La incidencia distributiva del gasto público en educación y en sanidad en España

JORGE CALERO Y MARÍA GIL IZQUIERDO

¿Quiénes se benefician de la sanidad y la educación en España? ¿Cuál es la importancia de estas políticas si las enmarcamos en el estado de bienestar? ¿Cumplen objetivos de equidad y garantizan el acceso en igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos? Responder a éstas y otras preguntas constituye el objetivo del capítulo dedicado a la educación y la sanidad del Primer Informe sobre la Desigualdad en España, en el ámbito temporal justo anterior al comienzo de la crisis.

Cuando un ciudadano accede a la red pública de servicios sanitarios o educativos, está dejando de asumir un gasto en su presupuesto familiar que es sufragado total o parcialmente por el Estado, e incluso puede recibir transferencias monetarias por ello. Las cantidades de presupuesto público destinadas a dichos servicios y la forma en que se articula el acceso a éstos, determinarán en gran medida la capacidad que tienen estas dos políticas de corregir las posibles desigualdades sociales que se producirían de no existir una cobertura pública en estos ámbitos. Un ejemplo: si un estudiante que procede de un hogar cuyos ingresos son escasos accede a una universidad pública (en la que el coste asumido por sus estudiantes es muy inferior al coste real del servicio académico), y además se beneficia de una beca de ayuda al estudio, la política educativa estará cumpliendo sus objetivos de corrección de la inicial desigualdad de rentas de este estudiante y su familia, así como de igualdad de oportunidades.

Si el planteamiento anterior se aplica al gasto sanitario, los resultados de nuestro análisis concluyen que éste beneficia a los grupos más desfavorecidos de la sociedad, de forma considerable a las clases medias, mientras que los colectivos de rentas más altas desvían de forma notable su consumo hacia la provisión privada. Además, el gasto sanitario consigue que sus beneficiarios vean mejorar su posición relativa, en relación a una situación en la que no existiera una cobertura pública de la sanidad. Los gastos en atención primaria y farmacéuticos son los que tienen un mayor impacto. Todo ello apoya el argumento de equidad tradicionalmente atribuido a la política sanitaria como uno de los ejes principales del estado del bienestar.

Por lo que respecta al análisis aplicado al gasto educativo, éste afecta en mayor medida a quienes más lo necesitan, aunque su efecto es ligeramente menor al detectado en el caso sanitario. Esto se debe, en buena medida, al efecto de la financiación pública de los centros educativos concertados, a la financiación del nivel educativo superior y al gasto directo en becas.

Si los resultados obtenidos se ponen en el marco general de las políticas públicas en el conjunto del estado del bienestar español, se constata la gran capacidad que tanto el sistema sanitario como el educativo han tenido en términos de corrección de las desigualdades en época de bonanza económica. Y ello se debe, en muy buena medida, a las tendencias hacia la universalización de estos servicios durante las décadas previas. En el caso de la sanidad, la Ley General de Sanidad de 1986 y la consecuente construcción de un Sistema Nacional de Salud supuso un hito en cuanto a la extensión y la intensidad de los servicios sanitarios en España. En el terreno educativo la expansión de los servicios arranca del final del periodo del franquismo: la Ley General de Educación de 1970 inicia un proceso que cobra una mayor dimensión con la Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE), de 1990. La prolongación, con ambas leyes, del periodo de escolarización obligatoria se ha combinado, en las últimas décadas, con la democratización del acceso a la educación secundaria postobligatoria y a la educación superior.

Sin embargo, la tendencia a la universalización que hemos señalado ha empezado a revertirse a partir de 2011 como consecuencia de la crisis fiscal y de la aplicación de políticas restrictivas por parte de la administración central y de algunas administraciones autonómicas. Tanto en sanidad como en educación encontramos reformas, al menos en cinco direcciones, que reducen la universalidad en la provisión de los servicios. Estas direcciones son las siguientes: i) restricción en las carteras de servicios ofertados; ii) restricción en la población potencialmente receptora de los servicios (es el caso, por ejemplo, de los inmigrantes irregulares en el caso de la sanidad); iii) restricción en las ayudas complementarias que llegan directamente a los hogares (becas de comedor, por ejemplo, en el caso de la educación); iv) reducción del gasto en personal, que se traduce en plantillas más reducidas y peor pagadas y, a su vez, en eventuales caídas de la calidad del servicio; y v) introducción de copago en diferentes componentes del servicio. En el caso de la educación, adicionalmente, el Anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) contempla la reducción del nivel de comprensividad del sistema por medio de la anticipación de los itinerarios en la Educación Secundaria Obligatoria.

Por tanto, si replicáramos el análisis que se expone en el capítulo tras varios años de aplicación de estas reformas, nos encontraríamos, probablemente, con resultados significativamente diferentes a los que se han obtenido en este estudio. Quisiéramos llamar la atención, aunque desde luego la advertencia viene siendo repetida en numerosos foros, sobre que el paquete de reformas y recortes en la provisión y financiación de los servicios del estado del bienestar está teniendo serias implicaciones en el estado del bienestar español, un estado del bienestar que, de hecho, estaba empezando a consolidarse a finales de la década de 2000.

Comments

[Publicado por: Juliana Luisa]

El actual sistema económico olvida la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Constitución.
Con frecuencia se olvida que el actual sistema económico dos de las instituciones que gobiernan el sistema son el FMI y la OMC (Organización Mundial de Comercio); como es natural todas esas instituciones trabajan en íntima relación. La austeridad presupuestaria impuesta (hay otras formas de resolver el problema planteado por la banca) tiende una alfombra roja a la OMC, Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios. Las grandes empresas llevaban mucho tiempo presionando para que ese Acuerdo les permitiera privatizar todos los servicios públicos.
Desde mi punto de vista, se necesita, es urgente, empezar a modificar ese sistema económico, que, ademas, ha convertido a la democracia en un sistema feudal, en una oligarquía. Y como ya no existe democracia, son los ciudadanos los depositarios, sobre los que recae la obligación de restituirla. Lo demás es hablar por hablar, como entretenimiento.
Un saludo

[Publicado por: ANTONIO LARROSA]

De seguir por este camino , ya solo podrán tener un buen servicio médico y cultura los ricos, lod pobres tendremos que conformarnos con vivir de las basuras que ellos nos tiren.

http://www.antoniolarrosa.com