JOSÉ CANDELA

En tiempos de crisis es comprensible que el “valor añadido” de la Unión sea cada vez menor para algunos gobiernos nacionales que se impacientan ante la presión más nacionalista de su electorado. Esos gobiernos, encabezados por el británico, consiguieron este 8 de febrero que el acuerdo en el Consejo europeo consista en un recorte de más de 80.000 millones de euros en relación con la propuesta inicial de la Comisión europea (1,045 billones de euros, apenas el 1% de la riqueza de la Unión), juzgada por muchos como el mínimo suficiente para alcanzar los objetivos de la Unión en este decenio, definidos por la Estrategia Europa 2020.
Esta decisión decepcionante es la muestra de la corta visión de futuro de la actual generación de líderes políticos europeos en general y de la visión conservadora y euroescéptica de la salida de la crisis. Ha vencido una vez más, en el seno del Consejo europeo, la obsesión por el recorte, la misma que predomina aún en la mayoría de los gobiernos nacionales.
La comparación entre las dotaciones presupuestarias de cada política sectorial, propuestas por la Comisión y las decididas por el Consejo europeo, no compensa la decepción que produce el recorte del montante global sino que la aumenta.
Empezando por lo principal, la partida dedicada a la Estrategia Europa 2020, el Consejo europeo ha reducido la propuesta de la Comisión nada menos que en un 24 %. Además, si se compara la decisión del Consejo europeo con la última propuesta de Van Rompuy (noviembre 2012), esta, en teoría, prioridad de las prioridades de la Unión, es la más atacada por el recorte exigido por el Reino Unido y aliados: 14.000 millones menos. ¿Qué contiene esa estrategia, en pocos términos?: crecimiento, empleo, educación, investigación, protección del medio ambiente; todo lo que una visión conservadora de la Unión considera secundario, exceptuado el mercado único.
La política de cohesión (ayuda a las regiones menos ricas) sube un poco con respecto a la propuesta de noviembre 2012 pero baja un 4 % con respecto a la propuesta de la Comisión.
La política agraria disminuye también un 4 % respecto de la propuesta de la Comisión pero aumenta en comparación con la propuesta de Van Rompuy de noviembre 2012.
Finalmente, la política exterior de la Unión, incluida la cooperación al desarrollo, baja nada menos que un 20 % en relación con la propuesta inicial de la Comisión.
Así pues, tanto el fuerte recorte global como los recortes sectoriales que éste conlleva, muestran que la óptica del interés general de la Unión, la única que los ciudadanos comprenden, sobre todo los que más están sufriendo los efectos de la crisis económica, ha salido derrotada en esta Cumbre. También el principio de solidaridad entre los Estados ha dado paso al egoísmo nacional de los contribuyentes netos. De seguir así, los ciudadanos acabarán por ver inútil la propia subsistencia de una Unión, cuyo máxima autoridad política sigue sin dar señales de asumir la necesidad imperiosa de aplicar políticas de crecimiento y de creación de empleo sólidas desde el punto de vista financiero.
En vez de reducirlo, aumentar el techo de gasto de la Unión, que tiene además garantías de ser administrado y controlado equitativamente por parte de dos poderes independientes de los Estados (la Comisión y el Parlamento) es la única garantía de eficacia y, a la larga, de la misma subsistencia de la Unión.
Las consecuencias de esta decisión son, a corto plazo, una disminución de la contribución de la Unión a la salida de la crisis y a medio plazo una pérdida de la influencia de Europa en el mundo globalizado. Ambos efectos van en sentido opuesto al interés general de la Unión, que no es otro que la consecución, este decenio, de los nobles objetivos políticos ya previamente fijados.
Toca ahora, en particular, al Parlamento europeo aceptar o rechazar estos recortes y las primeras declaraciones de los líderes de los grupos políticos de la eurocámara anuncian el rechazo. Toca ahora, a la Comisión y a los gobiernos nacionales, imaginar no sólo cómo gastar mejor sino, previamente, cómo invertir ya hoy para crecer antes. De ahí surgen dos acciones realistas absolutamente necesarias a corto y a medio plazo: para atajar la salida de la crisis económica, la adopción de un plan de choque europeo contra el desempleo basado sustancialmente en inversiones públicas y para atajar la salida de la crisis social, la implantación de un salario mínimo europeo.
Son medidas como éstas y no tanto la solución ultra rápida de las crisis bancarias y los recortes presupuestarios impuestos bajo amenaza las que confieren a la Unión su auténtico “valor añadido”.