Las lecciones de Chipre

ENRIQUE AYALA

    Después de años en los que se conocía la situación insostenible del desproporcionado sector bancario chipriota, además de sus prácticas poco ortodoxas en cuanto al control del origen de los fondos, y cercanas a un paraíso fiscal, el 16 de marzo el Eurogrupo y la troika (FMI, BCE y Comisión Europea), dieron a luz una propuesta de rescate bancario para el país mediterráneo completamente descabellada, en la que se exigía la participación de los pequeños ahorradores mediante una quita de los depósitos bancarios incluidos los de menos de 100.000 euros, que están garantizados por la propia Unión Europea. Afortunadamente, el parlamento de Nicosia rechazó tamaña barbaridad y el asunto volvió a la mesa de negociación entre protestas de inocencia de todos los participantes.
     La justificación de la troika para exigir la participación en el rescate de accionistas, bonistas y depositantes de los  bancos afectados - algo que no se ha requerido en los rescates bancarios de Irlanda o España - es que no deben ser los contribuyentes los que paguen los platos rotos, sino los que han originado el problema. Este es un argumento demagógico y espurio porque ni en ningún caso los depositantes pueden ser considerados causantes del problema, ni son los contribuyentes chipriotas los que van a poner el dinero del rescate, sino los demás socios comunitarios, en una cantidad mucho menor que en los otros casos citados y , además, recuperable en su totalidad en condiciones normales. Lo que esconde esta nueva línea de acción es la creciente insolidaridad comunitaria y la necesidad para algunos gobiernos europeos de presentar ante sus electores una posición de dureza.
     Es inevitable pensar que una vez más han prevalecido ciertos intereses nacionales, especialmente los de los países acreedores. En Alemania, los medios sensacionalistas, cuya eurofobia empieza a ser verdaderamente preocupante, han presentado el rescate a Chipre como un mal negocio en el que los honrados y trabajadores alemanes tendrían que salvar con su dinero los fondos de dudoso origen de ciertos oligarcas rusos que habían recibido el triple de intereses por sus depósitos que los propios alemanes y habían pagado una tercera parte de sus impuestos. El efecto de este enfoque sobre una opinión pública, ya fatigada por rescates anteriores, es demoledor, y no ha podido ser obviado por  Merkel a seis meses de las elecciones generales, especialmente teniendo en cuenta que el rescate tiene que pasar por el Bundestag donde la canciller puede encontrarse con dificultades en su coalición, e incluso en el seno de su propio partido. Solo unas condiciones severas, y sobre todo que perjudicaran de alguna manera a los impositores rusos, podían salvar la cara al gobierno alemán.

 

La incidencia distributiva del gasto público en educación y en sanidad en España

JORGE CALERO Y MARÍA GIL IZQUIERDO

¿Quiénes se benefician de la sanidad y la educación en España? ¿Cuál es la importancia de estas políticas si las enmarcamos en el estado de bienestar? ¿Cumplen objetivos de equidad y garantizan el acceso en igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos? Responder a éstas y otras preguntas constituye el objetivo del capítulo dedicado a la educación y la sanidad del Primer Informe sobre la Desigualdad en España, en el ámbito temporal justo anterior al comienzo de la crisis.

Cuando un ciudadano accede a la red pública de servicios sanitarios o educativos, está dejando de asumir un gasto en su presupuesto familiar que es sufragado total o parcialmente por el Estado, e incluso puede recibir transferencias monetarias por ello. Las cantidades de presupuesto público destinadas a dichos servicios y la forma en que se articula el acceso a éstos, determinarán en gran medida la capacidad que tienen estas dos políticas de corregir las posibles desigualdades sociales que se producirían de no existir una cobertura pública en estos ámbitos. Un ejemplo: si un estudiante que procede de un hogar cuyos ingresos son escasos accede a una universidad pública (en la que el coste asumido por sus estudiantes es muy inferior al coste real del servicio académico), y además se beneficia de una beca de ayuda al estudio, la política educativa estará cumpliendo sus objetivos de corrección de la inicial desigualdad de rentas de este estudiante y su familia, así como de igualdad de oportunidades.

Si el planteamiento anterior se aplica al gasto sanitario, los resultados de nuestro análisis concluyen que éste beneficia a los grupos más desfavorecidos de la sociedad, de forma considerable a las clases medias, mientras que los colectivos de rentas más altas desvían de forma notable su consumo hacia la provisión privada. Además, el gasto sanitario consigue que sus beneficiarios vean mejorar su posición relativa, en relación a una situación en la que no existiera una cobertura pública de la sanidad. Los gastos en atención primaria y farmacéuticos son los que tienen un mayor impacto. Todo ello apoya el argumento de equidad tradicionalmente atribuido a la política sanitaria como uno de los ejes principales del estado del bienestar.

Por lo que respecta al análisis aplicado al gasto educativo, éste afecta en mayor medida a quienes más lo necesitan, aunque su efecto es ligeramente menor al detectado en el caso sanitario. Esto se debe, en buena medida, al efecto de la financiación pública de los centros educativos concertados, a la financiación del nivel educativo superior y al gasto directo en becas.

Si los resultados obtenidos se ponen en el marco general de las políticas públicas en el conjunto del estado del bienestar español, se constata la gran capacidad que tanto el sistema sanitario como el educativo han tenido en términos de corrección de las desigualdades en época de bonanza económica. Y ello se debe, en muy buena medida, a las tendencias hacia la universalización de estos servicios durante las décadas previas. En el caso de la sanidad, la Ley General de Sanidad de 1986 y la consecuente construcción de un Sistema Nacional de Salud supuso un hito en cuanto a la extensión y la intensidad de los servicios sanitarios en España. En el terreno educativo la expansión de los servicios arranca del final del periodo del franquismo: la Ley General de Educación de 1970 inicia un proceso que cobra una mayor dimensión con la Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE), de 1990. La prolongación, con ambas leyes, del periodo de escolarización obligatoria se ha combinado, en las últimas décadas, con la democratización del acceso a la educación secundaria postobligatoria y a la educación superior.

Sin embargo, la tendencia a la universalización que hemos señalado ha empezado a revertirse a partir de 2011 como consecuencia de la crisis fiscal y de la aplicación de políticas restrictivas por parte de la administración central y de algunas administraciones autonómicas. Tanto en sanidad como en educación encontramos reformas, al menos en cinco direcciones, que reducen la universalidad en la provisión de los servicios. Estas direcciones son las siguientes: i) restricción en las carteras de servicios ofertados; ii) restricción en la población potencialmente receptora de los servicios (es el caso, por ejemplo, de los inmigrantes irregulares en el caso de la sanidad); iii) restricción en las ayudas complementarias que llegan directamente a los hogares (becas de comedor, por ejemplo, en el caso de la educación); iv) reducción del gasto en personal, que se traduce en plantillas más reducidas y peor pagadas y, a su vez, en eventuales caídas de la calidad del servicio; y v) introducción de copago en diferentes componentes del servicio. En el caso de la educación, adicionalmente, el Anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) contempla la reducción del nivel de comprensividad del sistema por medio de la anticipación de los itinerarios en la Educación Secundaria Obligatoria.

Por tanto, si replicáramos el análisis que se expone en el capítulo tras varios años de aplicación de estas reformas, nos encontraríamos, probablemente, con resultados significativamente diferentes a los que se han obtenido en este estudio. Quisiéramos llamar la atención, aunque desde luego la advertencia viene siendo repetida en numerosos foros, sobre que el paquete de reformas y recortes en la provisión y financiación de los servicios del estado del bienestar está teniendo serias implicaciones en el estado del bienestar español, un estado del bienestar que, de hecho, estaba empezando a consolidarse a finales de la década de 2000.

A la cultura no hay derecho

JORGE FERNÁNDEZ LEÓN

La inminente publicación de la segunda convocatoria de una nueva línea de ayudas iniciada el pasado año por la Secretaría de Estado de Cultura (SEC) es una oportunidad para traer de nuevo a esta conversación pública que es la red el debate en torno al papel de las políticas culturales del Estado. Y, de paso, para mencionar siquiera las obligaciones y compromisos de las instituciones públicas a la hora de garantizar la oportunidad de una vida cultural digna a la ciudadanía española.

En su primera convocatoria el pasado año 2012 la línea de colaboración entre el Estado y los municipios promovida desde la SEC abría tanto expectativas como quejas (expectativas por su voluntad de colaboración con los municipios, principalmente con los pequeños ayuntamientos y quejas tanto por la escasez de las ayudas (menos de dos millones distribuidos), como por los extraños resultados de la misma (una cuarta parte de las ayudas distribuidas a municipios como Granada, Valladolid, A Coruña o Santiago de Compostela, ni pequeños ni precisamente innovadores pero gobernados por el PP, casi tres quintas partes a municipios Populares con programas culturalmente conservadores, o un pellizco importante -un cuarto de millón de euros- para municipios gobernados por Coalición Canaria). En esta nueva convocatoria la cantidad global prevista mengua a la mitad. Un millón de euros para colaborar a la totalidad de la vida cultural local española, el equivalente a, por ejemplo, una ayuda importante para el rodaje de una película o al coste de producción de una exposición de fuste. Ahí está el compromiso. Y el límite.

La Constitución española de 1978 incorpora los derechos culturales como uno de los factores constitutivos del verdadero Estado democrático. Este marco legal se acentúa con la consideración por nuestro Tribunal Constitucional del Estado español como un Estado de Cultura. La legislación ha ido determinando los aspectos generales y sectoriales articuladores de la definición, defensa y promoción de la cultura como un valor esencial de la calidad democrática y un factor para su desarrollo. Municipios, Comunidades Autónomas y Gobiernos de España han realizado inversiones y creado servicios, dotado de recursos humanos y de equipamientos los distintos campos de acción para la facilitación de la investigación, la experimentación, la creación, el acceso, la difusión y el consumo cultural.

La cultura es un bien simbólico y también un producto con valor económico en el mercado. Nuevas prácticas culturales de creadores y comunidad, así como aceleradas transformaciones tecnológicas han provocado cambios radicales tanto en los nuevos mecanismos de producción, distribución y prácticas compartidas, como en el funcionamiento del negocio de la industria cultural y creativa.

Pero el peso de los intereses de esa economía ha llegado a influir tanto en los Gobiernos que cada día nos damos de bruces con decisiones que sitúan a la cultura únicamente como parte del negocio del entretenimiento, tanto en su faceta pública (y en el castigo consiguiente a usuarios y empresas como resultado del nuevo IVA) como en su defensa de los sectores más inmovilistas del mercado como reguladores de la vida cultural española.

Esta actitud está provocando que la crisis, en vez de permitir una reflexión pausada sobre los nuevos escenarios de las políticas, nos esté conduciendo irremisiblemente a una profunda regresión en el proceso de avances y consolidación de los derechos culturales. Los de los creadores pero también los de los ciudadanos que ya no pueden leer libros en sus bibliotecas, asistir a exposiciones o conciertos en sus museos y auditorios o participar en talleres, cursos o proyecciones, tras la cascada de recortes. A la cultura, al parecer, ya no hay derecho. Una responsabilidad que los Gobiernos no pueden sin más trasladar al debe de la gente. Ninguna buena noticia a la vista, y escasas voces políticas denunciando este escenario dantesco.

30 propuestas para acabar con la crisis europea

VICENTE PALACIO

La UE no pasa por su mejor momento, y el reciente caso del rescate a Chipre lo ha agravado aún más. Pero por difícil que sea la situación actual, existe un margen de maniobra. Como culminación del Informe sobre el Estado de la Unión 2012, desde Alternativas queremos ofrecer una serie de recomendaciones generales, estructuradas en torno a las grandes prioridades políticas que la Unión tiene que abordar: la salida de la crisis, la integración económica, el modelo social europeo, la UE como actor global, la profundización en la participación ciudadana y la democracia, y la reforma (constitucional) de la arquitectura institucional, a través de una revisión de los Tratados.

El ritmo de obtención de tales objetivos vendrá condicionado por la coyuntura política y económica, el resultado de las elecciones europeas, la voluntad política de los Gobiernos, o el impulso de los ciudadanos. Pero entendemos que se trata de transformaciones necesarias en el proyecto europeo, si se quiere que éste avance y se fortalezca.

Este es el resumen de nuestras 30 propuestas, que abrimos al debate con los lectores y analistas:

1. La política económica de la Unión ha de girar nítidamente hacia el crecimiento y la creación de empleo, después del fracaso de la política de austeridad y recorte presupuestario a secas. En esta dirección, es urgente que se adopten medidas de reactivación económica.

2. Adoptar las metas de reducción del déficit al 3% establecidas por el Consejo Europeo deben ser retrasadas al menos a 2016.

3. La financiación de la política de crecimiento no puede descansar ya en más endeudamiento neto, sino en el aumento de los impuestos progresivos a las rentas más altas, la imposición sobre las transacciones financieras (como impuesto europeo) y una acción más decidida del Banco Europeo de Inversiones.

4. La competitividad, siguiendo las líneas marcadas por la Estrategia 2020, cuyos objetivos hay que resucitar, en especial la inversión en I+D+i y educación. La competitividad no puede identificarse con ajustes de plantilla, sino con innovación tecnológica y formación.

5. El BCE debe incluir entre sus cometidos la exigencia a las entidades financieras del suministro de crédito suficiente a la economía y, particularmente, a las pequeñas y medianas empresas.

Respeto a la integración económica europea:
6. En 2013 hay que dar pasos definitivos para la unión bancaria, la unión fiscal y la unión económica, superando el deficiente diseño de la Unión Económica y Monetaria, que está hoy limitada a la posesión de una moneda común en 17 países.

7. La unión bancaria es un paso fundamental para la unión económica. Debe completarse lo antes posible, incluyendo un mecanismo de liquidación único, un fondo común de garantía de depósitos y la supervisión de todas las entidades bajo el control del BCE. Las actas de gobierno de esta institución deben ser públicas.

El BCE debe, a medio plazo, añadir a los objetivos de inflación y estabilidad financiera (ya previstos en los Tratados) los de reactivación económica y crecimiento, lo que requiere una reforma de sus Estatutos.

8. La Unión deberá promover y coordinar la prohibición total a sus Estados miembros y empresas de operar con paraísos fiscales e, igualmente, el control de los movimientos especulativos.

9. La unión fiscal no puede limitarse a un simple control y supervisión ex ante de los presupuestos nacionales, sino avanzar decididamente en la armonización tributaria (en particular, del impuesto de sociedades y de rendimiento del capital) para evitar el dumping fiscal.

10. La Unión necesita un Tesoro europeo y un Ministro de Economía que forme parte de la Comisión, con rango de Vicepresidente.

11. El Presupuesto comunitario ha de basarse progresivamente en impuestos europeos y debe posibilitar que se puedan cumplir las funciones que a la UE le atribuyen los Tratados.

En la Unión Económica y Monetaria debería crearse un instrumento fiscal para la política de convergencia real y de cohesión. Ese instrumento fiscal estaría financiado, al menos, con el Impuesto de Transacciones Financieras.

El desempleo de jóvenes, mujeres e inmigrantes en España

CARLOS GRADÍN Y CORAL DEL RÍO

La sociedad española experimentó, a lo largo de la primera década del siglo XXI, profundas transformaciones que afectaron a su mercado laboral y que alteraron algunos de los parámetros que la habían venido caracterizando desde décadas pasadas. Así, a principios de la década de los años noventa España era un país con escasa presencia de población extranjera; con la tasa de desempleo más elevada de la UE; con una importante brecha de participación laboral femenina en relación a la masculina (siguiendo así un patrón común en el modelo social de los países del sur de Europa); y con una juventud en gran medida aislada del mercado de trabajo. Sin embargo, a mediados de dicha década se inició un prolongado período económicamente expansivo que no sólo elevó los niveles de renta de la sociedad sino que, a su vez, propició transformaciones estructurales de gran calado que contribuyeron a intensificar dicho crecimiento.

Entre los fenómenos más relevantes cabe destacar la intensa inmigración económica acontecida a partir de entonces, sin precedentes en nuestra historia moderna, que ha situado a España entre los países con un mayor porcentaje de población extranjera. Esta integración se produce en el contexto de unas políticas de inmigración que se mostraron poco eficaces a la hora de ordenar dichos flujos y garantizar su plena inclusión laboral y social. En los años de expansión económica su integración en el mercado de trabajo se caracterizó por alcanzar elevadas tasas de participación, aunque también por presentar mayores tasas de desempleo que la población nativa, siendo ambos hechos en gran parte consecuencia del constante flujo de entrada de nuevos inmigrantes. Esta inserción, sin embargo, se produjo con un alto grado de precariedad dada la elevada temporalidad y especialización sectorial, la sobre-representación en ocupaciones de baja cualificación (con un persistente problema de sobre-cualificación), la escasa movilidad ocupacional y, como consecuencia de todo ello, la elevada presencia en empleos con bajos salarios. Pese a ello, los y las inmigrantes fueron capaces de mejorar sus condiciones de vida, llevando a cabo importantes procesos de reagrupación familiar y/o generando un importante flujo de remesas para ayudar a sus familias en sus países de origen.

Por otro lado, la incorporación decidida de las mujeres españolas al mercado laboral logró reducir las elevadas brechas de género que históricamente han caracterizado a nuestro mercado laboral, tanto en materia de participación como de empleo. Sin embargo, la persistencia de un desigual reparto de las tareas domésticas y de cuidado de personas dependientes entre hombres y mujeres nos mantiene alejados de los modelos más igualitarios de nuestro entorno. Igualmente, los jóvenes conforman tradicionalmente un tercer grupo caracterizado por presentar un elevado riesgo de exclusión del mercado de trabajo, en este caso porque pese a su creciente nivel de formación, en comparación con otros grupos, carecen de experiencia laboral. Durante el período de expansión económica un porcentaje importante de jóvenes se incorporó al mercado de trabajo en aquellos sectores de mayor crecimiento (como la construcción y algunos servicios) abandonando, en consecuencia, su formación educativa.

Es de destacar que la incorporación masiva de mujeres y jóvenes e inmigrantes de ambos sexos, se produjo en un mercado de trabajo fuertemente segmentado, tanto en las ocupaciones como en las características de los empleos a los que estos colectivos han tenido acceso, situándolos en una posición especialmente vulnerable ante cambios en el ciclo económico.

La irrupción de la crisis produjo una explosión del desempleo especialmente visible entre la población inmigrante y que ha tenido un mayor impacto entre los varones, los que trabajaban en el sector de la construcción y, en general, entre los que poseen bajos niveles de cualificación. La crisis y las crecientes limitaciones de nuestro sistema de protección social han situado a este colectivo entre los de mayor riesgo de exclusión social. Igualmente, el estallido de la crisis ha expulsado masivamente a los jóvenes del mercado de trabajo elevando sus niveles de desempleo e inactividad, contribuyendo a una incipiente emigración cualificada, y a la conformación de un grupo con un especial riesgo de exclusión, lo conocidos como jóvenes ni-ni que ni están adquiriendo experiencia laboral, ni están mejorando su formación. La evidencia empírica muestra que la prolongada exposición al desempleo en la juventud genera efectos negativos perdurables en el futuro. También cabe destacar que pese a que en sus inicios la crisis golpeó con mayor dureza el empleo en sectores de menor participación femenina, es también previsible un profundo deterioro. Esto se debe a la extensión del desempleo por todas las ramas de la economía debido a la persistencia de la depresión económica y financiera, así como a su devastador efecto sobre la provisión de servicios públicos esenciales y el sistema de prestaciones sociales, con mayor impacto sobre las mujeres precisamente como consecuencia de su papel de cuidadoras y la consecuente intermitencia de su inserción laboral. Es evidente que es impensable un avance en la cohesión social en España durante los próximos años sin revertir de manera decidida la regresión en la inserción laboral de estos tres colectivos.

Desahucios: La Unión Europea existe

DIEGO LÓPEZ GARRIDO

Los afectados y toda la sociedad civil se ha movilizado, frente a un Gobierno paralizado y temeroso ante la banca. Un marroquí llamado Mohamed ha recurrido. Un abogado ha sido lúcido. Un juez ha sido sensible. Faltaba una pieza: Europa. Y Europa, a través de su más alto Tribunal, ha respondido. La Unión ha defendido los derechos de un ciudadano marroquí-europeo frente a una legislación española polvorienta, baluarte del uso y abuso romano de la sacrosanta propiedad.

Algunos acaban de  descubrir que la Comisión Europea no es sólo para los mercados, sino también para la gente. La Carta de los Derechos Fundamentales que se aprobó en la Convención, y que incorporó literalmente el Tratado de Lisboa, dice en su artículo 38 que la Unión “garantizará un nivel elevado de protección de los consumidores”. Eso es lo que venía haciendo desde 1995 la Directiva 93/13, que ha aplicado el Tribunal de Luxemburgo al caso español.

Conviene recordar que los derechos de la Carta lo son, no sólo de los ciudadanos europeos, sino también de los extranjeros no europeos que viven y trabajan en Europa, como Mohamed Aziz. Por cierto, aquellos a los que el Gobierno Aznar despojó de sus derechos fundamentales, que les restituyó años después el Tribunal Constitucional.

Los desahuciados españoles, y todos los ciudadanos, van a tener a partir de ahora medidas para combatir cláusulas abusivas de sus contratos privados, según la Directiva. Eso será posible gracias a que el derecho de la Unión Europea está jerárquicamente por encima del derecho español y lo puede derogar. Es lo que ya ha hecho con el artículo 698 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que ha perdido su vigencia.

Además, la ley europea es directamente invocable ante los tribunales españoles, que son en realidad auténticos tribunales europeos. Si se denuncian cláusulas abusivas en un contrato, los jueces podrán suspender los desahucios (hay cerca de 200.000 en marcha a día de hoy).

No sólo vienen malas noticias desde Europa. En nuestro continente democrático todo depende de cómo voten los ciudadanos. Si votan a favor de los derechos humanos, como la vivienda, tendremos esos derechos.

Los europeístas estamos muy contentos. Para los euroescépticos –de derecha o de izquierda, que también los hay-, es toda una lección la sentencia histórica del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

La socialdemocracia en las próximas elecciones europeas

IGNACIO URQUIZU

Aún queda un año para las elecciones al Parlamento Europeo, pero en breve todas las organizaciones políticas pondrán en marcha sus maquinarias para enfrentarse a ellas. Estos comicios son importantes por varias razones, aunque me voy a centrar en una: ¿qué futuro le espera a la izquierda?
En las anteriores elecciones de 2009 fue cuando comenzó a hablarse de la supuesta crisis de la socialdemocracia. Entonces no sólo el Partido Popular Europeo logró una ventaja electoral respecto al Partido Socialista Europeo de 14 puntos porcentuales y de 81 escaños, la mayor diferencia conseguida por un grupo parlamentario en esta cámara. Además, la inmensa mayoría de los gobiernos progresistas fueron derrotados en la urnas, algo que no sucedió con los conservadores. 
Pero, ¿qué explica estos resultados? ¿Son los europeos tan conservadores que es difícil una victoria de la izquierda? El Gráfico 1 muestra la evolución ideológica de los europeos entre 1978 y 2007. Podemos ver que hasta finales de los 80 había una abrumadora mayoría social conservadora. Esto no impidió que el grupo socialista fuera mayoritario en el Parlamento Europeo hasta 1999, aunque las formaciones de derechas en su conjunto sumaban más eurodiputados.
Con la incorporación de los países del sur de Europa y parte de los países nórdicos, el porcentaje de ciudadanos conservadores fue disminuyendo, mientras que los progresistas se mantenían constantes. Además, los votantes de centro también aumentaron. De hecho, en estos momentos hay un triple empate entre los tres grupos ideológicos, lo que arroja más incertidumbre a los resultados.

Gráfico 1. Ideología de los europeos (1978-2007)

Fuente: Eurobarómetros

No obstante, no podemos olvidar que parte de los resultados electorales del Parlamento Europeo se explica por la situación interna de cada país. Es decir, la política nacional influye de forma notable en el comportamiento electoral de las elecciones europeas. Además, como elecciones de segundo orden, se suelen utilizar para lanzar “avisos” o señales a los gobiernos.
En estos momentos, sólo 6 ejecutivos en la UE pueden ser ubicados en la izquierda, cuando en 2009 eran 9. Si los ciudadanos siguen castigando a los partidos del poder por la evolución de la crisis económica, no podemos descartar un avance de la izquierda respecto de las elecciones europeas de hace 5 años.
Pero al margen de cuestiones electorales, seguramente el mayor reto que tiene por delante la socialdemocracia es elaborar un proyecto político común. Las divisiones entre norte y sur son evidentes. Mientras que los socialistas del centro y del norte de Europa esperan reformas estructurales y una mayor responsabilidad en las cuentas públicas en los países mediterráneos, los socialdemócratas del sur reclaman una política económica más expansiva a sus socios del norte. No son grupos homogéneos y monolíticos, desde luego, y tanto en el norte como en el sur hay “disidentes” que creen que sus compañeros geográficos no tienen toda la razón. Seguramente, ambas posiciones están en lo cierto y el futuro de la socialdemocracia europea debe conjugar las dos perspectivas: tan necesarias son las reformas en los países del sur, como elaborar una política económica más allá de la austeridad por parte de aquellos que tienen ahora mismo excedente de capital.

Recordamos que mañana viernes 15 a las 12:00 se presentará el 1er Informe sobre la Desigualdad en España al público en el CES (Calle Las Huertas 73) a las 12.00 horas

Una Europa sin ciudadanos

MIGUEL SÁNCHEZ

Ayer en este periódico ,José Ignacio Torreblanca, reflexionaba sobre la situación europea y la creciente pérdida de confianza por parte de los europeos en las instituciones de la UE. En el mismo sentido, en un artículo en el New York Times el periodista Oliver Guez se preguntaba sobre el futuro de Europa y  sobre la necesidad de construir mayores vínculos entre europeos.

La crisis devastadora y la soluciones emprendidas para paliarla, centrándose en políticas de austeridad, ha propiciado una visión muy negativa de la Unión Europea por parte de los ciudadanos. En el último Eurobarómetro, el 30% de los ciudadanos europeos tienen una imagen totalmente negativa de la UE y la imagen totalmente positiva  ha caído hasta 10 puntos en el último año.

Eurobarometro 78 oleada. Diciembre de 2012

La Unión Europea es concebida hoy por sus propios ciudadanos como una unión en donde priman intereses económicos y políticos que a su vez dificultan el desarrollo de las economías nacionales y destruyen el tejido social de bienestar levantando sospechas entre los mismos países socios y sus ciudadanos. Esta pérdida de confianza en un imaginario común,  junto con posiciones implantadas en el  miedo ante la actual situación,  está dando lugar a tendencias de reclusión y vuelta a una posición de defensa nacionalista en algunos países, que se contraponen a los valores de solidaridad y al valor que aporta la riqueza de una diversidad compartida en los que se basó la idea primigenia de Europa.

Venezuela después de Chávez

RAFAEL ESTRELLA.Embajador de España

Cinco meses después de una resonante victoria electoral, el Presidente Hugo Chávez ha perdido la batalla por la vida tras una enfermedad larga y dolorosa. En los últimos meses, han sido los responsables políticos quienes han informado, ocasionalmente, más de su estado anímico que de su salud. La ausencia de informes médicos que precisaran la naturaleza y gravedad de su enfermedad favoreció todo tipo de especulaciones, que han servido a las autoridades venezolanas bien para identificar y señalar al enemigo interior, bien para sugerir una reaparición quasi milagrosa de un Chávez recuperado.

La singular personalidad de Chávez, la exuberancia de sus gestos y de sus actos contribuyen a simplificar y polarizar las valoraciones y juicios sobre las luces y sombras de su papel como dirigente político. Pero la muerte de Hugo Chávez trae a primer plano la realidad, plagada de incógnitas, a que se enfrenta hoy Venezuela: en primer lugar, sobre la viabilidad de un chavismo sin Chávez, la capacidad de los herederos de mantener la cohesión como él lo hacía y de generar un liderazgo indiscutido a partir de la invocación de la memoria del Comandante y de su declaración de heredero en la figura de Maduro; en segundo lugar, sobre la capacidad de afrontar y dar respuestas a problemas que ponen cada vez más de manifiesto la debilidad del modelo y la ineficacia en la gestión de la economía, como la inflación galopante, el desabastecimiento, la demanda de dólares, el cierre de empresas o la grave inseguridad, con tasas de violencia que están entre la más altas del mundo;  finalmente, la incógnita sobre las consecuencias geopolíticas de la desaparición de Chávez sobre la corriente no orgánica de pensamiento, vertebrada por complicidades y simpatías, que él impulsaba y representaba en la región. Otros -Rafael Correa, Cristina Fernández- podrán ocupar en parte el papel que Chávez jugaba en la escena latinoamericana, pero ellos no eran lo mismo que Chávez y, sin él, es dudoso que dediquen su tiempo y su crédito político a ejercer plenamente ese papel con el que tan a gusto se sentía el caudillo venezolano.

¿Centralizar o descentralizar? El dilema interesado del Partido Popular

BRAULIO GÓMEZ, LAURA CABEZA y SONIA ALONSO

Mariano Rajoy Brey resaltaba en su cuenta personal de Twitter una de tantas frases que pasaron desapercibidas durante el Debate del Estado de la Nación: “No tenemos ninguna intención de recentralizar nada: creo en el Estado de las Autonomías y en la mejora de sus disfunciones”. Y si no tiene intención de recentralizar nada, ¿por qué el Partido Popular se presentó a las pasadas elecciones vascas y catalanas con unos programas electorales que defendían abiertamente postulados centralizadores al mismo tiempo que un nacionalismo estatal unitario? ¿Por qué defiende el PP en Cataluña y el País Vasco un modelo territorial diferente del que plantea en la Comunidad Valenciana o en Galicia? La respuesta es simple: por estrategia electoral. Diferentes territorios, diferentes estrategias. Algo lógico en un estado políticamente descentralizado y heterogéneo como España. Aunque tradicionalmente los medios de comunicación han preferido concentrar su atención en la incapacidad del PSOE para mantener una única posición ante el debate territorial, lo cierto es que el PP es más incoherente e inconsistente que el PSOE, como hemos demostrado recientemente en el Zoom Nº 15 de la Fundación Alternativas analizando sus programas electorales en las últimas elecciones autonómicas celebradas entre 2011 y 2012.