Una situación sanitaria cada vez más crítica

Por: | 03 de abril de 2013

JAVIER REY DEL CASTILLO

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Si  hay una palabra que puede definir la situación actual del sistema sanitario español esa palabra es incertidumbre.
No sólo son los efectos derivados del Decreto-Ley 16/2012, que han reducido drásticamente en términos económicos el consumo farmacéutico ambulatorio, con efectos sanitarios, pero también sobre la viabilidad del actual modelo de oficinas de farmacia,  todavía por dilucidar. En relación con la misma norma,  la ruptura de la cobertura sanitaria universal, por exclusión de la población inmigrante irregular, pero también la española de mayor nivel de renta, con la consolidación simultánea de sistemas de protección exclusivos para determinados grupos de población, ha abierto la puerta a la ampliación de esa ruptura mediante sistemas de protección desigual.
MUFACE, cuyo sistema de cobertura a través de aseguradoras privadas se está extendiendo de manera artificial en detrimento del Sistema Nacional de Salud (los beneficiarios no titulares de MUFACE han crecido en 2012 un 7%, rompiendo una tendencia de sentido contrario de más de veinte años) es el mejor ejemplo de esos sistemas de protección exclusivos para determinados grupos de población, cuya extensión beneficia la facturación de las aseguradoras privadas que prestan la atención en esos sistemas. Esa extensión es consecuencia sobre todo de decisiones arbitrarias recientes tomadas de acuerdo con el INSS por quienes rigen MUFACE que, sin ningún control ni información general, están facilitando la transformación de titulares del SNS en beneficiarios de la Mutualidad. Por su parte, las compañías privadas compensan de esa manera la limitación del valor de las primas que reciben de la Mutualidad en medio de la actual crisis económica. Las mismas aseguradoras y cadenas de hospitales privadas, agrupadas en el Instituto de Desarrollo e Innovación Sanitaria (IDIS), siguen a su vez presionando con informes, campañas publicitarias y recogidas de firmas, por la desgravación fiscal de las aportaciones por acogerse a un seguro privado, un sistema cuya aplicación y plazos parecen todavía por concretar, en todo caso coherentes con los planteamientos del artículo primero del Decreto-Ley 16/2012. 
En ese contexto general, las medidas adoptadas en términos de copagos añadidos (euro por receta) en Cataluña y Madrid, aunque suspendidas temporalmente por el recurso del Gobierno ante el Tribunal Constitucional, a los que, con una reiteración posiblemente innecesaria, se han sumado  los interpuestos por el PSOE, han abierto también la veda a  la posibilidad de desarrollos de la protección sanitaria distintos por diferentes CCAA, algo sobre cuyo alcance habrá que esperar a las sentencias correspondientes.

 

 

En todo caso, la medida más sonada en los últimos meses ha sido la adoptada por la Comunidad de Madrid, que, mediante los artículos 62 y 63 de la ley 8/2012, de acompañamiento de sus presupuestos para 2013, previó la cesión de seis hospitales y 27 centros de salud, éstos todavía por concretar, a la gestión privada, mediante fórmulas de concesión administrativa que están por desarrollar.   
Que todas esas medidas  hayan sido adoptadas de manera unilateral y sin ninguna discusión previa por el Partido Popular  tiene un efecto inmediato innegable: la solución de los problemas de nuestro sistema sanitario no parecen susceptibles de ningún “Pacto de Estado” en el momento actual, precisamente porque es ahora cuando se han pasado a diferenciar de manera más clara las posiciones sanitarias de unos y otros, después de años de coincidencia sustancial, de la que el mejor ejemplo es la que se venía produciendo en el terreno legislativo sanitario entre los partidos mayoritarios durante más de quince años, a partir de la Ley 15/1997. La demanda de un “Pacto de Estado” en materia sanitaria sigue, sin embargo, formando parte de propuestas de carácter más general como la forma más adecuada de afrontar la crisis económica; a la vez se reclama desde los sectores profesionales sanitarios, en lo que parece más una demanda de garantizar la estabilidad de su propia situación en el servicio público que una propuesta con viabilidad real.
Es claro que, ante las medidas privatizadoras adoptadas por el Partido Popular (y por CiU en el territorio catalán), afrontar el deterioro de nuestro sistema público sanitario y, sobre todo, evitar  la deriva privatizadora y de ruptura de la cobertura sanitaria universal, requiere cambiar las reglas de juego por las que el SNS se ha regido hasta ahora.  Y que para hacerlo, no basta con comprometerse verbalmente a  deshacer las medidas más recientes adoptadas por el PP para tan solo volver a una regulación cuya ineficacia para contener la deriva que se está produciendo es manifiesta y que, por otra parte, nunca podrá volver a ser igual. En todo caso, la credibilidad de los compromisos en el sentido futuro indicado, y la posibilidad de plantear alternativas más profundas en un futuro más amplio, está sometida a la prueba de las actuaciones que se lleven a cabo para evitar la aplicación de las medidas que el PP viene desarrollando. En ese sentido, que no se presentase ningún recurso ante la promulgación del Decreto-Ley 16/2012 constituye una prueba negativa de credibilidad inicial de la oposición real a las medidas promovidas en aquel caso.
Ahora la prueba más inmediata de la oposición real a la deriva privatizadora del PP era la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional contra los artículos de la Ley 8/2012 de la Comunidad de Madrid por el único actor que podía hacerlo: un grupo de 50 diputados o senadores de uno o varios partidos (sólo el PSOE reúne un grupo suficiente para hacerlo de forma independiente) que deberían interponerlo. Diferentes juristas cualificados pusieron hace tiempo  de manifiesto (así, en la jornada organizada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida en el Congreso el pasado  6 de febrero) la existencia de razones legales suficientes para hacerlo. Lo que debía llevarse a cabo  antes de que transcurrieran tres meses desde la aprobación de aquella norma, es decir, antes de finales de marzo. 
Pese a ello, la iniciativa de la oposición a las medidas privatizadoras y de ruptura del SNS correspondió a los sectores profesionales y sindicales que protagonizaron de manera por entonces unitaria el conflicto que se desarrolló en los últimos meses  del año pasado. Fueron, sin embargo, los propios actores del mismo los que asumieron las limitaciones de ese planteamiento y los que, como consecuencia de ello, hicieron efectivo el reconocimiento de la necesidad de complementar unas u otras modalidades de conflicto (que han anunciado volverán a plantear si, como ha difundido hace días la Comunidad de Madrid, se dan por ésta más pasos efectivos para avanzar en la privatización prevista) con vías de impugnación legal. De hecho, para poder adoptar éstas pusieron en marcha medidas recaudatorias (la cesión de un día de salario de muchos profesionales) con las que  afrontar la financiación de los posibles recursos. Sobre la base de esos informes, y tras algunas reticencias iniciales, el PSOE presentó el pasado día 27 de marzo su recurso.
Con todo, los desarrollos producidos a lo largo de los últimos meses sirven también para poner en cuestión la capacidad por parte de los movimientos profesionales y sindicales para desarrollar una alternativa real a la organización sanitaria que permitiera cambiar el horizonte privatizador descrito. Aquí, como en otros países donde se han producido derivas privatizadoras similares, la intervención de los profesionales sanitarios resulta imprescindible, pero no suficiente, para evitarlas (ver el caso del Reino Unido, donde se han generado también movimientos de distinto tipo para oponerse a las mismas). Frente a ellas resulta igualmente imprescindible el compromiso efectivo de partidos con posibilidades de gobierno que ofrezcan alternativas eficaces a la misma con el grado de prioridad de parte de esos partidos que garantice su aplicación posterior si llegan a gobernar.
Presentado finalmente el recurso, un acto cuyos efectos superan el terreno puramente jurídico y puede servir de apoyo político para evitar el proceso privatizador más inmediato, se abre el panorama para elaborar alternativas organizativas globales para el sistema sanitario que permitan evitar en el futuro la ruptura del SNS en el largo plazo.

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