferencias de los votantes.

El segundo factor que erosiona el control de los políticos es la falta de claridad de responsabilidades. Cuando los ciudadanos no tienen claro qué nivel de gobierno es responsable de qué, la valoración de las condiciones económicas o políticas puede tener un impacto menor en la supervivencia de los gobiernos que en ámbitos donde las responsabilidades están más claramente definidas. En España, por ejemplo, las responsabilidades del gobierno central y de los ayuntamientos se aproximan bastante bien al reparto real de competencias. Sin embargo, el porcentaje de ciudadanos que perciben a las comunidades autónomas como principales responsables de la sanidad y la educación es relativamente bajo y los datos de opinión muestran que este conocimiento no ha mejorado a lo largo del tiempo.

Nuevo presupuesto: un golpe al "valor añadido" de la UE

Por: | 10 de febrero de 2013

JOSÉ CANDELA

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En tiempos de crisis es comprensible que el “valor añadido” de la Unión sea cada vez menor para algunos gobiernos nacionales que se impacientan ante la presión más nacionalista de su electorado. Esos gobiernos, encabezados por el británico, consiguieron este 8 de febrero que el acuerdo en el Consejo europeo consista en un recorte de más de 80.000 millones de euros en relación con la propuesta inicial de la Comisión europea (1,045 billones de euros, apenas el 1% de la riqueza de la Unión), juzgada por muchos como el mínimo suficiente para alcanzar los objetivos de la Unión en este decenio, definidos por la Estrategia Europa 2020.

Esta decisión decepcionante es la muestra de la corta visión de futuro de la actual generación de líderes políticos europeos en general y de la visión conservadora y euroescéptica de la salida de la crisis. Ha vencido una vez más, en el seno del Consejo europeo, la obsesión por el recorte, la misma que predomina aún en la mayoría de los gobiernos nacionales.

La comparación entre las dotaciones presupuestarias de cada política sectorial, propuestas por la Comisión y las decididas por el Consejo europeo, no compensa la decepción que produce el recorte del montante global sino que la aumenta.

Empezando por lo principal, la partida dedicada a la Estrategia Europa 2020, el Consejo europeo ha reducido la propuesta de la Comisión nada menos que en un 24 %. Además, si se compara la decisión del Consejo europeo con la última propuesta de Van Rompuy (noviembre 2012), esta, en teoría, prioridad de las prioridades de la Unión, es la más atacada por el recorte exigido por el Reino Unido y aliados: 14.000 millones menos. ¿Qué contiene esa estrategia, en pocos términos?: crecimiento, empleo, educación, investigación, protección del medio ambiente; todo lo que una visión conservadora de la Unión considera secundario, exceptuado el mercado único.

La política de cohesión (ayuda a las regiones menos ricas) sube un poco con respecto a la propuesta de noviembre 2012 pero baja un 4 % con respecto a la propuesta de la Comisión.

La política agraria disminuye también un 4 % respecto de la propuesta de la Comisión pero aumenta en comparación con la propuesta de Van Rompuy de noviembre 2012.

Finalmente, la política exterior de la Unión, incluida la cooperación al desarrollo, baja nada menos que un 20 % en relación con la propuesta inicial de la Comisión.

Así pues, tanto el fuerte recorte global como los recortes sectoriales que éste conlleva, muestran que la óptica del interés general de la Unión, la única que los ciudadanos comprenden, sobre todo los que más están sufriendo los efectos de la crisis económica, ha salido derrotada en esta Cumbre.  También el principio de solidaridad entre los Estados  ha dado paso al egoísmo nacional de los contribuyentes netos. De seguir así, los ciudadanos acabarán por ver inútil la propia subsistencia de una Unión, cuyo máxima autoridad política sigue sin dar señales de asumir la necesidad imperiosa de aplicar políticas de crecimiento y de creación de empleo sólidas desde el punto de vista financiero.

En vez de reducirlo, aumentar el techo de gasto de la Unión, que tiene además garantías de ser administrado y controlado equitativamente por parte de dos poderes independientes de los Estados (la Comisión y el Parlamento) es la única garantía de eficacia y, a la larga, de la misma subsistencia de la Unión.

Las consecuencias de esta decisión son, a corto plazo, una disminución de la contribución de la Unión a la salida de la crisis y a medio plazo una pérdida de la influencia de Europa en el mundo globalizado. Ambos efectos van en sentido opuesto al interés general de la Unión, que no es otro que la consecución, este decenio, de los nobles objetivos políticos ya previamente fijados.

Toca ahora, en particular, al Parlamento europeo aceptar o rechazar estos recortes y las primeras declaraciones de los líderes de los grupos políticos de la eurocámara anuncian el rechazo. Toca ahora, a la Comisión y a los gobiernos nacionales, imaginar no sólo cómo gastar mejor sino, previamente, cómo invertir ya hoy para crecer antes. De ahí surgen dos acciones realistas absolutamente necesarias a corto y a medio plazo: para atajar la salida de la crisis económica, la adopción de un plan de choque europeo contra el desempleo basado sustancialmente en inversiones públicas y para atajar la salida de la crisis social, la implantación de un salario mínimo europeo.

Son medidas como éstas y no tanto la solución ultra rápida de las crisis bancarias y los recortes presupuestarios impuestos bajo amenaza las que confieren a la Unión su auténtico “valor añadido”.

 

Claridad europea con los islamistas

Por: | 08 de febrero de 2013

CARLOS CARNERO

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El asesinato a tiros del abogado y político tunecino Chokri Belaid debería implicar un punto de inflexión en la visión europea del momento político por el que atraviesan los países de la Primavera Árabe.

Con demasiada facilidad, las instituciones, los analistas y los medios de comunicación de la Unión Europea han asumido la llegada al gobierno de partidos islamistas como una muestra de la normalidad democrática recién conquistada y, al tiempo, como una oportunidad de conseguir que tales fuerzas, por el propio ejercicio del poder, entraran en una vía de moderación ideológica.

El planteamiento en boga venía a afirmar que tales partidos no estaban necesariamente reñidos con un concepto aceptable del ejercicio de las libertades por el hecho de ser confesionales y que, en consecuencia, la colaboración europea con sus gobiernos debía desarrollarse con la misma naturalidad con la que se actuaría si, en su lugar, los ejecutivos estuvieran formados por partidos no confesionales.

La realidad, como muchos alertaron hace ya meses, está dando al traste con una concepción tan ingenua.

En primer lugar, porque los partidos islamistas confesionales tienden a considerar la democracia como un mero instrumento temporal para conformar una sociedad en la que principios tan básicos, universales y no relativizables como la división de poderes, el respeto de los derechos humanos (empezando por la no discriminación por razón de género) y la alternancia en el gobierno son considerados artificiales o provisionales.

En segundo lugar, porque tales formaciones no entienden que mantener opiniones divergentes sea algo normal y habitual en democracia, sino una forma de atentar contra algo que está por encima de cualquier constitución: el poder divino, indiscutible para cualquier ser humano. O sea, un pecado mortal.

Y en tercer lugar, porque, de una manera u otra, el fin principal de su gestión no es tanto resolver los graves problemas económicos y sociales existentes (falta de crecimiento, desempleo masivo, inexistencia de un estado del bienestar, enormes niveles de pobreza y desigualdad) sino imponer un modo de vida acorde con su interpretación del Corán que, antes que a nadie, golpea los derechos de la mujer.

Si es cierto que en los partidos islamistas mayoritarios de Túnez y Egipto se considera que no todos los objetivos pueden alcanzarse de la noche a la mañana, no es menos verdad que la presión de los salafistas (en muchos casos bienvenida como “ejército de la cachiporra” hacia el interior y elemento para mostrar la supuesta moderación propia hacia el exterior) ha llevado a acelerar el paso.

Las decisiones autoritarias de Morsi en El Cairo y de Ennahda en Túnez van exactamente en esa dirección y en ambos casos han cosechado una firme y valiente respuesta de amplios sectores de la población decididos a  decir “¡Basta!” ahora que todavía están a tiempo de manifestarse.

En esta coyuntura, la Unión Europea no puede equivocarse una vez más. Si antes de la Primavera Árabe no dijo una sola palabra frente a los dictadores en el poder, no está en condiciones de guardar silencio de nuevo.

Para ello, debería aplicar sus propias decisiones: que la cooperación con los países mediterráneos tendrá como objetivo y medida esencial la construcción de una democracia profunda que implique elecciones libres, sí, pero también un estricto respeto de los derechos humanos, sin hacer la vista gorda a que alguien –islamista o no- viole en uno u otro caso las reglas de juego.

Si la UE actúa en tal sentido y, además, lo hace en conjunto con los Estados Unidos, el efecto será alentador para que la transición hacia la democracia en los países árabes siga hacia delante. De lo contrario, el mensaje a quien pretende forzar la mano a los principios de la Primavera Árabe será demasiado nítido: pura debilidad, carta blanca.

El atentado terrorista contra Chokri Belaid tenía la intención de amedrentar a los hombres y mujeres libres de Túnez, lo mismo que las palizas y altercados de las autodenominadas Ligas de Protección de la Revolución, tan o parecidas en su versión islamista a los Guerrilleros de Cristo Rey de nuestra transición.

 

El País

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