A la cultura no hay derecho

Por: | 25 de marzo de 2013

JORGE FERNÁNDEZ LEÓN

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La inminente publicación de la segunda convocatoria de una nueva línea de ayudas iniciada el pasado año por la Secretaría de Estado de Cultura (SEC) es una oportunidad para traer de nuevo a esta conversación pública que es la red el debate en torno al papel de las políticas culturales del Estado. Y, de paso, para mencionar siquiera las obligaciones y compromisos de las instituciones públicas a la hora de garantizar la oportunidad de una vida cultural digna a la ciudadanía española.

En su primera convocatoria el pasado año 2012 la línea de colaboración entre el Estado y los municipios promovida desde la SEC abría tanto expectativas como quejas (expectativas por su voluntad de colaboración con los municipios, principalmente con los pequeños ayuntamientos y quejas tanto por la escasez de las ayudas (menos de dos millones distribuidos), como por los extraños resultados de la misma (una cuarta parte de las ayudas distribuidas a municipios como Granada, Valladolid, A Coruña o Santiago de Compostela, ni pequeños ni precisamente innovadores pero gobernados por el PP, casi tres quintas partes a municipios Populares con programas culturalmente conservadores, o un pellizco importante -un cuarto de millón de euros- para municipios gobernados por Coalición Canaria). En esta nueva convocatoria la cantidad global prevista mengua a la mitad. Un millón de euros para colaborar a la totalidad de la vida cultural local española, el equivalente a, por ejemplo, una ayuda importante para el rodaje de una película o al coste de producción de una exposición de fuste. Ahí está el compromiso. Y el límite.

La Constitución española de 1978 incorpora los derechos culturales como uno de los factores constitutivos del verdadero Estado democrático. Este marco legal se acentúa con la consideración por nuestro Tribunal Constitucional del Estado español como un Estado de Cultura. La legislación ha ido determinando los aspectos generales y sectoriales articuladores de la definición, defensa y promoción de la cultura como un valor esencial de la calidad democrática y un factor para su desarrollo. Municipios, Comunidades Autónomas y Gobiernos de España han realizado inversiones y creado servicios, dotado de recursos humanos y de equipamientos los distintos campos de acción para la facilitación de la investigación, la experimentación, la creación, el acceso, la difusión y el consumo cultural.

La cultura es un bien simbólico y también un producto con valor económico en el mercado. Nuevas prácticas culturales de creadores y comunidad, así como aceleradas transformaciones tecnológicas han provocado cambios radicales tanto en los nuevos mecanismos de producción, distribución y prácticas compartidas, como en el funcionamiento del negocio de la industria cultural y creativa.

Pero el peso de los intereses de esa economía ha llegado a influir tanto en los Gobiernos que cada día nos damos de bruces con decisiones que sitúan a la cultura únicamente como parte del negocio del entretenimiento, tanto en su faceta pública (y en el castigo consiguiente a usuarios y empresas como resultado del nuevo IVA) como en su defensa de los sectores más inmovilistas del mercado como reguladores de la vida cultural española.

Esta actitud está provocando que la crisis, en vez de permitir una reflexión pausada sobre los nuevos escenarios de las políticas, nos esté conduciendo irremisiblemente a una profunda regresión en el proceso de avances y consolidación de los derechos culturales. Los de los creadores pero también los de los ciudadanos que ya no pueden leer libros en sus bibliotecas, asistir a exposiciones o conciertos en sus museos y auditorios o participar en talleres, cursos o proyecciones, tras la cascada de recortes. A la cultura, al parecer, ya no hay derecho. Una responsabilidad que los Gobiernos no pueden sin más trasladar al debe de la gente. Ninguna buena noticia a la vista, y escasas voces políticas denunciando este escenario dantesco.

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